Política
Ayuda y deportación a la vez: el terremoto reabre la batalla por el TPS venezolano
Mientras Estados Unidos despliega una ayuda histórica en Venezuela, mantiene en marcha las deportaciones de venezolanos y el desmonte de su Estatus de Protección Temporal. El terremoto puso esa contradicción en el centro del debate migratorio, con legisladores de Florida y el Caucus Hispano reclamando un freno.
Pocas contradicciones resultan tan visibles como la que el terremoto de Venezuela dejó al descubierto en la política estadounidense: mientras Washington despliega una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria de su historia reciente hacia Venezuela, mantiene en marcha, en su propio territorio, las deportaciones de venezolanos y el desmonte del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a cientos de miles de ellos. La catástrofe convirtió esa tensión en un debate político abierto, con un argumento que sus impulsores consideran de sentido común: no se puede enviar rescatistas a un país al que, al mismo tiempo, se devuelve gente.
Ficha 6W
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Qué | El terremoto reactivó el reclamo para frenar deportaciones y extender el TPS a venezolanos. |
| Quién | Legisladores de Florida, el Caucus Hispano del Congreso y organizaciones del exilio. |
| Cuándo | En los días posteriores al terremoto del 24 de junio de 2026. |
| Dónde | En Washington y en las comunidades venezolanas de Estados Unidos. |
| Por qué | Deportar a un país en plena catástrofe se considera insostenible, pero la protección expira. |
| Cómo | Con cartas, peticiones legislativas y presión pública sobre la Casa Blanca. |
El reclamo
La voz más sonora provino del Caucus Hispano del Congreso, que en una carta dirigida al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio pidió un aumento de la ayuda para Venezuela y, en paralelo, una pausa en las deportaciones de venezolanos. El grupo lo planteó en términos directos: «es evidente que las expulsiones a un país en medio de una catástrofe activa son insostenibles». La carta citó incluso las estimaciones del Servicio Geológico de EE.UU. sobre las pérdidas económicas del desastre, para subrayar la magnitud de la crisis a la que esas personas serían devueltas.
A ese reclamo se sumó, desde la bancada republicana, la congresista por Florida María Elvira Salazar, una de las voces más activas en favor de los venezolanos en el Congreso. Salazar, que había firmado una petición para forzar una votación sobre la Ley de TPS para Venezuela, endureció además su postura frente al gobierno de la transición venezolana: lo acusó de obstruir la llegada de la ayuda. «Es criminal que Delcy Rodríguez y su régimen sigan bloqueando la entrada de equipos internacionales de rescate y ayuda humanitaria mientras hay venezolanos atrapados bajo los escombros», escribió. Su postura ilustra la complejidad del momento: critican tanto la respuesta del gobierno venezolano como la política migratoria de su propio país hacia los venezolanos.
Lo que está en juego
Para entender por qué el reclamo es urgente hay que mirar el calendario y los números. De los más de 600.000 venezolanos que han estado amparados por el TPS, unos 250.000 perdieron la protección en noviembre, y para otro grupo el beneficio vence el 2 de octubre de 2026. Es decir, el desmonte del programa no es una amenaza abstracta, sino un proceso en marcha con fechas concretas, que deja a cientos de miles de personas expuestas a la deportación en cuestión de meses.
El panorama legal, además, se complicó justo antes del terremoto. La Corte Suprema avaló, por seis votos contra tres, el fin del TPS para haitianos y sirios, y estableció que ese tipo de determinaciones no son revisables por los tribunales. Aunque ese fallo no se refiere directamente a los venezolanos, fija un criterio que debilita los recursos judiciales pendientes y reduce el margen de maniobra legal para frenar el desmonte de la protección. En la práctica, eso traslada casi toda la decisión al terreno político: depende de la voluntad del Ejecutivo y de la presión que el Congreso y la opinión pública puedan ejercer.
Las alternativas sobre la mesa
Ante ese cuadro, las organizaciones del exilio y algunos legisladores han planteado varias salidas. La más inmediata es una pausa en las deportaciones por razones humanitarias mientras dure la emergencia, un mecanismo que la propia lógica de la catástrofe parece respaldar. Otra alternativa que se ha mencionado es la figura de la Salida Obligatoria Diferida, que permitiría suspender las expulsiones por un período determinado sin necesidad de reactivar el TPS. Y en el plano legislativo, está el intento de sacar adelante una ley específica de TPS para Venezuela, aunque su futuro en el Congreso es incierto.
