POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · VENEZUELA

El excongresista republicano David Rivera fue condenado a diez años de prisión por cabildear en secreto a favor del gobierno de Maduro. El contrato de 50 millones de dólares salió de una filial de PDVSA cuando Delcy Rodríguez era canciller. Hoy ella es la interlocutora de Washington, y Rivera pide un indulto.

La jueza federal Melissa Damian condenó el viernes 2 de octubre de 2026 en Miami a David Rivera, excongresista republicano por Florida, a diez años de prisión. Un jurado lo había declarado culpable en mayo de conspiración para lavar dinero, de no registrarse como agente extranjero y de otros cargos. La Fiscalía pedía entre 22 y 30 años; la defensa, ocho, alegando un diagnóstico de cáncer de próstata y sus hijos gemelos pequeños.

Contexto: un contrato de 50 millones

El caso nace de un contrato de tres meses por 50 millones de dólares firmado en 2017 entre la consultora de Rivera y PDV USA, filial estadounidense de PDVSA. Según la Fiscalía, Rivera y la consultora Esther Nuhfer usaron ese dinero para influir en secreto en la política de Washington hacia Caracas durante el primer mandato de Trump. Los fiscales sostuvieron que Rivera recibió unos 20 millones. Nuhfer fue condenada a cinco años.

Según informaron medios internacionales, Rivera habría convencido a la entonces canciller Delcy Rodríguez de adjudicarle el contrato. Rivera sostuvo que sus reuniones buscaban un cambio político en Venezuela, no sostener a Maduro.

Análisis: tres nombres que siguen en el tablero

El caso tiene tres nombres que hoy importan más que en 2017.

Marco Rubio. Amigo de Rivera desde que compartieron escaño en la Cámara de Florida, declaró en el juicio que no conocía el contrato. Hoy es el secretario de Estado que conduce la política hacia Venezuela.

Delcy Rodríguez. La canciller de entonces es la presidenta encargada de hoy y la interlocutora de Washington en la transición y en el acuerdo petrolero.

PDVSA. El dinero salió de la petrolera estatal. Esta semana, el Congreso estadounidense pide ver los contratos del nuevo acuerdo petrolero con NABEP, y el Senado advierte que puede afianzar a los aliados de Maduro.

La condena cierra un capítulo de cómo se compraba influencia en Washington. La pregunta es qué controles existen hoy para que no se repita con el nuevo dinero petrolero.

Criterio: tres pruebas

1. El indulto. La defensa apelará y mantiene una solicitud de indulto presidencial presentada en junio. Si Trump la concede, será una señal política, no judicial.
2. El caso de Washington. Rivera enfrenta otro proceso por cabildeo extranjero en la capital; sus avances pueden revelar más sobre los contactos de 2017.
3. Los contratos de hoy. Si el Gobierno responde a las cartas de la Cámara y del Senado sobre NABEP antes del 14 de octubre.

Fuentes principales: El Diario, 2 de octubre de 2026; La Silla Rota, 2 de octubre de 2026; La Nación (AFP), 2 de octubre de 2026; Local 10, 2 de octubre de 2026; Correo del Caroní (Univision), 2 de octubre de 2026; Cubanos por el Mundo y Cuentas Claras Digital, 2 y 3 de octubre de 2026; Asere, 3 de octubre de 2026.

FIRMAS · KENT MONTES DE OCA

Quienes hacen activismo en redes también tienen una responsabilidad: no confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición. Reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación.

Entiendo que X puede ser una red social tóxica. Todos los días tenemos una buena dosis de insultos, descalificaciones, cacerías de brujas, condenas sumarias y una especie de tribunal moral donde cualquiera puede convertirse en juez, fiscal y verdugo en menos de 280 caracteres.

Pero quienes hacemos activismo, quienes intentamos informar, investigar, contrastar y difundir lo que creemos que puede ayudar a entender lo que ocurre en Venezuela, tenemos también una responsabilidad.

No podemos confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición.

Hay venezolanos dentro y fuera del país que viven situaciones que no pueden controlar. Personas sometidas a incertidumbre, ansiedad, impotencia, miedo y frustración. Y sí, esas emociones también terminan expresándose en redes.

Eso no significa que todo comentario sea acertado. Significa que quizá deberíamos pensar un poco más antes de convertir cada equivocación, cada opinión o cada diferencia de criterio en una condena pública.

La pregunta que deberíamos hacernos es sencilla: ¿qué papel estamos desempeñando aquí?

¿Estamos ayudando a comprender lo que ocurre o simplemente convirtiéndonos en amplificadores de cualquier comentario que confirme lo que ya pensamos? ¿Estamos aportando información, contexto y análisis, o nos estamos convirtiendo en comentaristas profesionales del «antitodavaina»?

Porque reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación. Va a exigir criterio, capacidad de análisis, información, responsabilidad, tolerancia a la discrepancia y, sobre todo, capacidad para discernir.

Si realmente queremos reconstruir la institucionalidad y caminar hacia una democracia sólida, tendremos que empezar a practicar desde ahora algunos de los valores que esperamos encontrar en esa Venezuela.

La democracia no puede consistir únicamente en que finalmente pensemos todos igual. También tiene que significar que podamos pensar distinto, discutir, equivocarnos, rectificar y seguir siendo parte de la misma sociedad.

Quizá el verdadero reto en redes no sea ganar cada discusión. Quizá sea aprender a distinguir entre aquello que merece ser denunciado, aquello que merece ser debatido y aquello que simplemente deberíamos dejar pasar.

Porque Venezuela necesita ciudadanos informados y críticos.

No otra multitud de jueces con conexión a internet.

Madrid, octubre de 2026.

Kent Montes de Oca es comunicacionólogo y analista. Escribe desde Madrid. En X es @Critiquero, donde se define con una frase: «Más criterio que crítica».

Fuentes principales: .

FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN

La propuesta de Acceso a la Justicia para evaluar a los aspirantes al TSJ premia más el contacto con el entorno que el mérito real. Aun así, es mejor que nada, y debe tomarse como punto de partida.

Leyendo por encimita el proyecto de baremo para los postulados al TSJ propuesto por la organización Acceso a la Justicia, se evidencia algún desequilibrio en la valoración objetiva del verdadero mérito diferenciador.

Esta crítica tiene la intención de ayudar a la corrección, que ya comencé a realizar. Sin embargo, leer este proyecto de instrumento me permite especular que quien lo diseñó tomó como modelo un perfil determinado. Eso es común en estos casos.

Es notorio que premia más el contacto con órganos del entorno que el mérito real que emana de la aptitud académica, profesional y personal del evaluado. Por ejemplo, a un egresado summa cum laude solo le otorga un solitario punto; en cambio, a una persona nombrada, por cualquier razón, en la función temporal de árbitro internacional de cualquier cosa (privilegio del contacto) le concede cuatro puntos. Sabemos que hay quienes han hecho de esta práctica toda una carrera y que, para este momento, deben tener acumulado un sinfín de esos nombramientos. Sabemos también que nunca han sido producto de concursos transparentes, y eso le resta credibilidad al mérito.

Otro ejemplo sencillo de comparación: a un docente con 30 años de clases en un aula de enseñanza jurídica se le permite acumular un máximo de ocho puntos, mientras que una publicación en una revista académica, sujeta también a contactos, otorga de un solo golpe cinco puntos. Me imagino que el modelo en cuestión debe tener acumuladas varias de esas publicaciones indexadas y, por supuesto, una gran ventaja. Eso no es justo.

Hay mucho desequilibrio. Aunque al inicio el instrumento se refiere a las tres fuentes del numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, en forma general evade la verdadera aptitud y resalta un evidente privilegio a la actitud hacia el entorno del poder, que es el que ha permitido, y aún permite, algunos de esos méritos.

Aunque insisto: es mejor esto que nada, y debemos tomar este proyecto como un inicio que esperamos se concrete en algo mejor.

Vuelvo a indicar que, sin un baremo estricto y transparente, publicado antes de la convocatoria a las postulaciones, ningún profesional del derecho con verdadero talento e irreprochable probidad se atreverá a ser tonto útil.

Caracas, 2 de octubre de 2026.

Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.

Nota de la redacción: Acceso a la Justicia presentó su propuesta de baremo el 25 de septiembre de 2026. INCÍSOS publicó su propio ejercicio en el especial El baremo, la regla que falta.

Fuentes principales: Acceso a la Justicia, propuesta de baremo para la selección de magistrados del TSJ, 25 de septiembre de 2026.