Tres objeciones se repiten contra la dolarización venezolana: que no hay dólares para hacerla, que la Constitución lo impide y que Ecuador y Panamá salieron mal. Este planteamiento las ataca una por una.

El cálculo

La objeción más repetida contra la dolarización es que hacen falta miles de millones de dólares en reservas internacionales para inyectar liquidez a un país entero.

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Smith Perera respondió con una operación aritmética explícita.

Situó la liquidez monetaria venezolana en torno a 2,19 billones de bolívares. Aplicó una tasa de cambio supuesta de 800 bolívares por dólar. El resultado: un costo total de 2.700 millones de dólares para sustituir la masa monetaria en circulación.

Su conclusión es que se trata de un costo bajo para dolarizar un país, y añadió un contraste: mantener reservas de veinte a treinta mil millones de dólares con el solo fin de proteger una moneda local resulta entre diez y quince veces más costoso.

Sostuvo además que la idea de que dolarizar es carísimo es un mito propagado por quienes rechazan la medida para no perder privilegios, empezando por los operadores cambiarios.

Precisión que corresponde. La cifra de liquidez monetaria y la tasa de cambio son suyas y no provienen de una publicación oficial contrastada. Cualquier variación en cualquiera de las dos altera el resultado de manera proporcional.

La objeción constitucional, y el precedente que la relativiza

El segundo cuestionamiento es de rango normativo: el artículo 318 de la Constitución venezolana establece que la unidad monetaria de la República es el bolívar.

Smith Perera sostuvo que es falso que haya que cambiar la Constitución para dolarizar, y ofreció un antecedente concreto: Ecuador dolarizó en el año 2000 sin modificar antes su Constitución, pese a que esta decía expresamente que la unidad monetaria era el sucre.

El antecedente es verificable y resiste la comprobación.

La Constitución ecuatoriana de 1998 establecía en su artículo 264 que la emisión de moneda con poder liberatorio ilimitado era atribución exclusiva del Banco Central y que la unidad monetaria era el sucre.

El presidente Jamil Mahuad anunció la dolarización por televisión el 9 de enero del año 2000, a una tasa de 25.000 sucres por dólar. El Congreso aprobó dos meses después la ley que estableció el marco legal del nuevo régimen. El artículo 264 permaneció con su texto original.

Ahora bien, la precisión que completa el cuadro es la que decide su alcance: no ocurrió que un tribunal validara la operación, sino que nadie la impugnó. La constitucionalidad de la decisión nunca fue cuestionada ante la Corte Suprema ecuatoriana. Se entendió de forma tácita que el decreto y la ley posterior bastaban, y algunos juristas sostuvieron que no se sustituyó la unidad monetaria sino que se autorizó la libre circulación de divisas.

Del otro lado, el economista ecuatoriano Alberto Acosta mantiene hasta hoy que aquella decisión vulneró el artículo 264.

De modo que el precedente existe. Pero consiste en que la pregunta constitucional no se respondió, no en que se resolviera.

Quien invoque el caso ecuatoriano para Venezuela está invocando, en rigor, un antecedente de omisión judicial.

La tercera objeción: Ecuador y Panamá

El planteamiento aborda también la idea de que la dolarización convirtió a esos dos países en economías no competitivas y dependientes.

Smith Perera lo rechaza y aporta ejemplos concretos. Sostiene que Ecuador multiplicó sus agroexportaciones no petroleras, liderando mercados globales de camarón, cacao y flores, e incorporó la minería a gran escala a su matriz productiva. Y que Panamá aprovechó la estabilidad del dólar para consolidar el centro logístico, bancario, multimodal y aéreo más sofisticado de la región.

Su matiz es honesto y conviene consignarlo: sostiene que la tarea pendiente de ambos países no es cambiar de moneda sino superar la concentración productiva, y pasar de exportar materias primas o servicios tradicionales a generar tecnología y valor agregado.

Y afirma que ninguno de los dos querría volver a una moneda local.

Qué pasaría con las exportaciones venezolanas

Aquí está la parte del planteamiento que responde a la objeción técnica más seria: que una economía dolarizada pierde la capacidad de devaluar para abaratar sus exportaciones.

Su respuesta es que en Venezuela eso no importaría, porque las principales industrias de potencial exportador no compiten por precio de mano de obra: petróleo, gas, energía, minería, petroquímicos, siderurgia, aluminio, oro y minerales especializados.

Sostiene que tampoco afectaría a la agricultura si se enfoca en los rubros donde el país es competitivo —café, cacao, ganadería, frutas— ni al turismo si se orienta a segmentos de calidad. Ni al potencial exportador basado en talento profesional y tecnología, que no depende de mano de obra barata.

El contraargumento que no aborda. Una economía dolarizada tampoco puede amortiguar con el tipo de cambio la caída del precio del petróleo. Y en Venezuela ese precio es la variable que más pesa. El ajuste, en ese escenario, recaería sobre empleo y salarios. El planteamiento no entra en esa dimensión.

El diagnóstico de fondo

Por debajo del cálculo hay una observación que no es económica sino social.