El argumento de fondo que comparten estas propuestas es de coherencia. Si EE.UU. reconoce —con su despliegue de ayuda, con sus cientos de millones de dólares comprometidos, con sus equipos de rescate— que Venezuela vive una catástrofe humanitaria, resulta difícil sostener al mismo tiempo que es un país seguro al cual devolver personas. Esa es la contradicción que el terremoto volvió imposible de ignorar.
Por qué esto importa a la comunidad hispana
Este debate no es lejano ni abstracto para la comunidad hispana en EE.UU.: la toca directamente. Los venezolanos son una de las comunidades de más rápido crecimiento en el país, con fuerte presencia en Florida, Texas y otros estados, y el TPS ha sido durante años el principal instrumento que les ha permitido trabajar y vivir legalmente. Cientos de miles de familias —con hijos nacidos en EE.UU., con empleos, con negocios, con vidas construidas— dependen de decisiones que se toman en Washington y cuyo desenlace sigue abierto.
Más allá del caso venezolano, el episodio ofrece una lección sobre cómo funciona la política migratoria estadounidense: las protecciones temporales son, precisamente, temporales, y su renovación depende de cálculos políticos que pueden cambiar con rapidez. Para millones de hispanos que viven bajo alguna forma de estatus condicionado, la batalla por el TPS venezolano es un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la estabilidad y la incertidumbre. El terremoto sacudió a Venezuela, pero sus réplicas políticas se sienten también en los hogares hispanos de EE.UU.
Ver también: cobertura completa del especial y las notas sobre el papel de EE.UU. en la ayuda humanitaria y la diáspora venezolana en Florida.
Nota: Esta nota analiza un debate político y migratorio en desarrollo a partir de información pública. No constituye asesoría legal. Las personas amparadas por el TPS u otros estatus deben consultar fuentes oficiales y asesoría jurídica acreditada sobre su situación particular, dado que las fechas y condiciones pueden cambiar.
Fuentes principales: Carta del Caucus Hispano del Congreso a la Casa Blanca; declaraciones de la congresista María Elvira Salazar en su cuenta de X y comunicados sobre la Ley de TPS para Venezuela; cobertura de Diario Las Américas, Semana y Telemundo sobre el TPS, las deportaciones y el fallo de la Corte Suprema (24 a 29 de junio de 2026).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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El contrato de PDVSA que hundió a un aliado de Rubio
Diez años de prisión, un contrato de 50 millones con PDVSA, un testigo llamado Marco Rubio y un pedido de indulto. Lo que deja la condena de David Rivera.
POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · VENEZUELA
El excongresista republicano David Rivera fue condenado a diez años de prisión por cabildear en secreto a favor del gobierno de Maduro. El contrato de 50 millones de dólares salió de una filial de PDVSA cuando Delcy Rodríguez era canciller. Hoy ella es la interlocutora de Washington, y Rivera pide un indulto.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Condena a diez años de prisión por lavado de dinero y por actuar como agente extranjero no registrado del gobierno venezolano. |
|---|---|
| Quién | David Rivera, excongresista republicano por Florida (2011-2013); la jueza federal Melissa Damian. |
| Cuándo | Sentencia del viernes 2 de octubre de 2026; veredicto de culpabilidad en mayo. |
| Dónde | Corte federal de Miami. |
| Por qué | Un contrato de 50 millones de dólares con una filial de PDVSA, en 2017, para influir en secreto en la política de Washington hacia Caracas. |
| Cómo | Con siete cargos; las penas se cumplirán de manera simultánea. |
La jueza federal Melissa Damian condenó el viernes 2 de octubre de 2026 en Miami a David Rivera, excongresista republicano por Florida, a diez años de prisión. Un jurado lo había declarado culpable en mayo de conspiración para lavar dinero, de no registrarse como agente extranjero y de otros cargos. La Fiscalía pedía entre 22 y 30 años; la defensa, ocho, alegando un diagnóstico de cáncer de próstata y sus hijos gemelos pequeños.
