Mientras el encargado de negocios estadounidense John Barrett se reunía con el ministro de Energía Eléctrica Rolando Alcalá el jueves 14 de mayo para anunciar la reconstrucción del Sistema Eléctrico Nacional, un megabajón dejó a Caracas, Mérida, Carabobo y por lo menos cuatro estados más a oscuras. La fotografía resume el problema: hay reuniones, hay un plan de tres fases, hay interés de Chevron, Eni, Repsol y Shell. Lo que no hay es marco jurídico que convierta esa voluntad en kilovatios. —

Una reunión y un apagón el mismo día

El jueves 14 de mayo, alrededor de las dos y veinte de la tarde, una falla en el Sistema Eléctrico Nacional dejó sin luz a sectores de Caracas, Mérida, Carabobo, Zulia y al menos cuatro estados adicionales. Pocas horas antes, la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas publicaba en X una fotografía: el encargado de negocios John Barrett sentado frente a Rolando Alcalá, ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Delcy Rodríguez. El texto que acompañaba la imagen anunciaba que ambos «trabajaban en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela» bajo el marco del plan de tres fases formulado por Donald Trump y Marco Rubio.

La coincidencia es la mejor síntesis del momento. Hay diplomacia, hay plan, hay interés extranjero. Y hay un sistema que sigue sin operar.

El tamaño real del problema

Los datos técnicos disponibles cuentan una historia más severa que la fotografía diplomática. La capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional ronda los 34 a 37 gigavatios. La disponibilidad operativa, sin embargo, se ubica entre 12.000 y 16.000 megavatios. Menos del 50% del total. Y eso ocurre en un mes en que la demanda alcanzó un récord de 15.579 MW, según el Ministerio de Energía Eléctrica.

La distancia entre capacidad y disponibilidad tiene nombre y apellido: deterioro acumulado, falta de mantenimiento, escasez de combustible, obsolescencia tecnológica y pérdida de personal técnico calificado por emigración. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Academia de Ingeniería estiman que el sistema operó durante años a 36% de su capacidad efectiva. En estados como Zulia y Mérida, los cortes han llegado a sumar diecinueve horas diarias.

El costo industrial ya está medido

El golpe no es abstracto. Fedecámaras Carabobo informó el jueves 14 de mayo que el parque industrial del estado pierde más de veinticuatro horas de producción a la semana por fallas eléctricas. Conindustria, en su informe del primer trimestre de 2026, contabilizó 48 cortes no programados en tres meses. De las 480 horas laborables del trimestre, las empresas reportaron un promedio de 127 horas sin suministro.

El dato técnico se cruza con el dato político: el comercio Estados Unidos–Venezuela creció 22,7% en el primer trimestre. La industria manufacturera privada subió 9% en el mismo período. Hay actividad económica. Falta la energía para sostenerla.

Qué dice el plan y qué no dice

El comunicado oficial de la Embajada de EE.UU. anunció que «el plan de tres fases» se enfoca en restaurar el suministro confiable mediante «experiencia, inversión y colaboración». No detalla cifras, plazos, instrumentos jurídicos ni tipo de figura contractual. La fotografía oficial es de dos funcionarios sentados frente a frente. Eso es lo público.

Lo que el plan tampoco menciona es la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que sectores empresariales y técnicos consideran indispensable para atraer capital privado. La inversión estimada para estabilizar y modernizar el SEN ronda los 20.000 a 40.000 millones de dólares en horizontes de cinco a quince años, según diagnósticos cruzados de la Asociación de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Conindustria, y consultoras internacionales como Siemens y GE.

