Tres objeciones se repiten contra la dolarización venezolana: que no hay dólares para hacerla, que la Constitución lo impide y que Ecuador y Panamá salieron mal. Este planteamiento las ataca una por una.

El cálculo

La objeción más repetida contra la dolarización es que hacen falta miles de millones de dólares en reservas internacionales para inyectar liquidez a un país entero.

Smith Perera respondió con una operación aritmética explícita.

Situó la liquidez monetaria venezolana en torno a 2,19 billones de bolívares. Aplicó una tasa de cambio supuesta de 800 bolívares por dólar. El resultado: un costo total de 2.700 millones de dólares para sustituir la masa monetaria en circulación.

Su conclusión es que se trata de un costo bajo para dolarizar un país, y añadió un contraste: mantener reservas de veinte a treinta mil millones de dólares con el solo fin de proteger una moneda local resulta entre diez y quince veces más costoso.

Sostuvo además que la idea de que dolarizar es carísimo es un mito propagado por quienes rechazan la medida para no perder privilegios, empezando por los operadores cambiarios.

Precisión que corresponde. La cifra de liquidez monetaria y la tasa de cambio son suyas y no provienen de una publicación oficial contrastada. Cualquier variación en cualquiera de las dos altera el resultado de manera proporcional.

La objeción constitucional, y el precedente que la relativiza

El segundo cuestionamiento es de rango normativo: el artículo 318 de la Constitución venezolana establece que la unidad monetaria de la República es el bolívar.

Smith Perera sostuvo que es falso que haya que cambiar la Constitución para dolarizar, y ofreció un antecedente concreto: Ecuador dolarizó en el año 2000 sin modificar antes su Constitución, pese a que esta decía expresamente que la unidad monetaria era el sucre.

El antecedente es verificable y resiste la comprobación.

La Constitución ecuatoriana de 1998 establecía en su artículo 264 que la emisión de moneda con poder liberatorio ilimitado era atribución exclusiva del Banco Central y que la unidad monetaria era el sucre.

El presidente Jamil Mahuad anunció la dolarización por televisión el 9 de enero del año 2000, a una tasa de 25.000 sucres por dólar. El Congreso aprobó dos meses después la ley que estableció el marco legal del nuevo régimen. El artículo 264 permaneció con su texto original.

Ahora bien, la precisión que completa el cuadro es la que decide su alcance: no ocurrió que un tribunal validara la operación, sino que nadie la impugnó. La constitucionalidad de la decisión nunca fue cuestionada ante la Corte Suprema ecuatoriana. Se entendió de forma tácita que el decreto y la ley posterior bastaban, y algunos juristas sostuvieron que no se sustituyó la unidad monetaria sino que se autorizó la libre circulación de divisas.

Del otro lado, el economista ecuatoriano Alberto Acosta mantiene hasta hoy que aquella decisión vulneró el artículo 264.

De modo que el precedente existe. Pero consiste en que la pregunta constitucional no se respondió, no en que se resolviera.

Quien invoque el caso ecuatoriano para Venezuela está invocando, en rigor, un antecedente de omisión judicial.

La tercera objeción: Ecuador y Panamá

El planteamiento aborda también la idea de que la dolarización convirtió a esos dos países en economías no competitivas y dependientes.

Smith Perera lo rechaza y aporta ejemplos concretos. Sostiene que Ecuador multiplicó sus agroexportaciones no petroleras, liderando mercados globales de camarón, cacao y flores, e incorporó la minería a gran escala a su matriz productiva. Y que Panamá aprovechó la estabilidad del dólar para consolidar el centro logístico, bancario, multimodal y aéreo más sofisticado de la región.

Su matiz es honesto y conviene consignarlo: sostiene que la tarea pendiente de ambos países no es cambiar de moneda sino superar la concentración productiva, y pasar de exportar materias primas o servicios tradicionales a generar tecnología y valor agregado.

Y afirma que ninguno de los dos querría volver a una moneda local.

Qué pasaría con las exportaciones venezolanas

Aquí está la parte del planteamiento que responde a la objeción técnica más seria: que una economía dolarizada pierde la capacidad de devaluar para abaratar sus exportaciones.

Su respuesta es que en Venezuela eso no importaría, porque las principales industrias de potencial exportador no compiten por precio de mano de obra: petróleo, gas, energía, minería, petroquímicos, siderurgia, aluminio, oro y minerales especializados.

Sostiene que tampoco afectaría a la agricultura si se enfoca en los rubros donde el país es competitivo —café, cacao, ganadería, frutas— ni al turismo si se orienta a segmentos de calidad. Ni al potencial exportador basado en talento profesional y tecnología, que no depende de mano de obra barata.

El contraargumento que no aborda. Una economía dolarizada tampoco puede amortiguar con el tipo de cambio la caída del precio del petróleo. Y en Venezuela ese precio es la variable que más pesa. El ajuste, en ese escenario, recaería sobre empleo y salarios. El planteamiento no entra en esa dimensión.

El diagnóstico de fondo

Por debajo del cálculo hay una observación que no es económica sino social.

Smith Perera sostiene que el descrédito del bolívar es irrecuperable, y lo ilustra con una prueba de calle: preguntarle a cualquier persona, en el último pueblo o en el último barrio, si prefiere que le paguen y guardar dólares o bolívares.

Su conclusión es que nadie quiere ahorrar en bolívares porque perderán la mitad de su valor en pocos días, y que lo grave es tener un país que no cree en la moneda que se le impone desde arriba.

Ese diagnóstico es difícil de rebatir con datos, y es el que sostiene toda la discusión. La inflación mensual venezolana fue de 19,9% en julio de 2026, y el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares.

Quién lo dice

Roberto Smith Perera nació en Barquisimeto en 1958. Es matemático egresado de la Universidad Simón Bolívar, con maestría y doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, donde fue docente e investigador de su escuela de gobierno.

Fue ministro de Transporte y Comunicaciones entre 1990 y 1992 y embajador ante la Unión Europea hasta mediados de los noventa. En el sector privado fundó y presidió la operadora de telefonía celular Digitel.

Su formación es de política pública y organización industrial. Eso importa para leerlo con precisión: su aporte más fuerte está en el diseño institucional y en la aritmética del esquema, no en la modelización macroeconómica.

Un apunte sobre el origen de la discusión

Estas publicaciones se produjeron en reacción a la versión —después desmentida por la presidencia de la Asamblea Nacional— de que el Parlamento venezolano había contratado a un economista estadounidense para conducir una dolarización.

Smith Perera había celebrado inicialmente esa noticia y lamentó luego el desmentido, sosteniendo que la dolarización sería una medida vital para recuperar la sanidad económica del país.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión.

Fuentes principales: Publicaciones de Roberto Smith Perera en su cuenta de la red social X del 21 de agosto de 2026. Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, artículo 264. Registro histórico del anuncio de dolarización del presidente Jamil Mahuad del 9 de enero del año 2000 y de la ley aprobada en marzo de ese año. Análisis jurídicos publicados sobre la constitucionalidad de la dolarización ecuatoriana. Planteamientos del economista Alberto Acosta sobre el artículo 264. Datos de inflación del Banco Central de Venezuela correspondientes a julio de 2026. Artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.