Inciso
Devolver el país sin inventario
La frase se dijo sobre galpones y fábricas: no saben cuánto pueden devolver. Describe algo mucho más grande que un galpón.
Esta semana se conoció que una comisión del Estado quiere acelerar la devolución de los bienes expropiados durante los últimos veinte años, como señal de confianza para los inversionistas. Y se conoció, en la misma línea, un obstáculo que nadie tituló: no saben cuántos son. No hay inventario. No hay registro de qué se tomó, a quién se le tomó, ni en qué condiciones quedó cada cosa después de dos décadas bajo administración ajena.
Me quedé pegado en esa frase, porque no describe solamente un problema de galpones.
Piense en lo que hay que devolver. La lista empieza por lo obvio: centros comerciales, terrenos, fincas, fábricas. El caso de Kellogg’s es el que mejor resume el método, porque no se tomó solo la planta: se siguió produciendo con el nombre de la empresa que se había ido. Se tomó el activo y se tomó también la identidad del activo. Es una imagen difícil de mejorar.
Pero la lista no termina ahí, y ese es el punto.
Hay un sistema de justicia que hay que devolver, y está hecho trizas. No por falta de edificios ni de expedientes, sino porque los jueces son mayoritariamente provisorios, de libre nombramiento y libre remoción. Un juez que puede ser sacado mañana sin procedimiento no es un juez independiente: es un funcionario con toga. Y conviene mirar lo que se aprobó este 27 de agosto en primera discusión, porque la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia toca un solo artículo, el 65, que regula la composición del Comité de Postulaciones. No toca el número de magistrados. No toca las causales de remoción. No toca el régimen de los jueces provisorios, que es donde se resuelve la vida de un ciudadano común. Se va a renovar la cúspide y se va a conservar intacta la puerta trasera.
Hay ministerios que hay que devolver, y buena parte de ellos llevan años en manos de amigos, o de militares sin formación en el área que dirigen, o de militares con formación en un área distinta de la que dirigen.
El caso más elocuente lo tenemos delante y no requiere argumentación. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el organismo científico encargado de estudiar los terremotos en un país sísmico, está presidida por un general de división. Cuando ocurrió el doblete sísmico del 24 de junio de 2026, el peor de nuestra historia, su presidente no ofreció una sola declaración pública. Las explicaciones geológicas las dieron dos políticos y una sociedad de geólogos. La institución tenía quien la presidiera; no tenía quien la explicara.
Hay una educación que hay que devolver. Se multiplicaron los ministerios: uno de educación, otro de educación universitaria, antes uno de educación superior. Se multiplicaron los despachos y se fue reduciendo lo que había dentro de ellos. Hoy el dato más grave no está en la matrícula escolar sino en las escuelas de educación de las universidades, donde ya casi no hay estudiantes. Es decir: dejamos de formar a quienes tienen que formar a la próxima generación. Eso no se recupera con un decreto ni con un ministerio nuevo. Se recupera en quince años, si se empieza hoy.
Y hay una presidencia que hay que devolver, que es el activo mayor de todos. Fue retenida sin haber demostrado nunca el resultado acta por acta, mientras Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Ese también es un bien tomado, y también está en la lista, aunque nadie lo ponga en la misma planilla que los galpones.
Lo que me impresiona no es que haya que devolver tanto. Es la razón por la cual no saben qué van a devolver.
No lo saben porque nunca lo contaron. Tomar no exige inventario: tomar exige solamente voluntad y fuerza. El inventario es una obligación de quien administra algo que no es suyo, y quien tomó estas cosas nunca se asumió administrador, sino dueño. Por eso no hay registro de las fábricas, y por eso tampoco hay un diagnóstico honesto del estado en que quedaron el sistema judicial, las universidades, los hospitales, la red eléctrica o el organismo que debía advertirnos de un terremoto.
Es la misma ausencia, aplicada a escalas distintas.
Y de ahí sale lo único que se puede pedir con precisión en este momento, que no es un discurso sino un papel. Un inventario. Qué se tomó, a quién, cuándo, y en qué estado está hoy. Sirve para una fábrica en Valencia y sirve para un tribunal en Caracas.
Porque devolver el país en el estado en que está no es reparar nada.
Es entregar la llave de una casa vacía y llamarlo restitución.
Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el jueves 27 de agosto de 2026
Alfredo Yánez
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INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
En Washington, el Tesoro le quitó las sanciones a Jorge Rodríguez. En Panamá, Mulino le dio las gracias a Delcy. En Caracas se abrió la tercera ronda. Y en San José, ante las víctimas del 11 de abril, el Estado venezolano no se presentó.
Hay días que resumen una época. El miércoles 14 de octubre fue uno.
Por la mañana, en San José de Costa Rica, Yenfri Querales le contó a la Corte Interamericana cómo murió su hermano Juan David el 11 de abril de 2002, desangrado cerca de El Silencio, y cómo la investigación se apagó hasta que «al final no supimos más». Delvalle Canelón lloró al recordar las amenazas que recibió por querer declarar. La silla del Estado venezolano estaba vacía.