Quién dijo qué sobre la seguridad jurídica

Chevron, Eni, Repsol y Shell han mantenido contactos con firmas de ingeniería venezolanas, según gremios locales. La condición común que han planteado, según los voceros del sector, es seguridad jurídica: arbitraje internacional, garantías de propiedad, reglas claras de tarifa y despacho. Nelson Hernández, miembro de la Academia de Ingeniería de Venezuela, planteó en el foro Estado Crítico y Futuro del SEN, organizado por Grupo Ideas, que la tarifa doméstica hidroeléctrica en Venezuela ronda 0,02 dólares por kilovatio-hora frente al promedio mundial de 0,19 dólares. Sin un ajuste tarifario gradual, ninguna inversión privada se sostiene.

Tito López, presidente de Conindustria, estimó la inversión necesaria en torno a los 24.000 millones de dólares. Su gremio ya anunció en febrero un plan de recuperación de plantas generadoras en Carabobo con financiamiento de la CAF. Edmundo González Urrutia, por su parte, propuso usar los recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, bajo supervisión estadounidense, como vía complementaria.

Lo que ya pasó: opacidad y antecedentes

Aquí se abre la grieta que pocos quieren nombrar en voz alta. La reorganización de empresas públicas venezolanas viene aceleradamente desde enero de 2026. Hidroven absorbió a las hidrológicas regionales. Se creó el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional con 124 empresas bajo su tutela. El sector minero e industrias básicas quedaron bajo una sola cartera. PDV Holding y Citgo recibieron nueva junta directiva en mayo, encabezada por Asdrúbal Chávez. Transparencia Venezuela documentó que el Estado venezolano controla más de 900 empresas públicas distribuidas entre nivel nacional, regional y municipal.

El sector eléctrico no ha sido objeto de esta misma reorganización formal. Lo que sí ocurrió fue el cambio de cartera: la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó al ingeniero Rolando Alcalá como ministro en sustitución del general Jorge Márquez Monsalve, marcando un giro hacia perfiles técnicos. Lo que no se conoce es el inventario público de los activos del SEN que entrarán en cualquier figura de concesión, alianza público-privada o licitación. Esa es, hoy, la pregunta operativa.

El triángulo que define la jugada

El reportaje requiere mirar tres vértices simultáneamente. Primero: Estados Unidos, que necesita estabilizar el suministro venezolano para que el sector petrolero —el corazón económico del país y, paradójicamente, el mayor consumidor eléctrico— pueda alcanzar la meta de dos millones de barriles diarios. Segundo: el rodrigato, que necesita la inversión para sostener el repunte económico que muestra Conindustria. Tercero: el capital privado internacional, que llega con cheques pero exige reglas.

El nudo está en el tercer vértice. Sin Ley sectorial, sin marco arbitral, sin auditoría pública del inventario de activos, la inversión seria queda en pausa. Lo que sí puede llegar es el capital de menor calidad: el del «inversionista» que vuelve con dinero opaco, el del intermediario que cobra comisión por acceso, el del aliado político disfrazado de operador técnico. Es el escenario que Transparencia Venezuela ha advertido públicamente para el conjunto del proceso de apertura económica.

Qué se juega el hispano en EE.UU. con esto

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, especialmente la venezolana, la pregunta no es académica. Si el SEN se reconstruye con reglas, abre oportunidades reales de inversión, retorno técnico y reactivación del corredor binacional de servicios. Si se reconstruye sin reglas, repite el patrón que ya descapitalizó al país durante dos décadas. La fotografía del jueves 14 de mayo deja la decisión en manos del próximo movimiento: o aparece el marco jurídico, o aparece otra fotografía.