Contexto: un contrato de 50 millones
El caso nace de un contrato de tres meses por 50 millones de dólares firmado en 2017 entre la consultora de Rivera y PDV USA, filial estadounidense de PDVSA. Según la Fiscalía, Rivera y la consultora Esther Nuhfer usaron ese dinero para influir en secreto en la política de Washington hacia Caracas durante el primer mandato de Trump. Los fiscales sostuvieron que Rivera recibió unos 20 millones. Nuhfer fue condenada a cinco años.
Según informaron medios internacionales, Rivera habría convencido a la entonces canciller Delcy Rodríguez de adjudicarle el contrato. Rivera sostuvo que sus reuniones buscaban un cambio político en Venezuela, no sostener a Maduro.
Análisis: tres nombres que siguen en el tablero
El caso tiene tres nombres que hoy importan más que en 2017.
Marco Rubio. Amigo de Rivera desde que compartieron escaño en la Cámara de Florida, declaró en el juicio que no conocía el contrato. Hoy es el secretario de Estado que conduce la política hacia Venezuela.
Delcy Rodríguez. La canciller de entonces es la presidenta encargada de hoy y la interlocutora de Washington en la transición y en el acuerdo petrolero.
PDVSA. El dinero salió de la petrolera estatal. Esta semana, el Congreso estadounidense pide ver los contratos del nuevo acuerdo petrolero con NABEP, y el Senado advierte que puede afianzar a los aliados de Maduro.
La condena cierra un capítulo de cómo se compraba influencia en Washington. La pregunta es qué controles existen hoy para que no se repita con el nuevo dinero petrolero.
Criterio: tres pruebas
- El indulto. La defensa apelará y mantiene una solicitud de indulto presidencial presentada en junio. Si Trump la concede, será una señal política, no judicial.
- El caso de Washington. Rivera enfrenta otro proceso por cabildeo extranjero en la capital; sus avances pueden revelar más sobre los contactos de 2017.
- Los contratos de hoy. Si el Gobierno responde a las cartas de la Cámara y del Senado sobre NABEP antes del 14 de octubre.
Fuentes principales: El Diario, 2 de octubre de 2026; La Silla Rota, 2 de octubre de 2026; La Nación (AFP), 2 de octubre de 2026; Local 10, 2 de octubre de 2026; Correo del Caroní (Univision), 2 de octubre de 2026; Cubanos por el Mundo y Cuentas Claras Digital, 2 y 3 de octubre de 2026; Asere, 3 de octubre de 2026.
Política
X y el activismo venezolano
Activismo no es linchamiento, opinión no es sentencia y discrepancia no es traición. Kent Montes de Oca sobre el activismo venezolano en redes.
FIRMAS · KENT MONTES DE OCA
Quienes hacen activismo en redes también tienen una responsabilidad: no confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición. Reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación.
Entiendo que X puede ser una red social tóxica. Todos los días tenemos una buena dosis de insultos, descalificaciones, cacerías de brujas, condenas sumarias y una especie de tribunal moral donde cualquiera puede convertirse en juez, fiscal y verdugo en menos de 280 caracteres.
Pero quienes hacemos activismo, quienes intentamos informar, investigar, contrastar y difundir lo que creemos que puede ayudar a entender lo que ocurre en Venezuela, tenemos también una responsabilidad.
No podemos confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición.
Hay venezolanos dentro y fuera del país que viven situaciones que no pueden controlar. Personas sometidas a incertidumbre, ansiedad, impotencia, miedo y frustración. Y sí, esas emociones también terminan expresándose en redes.
Eso no significa que todo comentario sea acertado. Significa que quizá deberíamos pensar un poco más antes de convertir cada equivocación, cada opinión o cada diferencia de criterio en una condena pública.
La pregunta que deberíamos hacernos es sencilla: ¿qué papel estamos desempeñando aquí?
¿Estamos ayudando a comprender lo que ocurre o simplemente convirtiéndonos en amplificadores de cualquier comentario que confirme lo que ya pensamos? ¿Estamos aportando información, contexto y análisis, o nos estamos convirtiendo en comentaristas profesionales del «antitodavaina»?
