INCISO

Durante diez meses, la transición venezolana se decidió entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y Miraflores, sin nadie que preguntara. Desde enero, un Congreso demócrata tendrá las llaves de las citaciones y del presupuesto. No es una buena ni una mala noticia. Es una oportunidad, y un riesgo.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay una palabra que en Venezuela se evita y que, sin embargo, describe mejor que ninguna lo que vivimos desde el 3 de enero: tutela. El país tiene una presidenta encargada que gobierna con el visto bueno de Washington, un plan de tres fases escrito en el Departamento de Estado, un acuerdo petrolero en el que el Pentágono es socio y una hoja de ruta que fija el orden de las instituciones antes que la fecha de la elección. Se puede discutir si esa tutela es necesaria, conveniente o temporal. Lo que no se puede es negar que existe.

Hasta el martes, esa tutela tenía un solo supervisor: la Casa Blanca. Desde el 3 de enero tendrá dos.

El circuito cerrado

Durante diez meses, las decisiones sobre Venezuela se tomaron en un circuito estrecho. El presidente fijó el plan, el secretario de Estado lo explicó por partes, el secretario del Tesoro promete ahora reconectar las finanzas, y en Miraflores se negoció con todos ellos. El Congreso, con mayoría republicana, miró poco. Cuando los demócratas preguntaron por el contrato de NABEP, nadie les respondió en público. Cuando preguntaron con qué autorización se atacan lanchas en el Caribe, tampoco.

Ese silencio tuvo una consecuencia que los venezolanos conocemos bien: nos enteramos de las decisiones sobre nuestro país por comunicados escuetos, por fuentes anónimas o por lo que publica un diario de Nueva York. Así supimos que el ataque en Apure tuvo drones e inteligencia estadounidenses.

Lo que cambia

Un Congreso con mayoría propia puede citar a quienes firmaron, pedir los documentos y condicionar el dinero. Puede preguntar qué dice el contrato de NABEP, por qué el Pentágono tiene el 35 %, qué plazos tiene el plan de tres fases y con qué base legal se usa la fuerza en territorio venezolano. Puede, también, legislar sobre el TPS, que hoy se decide semana a semana en los tribunales.

Nada de eso garantiza nada. Pero obliga a explicar. Y explicar es el primer paso para que lo pactado a puerta cerrada se vuelva público.

El riesgo

El peligro es el contrario. Que Venezuela deje de ser un asunto de política exterior y se convierta en munición de la pelea entre Trump y los demócratas. Que la transición se vuelva rehén de una investigación, de un veto o de una campaña presidencial que empieza dentro de un año. Los venezolanos ya vivimos lo que es que nuestra suerte dependa de la política interna de otros. No conviene repetirlo con otro nombre.

Hay también un riesgo para Caracas, y conviene decirlo con claridad. Un Washington dividido puede leerse en Miraflores como un Washington distraído. Sería un error de cálculo. Un Congreso que pregunta es menos predecible que un presidente que negocia, y no se compra con barriles.

Lo que nos toca

A los venezolanos, adentro y afuera, nos toca usar la oportunidad. Pedir que el contrato de NABEP se publique. Pedir que el plan de tres fases tenga fechas. Pedir que los presos políticos tengan nombres y que su liberación se pueda contar. Pedir que el TPS deje de depender de un panel de jueces. Ninguna de esas exigencias es de un partido estadounidense. Son nuestras.

La tutela no terminó el martes. Cambió de supervisor. Lo que hagamos con eso depende menos de Washington que de nosotros.

Fuentes principales: Notas de INCÍSOS citadas en el texto; resultados de las elecciones de medio término (3 de noviembre de 2026).

INCISO

Por primera vez en 27 años hay una tabla pública para escoger a los magistrados, y la conversación fue directo al defecto. Tenemos razones para desconfiar. Pero si todo es «lo mismo de siempre», nadie sabe qué exigir.

Por Alfredo Yánez Mondragón

El lunes 2 de noviembre se conoció el baremo con el que se escogerá a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Es una tabla de 100 puntos, con renglones, valores y topes, que cualquiera puede descargar y revisar. No había pasado en 27 años. En unas horas, buena parte de la conversación pública ya había decidido que no servía para nada.

No escribo esto para defender la tabla. Tiene fallas, y algunas son serias: premia el ingreso por concurso cuando no hubo concursos desde 2003, iguala a todos los aspirantes en el mínimo de años que exige la Constitución y deja la entrevista, donde se mide la independencia, sin reglas claras todavía. Lo contamos en detalle. Escribo porque hay dos maneras de decir eso, y no dan el mismo resultado.

