Política
Calderón Berti llama prueba del ácido a la designación del Supremo
Expresó confianza en la jefa de la delegación opositora y puso una condición: que los magistrados se escojan por credenciales y no por cuotas.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
Una voz ajena al debate judicial coloca la designación de los magistrados como el criterio para evaluar todo el proceso de negociación.
| Qué | Calderón Berti sostuvo que la designación de los magistrados del Tribunal Supremo es la prueba real del proceso de negociación. |
|---|---|
| Quién | Humberto Calderón Berti; Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. |
| Cuándo | Declaraciones del 31 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | La composición del máximo tribunal condiciona la seguridad jurídica de cualquier acuerdo posterior. |
| Cómo | Mediante la escogencia de candidatos por credenciales, con un comité de postulaciones y la posterior selección parlamentaria. |
Consultado sobre la mesa de negociación entre las dos asambleas, Humberto Calderón Berti respondió el 31 de agosto de 2026 que la prueba del ácido llega ahora, con la designación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
Es una valoración que viene de fuera del debate judicial y que por eso conviene registrar.
Lo que dijo
Expresó confianza en Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, a quien describió como una persona honorable.
Y planteó una advertencia concreta: le parecería un error grave que los cargos del Tribunal Supremo se repartieran entre los partidos políticos. Lo que debe decidir, sostuvo, son las credenciales y el conocimiento.
Añadió que tiene entendido que se ha conformado una instancia de personas honorables y abogados reconocidos para escoger a los candidatos, que después serían seleccionados en la Asamblea.
La precisión que corresponde
Esa última referencia merece aclaración, porque el mecanismo tiene dos órganos distintos y no siempre se distinguen.
Está el Comité de Postulaciones Judiciales, que es el órgano previsto en la ley, ampliado a veintitrés integrantes por la reforma aprobada en primera discusión el 27 de agosto de 2026, con once diputados y doce representantes de la sociedad.
Y está el consejo independiente de siete integrantes que, según explicó la delegación opositora el 28 de agosto, elaboraría el baremo de verificación de credenciales y revisaría los expedientes, trabajando en paralelo con el comité.
Son cosas distintas y la ley solo contempla la primera.
Por qué su criterio coincide con el problema de fondo
Su exigencia es que la escogencia se haga por credenciales y no por cuotas partidistas. Esa es exactamente la función que cumple un baremo: convertir el mérito en algo medible y comparable, antes de conocer a los aspirantes.
La obligación de aprobar ese instrumento está en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia desde 2010, y nunca se ha publicado uno.
De modo que la advertencia de Calderón Berti describe un riesgo real y la herramienta para evitarlo existe en la ley sin haberse usado nunca. INCÍSOS documentó el punto en La ley exige un baremo que nunca se ha publicado.
Su otra condición
Planteó además que el nuevo Consejo Nacional Electoral debe ser neutral y no integrarse por partidos políticos, y que las elecciones deben convocarse una vez que esas condiciones estén preparadas.
Su formulación fue directa: no se puede despachar y darse el vuelto.
La conexión con el acuerdo petrolero
No es un asunto separado, aunque lo parezca.
Calderón Berti sostuvo en la misma entrevista que lo que ahuyenta la inversión petrolera es la falta de seguridad jurídica, y que un contrato debe permanecer inalterable hasta su vencimiento salvo que las partes acuerden migrarlo.
Quien garantiza que un contrato se respete es un tribunal.
Es decir, la designación de los magistrados no es solo la prueba del proceso político. Es también la condición de la que depende que cualquier acuerdo petrolero valga lo que dice valer.
La entrevista completa está disponible en el canal de la periodista Nitu Pérez Osuna: ver la conversación.
Fuentes principales: Entrevista a Humberto Calderón Berti, disponible en https://youtu.be/JkJVCvfkcwM · conducida por la periodista Nitu Pérez Osuna, difundida el 31 de agosto de 2026. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 73. Reforma aprobada en primera discusión el 27 de agosto de 2026. Declaraciones de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 del 28 de agosto de 2026.
Alfredo Yánez
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Política
Varios de los campos pertenecían antes a empresas rusas o chinas
No es solo una operación de suministro. Es una sustitución de socios en el mismo territorio.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
El documento aporta un dato que cambia la naturaleza de la operación. No se trata solo de producir más: se trata de quién sale de esos campos.
| Qué | La hoja de términos indica que muchos de los diecisiete campos estaban previamente en manos de empresas rusas o chinas. |
|---|---|
| Quién | Empresas rusas y chinas; North American Blue Energy Partners; Estado venezolano. |
| Cuándo | Según el documento del 31 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | La sustitución de operadores tiene implicaciones jurídicas y geopolíticas distintas de una asignación de áreas nuevas. |
| Cómo | Mediante el otorgamiento de concesiones sobre campos con operadores previos. |
Hay una frase del documento que cambia la naturaleza de lo que se está discutiendo.
