ECONOMÍA · PETRÓLEO

Donald Trump lo llamó el acuerdo petrolero más grande de la historia: 17 campos venezolanos entregados a una sola empresa. Reuters fue a ver cómo va. Encontró campos sin taladros, proveedores que esperan sus pagos y una meta de un millón de barriles diarios que, según la propia PDVSA, tomaría de seis a siete años. La propaganda tiene fecha. El petróleo, no.

Donald Trump lo presentó como el mayor acuerdo petrolero de la historia: 17 campos venezolanos, con unos 64.000 millones de barriles de reservas, en manos de una sola empresa. A cambio, EE.UU. se quedó con el 35 % de la matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP) y con el derecho a comprar el 20 % de la producción a precio de costo. Un mes después de que la empresa tomara el control de los nuevos campos, Reuters fue a ver qué está pasando en el terreno. Su respuesta, publicada el viernes 30 de octubre, es que la realidad empieza a imponerse, según la agencia.

Lo que encontró Reuters

NABEP producía unos 224.000 barriles diarios a mediados de octubre y promete superar el millón. Jovanny Martínez, de PDVSA, calculó que llegar a esa meta le tomaría de seis a siete años, y advirtió que cerca del 80 % de unos 4.000 pozos inactivos de la cuenca de Maracaibo necesitan reparación, según Reuters. La producción nacional, mientras tanto, sigue estancada en torno a 1,2 millones de barriles diarios.

Un análisis satelital de principios de octubre no encontró equipos de perforación en 7 de los 17 campos. En Junín Sur había un solo taladro. Seis de las áreas nuevas son remotas y no han sido desarrolladas. En Petrozamora, el proyecto más avanzado, la producción subió de 98.000 a 115.000 barriles diarios entre septiembre y octubre, según datos internos de PDVSA. Pero trabajadores del campo describieron a Reuters maquinaria parada, instalaciones dañadas, derrames y pagos atrasados a los proveedores. Según algunas fuentes de la agencia, la empresa también ha tenido problemas para abrir cuentas bancarias.

Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, calculó que de los 64.000 millones de barriles solo unos 10.000 millones son desarrollables de forma realista en los 25 años que permite la ley venezolana. Humberto Calderón Berti, exministro de Energía, dijo estar convencido de que el acuerdo «no durará mucho».

Lo que dice NABEP, y lo que dice la Casa Blanca

La empresa respondió que tiene 60 taladros y 70 equipos pesados en camino, tres taladros perforando en el Orinoco y tres más por llegar, 13 equipos de reacondicionamiento de pozos y otros 15 en espera. Dijo que ha invertido 1.000 millones de dólares propios desde 2024 y que aumentará la reinversión anual hasta en 50 %. «Todas las facturas se están pagando, y cualquier interrupción será atendida», dijo su vocero, Terry Wade. La Casa Blanca fue más lejos: «La producción está creciendo y este acuerdo ya está dando resultados para el pueblo estadounidense», dijo su portavoz Taylor Rogers a Reuters.

El regalo que cambió de versión

El primer cargamento, un millón de barriles, llegó a Texas a finales de octubre. Trump lo llamó «un regalo», como contamos aquí. La Casa Blanca dijo que EE.UU. lo recibió sin costo. NABEP dijo primero que se había vendido bajo el derecho de compra a precio de costo, y después que se entregó gratis para celebrar el acuerdo, según Reuters. Son dos versiones de la misma transacción, sobre petróleo venezolano, y ninguna ha sido documentada.

El socio

El fundador de NABEP, Alejandro Betancourt, fue investigado en EE.UU. y en Suiza por presunto lavado de dinero vinculado a un desfalco a PDVSA. Nunca fue acusado, y la investigación estadounidense se pausó este año, según Reuters. Lo contamos en su perfil. María Corina Machado resumió su objeción en una frase que Reuters recogió: «El tema es cómo, y con quién», como contamos aquí.

Lo que no se sabe

Seis semanas después de anunciado, el acuerdo seguía sin texto público, como contamos aquí. ProPublica obtuvo un contrato de 18 páginas que no garantiza ingresos a Venezuela, como contamos aquí. Y los 14 campos nuevos se entregaron el 1 de octubre bajo acuerdos con el Gobierno de la presidenta encargada, que fue ministra de Hidrocarburos hasta marzo. No se conocen las condiciones de esos contratos, ni quién audita la producción que la empresa reporta, ni cuánto recibe el Estado por cada barril.

La distancia entre el anuncio y el pozo

El problema de NABEP no es que no haya llegado al millón de barriles en un mes. Ninguna empresa lo haría. El problema es que todo lo que se sabe del acuerdo viene de quienes lo firmaron, y lo que se sabe por fuera, de Reuters, de ProPublica o de los satélites, contradice el relato del éxito. La economía de la transición ya tiene plazos, pero se miden en anuncios. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que se publiquen los contratos, que la producción la certifique alguien distinto de la empresa y que el Estado diga cuánto cobra por cada barril, incluido el del «regalo».

