Tecnología
Cómo se mide un terremoto desde el espacio y desde el teléfono
Cuando el Estado no da cifras confiables, ¿cómo se mide un desastre? El Banco Mundial lo hizo con satélites, inteligencia artificial y los datos que dejan los teléfonos.
ESPECIAL BANCO MUNDIAL · V
El problema de partida
El propio informe lo reconoce en su primera página: para este evento, «los datos oficiales han sido limitados, particularmente en lo que se refiere a estimaciones completas de daño». En un país con la institucionalidad estadística debilitada y con incentivos políticos para minimizar cifras, el Banco Mundial no podía apoyarse en un solo reporte gubernamental.
La solución fue metodológica: en lugar de una fuente, decenas, trianguladas entre sí. El resultado es un retrato de cómo se mide hoy un desastre cuando no se puede confiar en una única cifra. Y buena parte de ese retrato es tecnológico.
El ojo en el espacio
La capa más sofisticada vino desde la órbita.
El informe utilizó datos del radar de apertura sintética NASA-ISRO (NISAR), un instrumento capaz de medir desplazamientos del terreno con precisión centimétrica. Fue esa tecnología la que documentó que el suelo se desplazó hasta 60 centímetros hacia el oeste en la zona de la ruptura, un dato que explica por qué ciertos edificios sufrieron más que otros según su ubicación.
A eso se sumaron imágenes de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2 del programa europeo Copernicus, que detectan cambios en la superficie comparando el antes y el después; productos de radar derivados de la colaboración entre la NASA y universidades; y análisis del Observatorio de la Tierra de Singapur. El servicio de emergencias Copernicus activó un mapeo específico para el evento.
El satélite no ve muertos ni escuchará testimonios, pero mide con una objetividad que ningún parte oficial puede disputar: la Tierra se movió, y quedó registrado.
La inteligencia artificial que cuenta edificios
La segunda capa fue la de los mapas de edificios y la inteligencia artificial.
Para saber cuánto se dañó hay que saber primero cuánto había. El informe se apoyó en los footprints de edificios de Microsoft y Google —bases de datos que registran la huella de cada construcción vista desde el aire—, además de Open Building Map y los datos de OpenStreetMap generados por voluntarios.
Sobre esas bases operaron herramientas de inteligencia artificial que detectan daño en edificaciones a partir de imágenes: productos derivados de IA del proyecto humanitario HOTOSM y del laboratorio «AI for Good» de Microsoft, validados después por analistas humanos. La máquina propone, el experto confirma.
Los datos que dejan los teléfonos
La tercera capa es la más novedosa, y la que más dice sobre la Venezuela de 2026.
El informe reconoce explícitamente el uso de datos de empresas privadas venezolanas, entre ellas la superapp Yummy —conocida por delivery y transporte—, la plataforma Premise y Mastercard. Estos datos, agregados y anonimizados, permiten inferir patrones de actividad: dónde dejó de haber movimiento, dónde se interrumpió el consumo, qué zonas quedaron paralizadas.
Un servicio de transporte que de pronto no registra viajes en un sector es una señal de que ese sector quedó inhabitable. Un patrón de pagos que se apaga marca el mapa del daño económico. Es teledetección social: el rastro digital de la vida cotidiana convertido en indicador de catástrofe.
A esto se sumaron reportes comunitarios geolocalizados de aplicaciones venezolanas surgidas para la emergencia —SismoAyuda VE, TerremotoVE, la app «Ingenieros por Venezuela»— y las fotografías y videos que miles de personas subieron a redes sociales, procesados como fuente de datos.
Lo que esta metodología revela
Hay una lectura de fondo que trasciende lo técnico.
El hecho de que el Banco Mundial haya tenido que reconstruir el desastre con satélites, algoritmos y datos de apps de delivery dice algo sobre el Estado venezolano: cuando las instituciones oficiales no producen información confiable, el vacío lo llenan las tecnologías privadas y las plataformas globales. La medición del desastre se privatizó y se descentralizó, no por diseño, sino por necesidad.
Eso tiene una ventaja democrática —los datos satelitales son difíciles de manipular por un gobierno— y un riesgo silencioso: cada vez más, saber qué pasa en un país depende de empresas cuyos datos no son públicos ni auditables por los ciudadanos.
El aval que otorga la transparencia
Para el lector, la conclusión práctica es tranquilizadora en un punto clave. El informe detalla exhaustivamente sus fuentes —el Anexo A ocupa páginas enteras listándolas— y explica cada paso de su método. Esa transparencia es, precisamente, lo que le da autoridad a la cifra de 19.600 millones frente a cualquier balance que un gobierno pueda ofrecer sin mostrar cómo lo calculó.