Muchos de los diecisiete campos comprendidos en las concesiones estaban previamente en manos de empresas rusas o chinas.
No se trata, entonces, únicamente de asignar áreas para producir más. Se trata también de sustituir a unos operadores por otros en el mismo territorio.
Por qué esto no es un detalle
Tiene al menos tres consecuencias.
Jurídica. Un campo con operador previo tiene contratos, participaciones y, con frecuencia, acreencias. La entrada de un nuevo operador exige resolver esas relaciones: por terminación acordada, por vencimiento, por rescisión o por vías litigiosas.
Si esas relaciones no están resueltas, los operadores desplazados pueden reclamar, y esos reclamos siguen a los activos y a la producción.
Geopolítica. La doctrina de seguridad nacional estadounidense difundida a fines de 2025 sitúa la competencia estratégica con China como eje y define el hemisferio como área prioritaria. Una sustitución de operadores de esos dos países en campos venezolanos encaja de manera precisa en ese marco.
Eso explica por qué el departamento militar aparece como accionista y no solo el departamento de energía o el de comercio.
Operativa. Un campo con operador previo tiene infraestructura, historial de producción y datos de yacimiento. Eso acelera la puesta en producción frente a un área nueva, y es coherente con la promesa de resultados en plazos relativamente cortos.
Lo que hay que preguntar
Cuáles son los campos y quién los operaba.
Bajo qué figura salieron los operadores anteriores y si existen reclamaciones pendientes.
Qué ocurre con las acreencias que esos operadores puedan tener contra el Estado venezolano o contra su empresa estatal.
La tercera es la que puede afectar la operación futura. Un acreedor desplazado con una sentencia a favor puede intentar embargar cargamentos, y ese riesgo fue precisamente el que llevó a algunas grandes petroleras a negarse a entrar.
El punto que conviene no perder
Sustituir operadores extranjeros por otros operadores extranjeros no altera, por sí solo, la posición del país propietario del recurso.
Cambia con quién se negocia. No cambia qué se negocia ni bajo qué condiciones.
Esa distinción es la que separa un cambio de alineamiento de un cambio de régimen contractual.
Fuentes principales: Hoja de términos publicada por la Casa Blanca el lunes 31 de agosto de 2026, difundida también por la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Reportes de CNBC, CBS News, NPR, NBC News y Al Jazeera del 31 de agosto y 1 de septiembre de 2026.
Política
Legisladores estadounidenses piden conocer el fundamento legal del acuerdo
El control parlamentario que no ocurrió en Caracas podría ocurrir en Washington. Y ahí sí hay comisiones con poder de citación.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
Del lado venezolano el Parlamento respaldó el convenio sin conocerlo. Del lado estadounidense, legisladores de ambos partidos empezaron a pedir explicaciones.
| Qué | Legisladores estadounidenses de ambos partidos solicitaron información y fundamento legal sobre el acuerdo. |
|---|---|
| Quién | El senador Jack Reed, demócrata; el congresista Rick Crawford, republicano. |
| Cuándo | Declaraciones difundidas el 1 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Washington. |
| Por qué | La participación del departamento militar en una operación petrolera privada plantea cuestiones de competencia y de uso de recursos. |
| Cómo | Mediante declaraciones públicas y solicitudes de información a la administración. |
Mientras la Asamblea Nacional venezolana aprobaba un acuerdo de respaldo al convenio, en Washington empezaban a pedirse explicaciones.
Las dos reacciones conocidas
El senador Jack Reed, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, sostuvo que un acuerdo que utiliza al aparato militar para impulsar una operación petrolera privada debe rechazarse, y pidió una rendición completa del fundamento legal de la operación. Calificó el esfuerzo de convertir a las fuerzas armadas en inversionista petrolero como un abuso de poder y de recursos del contribuyente.
El congresista Rick Crawford, republicano y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, señaló que espera recibir detalles de la administración cuanto antes.
Que las dos reacciones vengan de partidos distintos es en sí mismo el dato.
Por qué esto puede importar más que el debate venezolano
No por la calidad de los argumentos, sino por las herramientas.