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Fuentes principales

• Embajada de los Estados Unidos en Caracas (@usembassyve), publicación oficial del 14 de mayo de 2026.
• Infobae, «Venezuela y Estados Unidos evaluaron planes para reconstruir una red eléctrica confiable», 15 de mayo de 2026.
• Banca y Negocios, foro Estado Crítico y Futuro del SEN, Grupo Ideas para Venezuela, abril de 2026.
• El Nacional, «La nueva oportunidad para la industria eléctrica en Venezuela», mayo de 2026.
• Curadas, «Venezuela: 20 mil millones para el Sistema Eléctrico Nacional», 10 de mayo de 2026.
• Descifrado, «¿Podrá la inversión privada recuperar el SEN tras el récord de demanda eléctrica?», 9 de mayo de 2026.
• Guacamaya, reporte sobre Conindustria y CAF, marzo de 2026.
• Conindustria, informe del primer trimestre de 2026.
• Fedecámaras Carabobo, declaración del 14 de mayo de 2026 sobre pérdida de horas productivas.
• Transparencia Venezuela, informe sobre empresas públicas venezolanas, mayo de 2026.
• Bloomberg, análisis del 8 de mayo de 2026 sobre red eléctrica venezolana y reactivación petrolera.

La visita de Estado de Donald Trump a Pekín entre el martes 12 y el viernes 15 de mayo cerró con tres titulares prácticos: compra china de 200 aviones Boeing, marco de «estabilidad estratégica» para los próximos tres años y una invitación a Xi Jinping para visitar Washington el 24 de septiembre. Lo simbólico, sin embargo, pesa más. Es la primera visita presidencial estadounidense a China en casi nueve años, ocurre con la tregua arancelaria de Busan a punto de vencer y con Taiwán como advertencia explícita de Xi. —

Lo que se firmó y lo que se dijo

Tres cosas concretas salieron de la visita. Primero: la compra china de 200 aviones Boeing, según declaración del propio Trump a Fox News, cifra que supera las 150 unidades que la empresa esperaba. Segundo: la formalización verbal de un marco de «estabilidad estratégica» entre EE.UU. y China para los próximos tres años, según el comunicado oficial chino reseñado por medios estatales. Tercero: la invitación abierta a Xi Jinping para visitar Washington el jueves 24 de septiembre, antes del vencimiento de la tregua arancelaria pactada en Busan en octubre de 2025.

Lo demás fue continuidad simbólica. Caminata en el Templo del Cielo el jueves 14, banquete de Estado, comitiva empresarial de primer nivel. Recibimiento con guardia de honor, banda militar y 300 estudiantes chinos en el aeropuerto. La diplomacia china sabe leer las imágenes.

La advertencia de Xi sobre Taiwán

El elemento que dominó la cobertura internacional no fue un acuerdo, sino una frase. Xi advirtió a Trump que un mal manejo de la cuestión taiwanesa pondría la relación bilateral en «grave peligro» y dejó dicho que la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho son «irreconciliables como el fuego y el agua», según la agencia Xinhua. Lo dijo durante la apertura de la reunión bilateral. Lo dijo con cámaras encendidas. Lo dijo en presencia del secretario del Tesoro Scott Bessent y de la comitiva entera.

Xi también propuso una pregunta retórica: si EE.UU. y China podrían evitar la «trampa de Tucídides», concepto popularizado por Graham Allison para describir cómo la tensión entre potencias en ascenso y potencias dominantes ha terminado históricamente en guerra. Allison, presente como comentarista en CNBC, anticipó que la tregua de Busan probablemente se convertirá en acuerdo formal.

Las tierras raras como ficha sin nombre

Sin que se anunciara formalmente, todos los analistas coincidieron en que el verdadero pulso del encuentro fue por las tierras raras. China controla aproximadamente 85% del procesamiento mundial y más del 90% de la producción de imanes. EE.UU. no separa tierras raras pesadas en su territorio. Cuando Trump desató sus aranceles en abril de 2025, Pekín respondió con restricciones a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para chips, vehículos eléctricos y cazas F-35.

Esa carta dio a China un margen de negociación que terminó en la tregua de octubre. La visita a Pekín del jueves y viernes ratificó el reflujo de esas restricciones, según el balance preliminar publicado por CNBC el viernes 15. Sin que haya documento firmado, Washington consiguió aire. A cambio, la comitiva incluyó a CEO estratégicos: Tim Cook, Elon Musk, Jensen Huang, Larry Fink y Kelly Ortberg, entre otros. Trump entendió que los acuerdos prácticos los ata el sector privado.

