Política
Dos etiquetas para un mismo edificio: el caos de las inspecciones
Con casi 59.000 estructuras dañadas y varios equipos evaluando a la vez, el sistema de semáforo que debía dar certeza generó también confusión: edificios con más de una etiqueta, criterios dispersos y una comisión creada para unificar lo que ya estaba fragmentado. Un análisis del desorden dentro del orden.
Con casi 59.000 estructuras dañadas y varios equipos evaluando a la vez, el sistema de semáforo que debía dar certeza generó también confusión: edificios con criterios dispares y una comisión creada para unificar lo que ya estaba fragmentado.
Ficha 6W
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Qué | La evaluación masiva de estructuras enfrentó problemas de coordinación y criterios dispersos. |
| Quién | Múltiples actores: comisión presidencial, colegios profesionales, brigadas y voluntarios. |
| Cuándo | En la fase de inspección iniciada tras el terremoto del 24 de junio de 2026. |
| Dónde | En Caracas y las zonas afectadas, con casi 59.000 estructuras dañadas. |
| Por qué | La escala del desastre y la multiplicidad de actores dificultaron la coordinación. |
| Cómo | Con un sistema de semáforo que requirió una comisión para unificar criterios dispersos. |
El sistema de semáforo para evaluar los edificios dañados por el terremoto —verde para habitable, amarillo para uso restringido, rojo para peligro— nació con un propósito loable: dar a los ciudadanos una respuesta rápida y clara sobre si podían volver a sus casas. Pero la escala descomunal del desastre y la multiplicidad de actores involucrados generaron, en la práctica, un problema que conviene analizar con honestidad: junto a la organización, apareció también el desorden. En una catástrofe que dañó decenas de miles de estructuras, la coordinación de las inspecciones resultó ser un desafío casi tan grande como las propias inspecciones.
La escala del problema
Los números explican buena parte de la dificultad. Según información oficial, el doblete sísmico dañó severamente cerca de 58.870 estructuras en la zona de mayor impacto. Evaluar semejante universo de edificios, en poco tiempo y con la presión de miles de familias esperando respuesta, es una tarea logística monumental. Para afrontarla, se movilizó a un gran número de actores: la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, asociaciones técnicas especializadas, brigadas de universidades, ingenieros voluntarios y hasta alcaldías que, en los primeros días, anunciaron sistemas propios de evaluación.
Esa movilización masiva fue, en un sentido, admirable: reflejó una respuesta amplia ante la emergencia. Pero también sembró las semillas de la confusión. Cuando muchos equipos distintos evalúan a la vez, con distintos niveles de formación y sin un criterio perfectamente unificado desde el inicio, el riesgo de resultados dispares es alto. Y en un asunto tan sensible como la seguridad de una vivienda, la disparidad genera angustia y desconfianza.
Cuando el criterio no es uno solo
El indicio más claro de este problema fue la propia decisión del gobierno de crear, ya avanzada la emergencia, una instancia para unificar criterios. El 7 de julio, la Comisión Presidencial y el Colegio de Ingenieros anunciaron en rueda de prensa conjunta que acordaban unificar los protocolos de inspección. El anuncio, en sí mismo, es revelador: si hubo que unificar criterios, es porque antes estaban dispersos. La existencia de brigadas diversas evaluando con enfoques no siempre idénticos había creado una situación en la que un mismo edificio podía ser objeto de valoraciones distintas según quién lo inspeccionara.
A ese problema de coordinación se sumó otro de comunicación. Las propias autoridades técnicas tuvieron que salir a aclarar malentendidos sobre el significado de las etiquetas. Un ingeniero de la comisión explicó, por ejemplo, que «mucha gente asocia una etiqueta roja con la demolición del edificio, y esto no tiene nada que ver»: una etiqueta roja puede deberse a un elemento no estructural en riesgo de caer, sin que implique daño estructural grave. Que hiciera falta esa aclaración muestra que el sistema, pensado para dar certezas, estaba generando también interpretaciones erróneas y temor.
