Las objeciones al acuerdo petrolero han sido hasta ahora jurídicas, políticas y fiscales. Esta es técnica, y por eso merece atención propia.

Evanán Romero fue viceministro de Energía y Minas, participó en la fundación del instituto de investigación de la industria petrolera venezolana e integró la junta directiva de la estatal durante la apertura petrolera de los años noventa. Lleva más de seis décadas en el sector.

En una entrevista difundida el 3 de septiembre de 2026 planteó tres objeciones sobre la base física del acuerdo.

Primera. Campos no es lo mismo que pozos

Señala que en la comunicación oficial se emplean como sinónimos dos términos que no lo son.

Un pozo es una perforación. Un campo es un área geológica que puede contener decenas o cientos de pozos. Las reservas se atribuyen a campos, no a pozos, porque un pozo drena únicamente el área inmediata que lo rodea.

La confusión no es semántica. Si se anuncian reservas por pozo, la cifra resultante no significa nada.

Segunda. Solo tres estarían activos

Sostiene que, de los diecisiete campos comprendidos, los únicos que están en producción son tres ubicados en el lago de Maracaibo, otorgados originalmente en 1955 y transferidos en 2012 bajo otra figura societaria que después cambió de denominación.

Los catorce restantes, según su lectura de los anuncios, están en la faja del Orinoco.

Y ahí formula la objeción central: la faja produce alrededor de 750.000 barriles diarios, pero esa producción proviene de regiones determinadas. Las áreas que él ubica en los anuncios no son esas.

Afirma que en esas zonas no existe producción y que nunca la ha habido.

Tercera. La certificación de las reservas

Es la afirmación de mayor alcance y también la más verificable.

Sostiene que la empresa internacional contratada en 2004 para evaluar la faja certificó el petróleo en sitio, es decir, el volumen existente en el subsuelo, y no las reservas recuperables, que es el volumen que puede extraerse en condiciones técnicas y económicas conocidas.

Según su relato, esa empresa se abstuvo de certificar reservas porque sin un plan de desarrollo definido no es posible determinar cuánto se recupera.

Y añade que la cifra de 303.000 millones de barriles que Venezuela reporta desde entonces se construyó a partir de trabajos encargados a compañías de varios países, con un número reducido de sondeos y sin certificación de una firma internacional de referencia.

Por qué esa distinción decide todo

Petróleo en sitio y reservas recuperables son magnitudes distintas, y la diferencia entre ambas puede ser enorme.

En crudos extrapesados, el factor de recuperación con tecnología convencional ronda el seis o siete por ciento. Aplicado a un volumen en sitio, ese porcentaje reduce drásticamente lo que efectivamente puede extraerse.

Si el volumen de 65.000 millones de barriles anunciado corresponde a petróleo en sitio y no a reservas recuperables, la cifra describe lo que hay bajo tierra, no lo que puede venderse.

El costo ambiental que advierte

Romero sostiene que producir en esas áreas exigiría minería a cielo abierto, en un esquema comparable al de las arenas bituminosas canadienses, y advierte que una de esas zonas coincide con un área bajo protección ambiental.

Su conclusión es que ninguna empresa se ha instalado allí no por falta de voluntad, sino porque el crudo no fluye y la extracción exigiría remover el terreno.

Lo que propone en cambio

Su planteamiento alternativo es concreto y no se opone a la inversión estadounidense.

Propone concentrar el esfuerzo en la recuperación del lago de Maracaibo mediante técnicas de recuperación secundaria y terciaria: restituir las plantas compresoras de gas, la inyección de agua, el transporte por tubería y la infraestructura lacustre desmantelada.

Sostiene que las empresas estadounidenses de equipamiento pesado están en capacidad de hacerlo y que allí el riesgo técnico es bajo. Lo que hace falta, dice, es conocimiento, capital, transparencia, seguridad jurídica y un gobierno legítimo.

Lo que corresponde

Estas son afirmaciones de una fuente, no conclusiones de esta casa. Y son verificables.

La ubicación de los bloques puede contrastarse con los mapas oficiales de la faja y con los registros de asignación de áreas.

La producción histórica de cada área consta en las estadísticas del sector.

El alcance de la certificación de 2004 puede confirmarse con la propia empresa evaluadora, que opera en Estados Unidos.

Las tres comprobaciones están en curso. Y corresponde solicitar respuesta a las autoridades venezolanas y a la empresa operadora antes de dar por establecida cualquiera de estas afirmaciones.

Fuentes principales: Entrevista a Evanán Romero difundida el 3 de septiembre de 2026 en el canal de la periodista Nitu Pérez Osuna. Datos públicos sobre producción de la faja petrolífera del Orinoco. Declaraciones de Humberto Calderón Berti del 31 de agosto de 2026.

Lo denunciado

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, encabezó el 8 de septiembre de 2026 una convocatoria vecinal para denunciar la situación del servicio eléctrico en el municipio Libertador.

Según su relato, en la esquina de Miguelacho a Tracabordo, en La Candelaria, los vecinos pasaron ocho días sin luz. En el sector Las Delicias, de la parroquia El Recreo, el corte duró cinco días. Y San Bernardino se encontraba sin servicio al momento de la denuncia.

