Es el avance más concreto del acuerdo de agosto, y plantea una pregunta que el anuncio no responde.

Las dos delegaciones que negocian en Caracas avanzan en la concreción de un acuerdo para transferir las reservas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos 4.000 millones de dólares, a la Reserva Federal del Banco de Nueva York, según reportó este viernes el Financial Times.

Es el avance más concreto que ha producido el acuerdo del 12 de agosto.

Lo que esto resuelve

El problema que describimos el 15 de septiembre era de representación legal: el litigio ante los tribunales británicos no discute de quién es el oro, sino cuál junta directiva del banco central venezolano puede disponer de él.

Un acuerdo entre las dos partes de la mesa resuelve precisamente eso. Si ambas concurren, el custodio deja de tener frente a sí dos pretensiones enfrentadas.

Por eso este movimiento era, como señalamos entonces, el camino más directo.

Lo que no resuelve, y es lo que hay que decir

El oro no volvería a Venezuela.

Pasaría de una bóveda en Londres a una bóveda en Manhattan. Cambia el custodio, no cambia la tenencia.

Eso no es en sí mismo un reproche: la mayoría de los bancos centrales del mundo mantiene parte de sus reservas en custodios extranjeros, y la Reserva Federal de Nueva York es uno de los principales del mundo. Es una práctica ordinaria.

Lo que conviene registrar es otra cosa. Un activo que estaba bloqueado por un tercero pasaría a estar custodiado por otro tercero, en la jurisdicción del país con el que se acaba de firmar el mayor acuerdo energético de la historia reciente del país.

No decimos que eso sea malo. Decimos que la pregunta sobre el control no se responde con el traslado, sino con las condiciones del traslado.

Las preguntas que decidirán si esto termina bien

Son las mismas tres que planteamos el 15 y siguen sin respuesta.

Quién puede girar sobre esos fondos. Si se requiere la firma conjunta de ambas partes, si basta una, o si hay un tercero con capacidad de bloqueo.

Para qué se destinan. El acuerdo del primer ciclo estableció que los recursos irían a atender a las víctimas de los sismos del 24 de junio. Habría que ver si esa afectación consta en el instrumento del traslado o si queda como declaración.

Y quién audita. Un fondo cuyo destino se anuncia pero cuyo gasto no se publica es indistinguible de uno sin destino.

El antecedente que conviene no olvidar

En julio se liberaron unos 350 millones de dólares de un tramo depositado en el Fondo Monetario Internacional.

No se ha publicado balance de ejecución de ese dinero.

Antes de discutir qué se hará con cuatro mil millones, conviene preguntar qué se hizo con trescientos cincuenta. Es la misma pregunta y es más fácil de responder.

Lo que hay que seguir

El instrumento del traslado, si se publica y qué condiciones fija.

Si el litigio británico se cierra formalmente o queda abierto.

Y el primer desembolso documentado. Un acuerdo se juzga por su primera ejecución, no por su anuncio.

Fuentes principales: Reporte del Financial Times del 18 de septiembre de 2026 sobre el avance del acuerdo de transferencia de reservas. Acuerdos del primer ciclo de la mesa de negociación, del 12 de agosto de 2026. Cobertura previa de este medio del 15 de septiembre sobre el litigio por las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra.

Se celebró el mismo jueves, en el corredor energético de Houston, dos días después de la reunión ministerial del foro de las veinte economías.

El jueves 17 de septiembre se celebró en el corredor energético de Houston un encuentro empresarial de un día dedicado a la reapertura energética venezolana.

Reunió a ejecutivos petroleros estadounidenses y venezolanos, inversionistas, abogados, especialistas en cumplimiento de sanciones, banqueros y figuras de la diáspora. Lo organizó el expresidente de la filial petrolera venezolana en Estados Unidos.