Iran como sombra de la mesa

La invasión estadounidense a Irán, en curso desde febrero, atravesó toda la cumbre. Trump llegó a Pekín con dos objetivos paralelos: estabilizar el tablero comercial y pedir a China mediación para reabrir el estrecho de Ormuz, doble bloqueo que ha mantenido el petróleo por encima de los 100 dólares por barril y la gasolina estadounidense por encima de los 4,50 dólares por galón. China ha jugado ambigüedad. Aseguró en abril, según el secretario de Defensa Pete Hegseth, que no enviará armas a Irán ni misiles tierra-aire. Pero no se ha comprometido públicamente a mediar.

Los analistas chinos saben que el desgaste estadounidense en Medio Oriente reduce la capacidad de presión de Washington sobre el Indo-Pacífico. Para Pekín, Irán es una palanca, no un problema.

Qué leyó Asia del encuentro

Países como Japón, Corea del Sur y Taiwán observaron con atención particular cualquier matiz en la posición estadounidense sobre el estrecho de Formosa. La preocupación específica de Taipéi, según el análisis del Center for Strategic and International Studies, era que Trump pasara de decir que EE.UU. «no apoya» la independencia taiwanesa a decir que «se opone» a ella. El matiz parece menor. No lo es. Cada palabra altera el equilibrio estratégico que se sostiene desde Reagan.

El resto de la región Indo-Pacífico esperaba lo que ha llamado un equilibrio de Ricitos de Oro: una relación EE.UU.–China suficientemente buena para evitar conflicto y presión, pero no tan buena como para convertirla en un G2 que decida por sobre las cabezas de Tokio, Seúl o Manila. La visita no rompió el equilibrio. Lo dejó indefinido.

El elemento Jensen Huang

Una nota lateral merece subrayarse. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, no estaba en la lista original de la comitiva. Voló a Anchorage, Alaska, para abordar el Air Force One durante la escala técnica. Lo hizo después de que Trump mencionara públicamente que quería que se sumara. Huang aterrizó en Pekín con la delegación oficial. La imagen de Nvidia, Apple, Tesla y BlackRock acompañando al presidente al país que es a la vez su mayor mercado y su mayor rival regulatorio es la mejor radiografía del momento empresarial estadounidense: nadie quiere quedar afuera de la conversación.

Lo que China lee como triunfo

Pekín cumplió tres objetivos. Recibió al presidente estadounidense después de casi nueve años. Lo recibió en un momento de fortaleza relativa, no de debilidad. Y obtuvo un marco verbal de tres años que, en palabras de Jack Lee, analista de China Macro Group, «podría convertirse en base para tratar con Pekín hasta el próximo presidente estadounidense». Esa es la jugada larga: convertir una tregua transaccional en estructura de mediano plazo.

Para América Latina, el balance importa por dos vías. Una directa: la relación con China condiciona la posición estadounidense frente a inversiones chinas en infraestructura, telecomunicaciones y minería en la región. Otra indirecta: si Washington concentra atención en estabilizar el frente asiático mientras gestiona Irán, las decisiones operativas sobre Venezuela, México o Brasil quedan en manos del Departamento de Estado y de las embajadas, no de la Casa Blanca. La diplomacia latinoamericana sabe que ese desplazamiento abre y cierra ventanas según el caso.

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Fuentes principales

• CNBC, «Trump-Xi summit: The 3 big takeaways from historic meeting in Beijing», 15 de mayo de 2026.
• CNBC, «Xi warns Trump: Mishandling Taiwan will put U.S.-China relationship in great jeopardy», 14 de mayo de 2026.
• CSIS, «Trump-Xi Summit in Beijing: Managing the World’s Most Important Relationship», análisis previo a la cumbre, mayo de 2026.
• CNN, cobertura del 13 y 14 de mayo de 2026 sobre arribo y reuniones en Pekín.
• South China Morning Post, confirmación de las fechas del 11 de mayo de 2026.
• Foreign Policy, «Trump-Xi Summit: China’s Rare-Earth Trade Leverage Looms Over Talks», 12 de mayo de 2026.
• Wikipedia (consulta de cronología pública), entrada «2026 state visit by Donald Trump to China», actualizada al 15 de mayo de 2026.
• Xinhua, comunicados oficiales del 14 de mayo.