Smith Perera sostiene que el descrédito del bolívar es irrecuperable, y lo ilustra con una prueba de calle: preguntarle a cualquier persona, en el último pueblo o en el último barrio, si prefiere que le paguen y guardar dólares o bolívares.

Su conclusión es que nadie quiere ahorrar en bolívares porque perderán la mitad de su valor en pocos días, y que lo grave es tener un país que no cree en la moneda que se le impone desde arriba.

Ese diagnóstico es difícil de rebatir con datos, y es el que sostiene toda la discusión. La inflación mensual venezolana fue de 19,9% en julio de 2026, y el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares.

Quién lo dice

Roberto Smith Perera nació en Barquisimeto en 1958. Es matemático egresado de la Universidad Simón Bolívar, con maestría y doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, donde fue docente e investigador de su escuela de gobierno.

Fue ministro de Transporte y Comunicaciones entre 1990 y 1992 y embajador ante la Unión Europea hasta mediados de los noventa. En el sector privado fundó y presidió la operadora de telefonía celular Digitel.

Su formación es de política pública y organización industrial. Eso importa para leerlo con precisión: su aporte más fuerte está en el diseño institucional y en la aritmética del esquema, no en la modelización macroeconómica.

Un apunte sobre el origen de la discusión

Estas publicaciones se produjeron en reacción a la versión —después desmentida por la presidencia de la Asamblea Nacional— de que el Parlamento venezolano había contratado a un economista estadounidense para conducir una dolarización.

Smith Perera había celebrado inicialmente esa noticia y lamentó luego el desmentido, sosteniendo que la dolarización sería una medida vital para recuperar la sanidad económica del país.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión.

Fuentes principales: Publicaciones de Roberto Smith Perera en su cuenta de la red social X del 21 de agosto de 2026. Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, artículo 264. Registro histórico del anuncio de dolarización del presidente Jamil Mahuad del 9 de enero del año 2000 y de la ley aprobada en marzo de ese año. Análisis jurídicos publicados sobre la constitucionalidad de la dolarización ecuatoriana. Planteamientos del economista Alberto Acosta sobre el artículo 264. Datos de inflación del Banco Central de Venezuela correspondientes a julio de 2026. Artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Una participación en el segundo mayor productor privado de petróleo venezolano cambió de manos. Quien la compra ya controlaba el consorcio.

Lo que se conoció

El empresario energético de Florida y donante del Partido Republicano Harry Sargeant III firmó un acuerdo por 300 millones de dólares para vender Bluewave Properties Ltd., la sociedad instrumental constituida en las Islas Vírgenes Británicas mediante la cual controlaba una participación minoritaria en North American Blue Energy Partners, el segundo mayor productor privado de petróleo de Venezuela después de Chevron.

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La operación fue revelada por la agencia Bloomberg. Según las fuentes citadas, que pidieron anonimato, el comprador es una parte cercana a Alejandro Betancourt, accionista de control del propio consorcio.

Por qué el detalle del comprador importa

Si la información se confirma en esos términos, la operación no incorpora un tercero al negocio: concentra en el accionista de control una participación que estaba en manos de un socio minoritario.

Es la diferencia entre vender a un competidor y comprarle a tu socio.

Y ocurre en el momento en que la apertura petrolera venezolana empieza a producir firmas: el 19 de agosto se suscribieron en Houston un contrato de participación productiva con Hunt Oil para dos campos del oriente y una alianza de servicios con SLB.

Quién es cada parte

Harry Sargeant III es un empresario energético radicado en Florida, donante del Partido Republicano, señalado en reportes previos como canal informal entre Washington y Caracas y como participante en gestiones para la liberación de estadounidenses detenidos.

Leopoldo Alejandro Betancourt López es cofundador y presidente de Derwick Associates. Su historial está documentado: doce contratos con empresas estatales del sector eléctrico durante la crisis energética de 2009 y 2010, por unos 2.500 millones de dólares, sin trayectoria previa comprobada. Transparencia Venezuela calcula en unos 2.900 millones los presuntos sobreprecios.

Sobre su situación judicial corresponde la misma precisión que hemos aplicado antes: no ha sido acusado formalmente, según el informe de Transparencia Venezuela de septiembre de 2025. Fue identificado como «Conspirador 2» en una causa federal del sur de Florida sin llegar a ser imputado. Pero estuvo detenido por orden de un juzgado de España, se encuentra bajo libertad condicional en Inglaterra y tiene investigaciones activas en España y Suiza por blanqueo de capitales.

Es un empresario investigado en varias jurisdicciones y no condenado en ninguna.

Las reservas que corresponden

La identidad del comprador no está confirmada oficialmente. Proviene de fuentes anónimas citadas por Bloomberg y se describe como «una parte cercana» a Betancourt, no como Betancourt.

Ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente sobre la operación al momento de esta publicación.

Y no se conoce si la transacción requirió autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, ni si ya se cerró o solo se firmó el acuerdo.

Lo que hay que vigilar

Si aparece registro público de la operación y con qué contrapartes.

Si la Oficina de Control de Activos Extranjeros se pronuncia, dado que el sector opera bajo un régimen de licencias.