En un entorno donde las cifras se disputan políticamente, la metodología abierta no es un tecnicismo: es la garantía de que el número resiste el escrutinio. Y esa, en el fondo, es la mejor tecnología del informe: no el satélite ni el algoritmo, sino la obligación de mostrar cómo se llegó a cada dato.
Alfredo Yánez
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La redada dejó de ser operativo y se volvió consulta de datos
La tasa diaria de arrestos del ICE pasó de superar los 1.300 en junio a 1.474 en los primeros once días de julio. El aumento no se explica solo por más presupuesto y más agentes. Se explica por un cambio de método que rara vez se cubre: la localización dejó de depender del patrullaje y pasó a depender del cruce de bases de datos.
Las 6W
| Qué | La estrategia de detención migratoria giró de las redadas masivas visibles al uso de datos para localizar personas. |
| Quién | El ICE; investigadores de la Universidad de Syracuse que dan seguimiento a los registros; policías locales cooperantes. |
| Cuándo | Junio de 2026 y los primeros once días de julio, periodo del récord de arrestos. |
| Dónde | Con expansión documentada hacia zonas rurales y pueblos pequeños, más que en las grandes ciudades. |
| Por qué | El método de datos es más barato, menos visible y no genera las imágenes que activan protestas. |
| Cómo | Combinando bases de datos, presión sobre tribunales para negar prórrogas y cooperación policial local. |
El cambio que las cifras esconden
La Jornada, citando el seguimiento de investigadores de la Universidad de Syracuse, documentó que la tasa diaria de arrestos superó los 1.300 en junio —el total mensual más alto de la actual administración— y llegó a 1.474 en los primeros once días de julio en los sitios con datos disponibles.
Ese mismo reporte describe el mecanismo: el incremento es resultado de un presupuesto mucho mayor, de la contratación de más personal y de un giro estratégico. Se pasó de las redadas dramáticas e invasiones de ciudades con agentes federales y tropas a un enfoque centrado en el uso de datos para ubicar a personas indocumentadas, en forzar a tribunales a negar la prolongación de casos y en expandir los arrestos hacia zonas rurales y pueblos donde la policía local coopera.
Por qué el método importa más que el número
Una redada visible produce imágenes, produce protestas y produce cobertura. El estudio de UCLA publicado el 22 de julio midió incluso su costo comercial: 46.000 visitas menos y 3,16 millones de dólares en pérdidas en nueve corredores latinos de Los Ángeles.
Una localización por datos no produce ninguna de esas tres cosas. No hay operativo que grabar, no hay corredor comercial que se vacíe, no hay imagen que circule. La detención ocurre en un estacionamiento, en una salida de trabajo, en un control de tránsito.
El efecto sobre la comunidad, sin embargo, no desaparece: se vuelve difuso. En lugar de un barrio que sabe que hubo una redada el martes, hay veinte familias en veinte pueblos que no saben si lo ocurrido a su vecino fue casualidad.
De qué datos se habla
Sin acceso a los sistemas, corresponde ser preciso sobre lo que está documentado y lo que no.
Está documentado el giro estratégico hacia el uso de datos y la expansión rural. Está documentada la presión sobre tribunales para negar prórrogas de casos. Está documentada la cooperación de policías locales en jurisdicciones que no son ciudades santuario.
No está documentada públicamente, con detalle verificable, la composición exacta de las fuentes de información que alimentan esa localización. Cualquier enumeración específica de bases de datos concretas sería especulación, y esta pieza no la hará.
Lo que sí puede afirmarse es estructural: un sistema que localiza por datos depende de registros administrativos que las personas generaron por razones ordinarias. Trámites. Direcciones declaradas. Solicitudes. Comparecencias.
La consecuencia práctica
Esto invierte una intuición extendida en las comunidades hispanas. Durante años, la recomendación fue evitar ciertos lugares en ciertos momentos. Ese consejo asumía que el riesgo era geográfico y episódico.
Si la localización opera sobre registros, el riesgo deja de ser un lugar y pasa a ser un expediente. No se esquiva cambiando de ruta.
De ahí que la recomendación con base real sea otra: mantener el expediente propio ordenado y asesorado, no ignorarlo. Una comparecencia perdida o una dirección desactualizada pesan más que la calle por la que se camina.
El desplazamiento geográfico
El dato menos comentado es el de la expansión rural. Las grandes ciudades tienen infraestructura de defensa: organizaciones, abogados de inmigración, líneas de emergencia, medios en español.
Los pueblos pequeños no la tienen. Cuando el método de detención se desplaza hacia donde la policía local coopera y la red de apoyo es más delgada, la misma detención produce mucho más daño. Esa asimetría, y no la cifra nacional, es el fenómeno que habrá que seguir en los próximos meses.
