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EN PANTALLA · EL DESTIERRO

Vladimir Petit Medina mostró en el canal de Nitu Pérez Osuna los papeles que, según él, prueban que no tiene causas pendientes. Aun así, dice, el sistema policial ordena avisar a Diosdado Cabello si aparece, y ni él ni Nitu pueden pedir un pasaporte. Es la cara administrativa del exilio, y una prueba para cualquier transición.

Nota de transparencia: Vladimir Petit Medina colabora con INCÍSOS en el especial En voz alta.

Vladimir Petit Medina sostiene que el Estado venezolano ya no tiene nada contra él. Lo dijo en el programa del 12 de octubre de 2026 de El Canal de Nitu, con papeles en la mano: las órdenes de aprehensión que alguna vez pesaron en su contra fueron sobreseídas o desistidas, y su certificado de antecedentes penales no registra causas pendientes.

Y, sin embargo, no puede volver. Según lo que mostró, en el SIIPOL, el sistema de información policial, aparece un requerimiento que ordena avisar a Diosdado Cabello si se le identifica. En una pantalla del SAIME, dice, figura una instrucción para detenerlo y trasladarlo a la DGCIM, la contrainteligencia militar. Ni él ni Nitu Pérez Osuna pueden siquiera pedir una cita para renovar el pasaporte, porque el sistema marca un requerimiento.

Petit contó que hace unos nueve años les anularon los pasaportes al llegar a Caracas, y que un funcionario les dijo después que no volverían a tener pasaporte ni cédula mientras «él» siguiera en el poder.

Un exilio que no necesita juez

Lo que describe Petit no es una condena. Es algo más difícil de discutir: una anotación en una base de datos. No hay sentencia que apelar ni audiencia a la que acudir. Hay un sistema que no deja sacar un documento.

La Constitución venezolana dice, en su artículo 50, que los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Venezuela ratificó, es más directo en su artículo 12.4: «Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país». Sin pasaporte, ese derecho existe solo en el papel.

No es un caso aislado. Durante años, periodistas, dirigentes y ciudadanos comunes en el exilio han denunciado pasaportes anulados, prórrogas negadas y citas imposibles en el SAIME. Nunca se ha publicado una cifra oficial de cuántas personas están en esa situación.

El nombre que aparece en el sistema

El detalle que vuelve este testimonio más que personal es el nombre. Según Petit, la instrucción no dice «avisar a la policía». Dice avisar a Diosdado Cabello, que sigue siendo ministro de Interior en el gobierno de la presidenta encargada y al que una fuente citada por ABC señala como el CC-1 de la acusación por torturas contra Maduro.

En el mismo programa, Petit planteó la idea de fondo: no puede haber transición mientras quienes controlan a los presos políticos y son señalados por torturas mantengan el poder. Nitu agregó otra arista: con Cabello y su entorno en cargos clave, dijo, es difícil que llegue la inversión que Venezuela necesita.

Criterio: tres pruebas

1. El registro: si el SAIME o el Ministerio de Interior confirman o desmienten que existen esas anotaciones, y con qué base legal.
2. La mesa: si la negociación de Caracas, que incluye en su agenda la garantía de derechos civiles y políticos, aborda el derecho de los exiliados a tener documentos.
3. La cifra: si alguna institución publica cuántos venezolanos tienen hoy un bloqueo administrativo para obtener pasaporte o cédula.

¿Qué falta, exactamente?

Falta que alguien responda. Una anotación en un sistema policial puede borrarse con una orden. Mientras nadie la dé, el destierro de Petit y de Nitu, y el de muchos otros, seguirá siendo una política sin firma.

Fuentes principales: El Canal de Nitu Pérez Osuna, programa del 12 de octubre de 2026 («Hasta el último momento… van a j@der»); Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 50; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12.4; ABC (David Alandete), 12 de octubre de 2026.

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EN PANTALLA · EL DATO

Nitu Pérez Osuna presentó en su programa una cifra que circula desde el fin de semana: 44,1 % de los 127 aspirantes estaría vinculado al régimen. Puede ser cierta. Pero nadie la ha publicado con nombres, y los datos públicos apenas alcanzan para identificar a una parte de la lista.