Lo que dice la agenda

Los temas anunciados fueron: marco legal para inversionistas, seguridad jurídica y resolución de disputas; actualización de sanciones y cumplimiento; condiciones reales de inversión, incluidas infraestructura, logística, seguridad, electricidad, puertos y talento humano; impacto comunitario; y oportunidades para pequeñas y medianas empresas.

Léala otra vez.

Nadie dedica un panel a la seguridad jurídica de un país donde los contratos se cumplen. Nadie programa una sesión sobre electricidad donde la electricidad funciona, ni sobre puertos donde los puertos operan, ni sobre talento humano donde hay personal disponible.

La agenda de un foro de inversión es, leída al derecho, una lista de temas. Leída al revés, es un inventario de obstáculos.

Eso no es una crítica al foro. Es lo contrario: un encuentro que pone esos puntos sobre la mesa está haciendo un diagnóstico más honesto que muchos anuncios oficiales.

El tono declarado

Uno de los participantes, exministro y exembajador venezolano, anticipó el día anterior que el tono sería constructivo y que no se mencionaría ninguna palabra negativa sobre el país.

Explicó el objetivo: convencer a las empresas independientes de Texas, Oklahoma y Dakota, que mueven la mayor parte de la producción estadounidense, de que inviertan.

Conviene registrarlo sin ironía, porque es una declaración transparente.

Un foro de promoción de inversiones es, por definición, un ejercicio de persuasión. Quien lo organiza no está obligado a hacer periodismo. Pero quien lo cubre sí está obligado a decir qué tipo de evento es.

La diferencia importa para el lector: lo que salga de ahí es una propuesta comercial, no un diagnóstico independiente.

Lo que sí hay que esperar

El encuentro previó sesiones simultáneas que debían producir conclusiones y oportunidades concretas, consolidadas al cierre en un documento de recomendaciones dirigido a funcionarios e instituciones.

Ese documento es lo que conviene leer. Un discurso expresa entusiasmo; un documento de recomendaciones expone condiciones. Y las condiciones que un grupo de inversionistas pone por escrito dicen con precisión qué consideran que falta.

Si se publica, esta casa lo va a reseñar.

Quién no estaba

Conviene anotarlo porque define la naturaleza del encuentro.

Este foro fue de diáspora, empresas de servicios y análisis jurídico. La delegación oficial venezolana había participado días antes en la reunión ministerial de energía del foro de las veinte economías, en la misma ciudad.

Son dos escenarios distintos. Uno es diplomático y el otro comercial, y no conviene confundirlos.

La pregunta que queda

Si las condiciones que allí se discutieron se cumplen, o si la inversión llega igual sin que se cumplan.

Porque ahí está la tensión de fondo de todo este proceso. Un inversionista puede exigir seguridad jurídica, o puede aceptar el riesgo a cambio de un retorno mayor.

Lo primero empuja hacia la institucionalidad. Lo segundo no la necesita.

Cuál de las dos cosas ocurra no se sabrá en un foro. Se sabrá en los contratos, cuando se firmen y si se publican.

Fuentes principales: Programa y convocatoria pública del encuentro empresarial celebrado en Houston el 17 de septiembre de 2026. Declaraciones previas de uno de sus participantes difundidas el 16 de septiembre. Reunión ministerial de energía del foro de las veinte economías celebrada en la misma ciudad entre el 14 y el 16 de septiembre.

La propuesta parece técnica y no lo es: cada una de las tres designaciones abre una puerta que hoy está cerrada.

El diputado y economista Simón Calzadilla planteó a la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 incorporar tres puntos a la agenda de la mesa de negociación.

La valoración pública del presupuesto nacional de 2027.

La designación de una nueva junta directiva del banco central.

Y el nombramiento de un nuevo contralor general de la República.

Lo fundamentó en la necesidad de mejorar la situación económica, garantizar que los recursos de la nación se administren con transparencia y rendición de cuentas, y abatir la inflación.

Parece una propuesta técnica. No lo es, y conviene explicar por qué cada uno de los tres puntos abre una puerta que hoy está cerrada.