Fuentes principales: La Jornada, edición del 24 de julio de 2026, con datos de seguimiento de la Universidad de Syracuse; teleSUR (cifras de arrestos de junio y julio de 2026); UCLA Latino Policy & Politics Institute e Inclusive Action for the City, informe del 22 de julio de 2026.
Tecnología
Los centros de datos de la IA llegaron a la factura eléctrica
La Reserva Federal incorporó la inversión en inteligencia artificial a su lista de fuentes de presión inflacionaria, junto a los aranceles y a la energía de guerra. Ese reconocimiento traslada un debate que parecía tecnológico al lugar donde una familia lo siente: el recibo mensual de electricidad.
Las 6W
| Qué | La Fed considera la inversión en inteligencia artificial una fuente de demanda con efecto inflacionario. |
| Quién | La Reserva Federal; las empresas que construyen centros de datos; las comisiones estatales de servicios públicos; los hogares. |
| Cuándo | Informe de política monetaria e informe sobre aceleración de precios, julio de 2026. |
| Dónde | Estados con alta concentración de nueva infraestructura de cómputo y sus redes eléctricas regionales. |
| Por qué | La demanda eléctrica de los centros de datos compite con el consumo residencial en la misma red. |
| Cómo | A través de la tarifa regulada, que reparte entre los usuarios el costo de ampliar generación y transmisión. |
El reconocimiento oficial
En su informe de política monetaria ante el Congreso, la Reserva Federal identificó tres fuerzas empujando los precios: los costos energéticos derivados del conflicto con Irán, el efecto acumulado de los aranceles y la inversión en inteligencia artificial. Un informe posterior del banco central, difundido en julio, describió que la inflación se aceleró durante la primavera boreal por esas mismas razones.
Que un banco central incluya el capex tecnológico entre las causas de la inflación es un cambio de estatus. Deja de ser un fenómeno sectorial y pasa a ser una variable macroeconómica.
Cómo llega eso a un recibo
La cadena tiene tres eslabones y ninguno es misterioso.
Primero, un centro de datos consume electricidad de forma continua, no en picos: opera las veinticuatro horas y no admite interrupción. Segundo, esa demanda adicional obliga a ampliar generación y a reforzar líneas de transmisión, inversiones que se financian a lo largo de años. Tercero, en un sistema de tarifa regulada, esa inversión se reparte entre los usuarios conectados a la misma red.
El resultado es que la construcción de capacidad de cómputo entra al presupuesto doméstico por la puerta de la tarifa, sin que nadie la haya elegido ni contratado.
El debate que ya está abierto
No es casual que el tema aparezca en actos oficiales. En el evento del 23 de julio en la sede de la Agencia de Protección Ambiental donde Donald Trump se refirió a Venezuela, el secretario de Energía Chris Wright participó en la firma de un compromiso de protección al contribuyente relacionado con políticas energéticas y costos eléctricos.
La existencia misma de ese tipo de compromiso confirma que el reparto del costo entre grandes consumidores industriales y usuarios residenciales es ya un asunto político, no técnico.
Por qué el hogar hispano está más expuesto
Por tres razones concretas.
La primera es el tipo de vivienda: una proporción mayor de familias hispanas alquila, y el inquilino no puede invertir en aislamiento, ventanas o paneles para reducir consumo. La segunda es la geografía: buena parte de la población hispana se concentra en estados de clima caluroso, donde el aire acondicionado no es confort sino condición de habitabilidad en verano. La tercera es el peso relativo: en un presupuesto ajustado, veinte dólares más de luz al mes no se compensan con ahorro, se compensan recortando otra cosa.
Lo que sí se puede hacer
Dos gestiones concretas y verificables, sin garantías pero sin costo.
La primera es preguntar a la compañía eléctrica por los programas de asistencia energética disponibles, que existen en la mayoría de los estados y suelen tener requisitos de ingreso que muchas familias elegibles nunca revisan. La segunda es consultar si la empresa ofrece facturación promediada anual, que no reduce el gasto total pero elimina los picos de verano que rompen un presupuesto mensual.
Lo que conviene vigilar
La señal más útil no es el titular sobre inversiones millonarias en inteligencia artificial. Es la audiencia pública de la comisión de servicios públicos del propio estado cuando se discute un aumento tarifario. Ahí es donde se decide, con nombre y número, quién paga la infraestructura del cómputo.
Nota: esta pieza ofrece contexto general y no constituye asesoría financiera ni recomendación sobre contratos de servicios.