Rojas sostuvo que los apagones en la capital ya no se miden en horas sino en días, y describió dos consecuencias inmediatas: la comida que se pudre en las neveras y las bombas hidráulicas que dejan de funcionar, con lo cual los edificios se quedan también sin agua.

Añadió que trabajadores de Corpoelec les han dicho a los vecinos que no cuentan con los repuestos ni las herramientas necesarias para hacer las reparaciones, y se refirió además a los salarios del personal de la estatal.

Al cierre de esta nota no consta pronunciamiento de Corpoelec ni del Ministerio de Energía Eléctrica sobre estos casos concretos.

Por qué esto es una nota de economía

Porque un apagón de ocho días no es una molestia. Es una destrucción de patrimonio doméstico, y se puede describir con precisión.

Se pierde el contenido de la nevera. En un país donde alimentar a una familia cuesta más de 700 dólares mensuales, el contenido de un refrigerador representa una fracción significativa del presupuesto del mes. Se pierde entero y hay que reponerlo.

Se pierde el agua. Los edificios de Caracas dependen de bombas eléctricas para subir el agua a los tanques. Sin luz no hay bombeo, y a las pocas horas la falta de electricidad se convierte en falta de agua. Reponerla implica comprar cisternas o botellones, que es gasto en efectivo y a precio de emergencia.

Se detiene el ingreso. Un comercio pequeño sin electricidad no vende. Una peluquería, una panadería, un taller, un cibercafé: ocho días cerrados es un mes malo.

Se dañan los equipos. Las fluctuaciones de voltaje al restablecerse el servicio queman electrodomésticos. Reponer una nevera cuesta varios meses de salario formal.

Ninguno de esos cuatro costos aparece en las estadísticas de inflación. Todos aparecen en el presupuesto de una casa.

Quién termina pagando

Aquí está la parte que le toca directamente al lector de este medio.

Cuando una familia en Caracas pierde la comida del mes, no hay seguro, no hay reclamo y no hay compensación. La reposición sale de donde salga. Y con enorme frecuencia sale de una transferencia enviada desde Estados Unidos.

Eso significa que un apagón prolongado en Libertador se convierte, con un retraso de días, en una remesa extraordinaria enviada desde Houston, Miami, Dallas o Chicago. El costo no se queda en Caracas: se traslada al bolsillo de quien manda.

Es un mecanismo silencioso y no aparece en ninguna serie estadística. Las remesas se miden como flujo agregado, no por causa. Pero cualquier venezolano que sostenga un hogar allá reconoce el patrón: la llamada que avisa que se dañó la nevera llega siempre después de un corte largo.

Por eso la infraestructura eléctrica venezolana es, para efectos prácticos, una variable del presupuesto familiar de miles de hogares hispanos en Estados Unidos.

El contraste que ordena todo

El 2 de septiembre de 2026 se firmaron en el Palacio de Miraflores los acuerdos energéticos con Chevron, ENI y GE Vernova. El de GE Vernova es específicamente de recuperación de infraestructura eléctrica.

Seis días después, hay sectores de la capital que acumulan ocho días sin servicio.

No hay contradicción lógica entre las dos cosas: un contrato firmado el 2 de septiembre no podía producir efectos el 8. Pero sí hay una lección sobre plazos, y conviene fijarla ahora, antes de que empiecen los anuncios.

El petróleo se verifica en años. La meta de Chevron de 600.000 barriles diarios está a cinco años.

La luz se verifica en semanas. Si el acuerdo de recuperación eléctrica funciona, la duración de los cortes en Caracas y en el resto del país tiene que bajar de forma medible en un plazo corto. Y si no baja, también se sabrá pronto.

De todos los documentos firmados ese día, el eléctrico es el único que rendirá cuentas a corto plazo. Ocho días sin luz en La Candelaria es la línea base contra la cual se va a medir.

Lo que falta saber

El monto y el cronograma del acuerdo con GE Vernova no son públicos.

No hay diagnóstico público del estado del sistema, sin el cual no existe una referencia contra la cual medir mejora.

No se publican datos operativos de disponibilidad de generación con regularidad.

Y no consta respuesta oficial sobre los cortes de Libertador.

Lo que hay que vigilar

Los registros de organizaciones civiles que documentan cortes por estado, que son la única serie continua disponible.

Si se publica un cronograma de intervención con metas por zona.

Y si el próximo corte largo en Caracas dura más o menos que ocho días. Ese es el indicador, y no requiere ninguna cifra oficial para leerse.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.

Fuentes principales: Declaraciones de Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, del 8 de septiembre de 2026, reseñadas por El Nacional y La Patilla. Cobertura de la ceremonia de firma de acuerdos energéticos del 2 de septiembre de 2026 en el Palacio de Miraflores. Registro del costo de la canasta alimentaria difundido el 17 de agosto de 2026.

El estándar que propone

La columna de Rubio hace algo que la retórica diplomática rara vez hace: propone criterios comprobables.