El contralor decide quién puede competir

Esta es la conexión que casi nadie está haciendo.

La inhabilitación política en Venezuela no siempre llega por un tribunal. Llega, en muchos casos, por vía administrativa, desde la Contraloría General de la República.

Es el mecanismo por el que fue inhabilitada María Corina Machado. Y es el mismo por el que fue inhabilitado por quince años, en abril de 2025, el exalcalde detenido este jueves en Barquisimeto.

Es decir: mientras la discusión pública se concentra en renovar el máximo tribunal para revisar inhabilitaciones, existe una segunda vía, más corta, que pasa por designar a quien encabeza ese órgano de control.

Un nuevo contralor puede revisar actos administrativos de su propia institución. No necesita una sentencia.

Que esa designación entre o no en la agenda es, por tanto, un indicador directo de si hay intención real de habilitar candidaturas.

La junta del banco central es la que discute el oro

La segunda conexión es igual de concreta.

El litigio ante los tribunales británicos por las treinta y una toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra no discute de quién es el oro. Discute cuál junta directiva representa legalmente al banco central venezolano.

Esta casa lo explicó el 15 de septiembre, cuando el Reino Unido elevó el nivel de sus relaciones diplomáticas.

Una junta directiva designada de común acuerdo entre las dos partes de la mesa resolvería precisamente ese problema de representación. Sería el camino más directo hacia el desbloqueo de esos activos, que además es uno de los dos acuerdos que ya produjo el primer ciclo.

Dicho de otro modo: la mesa acordó recuperar el oro en agosto, y esta es la designación que haría posible ese acuerdo.

El presupuesto es donde se ve todo lo demás

El tercer punto es el menos vistoso y el más revelador.

Un presupuesto nacional muestra, en un solo documento, cuánto se espera ingresar, de dónde, y en qué se va a gastar.

Y permitiría responder preguntas que hoy están sueltas. Cuánto de los ingresos petroleros previstos por los nuevos acuerdos entra al fisco y por qué vía. Cómo se financian los dos fondos soberanos anunciados esta semana. Y qué proporción del gasto de personal es salario y qué proporción es bono, que es la distinción que determina los derechos de millones de trabajadores.

Un presupuesto discutido públicamente no garantiza que se cumpla. Pero sin él no hay forma de saber si se cumple.

El debate de fondo sobre el alcance de la mesa

Esta propuesta llega en medio de una discusión que lleva días y que conviene ordenar, porque hay tres posiciones distintas sobre para qué sirve esta negociación.

Concentrarla en lo electoral. Un dirigente opositor sostuvo el fin de semana que la mesa debe abocarse al máximo tribunal y al árbitro electoral, y no entrar en temas económicos ni sociales porque no dependen de ella.

Abrirla a lo social. La delegación anunció el lunes, tras reunirse con el cardenal, que el principal diálogo debe ser con la gente y sus necesidades.

Y ampliarla a las instituciones económicas de control, que es lo que plantea esta propuesta.

Las tres son defendibles. Y la tercera tiene una ventaja sobre las otras dos: es la más verificable. Designar un contralor, una junta directiva y discutir un presupuesto son actos con fecha, con nombre y con documento.

Lo que hay que seguir

Si los tres puntos entran efectivamente en la agenda de esta ronda o quedan enunciados.

Si se conoce el proyecto de presupuesto de 2027 y cuándo se discutiría.

Y si alguna de las dos designaciones avanza. De las dos, la del contralor es la que más rápido produciría efectos visibles, porque toca directamente las inhabilitaciones.

Fuentes principales: Planteamiento del diputado Simón Calzadilla difundido el 17 de septiembre de 2026. Cobertura previa de este medio del 15 de septiembre sobre el litigio por las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra y del 16 de septiembre sobre el anuncio de ingreso mínimo integral y fondos soberanos. Registros públicos sobre inhabilitaciones administrativas dictadas por la Contraloría General de la República.