Para leer más en INCÍSOS

1. Las empresas que Delcy Rodríguez ofrece devolver ya se entregaban en secreto: la opacidad como método.
2. ProPublica revela que el pacto petrolero no garantiza ingresos a Venezuela: el contrato.
3. Quién es Betancourt, el socio petrolero que Machado asocia con corrupción: el socio.
4. Machado promete respetar contratos petroleros, pero pide ver el de NABEP: la oferta de la oposición.

Fuentes principales: Reuters, vía BOE Report y La Patilla (30 de octubre de 2026); PDVSA, citada por El Nacional (24 de octubre); notas de INCÍSOS.

ECONOMÍA · EXPROPIACIONES

La presidenta encargada anunció que el Estado valorará sus «activos no esenciales» para venderlos o devolverlos a sus antiguos dueños. Se lee como el fin de la estatización chavista. Pero desde 2020, bajo la Ley Antibloqueo que ella promovió, plantas expropiadas ya pasaban a manos privadas con acuerdos que nadie conoce. Lo nuevo no es la entrega, es el anuncio. Y sigue sin reglas.

«Esto está avanzado». Con esa frase, Delcy Rodríguez cerró el jueves 29 de octubre el anuncio económico más ambicioso de su alocución: el Estado valorará los «activos no esenciales» que tiene en sus manos para ofrecerlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos propietarios. No dijo cuáles, ni quién los valora, ni con qué método. Lo mencionamos en una línea al contar la alocución, aquí.

La lectura inmediata fue la de un giro histórico. CNN tituló que la presidenta encargada «pone fin a un pilar del chavismo», y Reuters escribió que la medida podría revertir las nacionalizaciones de Hugo Chávez, según TimesLive. La lectura es comprensible. Pero omite algo: ese pilar se venía desmontando desde hace seis años, y en secreto.

Lo que ya pasó, sin anuncio

En octubre de 2020, la Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, fue una de sus principales promotoras. «La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información», explicó el 18 de octubre de ese año. La norma permitía contratos confidenciales, desaplicar leyes vigentes y disponer de activos del Estado sin pasar por la Asamblea Nacional, según la Voz de América. Expertos citados entonces advirtieron que abría la puerta a revertir nacionalizaciones sin control público.

Eso es lo que pasó. Un mes después, los trabajadores de Agropatria, la antigua Agroisleña expropiada en 2010, supieron que su nuevo patrono era un grupo privado, según El Diario. Y una investigación de El Nacional publicada en octubre de 2026 documenta que plantas expropiadas u ocupadas como Industrias Diana, Kellogg’s, Kimberly-Clark y Goodyear operan hoy en manos de privados, bajo acuerdos amparados en esa ley y en el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia. El Estado conserva la propiedad y los pasivos en bolívares; los operadores se quedan con la renta. Los contratos no se publicaron.

Tres preguntas que el anuncio no responde

1. ¿Quién decide qué es «no esencial»? La categoría no existe en ninguna ley. Si la define el mismo Ejecutivo que va a vender, el Ejecutivo decide qué vende.
2. ¿Quién valora, y quién lo verifica? Una valoración sin órgano independiente ni publicación es un precio que nadie puede discutir.
3. ¿Devolver o vender, y a quién? No es lo mismo devolver una empresa a la familia a la que se le expropió que venderla a un socio nuevo del poder. El anuncio pone las dos cosas en la misma frase.

Lo que está en juego

Las expropiaciones del chavismo no solo dejaron empresas quebradas. Dejaron más de una docena de arbitrajes internacionales casi todos sin resolver, según Reuters. Cedice calcula que podrían costarle a Venezuela unos 30.000 millones de dólares, cerca del 18 % de una deuda externa estimada en 162.000 millones, según Infobae. Kellogg’s, una de las plantas que hoy opera un tercero, tiene uno de esos arbitrajes abierto. Devolver una empresa puede ser parte de la solución de esos litigios. Entregarla a otro, mientras su antiguo dueño reclama en un tribunal internacional, puede agravarlos.

Hay además un problema de secuencia. La reforma de los activos del Estado es una decisión de largo plazo que compromete a cualquier gobierno futuro. Se anuncia sin fecha electoral, sin una Asamblea con control efectivo sobre el Ejecutivo y bajo la misma ley que permitió las entregas opacas. Es lo que María Corina Machado reclamó para el petróleo en la UCAB: no se trata de si, sino de cómo y con quién, como contamos aquí. Y es lo que veníamos señalando desde los 105 acuerdos petroleros sin lista pública.

Lo que falta para que sea verificable

Devolver lo que se expropió puede ser justo, y vender lo que el Estado no sabe administrar puede ser sensato. Pero ninguna de las dos cosas se resuelve con un anuncio y una comisión que nadie conoce. Quien promovió la ley que permitió entregar empresas en secreto, como contamos en su perfil, no puede ser también quien decida, sin control, qué se devuelve y a quién. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Una lista pública de los activos, un método de valoración verificable, la publicación de los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo y la derogación de esa ley.