El desorden dentro del orden
Conviene ser equilibrado en el diagnóstico. Que haya habido problemas de coordinación no significa que el esfuerzo de evaluación haya sido inútil o fraudulento; por el contrario, inspeccionar decenas de miles de estructuras en pocas semanas es un logro considerable, y la decisión de unificar criterios es, en sí misma, una corrección en la dirección correcta. El punto no es descalificar el operativo, sino señalar una tensión real: la de un sistema que, en su implementación apresurada y multitudinaria, produjo tanto orden como confusión.
Para el ciudadano de a pie, esta situación tiene una consecuencia práctica: la conveniencia de la prudencia. Ante evaluaciones que pueden variar, o ante dudas sobre el criterio aplicado, lo sensato es buscar la evaluación oficial unificada, solicitar una segunda revisión cuando exista incertidumbre —las vías formales existen, a través de la aplicación oficial o de las sedes del Colegio de Ingenieros— y no tomar decisiones definitivas sobre la base de una sola inspección dudosa. En materia de seguridad estructural, la certeza vale más que la rapidez.
La lección de fondo trasciende la coyuntura. Una respuesta eficaz a un desastre no depende solo de la buena voluntad ni del número de personas movilizadas, sino de la coordinación, los criterios claros y la comunicación precisa. El caso venezolano muestra que, sin esos elementos, incluso un sistema bien intencionado como el semáforo puede convertirse en una fuente adicional de incertidumbre para quienes ya lo han perdido casi todo. Ordenar el orden es, también, parte de la reconstrucción.
Nota: Esta nota analiza problemas de coordinación en la respuesta a la emergencia a partir de información oficial y de prensa, sin desconocer el valor del esfuerzo de evaluación. Para casos concretos, la información oficial vigente debe verificarse por los canales autorizados.
Fuentes principales: Reportes sobre las inspecciones estructurales y el sistema de semáforo en Venezuela; rueda de prensa de unificación de criterios de la Comisión Presidencial y el CIV (7 de julio de 2026); declaraciones técnicas recogidas por El Nacional, AVN, El Tiempo, RT y otros medios (julio de 2026).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Política
Roberto Smith pide desmontar el aparato chavista antes de convocar elecciones y Viera-Blanco le responde
Roberto Smith defendió sanear las instituciones venezolanas antes de convocar elecciones. Orlando Viera-Blanco respondió que democracia y libertad no son un lujo.
La urgencia de recuperar la luz, el agua, el empleo y la comida no debería convertirse en una razón para posponer indefinidamente la democracia. Ese fue el punto de fricción entre Orlando Viera-Blanco y Roberto Smith durante una conversación transmitida por EVTV Miami.
Abrir el video original en YouTube
Video de origen: Ver la conversación completa entre Orlando Viera-Blanco y Roberto Smith en EVTV Miami.
Smith sostuvo que Venezuela necesita completar primero una serie de transformaciones institucionales antes de convocar elecciones. En su lectura, votar mientras el chavismo conserve el control de la Fuerza Armada, la policía, la justicia y buena parte de la estructura electoral podría producir una salida aparente, pero no una transición efectiva.
«Yo he dicho que no hace falta eso en Venezuela [elecciones] hasta que se completen una cantidad de procesos», afirmó Smith durante el programa.
La tesis apareció después de que Viera-Blanco le preguntara por la ansiedad electoral que existe dentro y fuera del país. El conductor planteó que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio político definitivo, pero también necesita estabilidad en el estómago y en la nevera. Smith respondió que, fuera de las redes sociales, la prioridad que escucha en sus recorridos por el interior es otra: servicios y condiciones básicas de vida.
Según Smith, una persona en Barquisimeto, donde —de acuerdo con su declaración— la electricidad puede faltar durante horas, no tendría como primera prioridad asistir a un acto político. «La prioridad es que haya luz, que haya agua, que haya empleo», dijo. También relató una espera de varias horas en una cola de gasolina en Guanare, donde, según su versión, los ciudadanos terminaron expresando una sola demanda: necesitan combustible.