La cifra la presentó Nitu Pérez Osuna en el programa del 12 de octubre de 2026 de El Canal de Nitu: 44,1 % de los 127 inscritos para el comité que escogerá a los magistrados del nuevo TSJ serían jueces, exjueces u operadores penales vinculados al régimen, ejecutivos del TSJ o de la Fiscalía, militantes del PSUV, funcionarios, integrantes del Poder Popular o de la milicia, o asesores jurídicos del Estado. Y planteó la pregunta siguiente: quién es el otro 55,9 %.

El mismo número aparece en la denuncia del abogado José Gregorio Zaá, citada por El Informador: «al menos 56 postulados» con vínculos directos con el PSUV, la milicia, el Poder Judicial o el Ministerio Público, una «parcialidad política» que, según él, «compromete la objetividad» del comité.

Lo que dicen los datos públicos

El problema no es la cifra, sino su soporte. Ninguna de las dos versiones publicó los 56 nombres ni explicó cómo se clasificó a cada uno.

Los intentos de revisar la lista con fuentes abiertas muestran lo difícil que es. El ingeniero Giuseppe Gangi, que creó un sitio para seguir el proceso, dijo a El Pitazo que encontró información o historial de 31 de los 127, cruzando bases de datos electorales y el proceso anulado en agosto. INCÍSOS, en su especial Quién postula, no encontró trayectoria pública verificable para 109 de los 127.

Es decir: con lo que está publicado, una mayoría de los aspirantes no deja rastro. Eso puede significar que son abogados sin vida pública, o que sus vínculos no son visibles en internet. Pero no permite afirmar, con documentos, que 56 de ellos son oficialistas.

Por qué importa igual

La cifra puede estar bien encaminada. Gangi advirtió en el programa sobre la falta de transparencia del proceso y sobre el peso de la Asamblea electa en 2025, con mayoría del PSUV, en la selección. Y la comisión que preside el diputado Giuseppe Alessandrello publicó solo nombres, sin credenciales ni el sector que postuló a cada uno.

Ahí está el punto. Si la denuncia necesita una lista para ser creíble, la comisión necesita publicar las hojas de vida para que nadie tenga que adivinar. La opacidad del proceso es la que hace que una cifra sin nombres circule como un hecho.

Criterio: tres pruebas

1. Los nombres: que quienes sostienen el 44 % publiquen la lista y la fuente de cada vínculo.
2. Las credenciales: que la comisión preliminar publique la hoja de vida y el sector postulante de los 127.
3. Los 12: que la mesa del miércoles explique por qué escoge a cada uno de los doce.

¿Qué falta, exactamente?

Falta un documento, de un lado o del otro. Mientras no exista, el 44 % es una alerta razonable, no un dato probado.

Fuentes principales: El Canal de Nitu Pérez Osuna, programa del 12 de octubre de 2026; El Informador (José Gregorio Zaá), 12 de octubre de 2026; El Pitazo (Giuseppe Gangi), 11 de octubre de 2026; INCÍSOS, especial Quién postula.

Hacia el final del programa (7/10/2026), la discusión giró al inminente relevo judicial. Alfredo Llanes y Nitu Pérez Osuna cuestionaron que exmagistrados puedan volver a postularse a un nuevo TSJ tras años de subordinación política. “Todos están bajo sospecha; ninguno debería”, resumió la conductora. Bárbara César respondió que, según una reforma previa de la Ley Orgánica del TSJ, quienes no completaron su período pueden re-postularse, algo que —dijo— ya ha ocurrido.

Interpelada sobre qué espera del proceso, César llamó a la “mesa” de negociación a abrir bien los ojos tras su confesión y a asegurar poderes separados e independencia judicial “real, no de mentiras”. Evitó propuestas concretas sobre perfiles o métodos, pero insistió en que Venezuela “se merece” instituciones serias. Para el equipo del programa, su testimonio es un insumo para exigir filtros más estrictos y salvaguardas que impidan la repetición de prácticas de coacción.

Lo sustantivo. Más que un catálogo de nombres, el reto es de diseño institucional: reglas de selección, control ciudadano y cláusulas de inelegibilidad que blinden la nueva conformación frente a órdenes políticas. La admisión de que sentencias clave se firmaron bajo coacción —si se prueba— obliga a revisar el estándar de idoneidad y probidad. El debate ya no es solo jurídico; es de confianza pública.

Qué sigue. El propio programa subrayó que “el tiempo dirá” si lo dicho por César se traduce en pruebas y cambios. Mientras tanto, su relato alimenta la presión social para que el relevo del TSJ no sea un reparto, sino el comienzo de una independencia verificable.