FIRMAS · GUSTAVO TOVAR-ARROYO

Venezuela es una cuerda tensada entre Trump, los hermanos Rodríguez, los militares estadounidenses, el aparato represivo chavista y una sociedad exhausta de esperar. Una democracia postergada es una dictadura renovada, y la tensión necesita una salida institucional antes de que se convierta en tragedia.

Trump, el conquistador

Cuarenta y cinco minutos bastaron para desnudar treinta años de bravuconería chavista. Trump, el conquistador, convirtió la épica de Chávez en una opereta de payasos uniformados. Me hubiese fascinado que la coñamentazón que le metieron a Maduro se la hubiesen propinado a Hugo, su «amado supremo», y a su cohorte de generales de pecho inflado y de medallas infinitas que terminaron cagados la noche de las luciérnagas metálicas gringas. No se me dio: se llevaron a Maduro y a Cilia, los héroes de plástico. La humillación al chavismo fue monumental; lo sigue siendo.

La historia posee un sentido del humor particularmente cruel: los mismos que prometieron convertir Venezuela en un Vietnam tropical, once meses después, se arrodillan frente al conquistador. Lo adoran.

Tanta pólvora retórica terminó en una rendición tragicómica.

El rodrigato y la bomba de tiempo

Los hermanos Rodríguez comprendieron antes que nadie que el chavismo había dejado de ser una revolución y se había convertido en una mercancía. Su colaboración en la entrega de Maduro merece un capítulo singular en la historia de las traiciones políticas de América. No miento: agradezco la traición, pero no la confundo con «virtud» de los traidores. Fue un negocio para adueñarse del poder. Y lo hicieron. Para conservarlo, entregan al conquistador lo que le plazca: petróleo, minas, riquezas y soberanía. Todo. Incluso a ti, chavista pendejo.

Tienen un problema: la docilidad ante Washington no garantiza legitimidad en Venezuela. El pueblo esperaba una liberación, no una sustitución de gestores ni una entrega inhumana de nuestros recursos.

Trump los usa, y no entiende que Venezuela es una bomba de tiempo.

Coitus interruptus

Perdonen la analogía: la transición venezolana ha sido un coitus interruptus. Después de la captura de Maduro, Venezuela tuvo una erección moral y, pese a los avances, en el momento de mayor entusiasmo y placer se evitó la eyaculación (histórica) y, lo peor, el goce se ha desvanecido. La economía continúa exhausta, el comercio no despega y la democracia permanece atrapada en los interminables preliminares del poder. Para completar el desencanto, Washington escogió como interlocutor petrolero a Alejandro Betancourt, el «comandante bolichico», un error tan inaudito como desmoralizante.

La pregunta resulta inevitable: ¿se pretende reconstruir Venezuela o simplemente administrar sus riquezas mediante los mismos mecanismos corruptos que la destruyeron?

El placer de la libertad no admite orgasmos inconclusos. No más.

El apoteósico regreso de María Corina

Nadie parecía preparado para la dimensión histórica del regreso de María Corina Machado. Ni ella. Las multitudes, los abrazos, las lágrimas, la euforia de un pueblo que reconocía en su presencia una esperanza largamente postergada. Ahora la tenía allí, y ella se tenía, a su vez, en el encantamiento popular: era ella y era el pueblo, entre todos, Venezuela; o mejor, la nueva Venezuela. Hay acontecimientos que modifican la geometría política de una nación, y este retorno ha sido uno de ellos. Washington negocia con quienes han regido —a coñazo limpio— Venezuela; ella moviliza a los millones que reclamamos recuperarla.

Unos pocos —infames— chavistas frente a millones —esperanzados— de venezolanos. Dos legitimidades distintas: una nace de la traición del poder; la otra, de la fuerza del poder popular. Confundirlas es un error histórico.

El pueblo, la mayoría, está a tiro de una rebelión popular total.

Tensión

Venezuela se ha convertido en una cuerda tensada entre fuerzas contradictorias: Trump y sus intereses estratégicos, los Rodríguez y su supervivencia política, los militares estadounidenses y su responsabilidad ante una eventual crisis, el aparato represivo chavista y una sociedad —millones— exhausta de esperar. Hay que entender que una democracia postergada es una dictadura renovada. Si María Corina se lo propusiese, encendería al país. No lo hará, claro, pero todo tiene su límite. ¿Qué harían los marines estadounidenses ante una rebelión popular? ¿Atacarían a los manifestantes o neutralizarían a los aparatos represivos del chavismo?

No estamos únicamente ante una crisis política. El deterioro económico, la frustración social y la ausencia de un horizonte democrático verificable alimentan el riesgo de un conflicto social. Está ahí, cerquita.

Venezuela vive suspendida entre la esperanza y la desesperación.

¿Votos o balas?