Y cómo queda la estructura accionaria del consorcio. Es el dato que dirá si la concentración es real.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión.

Fuentes principales: Reporte de la agencia Bloomberg del 10 de agosto de 2026 sobre la venta de Bluewave Properties Ltd., recogido por publicaciones especializadas. Informes de Transparencia Venezuela de septiembre y noviembre de 2025 sobre Derwick Associates y Alejandro Betancourt López. Reportes de La Gran Aldea, El Estímulo y Runrun.es sobre su situación judicial. Anuncio de la ministra de Hidrocarburos Paula Henao sobre las firmas del 19 de agosto de 2026 en Houston.

Los precios generales subieron 2,6% en un año. La lechuga subió 32,1%. Entre esas dos cifras hay una explicación que se paga cada semana.

Los dos números

Durante los doce meses concluidos en junio de 2026, los precios básicos —excluidos alimentos y energía— subieron 2,6%.

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En el mismo período, los bienes y servicios que requieren mucha mano de obra inmigrante registraron alzas de entre 6,3% y 32,1%.

El caso extremo citado en el análisis es la lechuga, con 32,1%. La fruta figura también entre los productos con incrementos muy superiores al promedio.

Los autores del estudio son los economistas Robert Lynch y Michael Ettlinger, de la firma Economic Insights and Research Consulting. La organización que difundió el análisis denominó el fenómeno «el impuesto de ICE».

La cadena, paso a paso

El mecanismo no requiere ninguna teoría económica complicada.

Primero, la campaña de detenciones y deportaciones redujo la fuerza laboral en sectores concretos: agricultura, construcción, cuidado de personas a domicilio y servicios de jardinería, entre otros.

Segundo, esos sectores no pueden sustituir trabajadores con rapidez. Un cultivo tiene ventana de cosecha. Una obra tiene cronograma. Un anciano necesita cuidado hoy.

Tercero, cuando la oferta de trabajo cae y la demanda no, el costo del trabajo sube. Y ese costo se traslada al precio final.

Cuarto, ese precio final lo paga todo el mundo. El ciudadano estadounidense en el supermercado paga la lechuga al mismo precio que el inmigrante.

La observación que conviene retener

Aquí está lo que distingue este dato de una discusión sobre migración.

El efecto no distingue entre quienes apoyan la política y quienes la rechazan. No distingue entre estados, ni entre condición migratoria, ni entre generaciones. Es un costo distribuido.

Y aparece precisamente donde más se nota: en los alimentos frescos, que es la parte del presupuesto que una familia de ingresos medios o bajos no puede posponer.

Un hogar puede aplazar la compra de un electrodoméstico. No puede aplazar la comida de la semana.

El otro lado del argumento

Un dato así merece que se expongan las objeciones que se le hacen, porque existen y son serias.

La primera es de atribución. El índice de precios recoge muchos factores simultáneos: clima, costos de transporte, energía, tarifas comerciales. Aislar el efecto de la política migratoria de todos los demás es metodológicamente difícil, y una correlación entre sectores intensivos en mano de obra inmigrante y alzas de precios no prueba por sí sola la causa.

La segunda es de fuente. El análisis fue difundido por una organización que defiende posiciones favorables a la inmigración. Eso no invalida el trabajo de los economistas que lo firman, pero corresponde consignarlo.

Y la tercera es de contraargumento. Quienes defienden la política sostienen que la reducción de la oferta laboral inmigrante debería elevar los salarios de los trabajadores nacionales en esos mismos sectores, y que ese efecto compensaría en parte el alza de precios. El estudio citado no aborda esa dimensión.

Con esas tres reservas, el dato sigue en pie: los precios de los sectores con más trabajadores inmigrantes subieron entre dos y doce veces más que el promedio general.

Los otros números del período

El contexto en el que ocurre esta alza está documentado.

Las deportaciones se mantienen en un promedio cercano a 1.246 personas al día, cifra elevada frente a años anteriores aunque inferior al ritmo de crecimiento de los arrestos.

Y hay un dato del lado fiscal que rara vez aparece junto al anterior: en el caso concreto de los haitianos con estatus temporal, se estima que aportan alrededor de 5.900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de 1.600 millones en impuestos.

Qué hacer con esta información

Tres cosas concretas, y ninguna es política.

Comparar precios por producto, no por tienda. Los incrementos no son uniformes: se concentran en frescos. Un mismo supermercado puede tener alzas fuertes en verduras y estables en enlatados.

Considerar productos de temporada y congelados en las categorías donde el alza es mayor. La fruta congelada no tiene el mismo perfil de costo laboral que la fresca.

Y anotar el gasto. Es la única manera de saber si el presupuesto familiar subió por los precios o por el consumo, y de tomar decisiones con datos en lugar de con sensaciones.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.

Fuentes principales: Análisis de los economistas Robert Lynch y Michael Ettlinger, de Economic Insights and Research Consulting, sobre el índice de precios al consumidor durante los doce meses concluidos en junio de 2026, difundido por la organización America’s Voice y reseñado por La Opinión. Datos publicados sobre el promedio diario de deportaciones. Estimaciones sobre la contribución económica y fiscal de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal.