La encuesta AtlasIntel para Bloomberg con trabajo de campo del 21 al 25 de mayo registra que el 79% de los venezolanos califica la economía como mala, dos puntos más que en abril. La mayoría respalda la dolarización para frenar la inflación del 600% reportada. La cifra es la dimensión económica del sondeo cuya dimensión política ya documentaron INCÍSOS y otros medios. Lectura específica del bolsillo del hogar venezolano, de la política cambiaria del rodrigato y de lo que significa para los hispanos en Estados Unidos que envían remesas a Venezuela.

Lo que mide la cifra del 79%

El 79% de los venezolanos califica la economía actual como mala. Es la cifra principal del bloque económico de la encuesta AtlasIntel para Bloomberg de mayo. Comparada con abril (77%), sube dos puntos. Comparada con marzo (cifras no replicadas con detalle), sube en serie. Es máximo histórico de la serie AtlasIntel para Venezuela.

Conviene precisar lo que el dato no dice. No mide PIB. No mide producción industrial. No mide cesta básica. Mide percepción. Mide cómo el hogar venezolano siente lo que vive. Es indicador subjetivo, pero con valor político y económico precisamente porque captura el agregado de experiencias domésticas.

Cuando el 79% dice «la economía está mal», está diciendo que el sueldo no alcanza, que los precios suben más rápido que los ingresos, que el sistema de salud falla, que el transporte falla, que la electricidad falla, que el agua falla. La cifra es el promedio de todas esas fallas en simultáneo.

El dato económico real detrás de la percepción

Tres indicadores objetivos respaldan la percepción.

Inflación. La cifra interanual reportada en mayo ronda el 600%, según el seguimiento de Bloomberg Línea y diversos observatorios económicos venezolanos independientes. El Banco Central de Venezuela no publica con regularidad sus cifras, pero los seguimientos externos coinciden en el orden de magnitud. Es decir: lo que costaba 100 bolívares en mayo de 2025 cuesta cerca de 700 bolívares en mayo de 2026.

Salario mínimo. El ingreso mínimo integral, según anuncio del Ejecutivo encargado, es de USD 240 mensuales. Pero como lo aclaró el ministro Carlos Alexis Castillo, la cifra no se aplica al salario base sino que se compone por bonificaciones. El salario base permanece equivalente a USD 130 mensuales en la equivalencia oficial. El motivo declarado: aumentar el salario base dispararía la inflación.

Servicios públicos. Los apagones, según reportes de la sociedad civil venezolana en mayo de 2026, sitúan a la población en lo que la diáspora ha llamado «supervivencia emocional». El servicio eléctrico es intermitente en zonas urbanas y crónicamente irregular en zonas semiurbanas y rurales.

La suma da: ingreso bajo, costos crecientes, servicios precarios. La percepción del 79% no es estado de ánimo. Es lectura precisa de la realidad económica.

El respaldo a la dolarización

El componente más político del bloque económico de la encuesta es la pregunta sobre dolarización. AtlasIntel registra respaldo mayoritario a la dolarización formal como mecanismo para frenar la inflación. La cifra exacta no se ha publicado en los avances de medios que han replicado el sondeo, pero la dirección es clara: los venezolanos prefieren operar en dólares.

Eso ya es realidad parcial. La dolarización informal —en la calle, en los mercados, en los servicios— viene operando desde 2019. Lo que la encuesta captura es el respaldo a la dolarización formal, declarada por el Estado, con consecuencias normativas claras: contratos, salarios, impuestos, deudas, todo en dólares.

El rodrigato ha mantenido al bolívar como moneda de curso legal. La línea oficial es que la dolarización formal cedería autonomía monetaria al sistema financiero estadounidense. Es argumento técnico sólido. Pero también es argumento que el 79% de la población no comparte cuando se enfrenta al supermercado.

Lo que esto significa para el bolsillo

Tres lecturas operativas para el hogar venezolano.

Una. El sueldo no es el problema central. El precio sí. Un aumento nominal del salario, sin freno a la inflación, equivale a quedarse en el mismo lugar. Por eso la dolarización aparece como demanda popular: estabiliza el precio, no el ingreso.