La tensión necesita una salida institucional antes de transformarse en tragedia. Estados Unidos y el conquistador no solo deben garantizar el tránsito hacia la recuperación económica: deben garantizar la libertad y establecer un calendario electoral creíble, o se meterán en el lío de su historia. A sus socios, los Rodríguez, les deberán buscar una salida digna lo antes posible. María Corina puede contribuir a contener las tensiones y a encauzar las demandas populares por vías pacíficas, pero no puede cargar con el peso de una transición inconclusa. Ni ella ni nadie.

Ojalá Washington comprenda que la estabilidad no consiste solamente en evitar una rebelión, sino en construir las condiciones que hagan innecesaria cualquier confrontación.

Cuando la política se niega a escuchar, la historia habla a gritos.

(Y los gritos políticos no escuchados terminan en balas).

Gustavo Tovar-Arroyo es activista de derechos humanos, abogado, director, poeta y educador. En X: @tovarr.

Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de su autor.

POLÍTICA · EL NUEVO TSJ

En las primeras 48 horas, el Comité de Postulaciones Judiciales recibió 100 candidaturas, 83 de ellas para los 32 puestos de magistrado. El cronograma oficial prevé presentar a los elegidos ante la Asamblea el 11 de diciembre, justo a tiempo para la meta de Washington. Para cumplirlo, comprime los lapsos que dan voz a los ciudadanos y al Poder Ciudadano.

Cien aspirantes en 48 horas. Es el primer balance del Comité de Postulaciones Judiciales, que abrió el miércoles 28 de octubre la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Al cierre del jueves 29, 83 abogados se habían postulado a magistrado, 13 a inspector general de Tribunales y 4 a director de la Escuela de la Magistratura, según el balance que el Parlamento difundió en sus redes. Se disputan 34 cargos: 32 magistrados para las siete salas, un inspector y un director de la Escuela de la Magistratura.

El presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, dijo que el proceso comenzó «con buen pie» y que las solicitudes aumentarán en los próximos días. Para comparar: en el proceso de mayo, que se anuló, se inscribieron 532 aspirantes para 20 vacantes, según la lista que publicó la Asamblea.

El calendario

Lo que sí tiene el proceso es un cronograma. El comité lo aprobó a finales de octubre y prevé presentar a los candidatos seleccionados ante la plenaria de la Asamblea Nacional el 11 de diciembre, según El Diario. Es la fecha que encaja con la hoja de ruta de Washington: un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el comité busca nominar a los 32 magistrados antes de mediados de diciembre, como contamos aquí.

Lo que el calendario comprime

La reforma de septiembre fijó etapas con plazos propios. El cronograma las encaja en seis semanas, y en ese ajuste hay dos lapsos que pierden espacio:

1. Las objeciones ciudadanas. La ley abre 15 días, desde que se publica la lista de aspirantes, para que cualquier ciudadano objete a un candidato con fundamento. El cronograma difundido no dice cuándo se publica la lista ni cuándo corren las objeciones. Si la recepción cierra el 12 de noviembre y las entrevistas terminan el 27, los 15 días de objeciones tendrían que correr al mismo tiempo que las evaluaciones.
2. El Poder Ciudadano. La ley le da un lapso de 10 días continuos para revisar la preselección. El cronograma le asigna tres, del 8 al 10 de diciembre.

Hay además una incongruencia menor que conviene aclarar: la convocatoria dice que la recepción cierra el 11 de noviembre y el cronograma, que el 12. Y siguen abiertas las preguntas que planteamos al arrancar el proceso, como contamos aquí: si las carpetas del proceso anulado de mayo se incorporan sin una nueva postulación, si todos los miembros del comité pueden ver todos los expedientes, como reclamó la comisionada Raquel Sánchez según El Diario, y si habrá un baremo público. Ninguno de los balances difundidos hasta el viernes menciona criterios de evaluación.

Por qué importa la prisa

El nuevo TSJ será el árbitro de todo lo que viene: el nuevo CNE, las impugnaciones electorales, la vacante presidencial que Washington espera que se declare y las inhabilitaciones, incluida la de María Corina Machado. Sus magistrados estarán 12 años en el cargo. Machado pidió el jueves designar el TSJ, el CNE y la fecha electoral al mismo tiempo, como contamos aquí. El calendario del comité muestra que el TSJ va primero y con prisa.

El dato que falta del proceso

Que el proceso tenga fechas es una buena noticia en una transición que casi no las tiene. Pero un tribunal que durará 12 años no puede escogerse en seis semanas a costa de los lapsos que permiten al ciudadano objetar y al Poder Ciudadano revisar. Si el calendario no da para cumplir la ley, lo que se ajusta es el calendario, no la ley. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité publique la lista de aspirantes con sus credenciales, que fije en el cronograma los 15 días de objeciones, que respete los lapsos del Poder Ciudadano y que publique su baremo antes de entrevistar al primer candidato.

Para leer más en INCÍSOS

1. Abren las postulaciones para escoger a los 32 magistrados del TSJ: los cinco pasos.
2. Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos.
3. Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: el TSJ en la hoja de ruta.
4. El Baremo: cómo medir a los aspirantes.

Fuentes principales: Balance del Comité de Postulaciones Judiciales (30 de octubre de 2026), reseñado por El Estímulo, Contrapunto y El Nacional; El Diario, cronograma (24 de octubre); El Diario, irregularidades (28 de octubre); El Diario, proceso anulado (19 de junio); notas de INCÍSOS.

POLÍTICA · PERFIL

La presidenta encargada se presenta como la persona con experiencia para conducir el cambio. Esa experiencia tiene un registro. Fue canciller cuando Venezuela rompió con la OEA, presidió la Constituyente que destituyó a la fiscal y aprobó la ley contra el odio, supervisó el Sebin como vicepresidenta y promovió la ley que permitió entregar empresas del Estado en secreto. El 3 de enero no borra nada de eso.

«Les pido que me midan por los hechos». Delcy Rodríguez lo dijo el jueves 29 de octubre desde Miraflores, en la alocución en la que prometió elecciones sin fecha y se presentó como la persona con la experiencia para conducir el cambio, como contamos aquí. Es una petición razonable. Y obliga a mirar todos los hechos, no solo los de los últimos diez meses.

Delcy Rodríguez no empezó a gobernar el 3 de enero de 2026. Lleva dos décadas en el poder, en cargos que dejaron decisiones con fecha, firma y consecuencias. Este perfil las ordena. No es un juicio penal, porque ningún tribunal la ha condenado, ni una lista de acusaciones sin pruebas. Es el registro público de lo que hizo quien hoy pide confianza para conducir la transición.

La canciller que sacó a Venezuela de la OEA

Fue la primera mujer al frente de la Cancillería, desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. En esos años, Venezuela fue suspendida de Mercosur, en diciembre de 2016, y ella misma anunció, el 26 de abril de 2017, el inicio del proceso para retirar al país de la Organización de los Estados Americanos. Fue en plena ola de protestas de ese año, cuando la OEA se disponía a discutir la crisis venezolana.

En esos mismos años integró la directiva de PDVSA como vicepresidenta de Asuntos Internacionales, entre 2015 y 2017, según Transparencia Venezuela. Esa organización recoge que en 2017 se ordenó a Citgo firmar un contrato de 50 millones de dólares con una consultora vinculada al excongresista estadounidense David Rivera, cuya acusación en EE.UU. menciona una reunión con ella en Nueva York el 2 de abril de ese año. Rodríguez no ha sido acusada en ese caso.

La Constituyente: la fiscal, la ley contra el odio y la elección de 2018

El 4 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo electo sin la participación de la oposición y que se declaró por encima de todos los poderes. En los diez meses que la presidió, la Constituyente tomó estas decisiones, según el registro de sus actos y la Revista SIC:

1. 5 de agosto de 2017: destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que había denunciado la ruptura del orden constitucional, y nombró a Tarek William Saab.
2. 8 de agosto: decretó que todos los poderes públicos quedaban subordinados a la Constituyente.
3. 16 de agosto: instaló una Comisión de la Verdad presidida por ella misma.
4. 6 de noviembre: quitó la inmunidad al diputado opositor Freddy Guevara.
5. 8 de noviembre: aprobó por unanimidad la ley contra el odio, con penas de hasta 20 años de cárcel.
6. 20 de diciembre: obligó a los partidos que no participaron en las municipales a volver a inscribirse y eliminó la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
7. 23 de enero de 2018: ordenó adelantar la elección presidencial para antes del 30 de abril.

Esa última decisión produjo la elección del 20 de mayo de 2018, que buena parte de la comunidad internacional no reconoció y que abrió la crisis de legitimidad de 2019. Y la ley contra el odio es la misma que la presidenta encargada reconoció el 29 de octubre que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. No dijo que la aprobó la Constituyente que ella presidía.

Por su papel en la Constituyente y en la crisis constitucional, Canadá la sancionó en septiembre de 2017; la Unión Europea, Suiza y el Senado de México, en 2018, y EE.UU. la incluyó en su lista de sancionados en septiembre de ese año, según su ficha biográfica.

La vicepresidenta y el Sebin

En junio de 2018 se convirtió en vicepresidenta ejecutiva, el cargo que ocupó hasta enero de 2026. La Vicepresidencia es el órgano rector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según Transparencia Venezuela. En su informe de septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU la incluye entre las figuras clave de la infraestructura de control y señala que, como vicepresidenta, ejercía la supervisión legal del Sebin «conociendo o debiendo conocer» las torturas y violaciones cometidas, sin actuar para prevenirlas ni castigarlas, según el resumen de El Nacional.