Porque reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación. Va a exigir criterio, capacidad de análisis, información, responsabilidad, tolerancia a la discrepancia y, sobre todo, capacidad para discernir.
Si realmente queremos reconstruir la institucionalidad y caminar hacia una democracia sólida, tendremos que empezar a practicar desde ahora algunos de los valores que esperamos encontrar en esa Venezuela.
La democracia no puede consistir únicamente en que finalmente pensemos todos igual. También tiene que significar que podamos pensar distinto, discutir, equivocarnos, rectificar y seguir siendo parte de la misma sociedad.
Quizá el verdadero reto en redes no sea ganar cada discusión. Quizá sea aprender a distinguir entre aquello que merece ser denunciado, aquello que merece ser debatido y aquello que simplemente deberíamos dejar pasar.
Porque Venezuela necesita ciudadanos informados y críticos.
No otra multitud de jueces con conexión a internet.
Madrid, octubre de 2026.
Kent Montes de Oca es comunicacionólogo y analista. Escribe desde Madrid. En X es @Critiquero, donde se define con una frase: «Más criterio que crítica».
Fuentes principales: .
Política
Como baremo, algo es mejor que nada
Un summa cum laude vale un punto; un nombramiento como árbitro internacional, cuatro. La crítica de Bellorín al baremo propuesto para el TSJ.
FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN
La propuesta de Acceso a la Justicia para evaluar a los aspirantes al TSJ premia más el contacto con el entorno que el mérito real. Aun así, es mejor que nada, y debe tomarse como punto de partida.
Leyendo por encimita el proyecto de baremo para los postulados al TSJ propuesto por la organización Acceso a la Justicia, se evidencia algún desequilibrio en la valoración objetiva del verdadero mérito diferenciador.
Esta crítica tiene la intención de ayudar a la corrección, que ya comencé a realizar. Sin embargo, leer este proyecto de instrumento me permite especular que quien lo diseñó tomó como modelo un perfil determinado. Eso es común en estos casos.
Es notorio que premia más el contacto con órganos del entorno que el mérito real que emana de la aptitud académica, profesional y personal del evaluado. Por ejemplo, a un egresado summa cum laude solo le otorga un solitario punto; en cambio, a una persona nombrada, por cualquier razón, en la función temporal de árbitro internacional de cualquier cosa (privilegio del contacto) le concede cuatro puntos. Sabemos que hay quienes han hecho de esta práctica toda una carrera y que, para este momento, deben tener acumulado un sinfín de esos nombramientos. Sabemos también que nunca han sido producto de concursos transparentes, y eso le resta credibilidad al mérito.
Otro ejemplo sencillo de comparación: a un docente con 30 años de clases en un aula de enseñanza jurídica se le permite acumular un máximo de ocho puntos, mientras que una publicación en una revista académica, sujeta también a contactos, otorga de un solo golpe cinco puntos. Me imagino que el modelo en cuestión debe tener acumuladas varias de esas publicaciones indexadas y, por supuesto, una gran ventaja. Eso no es justo.
Hay mucho desequilibrio. Aunque al inicio el instrumento se refiere a las tres fuentes del numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, en forma general evade la verdadera aptitud y resalta un evidente privilegio a la actitud hacia el entorno del poder, que es el que ha permitido, y aún permite, algunos de esos méritos.
Aunque insisto: es mejor esto que nada, y debemos tomar este proyecto como un inicio que esperamos se concrete en algo mejor.
Vuelvo a indicar que, sin un baremo estricto y transparente, publicado antes de la convocatoria a las postulaciones, ningún profesional del derecho con verdadero talento e irreprochable probidad se atreverá a ser tonto útil.
Caracas, 2 de octubre de 2026.
Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Nota de la redacción: Acceso a la Justicia presentó su propuesta de baremo el 25 de septiembre de 2026. INCÍSOS publicó su propio ejercicio en el especial El baremo, la regla que falta.
Fuentes principales: Acceso a la Justicia, propuesta de baremo para la selección de magistrados del TSJ, 25 de septiembre de 2026.
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