Dos. La bonificación como mecanismo paralelo agudiza la inseguridad. El ingreso integral de USD 240 anunciado por el Ejecutivo encargado depende de bonos. Los bonos no se calculan para prestaciones, no se reportan a pensiones, no se registran como base de cálculo para créditos hipotecarios. Es ingreso real para el mes, no para el futuro.

Tres. El acceso a servicios determina el ingreso disponible. Cuando un hogar venezolano dedica recursos significativos a compensar fallas eléctricas (plantas, baterías, refrigeración propia) y de transporte (gasolina del mercado paralelo, pago de taxi en zonas sin transporte), el ingreso disponible para alimentación y salud se reduce. La economía mala no es solo el sueldo bajo. Es el costo creciente de mantener funcional el hogar.

Lo que esto significa para las remesas

Para los hispanos en Estados Unidos que envían remesas a Venezuela, la lectura de la encuesta tiene tres componentes.

Uno. El receptor depende de la remesa de manera estructural, no coyuntural. El 79% que califica la economía como mala incluye a hogares que reciben remesas. La remesa no resuelve el problema; lo mitiga. Quien envía dinero a Venezuela debe entender que está sosteniendo gasto recurrente, no inversión.

Dos. La dolarización informal protege la remesa. Cuando el receptor venezolano gasta en dólares directamente —no convirtiendo a bolívares— evita la pérdida cambiaria. La remesa enviada por Zelle, MoneyGram, Western Union o Reserve mantiene poder de compra. La remesa convertida a bolívar lo pierde rápido.

Tres. El impuesto federal del 1% a remesas en EE.UU. opera desde el 1 de enero. Cada cien dólares enviados pagan un dólar al Tesoro federal. Sobre flujo anual estimado de remesas Venezuela-EE.UU., el costo agregado es significativo. La estrategia mínima para el remitente es agrupar envíos para amortizar costos fijos.

Lo que el dato sugiere para el rodrigato

El 79% de percepción negativa es número que el Ejecutivo encargado no puede convertir en discurso oficial. Reconocerlo equivale a admitir fracaso de gestión. Negarlo equivale a contradecir lo que cada hogar siente.

La salida del rodrigato hasta el momento ha sido sustitución temática: hablar de inversión petrolera, de levantamiento de sanciones, de cooperación con Washington. El miércoles 28 de mayo, Delcy Rodríguez fue al estado Anzoátegui a anunciar nuevas inversiones extranjeras en la Faja Petrolífera. No mencionó la encuesta. No mencionó la inflación. No mencionó el salario.

La sustitución tiene techo. El hogar venezolano puede escuchar anuncio petrolero, pero también necesita cerrar el mes. Las dos cosas no se anulan, pero no se canjean entre sí. Y la encuesta confirma que el ciclo de paciencia popular se está agotando.

Lo que viene

AtlasIntel volverá a medir en junio. Tres variables determinarán si la cifra rebota o se profundiza.

Primera, si el Ejecutivo encargado anuncia ajustes salariales reales en junio. La presión interna por aumentar el salario base —no las bonificaciones— viene creciendo en sectores sindicales.

Segunda, si la inflación se desacelera. Las medidas anti-inflacionarias del rodrigato dependen en parte del flujo de divisas que produce la apertura petrolera. Si el flujo se traduce en estabilización del tipo de cambio paralelo, la percepción puede mejorar.

Tercera, si aparecen señales sobre dolarización formal. Cualquier movimiento del Banco Central hacia mayor reconocimiento institucional del dólar produciría respaldo inmediato en encuestas. Es palanca disponible y políticamente costosa.

Para el lector hispano en Estados Unidos, la lectura útil es esta. La encuesta no es solo dato sobre Delcy Rodríguez. Es radiografía del hogar venezolano en mayo de 2026. Y ese hogar no está mejor que hace un año. Está peor.

INCÍSOS va a seguir la serie de mediciones mensuales con la atención que la transición venezolana exige.