La elección como punto de desacuerdo
El desacuerdo se hizo explícito cuando Smith comparó la exigencia de elecciones inmediatas con la petición de una niña que reclama una muñeca mientras su casa está en ruinas y su familia pasa hambre. Para él, la prioridad es salvar la casa antes de discutir otros bienes.
Viera-Blanco lo interrumpió para marcar un límite a la analogía.
«La democracia y la libertad plena no es una muñeca ni un Nintendo», respondió.
Smith contestó que no está en contra de la democracia ni de las elecciones. Su argumento, dijo, es que convocarlas en el peor momento de inestabilidad podría ser un error si antes no se corrigen las condiciones que hacen imposible una competencia real.
El político mencionó como obstáculos la deuda externa venezolana, que cifró en 260.000 millones de dólares, y el control chavista de la Fuerza Armada, la policía y los tribunales. También sostuvo que sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o a los rectores del Consejo Nacional Electoral no sería suficiente si permanecen intactas las estructuras inferiores de los tribunales, los sistemas informáticos y los funcionarios locales.
La discusión central de la entrevista gira sobre el orden de la transición y sobre qué debe ocurrir antes de una elección.
Irak y Nicaragua como advertencia
Smith defendió su posición con dos referencias históricas. Afirmó que la desarticulación rápida del aparato militar en Irak contribuyó a una década de conflicto y citó a Nicaragua como un caso en el que no se produjo un saneamiento profundo de las fuerzas armadas y policiales vinculadas al sandinismo. En su interpretación, esa falta de transformación permitió el regreso de Daniel Ortega y la consolidación de una nueva dictadura.
La comparación busca advertir que retirar a los principales funcionarios de una institución no equivale a reformarla. Para Smith, una transición venezolana debería ocuparse de la cadena completa de poder, de los cuerpos armados y de las instituciones que administran la justicia y las elecciones.
Viera-Blanco no aceptó que la democracia quedara relegada al final de ese proceso. Su intervención convirtió el intercambio en una discusión sobre prioridades: si la libertad política es una condición básica para reconstruir el país o si debe esperar hasta que se estabilicen la economía y el Estado.
El rebote económico que Smith imagina
En la misma conversación, Smith presentó una visión optimista del potencial económico venezolano. Dijo que, con cambios estructurales, el país podría generar hasta 400.000 millones de dólares anuales y propuso crear un fondo de ahorro y prosperidad inspirado en el modelo noruego. También defendió la dolarización de la economía y una alianza estratégica con Estados Unidos.
La conversación dejó planteada una división que atraviesa a la oposición venezolana. De un lado están quienes consideran que la prioridad es fijar cuanto antes una fecha electoral. Del otro, quienes creen que una elección sin reforma militar, judicial y electoral puede legitimar las estructuras existentes o abrir una nueva etapa de conflicto.
La respuesta de Viera-Blanco resumió el problema: la necesidad de comida, servicios y empleo es inmediata, pero la democracia no puede presentarse como un premio que solo se obtiene después de resolver todos los demás problemas.
en-pantalla/el-canal-de-nitu
Nueve años sin pasaporte y un aviso a Cabello en SIIPOL
No hay sentencia que apelar. Hay un sistema que no deja sacar un documento.
Alianza editorialINCÍSOS + El Canal de Nitu
EN PANTALLA · EL DESTIERRO
Vladimir Petit Medina mostró en el canal de Nitu Pérez Osuna los papeles que, según él, prueban que no tiene causas pendientes. Aun así, dice, el sistema policial ordena avisar a Diosdado Cabello si aparece, y ni él ni Nitu pueden pedir un pasaporte. Es la cara administrativa del exilio, y una prueba para cualquier transición.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Denuncia de que el Estado venezolano les niega pasaporte y cédula a dos periodistas exiliados. |
|---|---|
| Quién | Vladimir Petit Medina y Nitu Pérez Osuna, periodistas venezolanos en el exilio. |
| Cuándo | Programa del lunes 12 de octubre de 2026. Según Petit, los pasaportes les fueron anulados hace unos nueve años. |
| Dónde | El Canal de Nitu, en YouTube. Los registros mencionados son del SIIPOL (sistema policial) y del SAIME. |
| Por qué | Según Petit, en el SIIPOL figura un requerimiento que ordena avisar a Diosdado Cabello, y en el SAIME una instrucción para detenerlo y trasladarlo a la DGCIM. |
| Cómo | Con documentos que mostró en pantalla y que INCÍSOS no pudo verificar de forma independiente. |
Nota de transparencia: Vladimir Petit Medina colabora con INCÍSOS en el especial En voz alta.