A esa hora, en un hotel de Caracas, Jorge Rodríguez se sentaba frente a la delegación de Dinorah Figuera para empezar la tercera ronda. Y en Washington, el Tesoro lo sacaba de su lista de sancionados, sin explicar por qué.
En Panamá, el presidente que reconoce a Edmundo González y guarda las actas del 28 de julio en las bóvedas de su Banco Nacional le agradeció «al gobierno de Venezuela» los 51 expertos que mandó Delcy Rodríguez tras el terremoto.
Los premios y la cuenta
Cada uno de esos gestos se puede defender por separado. La ayuda en un terremoto no se rechaza. Las sanciones son herramientas, y quitarlas puede ser un incentivo. Una mesa necesita interlocutores sin grilletes.
Pero juntos dibujan algo que conviene nombrar: la transición venezolana está recibiendo sus premios antes de pagar su cuenta. Washington levanta sanciones nombre por nombre. Los gobiernos vecinos ensayan la palabra «gobierno». Y el Estado que los recibe no fue capaz de mandar a un funcionario a escuchar a doce familias que esperan desde hace 24 años.
No pido que no se negocie. Escribí ayer que lo que falta es una fecha, y lo sostengo. Lo que digo es que una transición se reconoce también por cómo trata a sus muertos. La del 11 de abril es una herida de todos: de los que marchaban hacia Miraflores y de los que defendían el puente. Un Estado que de verdad quiera ser «institucional y verificable», como dijo Delcy Rodríguez en Roma, empieza por presentarse.
Lo que nos toca
Desde Columbus, donde muchos llegamos con alguna de esas heridas, es fácil celebrar cada sanción que cae como una señal de que el país se mueve. Puede serlo. Pero el país también se mueve cuando el Estado responde, y el miércoles no respondió.
¿Qué falta, exactamente? Que la próxima vez que Washington quite un nombre de su lista, diga qué recibió a cambio. Que la mesa ponga a las víctimas, las del 11 de abril y las de todas las celdas, en su orden del día. Y que cuando la Corte Interamericana vuelva a llamar, Venezuela conteste.
Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: Runrunes y El Impulso (14 de octubre de 2026); aviso de la OFAC del 14 de octubre de 2026; EFE (14 de octubre de 2026); El Nacional (14 de octubre de 2026).
INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
La mesa reparte magistrados, Washington pide paciencia y el chavismo promete cuatro elecciones sin calendario. La única pregunta que mueve a la gente, cuándo se vota, sigue fuera del orden del día.
El miércoles 14 de octubre empieza la tercera ronda de la mesa de negociación. Su temario lo dio el Departamento de Estado: terminar de escoger el Tribunal Supremo. Lo demás, el Consejo Nacional Electoral, las garantías, las leyes que todavía permiten encarcelar por opinar, queda para «rondas posteriores». La fecha de las elecciones no figura ni siquiera en esa lista de después.
Entiendo el argumento. Sin un tribunal confiable, cualquier elección termina donde terminó la de 2024: con un árbitro que proclama y unas actas que nadie puede revisar. Primero el árbitro, después el partido. Es razonable.
Pero el orden también es una decisión política. Y lo que la mesa ha decidido hasta ahora es que el tiempo corre a favor de quien ya gobierna.
Tres relojes
Jorge Rodríguez anunció en septiembre «cuatro elecciones» y dejó las presidenciales de último. María Corina Machado propuso el 24 de julio de 2027 como fecha límite. Washington no dice nada, y cuando alguien de la oposición pone una fecha, se lo reprocha. Delcy Rodríguez, mientras tanto, adelanta la Navidad al 1 de noviembre y promete hambre cero para 2030. Hay calendario para los aguinaldos y para las metas de la FAO. Para votar, no.
Y hay quien propone esperar más. Roberto Smith sostiene que no hacen falta elecciones «hasta que se completen una cantidad de procesos»: sanear la Fuerza Armada, la policía, los tribunales y el árbitro. Orlando Viera-Blanco le respondió que «la democracia y la libertad plena no es una muñeca ni un Nintendo» (el debate, aquí). Smith tiene razón en que votar con el aparato intacto puede producir una salida aparente. Pero desmontar el aparato sin plazo es exactamente lo que el aparato quiere.
Esta semana pasaron dos cosas que muestran el costo de esperar. En Caracas, los médicos y los maestros que marcharon por un salario que no se mueve desde 2022 llegaron hasta la esquina de Salas. Y una exmagistrada que firmó la inhabilitación de Machado contó que lo hizo con sus hermanos presos. Lo primero dice que la paciencia de la gente tiene fondo. Lo segundo, que las reglas con las que se jugaría la próxima elección todavía son las del fraude.