El rodrigato anunció el martes 26 de mayo una reingeniería del Gobierno con plazo de noventa días. La comisión presidencial encabezada por Héctor Rodríguez, acompañada por la ministra de Economía Anabel Pereira y por el vicepresidente sectorial de Planificación Ricardo Menéndez, debe entregar un informe el lunes 24 de agosto. En clave económica, esa ventana no alcanza para rediseñar lo que importa: PDVSA, el Banco Central, la deuda externa y la base productiva no petrolera. Lo que entrega la comisión será una arquitectura de simulación administrativa. La transformación económica real, si llega, llega después, y bajo otros actores. Para el lector hispano en Estados Unidos, eso modifica las expectativas sobre remesas, precio del crudo, sanciones y el calendario del Plan Rubio.

Lo que cabe en 90 días, lo que no

Una reingeniería empresarial estándar —según el manual clásico de Hammer y Champy de 1993, palabra que el rodrigato tomó prestada del management corporativo— necesita entre 12 y 36 meses para una corporación de mediano tamaño. Lo que Héctor Rodríguez tiene encima son los pilares de un Estado petrolero con activos privatizables, una empresa de hidrocarburos quebrada con deuda estimada en más de 150 mil millones de dólares, un Banco Central que perdió dos veces su moneda en menos de una década y un aparato fiscal que en 2018 alcanzó hiperinflación por seis dígitos. En 90 días, lo único que cabe es la arquitectura administrativa: organigramas, decretos, anuncios de comisiones técnicas y proyectos de ley enviados a una Asamblea Nacional que sigue siendo la del chavismo de Maduro.

Lo que no cabe en 90 días son los tres frentes que definen la economía venezolana. Conviene mirarlos por separado.

Frente 1: PDVSA

Petróleos de Venezuela S.A. es la empresa que sostiene fiscalmente al Estado venezolano, y lleva una década en deterioro técnico continuo. Producción que en 1998 superaba los 3,3 millones de barriles diarios cayó a menos de 700 mil barriles en 2020. Bajo licencias parciales de OFAC otorgadas a Chevron, Repsol y otras, la producción se recuperó parcialmente hasta cerca de 900 mil barriles en 2024, pero sigue muy por debajo de su capacidad histórica.

Rediseñar PDVSA en 90 días no es ingeniería. Es decoración. Un rediseño operativo serio requiere: auditoría técnica de campos (12 a 18 meses), recapitalización (renegociación de deuda con acreedores que litigan en cortes federales estadounidenses, 24 a 48 meses), renovación de licencias OFAC (decisión política en Washington, no en Caracas), apertura a operadores privados (cambio de marco legal en Asamblea Nacional, sometido a Plan Rubio), y reconstrucción de la planta laboral técnica (la diáspora petrolera ya está en Houston, Calgary, Dubái y Doha, y no regresa por anuncios administrativos). Ninguno de esos cinco pasos cabe en 90 días.

Frente 2: Banco Central de Venezuela

El BCV venezolano perdió credibilidad por hiperinflación en 2018-2019 y por el régimen cambiario fragmentado de 2020-2024. La dolarización transaccional que se instaló entre 2019 y 2022 ocurrió sin política monetaria explícita, como respuesta espontánea de hogares y comercios. El rodrigato heredó un BCV que controla menos del 30 por ciento de las transacciones internas, según estimaciones de Ecoanalítica y otras firmas privadas, porque el dólar y el bitcoin manejan el resto.

Rediseñar el Banco Central exige decidir primero qué moneda gestiona. La opción técnica más rápida —dolarización formal— requiere acuerdo con la Reserva Federal y con el Departamento del Tesoro, ninguno de los cuales va a negociar con la presidenta encargada Delcy Rodríguez antes de la fase electoral del Plan Rubio. La opción intermedia —caja de conversión con un ancla externa— requiere reservas internacionales que Venezuela no tiene. La opción de mantener el bolívar como referencia exige primero recuperar credibilidad, lo que toma años. Ninguna se diseña en 90 días.

Frente 3: Deuda externa

La deuda venezolana externa, sumando soberana, PDVSA, bilateral y juicios pendientes, se estima entre 150 mil y 180 mil millones de dólares. Los acreedores incluyen bonistas privados, China (préstamos respaldados con petróleo), Rusia, Crystallex y otros litigantes que tienen sentencias en cortes federales estadounidenses sobre activos venezolanos en Estados Unidos, incluyendo a Citgo. Negociar una restructuración integral requiere acuerdo con el FMI (Venezuela está fuera de programa desde 2004), acceso a financiamiento multilateral, levantamiento de sanciones secundarias y un marco constitucional reconocido por los acreedores como interlocutor legítimo. Esto último es lo más sensible: Delcy Rodríguez como interlocutora puede no ser aceptable para acreedores que tienen sentencias contra el chavismo. La reconstrucción de deuda, en condiciones óptimas, lleva 24 a 36 meses. En condiciones venezolanas, no menos de cinco años.