Vladimir Petit Medina sostiene que el Estado venezolano ya no tiene nada contra él. Lo dijo en el programa del 12 de octubre de 2026 de El Canal de Nitu, con papeles en la mano: las órdenes de aprehensión que alguna vez pesaron en su contra fueron sobreseídas o desistidas, y su certificado de antecedentes penales no registra causas pendientes.
Y, sin embargo, no puede volver. Según lo que mostró, en el SIIPOL, el sistema de información policial, aparece un requerimiento que ordena avisar a Diosdado Cabello si se le identifica. En una pantalla del SAIME, dice, figura una instrucción para detenerlo y trasladarlo a la DGCIM, la contrainteligencia militar. Ni él ni Nitu Pérez Osuna pueden siquiera pedir una cita para renovar el pasaporte, porque el sistema marca un requerimiento.
Petit contó que hace unos nueve años les anularon los pasaportes al llegar a Caracas, y que un funcionario les dijo después que no volverían a tener pasaporte ni cédula mientras «él» siguiera en el poder.
Un exilio que no necesita juez
Lo que describe Petit no es una condena. Es algo más difícil de discutir: una anotación en una base de datos. No hay sentencia que apelar ni audiencia a la que acudir. Hay un sistema que no deja sacar un documento.
La Constitución venezolana dice, en su artículo 50, que los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Venezuela ratificó, es más directo en su artículo 12.4: «Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país». Sin pasaporte, ese derecho existe solo en el papel.
No es un caso aislado. Durante años, periodistas, dirigentes y ciudadanos comunes en el exilio han denunciado pasaportes anulados, prórrogas negadas y citas imposibles en el SAIME. Nunca se ha publicado una cifra oficial de cuántas personas están en esa situación.
El nombre que aparece en el sistema
El detalle que vuelve este testimonio más que personal es el nombre. Según Petit, la instrucción no dice «avisar a la policía». Dice avisar a Diosdado Cabello, que sigue siendo ministro de Interior en el gobierno de la presidenta encargada y al que una fuente citada por ABC señala como el CC-1 de la acusación por torturas contra Maduro.
En el mismo programa, Petit planteó la idea de fondo: no puede haber transición mientras quienes controlan a los presos políticos y son señalados por torturas mantengan el poder. Nitu agregó otra arista: con Cabello y su entorno en cargos clave, dijo, es difícil que llegue la inversión que Venezuela necesita.
Criterio: tres pruebas
- El registro: si el SAIME o el Ministerio de Interior confirman o desmienten que existen esas anotaciones, y con qué base legal.
- La mesa: si la negociación de Caracas, que incluye en su agenda la garantía de derechos civiles y políticos, aborda el derecho de los exiliados a tener documentos.
- La cifra: si alguna institución publica cuántos venezolanos tienen hoy un bloqueo administrativo para obtener pasaporte o cédula.
¿Qué falta, exactamente?
Falta que alguien responda. Una anotación en un sistema policial puede borrarse con una orden. Mientras nadie la dé, el destierro de Petit y de Nitu, y el de muchos otros, seguirá siendo una política sin firma.
Fuentes principales: El Canal de Nitu Pérez Osuna, programa del 12 de octubre de 2026 («Hasta el último momento… van a j@der»); Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 50; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12.4; ABC (David Alandete), 12 de octubre de 2026.
en-pantalla/el-canal-de-nitu
¿Son oficialistas el 44 % de los aspirantes al comité del TSJ?
Una alerta razonable no es un dato probado. Y la opacidad del proceso es la que la vuelve creíble.