Transparencia Venezuela denunció el jueves 14 de mayo, durante el foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», que el proceso de reestructuración de activos públicos impulsado por el rodrigato avanza «a oscuras» y reproduce el patrón ruso post-soviético que dio origen a la oligarquía actual de ese país. La advertencia no es comparación literaria. Es alerta operativa. —

Un foro, una palabra clave

El foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?» se hizo el jueves 14 de mayo. Lo organizó Transparencia Venezuela, la ONG que opera desde el exilio tras ser ilegalizada en territorio venezolano años atrás. Allí Mercedes de Freitas, su directora, planteó una palabra clave: opacidad. Sin inventario público, sin licitación auditable, sin verificación del origen de los fondos de los compradores, no hay privatización en sentido democrático. Hay reparto.

Christi Rangel, investigadora de la organización, recordó un dato que pasa desapercibido en la conversación pública: el Estado venezolano controla más de 900 empresas. La reorganización de ese patrimonio se aceleró después de la captura de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del rodrigato.

El paralelo ruso, dicho con todas sus letras

De Freitas no buscó suavizar la analogía. Advirtió que la opacidad actual puede derivar en una situación similar a la de la Rusia post-soviética, donde la entrega de activos estatales en los años noventa dio origen a la clase de oligarcas que hoy controla la economía y la política rusas. La comparación tiene base operativa, no retórica: cuando un Estado transfiere activos a velocidad alta, sin reglas, sin auditoría y sin contrapeso institucional, el resultado conocido es concentración de propiedad en manos de quienes ya tenían acceso al poder político.

«Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable», dijo Rangel durante el foro, según reseñó El Nacional. Para que la transición económica no se convierta en simple transferencia de propiedad, agregó la organización, la sociedad civil debe exigir mecanismos de control, rendición de cuentas y supervisión pública del proceso.

Lo que ya pasó este año

Los movimientos administrativos del rodrigato en los últimos cinco meses configuran un patrón observable. El 27 de enero, mediante Gaceta Oficial número 43.304, el Ejecutivo nacional ordenó la absorción por parte de Hidroven de todas las empresas responsables del servicio de agua potable y aguas servidas regionales y municipales. Los activos, pasivos, personal y competencias de al menos 28 empresas pasaron a depender de una única autoridad nacional.

En paralelo, se creó el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, que concentra 124 empresas públicas bajo una sola cartera. El sector minero y de industrias básicas quedó bajo otra cartera ministerial unificada bajo autoridad de una sola persona. En PDV Holding, matriz de Citgo y sus filiales en EE.UU., el rodrigato designó en mayo una nueva junta directiva encabezada por Asdrúbal Chávez, aunque al cierre de esta edición no se confirmaba que el equipo hubiera tomado control efectivo de la empresa, que opera bajo jurisdicción estadounidense.

En la Corporación Venezolana de Minería, la directiva principal pasó a ser encabezada por Héctor José Silva Hernández, abogado descrito por la propia Transparencia Venezuela como funcionario de alta confianza en el entorno económico de la presidenta encargada. Sustituyó al general Rodolfo Clemente Marco Torres.

La frase de Delcy y los datos que no la sostienen

El discurso oficial habla de dos millones de emprendedores venezolanos como base de una nueva clase económica popular. La cifra ha sido repetida en distintos actos públicos por la presidenta encargada. Los datos disponibles, sin embargo, marcan distancia con ese relato. Según Ecoanalítica, en su informe de febrero de 2026, el salario promedio del venezolano se ubica en 256 dólares mensuales, mientras el costo de vida en Caracas supera los 622 dólares. El 70% de la población gana menos de 300 dólares al mes, lo que obliga a las familias a destinar prácticamente todo su ingreso a alimentación y medicinas.