Su argumento central es que cuando los activos críticos de un país quedan bajo la propiedad o el control de otra nación, ese país pierde el derecho a decidir su propio destino y enfrenta amenazas a su soberanía, a la privacidad de sus datos y a su independencia económica. Sostiene que los proyectos respaldados por el Estado chino llegan con contratos poco transparentes, endeudamiento insostenible, explotación laboral y daño ambiental, y que la alternativa estadounidense es inversión privada, abierta y guiada por el mercado.

De ahí extrae la petición que da sentido a toda la pieza: que cada país elija a sus socios con «transparencia absoluta» y que la totalidad de los términos sean visibles para el público.

Reduciendo su texto a criterios, quedan cuatro.

Uno. Que los términos completos sean públicos.
Dos. Que la inversión sea privada y no de un Estado extranjero.
Tres. Que los activos estratégicos no queden bajo control de otra nación.
Cuatro. Que el país conserve la capacidad de decidir su destino.

Son criterios sensatos y, sobre todo, son verificables. Por eso vale la pena aplicarlos.

Aplicados al acuerdo venezolano

Uno. Términos públicos. El contrato con North American Blue Energy Partners no se ha publicado. Lo que existe es una hoja informativa de la Casa Blanca del 31 de agosto y declaraciones de funcionarios venezolanos. No hubo, además, proceso de licitación: la ministra de Hidrocarburos lo justificó por razones de continuidad y rapidez. No se cumple.

Dos. Inversión privada y no estatal. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene una participación del 35% en NABEP, según la hoja informativa de la Casa Blanca y según lo confirmó el presidente de PDVSA. Es participación accionaria de un Estado extranjero en la empresa operadora. No se cumple.

Tres. Activos estratégicos sin control de otra nación. El gobierno estadounidense tiene poder de veto sobre el nombramiento de la junta directiva de NABEP, cuya mayoría debe ser de nacionalidad estadounidense. El Departamento de Estado compra el 20% de la producción a precio de costo y tiene derecho de primera opción sobre el 80% restante. No se cumple.

Cuatro. Capacidad de decidir el destino propio. Este es el único que admite discusión. El gobierno venezolano sostiene que la propiedad del recurso sigue siendo nacional y que se trata de un acuerdo comercial. Es un argumento defendible en términos de titularidad jurídica del subsuelo. Queda abierto.

Tres de cuatro criterios, redactados por el propio secretario de Estado, no se cumplen en el acuerdo que su gobierno firmó.

Por qué esto no es una acusación

Conviene ser preciso, porque la conclusión fácil sería decir que Rubio se contradice. No es exactamente eso.

Un gobierno puede sostener legítimamente que la participación estatal estadounidense es distinta de la china porque los sistemas políticos son distintos, porque hay contrapesos institucionales, prensa libre y controles del Congreso que en el otro caso no existen. Ese argumento existe y merece ser escuchado.

Lo que no admite discusión es que ese argumento no aparece en la columna. El texto no distingue entre buenas y malas participaciones estatales: distingue entre inversión privada y participación estatal, y coloca la segunda del lado del problema.

El estándar, tal como está escrito, es más exigente que la práctica.

El criterio que se puede resolver de inmediato

De los cuatro, hay uno que no requiere ninguna discusión conceptual y se puede satisfacer con un acto administrativo: publicar el contrato.

Rubio pidió que la totalidad de los términos sea visible para el público. En el caso venezolano no lo es. Publicarlo no exige negociación, no compromete seguridad nacional en un contrato de hidrocarburos y no depende de un tercero.

Sería, además, el argumento más eficaz que Washington podría exhibir en Bogotá, en Quito y en Lima: aquí está el nuestro, léanlo, y comparen.

El contexto de la gira

Rubio anunció el 8 de septiembre la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, la alianza contra el crimen organizado transnacional impulsada desde marzo de 2026, y describió al país como aliado importante extra-OTAN. En Colombia anunció que el próximo Diálogo para la Prosperidad Bilateral buscará canalizar inversión privada estadounidense hacia infraestructura energética, logística y transporte.

Esos tres sectores son los mismos donde el argumento sobre soberanía y control de activos estratégicos se vuelve verificable. Los acuerdos que se firmen en esta gira van a poder someterse a los mismos cuatro criterios.

Vale la pena guardarlos.

Lo que hay que vigilar

Si se publican los términos completos de los acuerdos que resulten de la gira.

Si alguno de los tres gobiernos solicita publicidad contractual como condición.

Y si el contrato venezolano se hace público en algún momento.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión.

Fuentes principales: Columna de Marco Rubio «Un hemisferio que cumple», publicada el 8 de septiembre de 2026 en Semana, de Colombia, y en El Comercio, de Perú. Declaraciones de Rubio a periodistas antes de partir hacia Barranquilla, reseñadas por Infobae, NTN24 y El Espectador. Anuncio de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, según EFE. Hoja informativa de la Casa Blanca del 31 de agosto de 2026. Declaraciones de Héctor Obregón del 7 de septiembre y de Paula Henao del 6 de septiembre de 2026.

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