Alianza editorialINCÍSOS + El Canal de Nitu
EN PANTALLA · EL DATO
Nitu Pérez Osuna presentó en su programa una cifra que circula desde el fin de semana: 44,1 % de los 127 aspirantes estaría vinculado al régimen. Puede ser cierta. Pero nadie la ha publicado con nombres, y los datos públicos apenas alcanzan para identificar a una parte de la lista.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Una clasificación según la cual 44 % de los 127 aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales tendría vínculos con el chavismo. |
|---|---|
| Quién | La presentó Nitu Pérez Osuna en su programa; el abogado José Gregorio Zaá habló de «al menos 56 postulados»; el ingeniero Giuseppe Gangi denunció falta de transparencia. |
| Cuándo | Programa del lunes 12 de octubre de 2026. La mesa de negociación se reúne el miércoles 14. |
| Dónde | El Canal de Nitu, en YouTube; El Informador y El Pitazo. |
| Por qué | De esa lista saldrán los 12 civiles que, con 11 diputados, preseleccionarán a los magistrados del nuevo TSJ. |
| Cómo | Ninguna de las versiones publicadas incluye la lista de nombres ni el método de clasificación. |
La cifra la presentó Nitu Pérez Osuna en el programa del 12 de octubre de 2026 de El Canal de Nitu: 44,1 % de los 127 inscritos para el comité que escogerá a los magistrados del nuevo TSJ serían jueces, exjueces u operadores penales vinculados al régimen, ejecutivos del TSJ o de la Fiscalía, militantes del PSUV, funcionarios, integrantes del Poder Popular o de la milicia, o asesores jurídicos del Estado. Y planteó la pregunta siguiente: quién es el otro 55,9 %.
El mismo número aparece en la denuncia del abogado José Gregorio Zaá, citada por El Informador: «al menos 56 postulados» con vínculos directos con el PSUV, la milicia, el Poder Judicial o el Ministerio Público, una «parcialidad política» que, según él, «compromete la objetividad» del comité.
Lo que dicen los datos públicos
El problema no es la cifra, sino su soporte. Ninguna de las dos versiones publicó los 56 nombres ni explicó cómo se clasificó a cada uno.
Los intentos de revisar la lista con fuentes abiertas muestran lo difícil que es. El ingeniero Giuseppe Gangi, que creó un sitio para seguir el proceso, dijo a El Pitazo que encontró información o historial de 31 de los 127, cruzando bases de datos electorales y el proceso anulado en agosto. INCÍSOS, en su especial Quién postula, no encontró trayectoria pública verificable para 109 de los 127.
Es decir: con lo que está publicado, una mayoría de los aspirantes no deja rastro. Eso puede significar que son abogados sin vida pública, o que sus vínculos no son visibles en internet. Pero no permite afirmar, con documentos, que 56 de ellos son oficialistas.
Por qué importa igual
La cifra puede estar bien encaminada. Gangi advirtió en el programa sobre la falta de transparencia del proceso y sobre el peso de la Asamblea electa en 2025, con mayoría del PSUV, en la selección. Y la comisión que preside el diputado Giuseppe Alessandrello publicó solo nombres, sin credenciales ni el sector que postuló a cada uno.
Ahí está el punto. Si la denuncia necesita una lista para ser creíble, la comisión necesita publicar las hojas de vida para que nadie tenga que adivinar. La opacidad del proceso es la que hace que una cifra sin nombres circule como un hecho.
Criterio: tres pruebas
- Los nombres: que quienes sostienen el 44 % publiquen la lista y la fuente de cada vínculo.
- Las credenciales: que la comisión preliminar publique la hoja de vida y el sector postulante de los 127.
- Los 12: que la mesa del miércoles explique por qué escoge a cada uno de los doce.
¿Qué falta, exactamente?
Falta un documento, de un lado o del otro. Mientras no exista, el 44 % es una alerta razonable, no un dato probado.
Fuentes principales: El Canal de Nitu Pérez Osuna, programa del 12 de octubre de 2026; El Informador (José Gregorio Zaá), 12 de octubre de 2026; El Pitazo (Giuseppe Gangi), 11 de octubre de 2026; INCÍSOS, especial Quién postula.
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