Lo que sí cabe en 90 días

Sí cabe, en cambio, decretar la fusión de ministerios, reducir nóminas, anunciar comisiones técnicas, crear un consejo asesor económico con figuras del exterior, simplificar trámites tributarios, lanzar una ronda de privatizaciones cosméticas de empresas pequeñas, anunciar la reapertura de relaciones con organismos financieros sin firmar acuerdo de programa y firmar memorandos no vinculantes con socios comerciales. Todo eso entra en una hoja de ruta administrativa de 90 días. Y todo eso es lo que es razonable esperar del informe que Héctor Rodríguez entregará el 24 de agosto.

Cómo leer la asimetría

La asimetría entre el plazo administrativo y el plazo técnico no es novedad. Es la regla general de los gobiernos en transición que necesitan demostrar movimiento rápido sin tener todavía mandato político ni capital institucional para transformaciones de fondo. La pregunta editorial no es si la reingeniería del rodrigato funciona. La pregunta es qué simula y para quién.

Para el lector hispano en Estados Unidos hay tres lecturas operativas. Una: las remesas hacia Venezuela van a seguir afectadas por la fragmentación cambiaria al menos hasta 2027, independientemente de lo que Pereira anuncie. Dos: el precio del crudo venezolano y por tanto las decisiones de Chevron y Repsol dependen de licencias OFAC en Washington, no de comisiones en Caracas. Tres: el calendario del Plan Rubio funciona con relojes independientes —judicial federal, administrativo, geopolítico— y la reingeniería de 90 días es solo uno de ellos. Como herramienta de lectura para el hispano que tiene familia en Venezuela, planea remesas o trabaja en sector energético, la regla es simple: lo administrativo cambia rápido en titular, lo económico se mueve por debajo y con su propio tiempo.

El 24 de agosto, cuando Héctor Rodríguez entregue informe, será un punto del calendario. No será un punto de inflexión económica. Esa inflexión, si ocurre, ocurrirá después, y será gestionada por otros actores.

El miércoles 1 de julio se reúne en Washington el Consejo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es la primera revisión obligatoria del T-MEC tras los seis años de vigencia que contempla el artículo 34. Cuatro escenarios están sobre la mesa, según el Instituto Mexicano para la Competitividad: extensión por dieciséis años más hasta 2042, renegociación parcial con extensión condicionada, renegociación profunda con reapertura de capítulos completos, o falta de acuerdo que dispara una cuenta regresiva de diez años hasta la expiración del tratado en 2036. Para los sesenta y dos millones de hispanos en Estados Unidos, especialmente los más de treinta y siete millones de origen mexicano, no es asunto técnico ni geopolítico distante. Lo que se decida entre el 1 de julio y el último trimestre del año define empleo manufacturero, precios al consumidor, remesas y movilidad laboral durante la próxima década.

El reloj de los seis años

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el miércoles 1 de julio de 2020 como modernización del TLCAN firmado en 1994. El artículo 34 incorporó una cláusula novedosa: revisión obligatoria a los seis años de su vigencia. Esa revisión empezó formalmente con la apertura de comentarios públicos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos el martes 16 de septiembre de 2025. La primera reunión formal del Consejo del T-MEC se celebrará el miércoles 1 de julio de 2026, exactamente seis años después de la entrada en vigor.

Lo que ocurra en esa reunión inicial y en los meses siguientes tiene cuatro caminos posibles, según el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad. Primero: los tres países acuerdan extender el tratado por dieciséis años más, hasta el año 2042, con revisión intermedia en 2032. Segundo: la revisión se convierte en renegociación parcial, donde se modifican capítulos específicos a cambio de la extensión. Tercero: la renegociación se hace profunda, reabriendo capítulos completos (reglas de origen, propiedad intelectual, mecanismos de solución de controversias, comercio digital). Cuarto: no hay acuerdo, lo que dispara una cuenta regresiva de diez años con revisiones anuales hasta la expiración del tratado el viernes 1 de julio de 2036. La decisión técnica se sustenta en una cláusula que el equipo de Trump propuso en 2018 y que el propio Trump describió en discurso del Detroit Economic Club como su «disposición de renegociación de seis años».