El reflejo del golpe

Los venezolanos tenemos buenas razones para desconfiar. Veinte años de promesas rotas, de diálogos que sirvieron para ganar tiempo, de elecciones que no se reconocieron y de instituciones que se llenaron de nombres a dedo nos enseñaron que el anuncio casi nunca coincide con el hecho. La desconfianza fue, durante mucho tiempo, una forma de sobrevivir. El que no se ilusionaba no se decepcionaba.

Pero la desconfianza total también tiene un costo, y lo pagamos sin darnos cuenta. Si todo es «lo mismo de siempre», no hay diferencia entre un baremo público con fallas y ningún baremo. Si nada cambia, no hay nada que exigir. Y si no hay nada que exigir, el poder queda libre de cualquier vara.

Dos maneras de criticar

El mismo lunes, Acceso a la Justicia publicó su análisis. Reconoció que era la primera vez en 27 años que se hacían públicos los criterios, señaló con datos dónde la tabla favorece la antigüedad sobre el desempeño, advirtió sobre la subjetividad de la entrevista y propuso tres cambios concretos. Es una crítica que se puede atender: el comité tiene que aprobar las reglas de la entrevista el 5 y 6 de noviembre, y ahí se verá si la escuchó.

La otra crítica es la que descalifica todo de entrada: que el comité es ilegítimo, que el resultado ya está decidido, que nada de esto importa. Puede que algo de eso sea cierto. Pero una crítica que no admite ningún resultado posible no le exige nada a nadie. Solo confirma lo que ya pensábamos.

Entre una y otra hay mucho espacio, y en ese espacio caben las voces más duras. Se puede sostener que el comité nació mal, que la sociedad civil no debió ser escogida por los diputados o que cada sala exige una especialidad que la tabla ignora, y al mismo tiempo reconocer que una tabla pública es mejor que una lista negociada a escondidas. La dureza no es el problema. El problema es cuando la crítica deja de mirar los hechos.

Los avances existen

Los hay, y reconocerlos no es claudicar. Hay criterios públicos para escoger magistrados. Hay un cronograma con fechas. Hay un comité donde se sientan representantes de la sociedad civil que explican en público lo que hacen y admiten las tensiones. Hay un secretario de Estado que pidió por escrito más liberaciones de presos políticos. Hay venezolanos que salieron de la cárcel este año.

Nada de eso es suficiente. Ninguna de esas cosas garantiza un TSJ independiente, un CNE confiable ni una fecha electoral. Pero son hechos, y los hechos se pueden contar, comparar y exigir.

La misma vara

En este medio hemos pedido que a la presidenta encargada se la mida por los hechos, como ella misma pidió. Por eso repasamos su historia, cargo por cargo, y no le aceptamos el discurso de reformista sin más. Esa vara no puede usarse en una sola dirección. Si exigimos que nos muestren hechos, tenemos que estar dispuestos a reconocerlos cuando aparecen, aunque sean pequeños, aunque lleguen tarde, aunque los haga gente que no nos gusta.

Medir por hechos significa también esto: que cuando el baremo de la entrevista salga el 5 o el 6 de noviembre, lo leamos antes de opinar. Que cuando se publique la lista de aspirantes el 12, revisemos los nombres. Que si la lista final del 7 de diciembre está llena de fichas del pasado, lo digamos con pruebas, y que si no lo está, también lo digamos.

La crítica es la herramienta más valiosa que tiene una sociedad que quiere salir de donde estamos. Precisamente por eso no debemos gastarla en confirmar lo que ya creíamos. Hay que usarla para empujar.

Fuentes principales: Baremo del Comité de Postulaciones Judiciales (2026); pronunciamiento de Acceso a la Justicia (2 de noviembre de 2026); comunicado del Departamento de Estado (2 de noviembre de 2026); notas de INCÍSOS.

INCISO

La presidenta encargada anunció que el Estado se desprenderá de lo «no esencial». Tiene razón en algo: en Venezuela siempre ha habido una línea entre lo esencial y lo que no. Lo que nunca se ha dicho es quién la traza, ni qué queda del lado de lo que no se suelta.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay palabras que un gobierno escoge con más cuidado que otras. El jueves 29 de octubre, en su alocución desde Miraflores, Delcy Rodríguez escogió una que merece detenerse: «no esenciales». Dijo que el Estado valorará sus activos no esenciales para venderlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos dueños. La frase se leyó como el fin de la estatización chavista. Yo la leo como otra cosa: como una confesión involuntaria de cómo se ha gobernado Venezuela durante veinte años.