Para leer más en INCÍSOS

1. Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos; estos son los suyos: el perfil.
2. Machado promete respetar contratos petroleros, pero pide ver el de NABEP: el cómo y el con quién.
3. 105 acuerdos petroleros y ninguna lista pública: la opacidad en el petróleo.

Fuentes principales: Prensa Presidencial (29 de octubre de 2026); Reuters, vía TimesLive; CNN en Español; Infobae (30 de octubre); El Nacional (octubre de 2026); El Diario (diciembre de 2020); EFE, vía El Día; Voz de América; Transparencia Venezuela.

ECONOMÍA · TU BOLSILLO

La presidenta encargada anunció cuatro incrementos del ingreso en 2027, ninguno menor que el crecimiento del trimestre anterior. No dio montos, ni fechas, ni dijo si serán salario o bonos. Lo que sí dejó claro es que no habrá aumento en lo que queda de 2026, y que se imagina gobernando todo el año que viene.

«En el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda». Esa fue la única referencia concreta al bolsillo en la alocución de Delcy Rodríguez del jueves 29 de octubre. No hubo montos, porcentajes ni fechas.

La consecuencia inmediata la señalaron 2001 y El Impulso: no habrá aumento en lo que queda de 2026. El ingreso mínimo oficial ronda los 130 bolívares, y la mayor parte de lo que cobra un trabajador son bonos.

Lo que esperaban los sindicatos

Tres días antes, Marcela León, presidenta de la Alianza Sindical Independiente, había dicho que la mesa tripartita acordó aumentos escalonados desde enero y una «salarización» progresiva, es decir, pasar parte de los bonos a salario para que cuenten en vacaciones, utilidades y prestaciones, como contamos aquí. Los montos, según los sindicatos, se conocerían el 1 de noviembre. El anuncio del jueves confirma el calendario, pero no el contenido.

Y hay una palabra que importa. La presidenta encargada habló de «incrementos del ingreso», no del salario. El ingreso incluye los bonos; el salario es lo que genera prestaciones. Si los cuatro aumentos llegan como bonos, la «salarización» que defienden los sindicatos queda donde estaba.

La fórmula del crecimiento

Atar los aumentos al crecimiento de cada trimestre tiene una lógica: no repartir lo que la economía no produce. Pero deja tres preguntas sin respuesta. ¿Crecimiento de qué, del PIB total, del no petrolero, del real? ¿Medido por quién, el BCV, el Ministerio de Planificación, un ente independiente? ¿Y publicado cuándo y dónde, de modo que un trabajador pueda verificar que su aumento cumple la regla? Sin esas respuestas, la promesa de que los aumentos «en ningún caso» serán menores que el crecimiento no se puede comprobar.

La calle, mientras tanto

El anuncio llegó un día después de que la Policía Nacional Bolivariana detuviera a una cuadra la quinta marcha sindical hacia Miraflores, que pedía salario, libertad de los presos políticos y un cronograma electoral, como contamos aquí. El mismo jueves, los educadores protestaban de nuevo por salarios. Y en su rueda de prensa, María Corina Machado sostuvo que la pobreza «no va jamás a cambiar bajo un sistema de corrupción y de socialismo».

Un calendario que dice más de lo que parece

Cuatro aumentos a lo largo de 2027 suponen que quien los anuncia estará allí para pagarlos. La presidenta encargada habló además de «mi gobierno» y prometió informar «cada mes» sobre la reconstrucción. Según la secuencia que describió el Departamento de Estado, en cambio, la elección presidencial podría caer hacia mediados de 2027, como explicamos aquí. Los dos calendarios no coinciden.

Criterio INCÍSOS

Un aumento sin monto no paga el pasaje, y un aumento atado a una cifra que no se publica no se puede reclamar. Si la fórmula es seria, el Gobierno encargado debería decir esta semana qué indicador usará, quién lo calculará y en qué fecha se publicará cada trimestre. Y debería aclarar si los aumentos serán salario o bonos. Lo demás es una promesa a doce meses de un gobierno que, según su propio socio en Washington, debería estar dando paso a una elección antes de que se cumplan.

Lo que hay que vigilar

1. El 1 de noviembre, la fecha en que los sindicatos esperaban los montos.
2. Si la fórmula se publica: indicador, fuente y calendario.
3. Si los aumentos serán salario o bonos.
4. El pedido sindical de dos ingresos mínimos para los aguinaldos.

Para leer más en INCÍSOS

1. El aumento salarial llegaría en enero; el pasaje ya pide 70 centavos: lo que dijeron los sindicatos.
2. La PNB frena otra marcha por salarios y presos políticos: la marcha del miércoles.
3. Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos y no da fecha: la alocución completa.
4. La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: los tres calendarios, cruzados.

Fuentes principales: Alocución de Delcy Rodríguez (29 de octubre de 2026); 2001 y El Impulso (29 de octubre); notas de INCÍSOS sobre la mesa tripartita y la marcha.