Lo que Washington pone sobre la mesa

La estrategia estadounidense que ha trascendido a documentación pública del despacho de abogados White & Case y de organizaciones del Congreso incluye cuatro líneas. Una: modificaciones a las reglas de origen del sector automotriz, exigiendo mayor contenido regional para acceder a tarifa cero. Dos: fortalecimiento de prohibiciones de importación por trabajo forzoso, focalizadas en cadenas que pasen por terceros países asiáticos. Tres: nuevas restricciones a empresas chinas con operaciones en Norteamérica, especialmente en sectores estratégicos. Cuatro: resolución de disputas de implementación pendientes, sobre todo en energía (donde México ha sido objeto de paneles desde 2022).

Trump dijo en diciembre de 2025 que el tratado «o lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo». En enero de 2026 lo llamó «irrelevante». La interpretación predominante en círculos empresariales estadounidenses es que la administración Trump piensa retener la aprobación de renovación a Estados Unidos como mecanismo de presión para forzar concesiones específicas. La duda no es si Washington pide cambios. Es cuánto pide y a qué precio acepta firmar.

Lo que México defiende

Sheinbaum ha mantenido una posición pública estable desde diciembre: el tratado es ley, las economías están altamente integradas, los empresarios estadounidenses son los principales defensores del T-MEC. En enero dijo estar «convencida» de que la relación comercial seguirá. Argumentó que las economías de los tres países están altamente correlacionadas y que los principales defensores del tratado son los propios empresarios estadounidenses. Su equipo en la Secretaría de Economía trabaja desde finales de 2025 en las negociaciones técnicas.

La posición mexicana defensiva tiene tres pilares operativos. Uno: preservación del acceso al mercado estadounidense, que recibe más del ochenta por ciento de las exportaciones mexicanas. Dos: protección del régimen de inversión extranjera, especialmente en manufactura. Tres: defensa de la cláusula de mecanismos de solución de controversias laborales, que México ha utilizado y resistido en diferentes momentos.

Lo que cambia para el hispano en EE.UU.

Tres frentes concretos afectan directamente al lector hispano en Estados Unidos. El primero, empleo manufacturero. Si las reglas de origen automotriz se endurecen, las plantas en Texas, Ohio, Michigan e Illinois pueden ganar empleos a costa de las maquilas mexicanas. Es zero-sum con la comunidad mexicano-americana, dependiendo del lado de la frontera donde está la familia. Segundo, precios al consumidor. Aranceles más altos o regreso parcial al régimen pre-T-MEC suben precios de productos importados de México: alimentos frescos, autopartes, electrónica, textiles. La inflación al consumidor hispano tiene mayor exposición a estos rubros que el promedio. Tercero, remesas. Si la economía mexicana sufre por interrupción comercial, el peso se deprecia y las remesas en dólares —que en 2024 superaron los sesenta y cuatro mil millones— pierden poder adquisitivo en destino. La diáspora envía menos no porque envíe menos dólares sino porque cada dólar compra menos.

El reloj de julio

El 1 de julio es la fecha que ningún medio hispano está nombrando como debería. La conversación pública en Estados Unidos sobre el T-MEC ha estado dominada por declaraciones presidenciales sin agenda institucional concreta. La conversación pública en México ha sido optimista por línea oficial. La conversación pública entre los hispanos en EE.UU. ha sido inexistente.

A treinta y cuatro días del Consejo, la pregunta operativa para el lector hispano es esta: ¿qué documento de posición conoces del partido al que tradicionalmente le has votado? ¿Qué propone tu congresista federal sobre reglas de origen, trabajo forzoso o restricciones chinas? ¿Cuál es la posición del lobby empresarial hispano —US Hispanic Chamber of Commerce, Latino Coalition— frente al escenario cuatro de la cuenta regresiva? Si no sabes responder ninguna de las tres, no estás solo. Pero el reloj corre.