El Congreso estadounidense dispone de mecanismos de control que producen documentos: audiencias, citaciones, requerimientos de informes, auditorías por parte de la oficina de fiscalización del gobierno, y la facultad de condicionar asignaciones presupuestarias.
Cualquiera de esos mecanismos, si se activa, genera material público. Y ese material sería, previsiblemente, la vía más rápida por la que se conozcan los términos completos del acuerdo.
La paradoja
Es la consecuencia que conviene anotar.
El instrumento que compromete recursos venezolanos por cien años podría terminar siendo examinado en detalle por el Parlamento del otro país antes que por el propio.
En Caracas, el respaldo se aprobó sin que el texto se hubiera publicado. En Washington, dos legisladores de partidos opuestos pidieron el fundamento legal el mismo día en que se conoció la hoja de términos.
Lo que hay que vigilar
Las audiencias de los comités de Servicios Armados, Relaciones Exteriores e Inteligencia.
Los requerimientos formales de información a los departamentos involucrados.
Cualquier informe de la oficina de fiscalización del gobierno sobre la participación accionaria del departamento militar.
Los tres producen documentos públicos.
Fuentes principales: Hoja de términos publicada por la Casa Blanca el lunes 31 de agosto de 2026, difundida también por la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Reportes de CNBC, CBS News, NPR, NBC News y Al Jazeera del 31 de agosto y 1 de septiembre de 2026. Declaraciones de legisladores estadounidenses recogidas por NBC News y NPR el 1 de septiembre de 2026.
Política
El calendario electoral empieza por el árbitro y no por la elección
La aritmética es simple y casi nadie la ha hecho: cada mes de retraso en nombrar el árbitro desplaza la elección un año.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
La discusión pública pregunta cuándo habrá elecciones. La pregunta operativa es otra y tiene consecuencias de calendario muy concretas.
| Qué | La fecha de una eventual elección depende de cuándo se designe el árbitro electoral. |
|---|---|
| Quién | Consejo Nacional Electoral; Asamblea Nacional; delegaciones de la mesa. |
| Cuándo | Proyección formulada el 1 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | Un proceso electoral institucional requiere plazos legales que no se pueden comprimir. |
| Cómo | Mediante la designación de rectores, la organización del registro y la convocatoria formal. |
La discusión pública pregunta cuándo habrá elecciones. La pregunta operativa es distinta: cuándo se designa el árbitro.
La aritmética
El analista Antonio de la Cruz planteó el 1 de septiembre de 2026 una proyección con fechas.
Si el Consejo Nacional Electoral se designa en noviembre de 2026, la elección podría celebrarse en octubre o noviembre de 2027.
Si la designación se produce en enero de 2027, el proceso se desplazaría a 2028.
Entre uno y otro escenario median dos meses de decisión y un año de diferencia en el resultado.
Por qué un proceso electoral no se comprime
Un organismo electoral recién designado no convoca de inmediato. Antes debe organizarse internamente, auditar y depurar el registro electoral, actualizar la inscripción de votantes, verificar y certificar la plataforma tecnológica, organizar la logística de centros y mesas, acreditar observación, y convocar formalmente con los plazos que fija la ley.
Cada una de esas etapas tiene un tiempo mínimo, y varias dependen de la anterior.
Comprimirlas es posible, pero cada compresión resta garantías. Y unas elecciones cuya integridad se cuestiona no resuelven el problema que vinieron a resolver.
El orden que se está siguiendo
El primer punto de la agenda de la mesa que produjo resultados legislativos fue el Tribunal Supremo de Justicia. El árbitro electoral es el segundo punto de esa agenda y todavía no registra avances públicos.
Ese orden tiene una consecuencia de calendario que conviene anotar sin atribuirle intención: cada semana que el árbitro no se designa es una semana que se desplaza al final del proceso.
Lo que se puede vigilar
Cuatro señales, todas públicas.
La instalación del comité de postulaciones electorales y su composición.
La convocatoria pública para postular rectores.
La designación y su publicación en Gaceta Oficial.
El cronograma electoral que el organismo apruebe, que es el documento donde las fechas dejan de ser proyección.
Mientras el primero no ocurra, cualquier fecha de elección que se mencione es una estimación sobre una estimación.
La entrevista completa está disponible en el canal de la periodista Nitu Pérez Osuna: ver la conversación.
Fuentes principales: Hoja de términos difundida por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026. Entrevista a Antonio de la Cruz, director de Inter American Trends, conducida por la periodista Nitu Pérez Osuna y difundida el 1 de septiembre de 2026, disponible en https://youtu.be/MbAya9vJsgQ. Ley Orgánica del Poder Electoral. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026.
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