Fuentes principales: Reserva Federal, informe de política monetaria ante el Congreso e informe sobre la aceleración de precios, julio de 2026; Efecto Cocuyo (contexto del acto del 23 de julio de 2026 con la participación de Chris Wright); compilaciones macroeconómicas de la semana del 6 al 10 de julio de 2026.
Tecnología
Qué expone un teléfono cuando alguien es detenido en un control
Un teléfono contemporáneo concentra más información sobre una familia que cualquier archivo doméstico: ubicaciones, contactos, mensajes, fotografías, movimientos bancarios. En un contexto de arrestos migratorios en máximos históricos, conviene entender qué contiene ese objeto y qué reglas lo protegen.
Las 6W
| Qué | Guía sobre la información que concentra un teléfono y las precauciones razonables ante una detención. |
| Quién | Personas con procesos migratorios abiertos y sus familias; organizaciones de asistencia legal. |
| Cuándo | En un contexto de récord de arrestos: 1.474 detenciones diarias en los primeros once días de julio de 2026. |
| Dónde | Estados Unidos, con reglas que varían según se trate de un punto fronterizo o del interior del país. |
| Por qué | La estrategia de localización migratoria giró hacia el uso de datos, lo que revaloriza cualquier fuente de información. |
| Cómo | Preparando con anticipación el acceso familiar a contactos y documentos, no improvisando durante la detención. |
La advertencia que va primero
Esta pieza no es asesoría legal. Las reglas sobre registro de dispositivos varían según la jurisdicción, según se trate de un punto de entrada al país o del interior, y según las circunstancias específicas de cada caso. Antes de actuar, consulte con un abogado de inmigración o con una organización de asistencia legal acreditada. Lo que sigue es información general para conversar con esos profesionales, no para sustituirlos.
Qué contiene realmente un teléfono
Conviene inventariarlo, porque casi nadie lo tiene presente.
El historial de ubicaciones, que muchos sistemas guardan de forma automática, reconstruye rutinas: dónde se duerme, dónde se trabaja, a qué hora. La lista de contactos identifica a la red completa de una persona, con nombres y números. Las aplicaciones de mensajería conservan conversaciones que pueden abarcar años. La galería de fotos incluye metadatos de fecha y lugar. Las aplicaciones bancarias y de envío de remesas registran destinatarios y frecuencias.
Ese conjunto describe no a una persona, sino a una comunidad entera.
La preparación que sí depende de uno
Hay algo que no requiere permiso de nadie y que conviene tener resuelto antes de necesitarlo: que la familia pueda funcionar aunque el teléfono no esté disponible.
Eso significa, en concreto, tener escritos en papel y guardados en casa los números que realmente importan: el del abogado, el del consulado correspondiente, el de la línea de asistencia legal, el de dos familiares. Significa que otra persona de confianza sepa dónde están los documentos migratorios y las copias. Significa que exista un plan acordado sobre quién recoge a los niños en la escuela si alguien no llega.
Ninguna de esas tres cosas es tecnológica. Todas fallan justamente cuando el teléfono no está.
Higiene digital básica
Sin prometer protecciones que no existen, hay medidas razonables y de sentido común.
Usar un código de acceso numérico o alfanumérico en lugar de depender únicamente de biometría, porque las reglas jurídicas aplicables a una contraseña y a una huella no son necesariamente las mismas y ese es exactamente el punto que conviene consultar con un abogado. Mantener actualizado el sistema operativo. Revisar qué aplicaciones tienen permiso de ubicación permanente y reducirlas a las imprescindibles. Tener una copia de seguridad de fotos y documentos importantes fuera del dispositivo.
El derecho a no responder
El punto más importante no es técnico. Toda persona, con independencia de su estatus migratorio, tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar hablar con un abogado. Ese derecho no se pierde por llevar un teléfono encima ni por lo que el teléfono contenga.
Firmar documentos sin entenderlos o sin asesoría es la decisión que más daño causa en la práctica, y ocurre con frecuencia bajo presión de tiempo.
El contexto que hace esto pertinente
El giro documentado de la estrategia migratoria hacia el uso de datos para localizar personas —descrito por La Jornada a partir del seguimiento de investigadores de la Universidad de Syracuse— significa que la información vale más que antes en ese sistema. No como amenaza abstracta, sino como método de trabajo declarado.
Entender eso no debería producir miedo. Debería producir orden: papeles en regla, contactos por escrito, asesoría real y un plan familiar conversado con calma.
Fuentes principales: La Jornada, edición del 24 de julio de 2026, con datos de la Universidad de Syracuse sobre el giro hacia la localización por datos; teleSUR (cifras de arrestos de junio y julio de 2026). Para orientación legal específica, consulte a un abogado de inmigración acreditado o a una organización de asistencia legal.
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