Una fecha no es un capricho
Una fecha no garantiza una elección limpia. Pero sin fecha no hay manera de medir si la mesa avanza o solo administra. Un plazo obliga a ordenar las tareas al revés: si se vota en tal mes, el CNE tiene que estar listo en tal otro, el registro en el exterior abierto en tal otro, los inhabilitados rehabilitados antes. Sin ese plazo, cada ronda puede terminar con un avance verdadero y, aun así, sin acercar el día de votar.
Desde Columbus, donde vivimos tantos venezolanos que no hemos podido votar en años, lo sé bien: el registro en el exterior no se abre de un día para otro. Si las presidenciales van a ser en 2027, como pide Machado, o después, como insinúa Rodríguez, hay que empezar a preparar el voto de la diáspora ahora. Y nadie en la mesa lo ha planteado.
Lo que falta
¿Qué falta, exactamente? Que la cuarta ronda tenga en el orden del día una sola línea nueva: la fecha. No la del CNE ni la del Tribunal, que son medios. La de la elección, que es el fin. El sábado 17 de octubre, venezolanos en varias ciudades del mundo saldrán a pedirla. Ojalá la mesa los escuche antes de que la pregunta cambie de «cuándo» a «para qué».
Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: INCÍSOS, debate entre Roberto Smith y Orlando Viera-Blanco (13 de octubre de 2026); Departamento de Estado, comunicado del 9 de octubre de 2026; El Estímulo (26 de septiembre de 2026); Financial Times vía Reuters (9 de octubre de 2026); Infobae (9 y 10 de octubre de 2026); Versión Final (13 de octubre de 2026); NTN24 (7 de octubre de 2026).
Inciso
Los que cooperan
La cooperación es una herramienta legítima. Lo que preocupa es quién decide el precio.
INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
Saab se declaró culpable y habla. Pulido llega a Miami. Una fuente dice que Cabello coopera y que tiene destino en Catar. La justicia de Estados Unidos funciona con testigos que negocian. La pregunta es qué le queda a la justicia venezolana cuando el trato ya se hizo afuera.
Esta semana la justicia venezolana se está escribiendo en otro idioma.
Alex Saab se declaró culpable en Miami el 15 de septiembre y prometió cooperar. El martes 13 de octubre, su socio Álvaro Pulido llega a la misma corte, sacado de El Rodeo sin que un tribunal venezolano lo decidiera. Y el lunes 12, David Alandete publicó en ABC que, según una fuente cercana a la inteligencia estadounidense, Diosdado Cabello es el CC-1 de la acusación por torturas contra Maduro, coopera con Washington y podría terminar en Turquía o en Catar.
La última parte no está confirmada. Puede no serlo nunca. Pero la tendencia sí: los que más saben del chavismo están negociando lo que saben, y lo hacen con fiscales de Miami y Nueva York.
El precio del testimonio
No me escandaliza que se negocie. La cooperación de acusados es una herramienta legítima, y sin ella muchos casos de corrupción y crimen organizado nunca se habrían probado. Si Saab cuenta cómo se pagaron las cajas CLAP, los venezolanos sabremos algo que nos robaron dos veces: el dinero y la verdad.
Lo que me preocupa es quién decide el precio. En un acuerdo de cooperación, el fiscal pone en la balanza lo que el acusado ofrece contra lo que se le perdona. Esa balanza está pensada para el interés de Estados Unidos. Es su justicia, y está bien que la ejerza. Pero las víctimas de las torturas en el Helicoide, las familias que hicieron cola por una caja CLAP con comida vencida, no están en esa mesa.
Lo que nos toca
La semana pasada escribí sobre el tribunal que no tuvimos. Esta semana, en Caracas, la mesa de negociación vuelve a reunirse para escoger a quienes escogerán a los nuevos magistrados. Es lento, y hay que decirlo. Pero es lo único que puede devolverles a los venezolanos algo que ningún acuerdo en Miami les va a dar: un juicio propio, con sus víctimas presentes y con la verdad completa, no la parte que convenga a un trato.
Desde Columbus, donde vivimos tantos que salimos de allá, la tentación es celebrar cada entrega como una victoria. Lo es, en parte. Pero si la transición se acostumbra a resolver sus cuentas entregando acusados y cerrando acuerdos afuera, va a llegar el día en que el más culpable sea también el mejor informado. Y ese, con un buen abogado, elige dónde jubilarse.
Lo que falta
¿Qué falta, exactamente, para que la cooperación no sea impunidad con otro nombre? Que cada acuerdo que involucre a funcionarios venezolanos pase por un juez y se haga público cuando termine el caso. Que Venezuela abra sus propios expedientes, empezando por las CLAP. Y que nadie acusado de torturar obtenga, a cambio de lo que sepa, el derecho a no volver a responder ante los torturados.
Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: Declaración de culpabilidad de Alex Saab, Distrito Sur de Florida, 15 de septiembre de 2026; AP; David Alandete, ABC, 12 de octubre de 2026; acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro, Distrito Sur de Nueva York, 8 de octubre de 2026.
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