Un emprendedor sin capital semilla, sin energía eléctrica estable, sin crédito accesible y sin marco regulatorio claro no es un emprendedor. Es un trabajador precarizado con discurso oficial. El planteamiento de Transparencia Venezuela enmarca este desfase: si los activos del Estado se reparten entre pocos, los dos millones de emprendedores no tienen sobre qué construir.

Captura sistémica al 89%

Transparencia Venezuela documentó previamente, en su informe sobre captura del Estado de 2025, que Venezuela presentaba un índice de captura sistémica del 89%, el más alto de la región latinoamericana. La organización define captura sistémica como el grado en que un Estado opera al servicio de intereses privados específicos en lugar de la institucionalidad pública. Ese índice no es accidente. Es el piso sobre el que cualquier proceso de privatización se ejecuta hoy en el país.

El analista Moisés A. Durán, en su análisis publicado en febrero de 2026, describió la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 como «privatización fiscal sin privatización formal»: el Estado conserva la propiedad nominal de los activos mientras transfiere de hecho la captura del flujo financiero. Es exactamente la figura que Transparencia Venezuela teme se replique en los sectores eléctrico, hidrológico, minero e industrial.

La condición que falta en la mesa

El reclamo central de la ONG es operativo: licitación amplia, auditable y transparente; inventario público de los bienes del Estado en negociación; verificación del origen de los fondos de los compradores potenciales; rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino. Ninguna de esas condiciones está garantizada en la arquitectura actual.

La ausencia es estructural. La Ley Antibloqueo, vigente desde 2020 con cláusulas de confidencialidad sobre las operaciones de privatización, sigue formalmente activa. El régimen ajustó el marco normativo, según el informe de Transparencia Venezuela de diciembre de 2025, «sin que se cumplan estándares de competitividad, verificación del origen de los fondos de los potenciales compradores, transparencia sobre las condiciones y criterios de decisión de la venta de activos, rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino».

Qué significa para el hispano en EE.UU.

Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, este proceso pesa de tres maneras. Primero: define qué tipo de país encontrarán quienes consideren retorno técnico o familiar. Segundo: define las reglas para quienes desde EE.UU. evalúan inversiones en empresas binacionales, alianzas o servicios. Tercero, y más profundo: define si la próxima Venezuela será un país con clase media económica diversificada o una economía dominada por veinte o treinta familias con acceso al rodrigato.

La advertencia de Transparencia Venezuela no es una alerta de coyuntura. Es la lectura técnica de un patrón documentado en otros países en transición. Que se diga ahora, en voz alta, en un foro público, es exactamente lo que distingue a una sociedad civil viva de un consenso silencioso.

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Fuentes principales

• Transparencia Venezuela, foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», 14 de mayo de 2026. Intervenciones de Mercedes de Freitas y Christi Rangel.
• El Nacional, «Transparencia Venezuela denuncia falta de claridad en reorganización de activos públicos», 14 de mayo de 2026.
• La Patilla, «La grave denuncia de Transparencia Venezuela sobre las privatizaciones a oscuras de Delcy Rodríguez», 14 de mayo de 2026.
• Confirmado, «Transparencia Venezuela advierte: Restructuración de activos públicos apunta a la creación de una nueva oligarquía», 14 de mayo de 2026.
• Diario Las Américas, «El Estado venezolano posee más de 900 empresas, según Transparencia Venezuela», 14 de mayo de 2026.
• Transparencia Venezuela, informe de captura del Estado (2025) e informe sobre reestructuración de empresas públicas (2026).
• Ecoanalítica, informe de proyecciones macroeconómicas de febrero de 2026.
• Moisés A. Durán, análisis sobre la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026.
• Gaceta Oficial número 43.304, 27 de enero de 2026.