Porque si hay activos no esenciales, hay activos esenciales. Y la pregunta que importa no es qué se suelta, sino qué se guarda.

Lo que se suelta

Lo que se suelta, a juzgar por lo que ya sabemos, son fábricas. Plantas de aceite, de cereales, de papel, de cauchos. Empresas que el chavismo expropió con cámaras y discursos, que dejó caer durante una década y que desde 2020, bajo la Ley Antibloqueo, venía entregando a operadores privados sin publicar un solo contrato. Lo contamos en detalle aquí. Lo nuevo no es la entrega. Es el anuncio.

También se sueltan campos petroleros. Diecisiete, a una sola empresa, con un socio que nadie eligió y una producción que hoy es poco más de una quinta parte de lo prometido, según lo que encontró Reuters en el terreno y contamos aquí. Se sueltan con generosidad, con prisa y sin licitación.

Todo eso, por lo visto, es lo no esencial. Lo que se puede negociar, ceder, devolver o regalar sin que el poder cambie de manos.

Lo que no se suelta

Lo esencial es otra lista, y no la ha leído nadie en cadena nacional.

Es esencial el calendario. La presidenta encargada puede decir cuándo entra una turbina en Macagua, cuándo llegan cuatro aumentos en 2027 y hasta cuándo dura un contrato petrolero, pero no puede decir cuándo votan los venezolanos. Eso no se negocia: se administra.

Es esencial el aparato que vigila y detiene. La Misión de la ONU dijo en septiembre que sigue intacto, y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave. El que dirigía el Sebin cuando murió Fernando Albán custodia hoy a la presidenta encargada. Lo repasamos en su perfil.

Son esenciales las leyes que permiten actuar sin rendir cuentas. La ley contra el odio, que la Constituyente que ella presidía aprobó en 2017 y que ahora admite que se aplicó «de forma abusiva», sigue vigente. La Ley Antibloqueo, cuya virtud según ella misma eran los «mecanismos de confidencialidad», también.

Y es esencial el árbitro. El nuevo TSJ se escogerá en seis semanas, con un cronograma que encoge los lapsos para que los ciudadanos objeten y el Poder Ciudadano revise, como contamos aquí. Un tribunal de doce años no se elige con prisa salvo que la prisa sirva a alguien.

La línea

Lo que el anuncio del jueves revela es que el rodrigato tiene muy clara la frontera entre lo que se entrega y lo que se conserva. Se entrega lo que produce dinero y no produce poder. Se conserva lo que produce poder, aunque no produzca nada más. Las fábricas pueden volver a sus dueños. El país, todavía no.

No digo esto para negar que haya cambios. Los hay. Hay presos que salieron, hay una ley de amnistía, hay un petróleo abierto al capital privado, hay un comité escogiendo magistrados y un Departamento de Estado que habla de vacantes y plazos. Sería deshonesto ignorarlo. Pero también sería ingenuo confundir el desprendimiento de lo accesorio con la renuncia a lo principal.

La transición venezolana se está negociando con quien sabe, mejor que nadie, qué es esencial. Esa es su fortaleza como negociadora y su límite como reformista. Quien presidió la Constituyente, supervisó el Sebin y promovió la ley del secreto no ignora qué piezas sostienen el poder. Por eso suelta las otras.

Lo esencial para los demás

Para los venezolanos, la lista es más corta y más simple. Es esencial votar en una fecha cierta, ante un árbitro que nadie escogió a escondidas. Es esencial no ir preso por una opinión. Es esencial saber qué se firmó con el petróleo y con las empresas que fueron de todos. Es esencial que quien gobierne responda por lo que hizo antes de gobernar.

Para los que vivimos fuera, hay algo más. Desde aquí se mira la transición con una pregunta doble: si podemos quedarnos donde estamos y si algún día podremos volver. Ninguna de las dos se responde con fábricas devueltas. Se responden con reglas, con fechas y con instituciones que no dependan de una sola persona.

Delcy Rodríguez pidió que la midan por los hechos. Midámosla, entonces, por lo que decide guardar. Mientras lo esencial siga del lado de lo que no se suelta, todo lo demás, por mucho que se anuncie, será exactamente eso: lo no esencial.

Fuentes principales: Alocución de Delcy Rodríguez (29 de octubre de 2026); notas de INCÍSOS citadas en el texto.