Cuatro meses después de su llegada a la Vicepresidencia, el 8 de octubre de 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió bajo custodia del Sebin en su sede de Plaza Venezuela. La versión oficial fue un suicidio. Su familia y el Foro Penal lo rechazan, y ocho años después el caso sigue sin esclarecerse, según El Diario. Durante su vicepresidencia, la misma Misión de la ONU concluyó que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad en la represión que siguió a la elección de julio de 2024, según Efecto Cocuyo.

El director del Sebin en esos años fue Gustavo González López, al frente del servicio de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. La Misión de la ONU concluyó en 2022 que tuvo conocimiento, participó y contribuyó en graves violaciones de derechos humanos. En enero de 2026, ya como presidenta encargada, Delcy Rodríguez lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El informe de la ONU de septiembre lo ubica hoy como ministro de la Defensa.

La ley que permitió entregar empresas en secreto

En octubre de 2020, la Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo a pedido de Maduro. Delcy Rodríguez fue una de sus principales promotoras. «La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información», explicó el 18 de octubre de 2020, cuando anunció que Venezuela recibiría inversiones sin revelar su procedencia. En noviembre la presentó en Moscú como «un salto estratégico» para proteger las inversiones rusas. Según la Voz de América, la ley permitía contratos confidenciales, desaplicar normas vigentes y disponer de activos estratégicos sin control de la Asamblea Nacional.

Con ella nació el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia. Bajo ese esquema, plantas expropiadas como Industrias Diana, Kellogg’s, Kimberly-Clark o Goodyear pasaron a ser operadas por privados mediante acuerdos que no se publicaron, en lo que una investigación de El Nacional llama una «privatización subrepticia». Entre 2020 y 2024, Rodríguez fue además ministra de Economía y Finanzas, y Transparencia Venezuela calcula que controlaba cerca del 40 % del presupuesto de 2024.

La ministra del petróleo

De agosto de 2024 a marzo de 2026 fue ministra de Hidrocarburos, sin dejar la Vicepresidencia. En ese periodo se firmaron Contratos de Participación Productiva con socios privados sin licitación pública ni control legislativo, según Transparencia Venezuela, que advierte que redujeron la participación de PDVSA. Es el mismo modelo de asociación con privados que, ya como presidenta encargada, amplió con la reforma de la Ley de Hidrocarburos de enero de 2026.

Lo que cambió desde el 3 de enero

Desde que asumió la presidencia encargada, Delcy Rodríguez firmó una ley de amnistía, abrió el petróleo al capital privado, excarceló presos políticos, aceptó la hoja de ruta de Washington y prometió elecciones. EE.UU. la sacó de su lista de sancionados el 1 de abril de 2026. Son hechos, y también cuentan.

Pero la Misión de la ONU concluyó en septiembre que el aparato represivo sigue intacto bajo su gestión, sin una ruptura real en los cuerpos de seguridad e inteligencia, según El Nacional. Y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave.

Lo que el cambio no borra

Las transiciones a menudo se negocian con quienes formaron parte del régimen anterior. Venezuela no será la excepción, y Washington ya decidió negociar con ella. Pero negociar con alguien no equivale a absolverlo. Que Delcy Rodríguez sea hoy una pieza necesaria de la transición no la convierte en la reformista que dice ser, ni la exime de responder por lo que hizo antes.

La alocución del 29 de octubre tiene en ese sentido una lógica clara. Admite el abuso de una ley, pero no que la aprobó su Constituyente. Ofrece devolver empresas, pero no explica las que se entregaron en secreto bajo la ley que ella promovió. Pide que la midan por los hechos, pero solo por los que empiezan en 2026.

Lo que debe demostrar el cambio

El cambio se demuestra reconociendo lo hecho, no reescribiendo la biografía. La presidenta encargada puede ser parte de la salida, y también es parte de lo que llevó al país a necesitarla. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que sus hechos se midan completos: que se deroguen la ley contra el odio y la Ley Antibloqueo, que se publiquen los contratos firmados en secreto, que se esclarezca la muerte de Fernando Albán y que los responsables de la represión dejen de mandar.

Para leer más en INCÍSOS

1. Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos y no da fecha: la alocución del 29 de octubre.
2. Delcy Rodríguez admite abusos de la ley del odio y limita detenciones: lo que reconoció y lo que calló.
3. La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.

Fuentes principales: Transparencia Venezuela (enero de 2026); El Nacional, informe de la Misión de la ONU (septiembre de 2026); El Nacional, investigación sobre empresas expropiadas (octubre de 2026); registro de la Constituyente de 2017; Revista SIC; EFE, vía El Día; Voz de América; El Observador; Foro Penal; El Diario; Efecto Cocuyo; El Líbero; El Diario, sanciones; ficha biográfica.