Hay una fiebre recorriendo a Venezuela, y se cura con tinta. Cada semana trae una firma nueva. Un memorando con una transnacional eléctrica. Un acuerdo de interconexión con un vecino. Un convenio petrolero, otro gasífero. Las cámaras se encienden, los funcionarios sonríen, alguien pronuncia la palabra «histórico», y al día siguiente el ritual se repite con otros nombres. La firma se ha vuelto el género literario favorito de la transición.

No estoy en contra de los acuerdos. Venezuela necesita, con urgencia, que la luz vuelva, que la economía respire, que el país se reconecte con el mundo. Lo que me detiene es otra cosa: la facilidad con que confundimos el anuncio con el resultado, la rúbrica con la obra, la intención con el hecho. Un memorando de entendimiento no es una represa terminada. Es una promesa. Y este es un país que sabe demasiado de promesas.

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Lo sabe porque ya las vivió. Entre 1999 y 2016, según quienes lo investigaron, Venezuela erogó cerca de 37.600 millones de dólares en su sistema eléctrico. Treinta y siete mil millones. Y, sin embargo, el país terminó a oscuras. Tocoma, la represa que iba a encender medio territorio, pasó de costar tres mil millones a más de diez mil, y nunca se terminó a tiempo. Las turbinas llegaron desarmadas o no llegaron. Las plantas se compraron y no funcionaron. Cada uno de aquellos desastres empezó, también, con una firma y una sonrisa.

Por eso hay una pregunta que el entusiasmo de estos días prefiere no escuchar, y que conviene hacer en voz alta: ¿dónde está la ley en todo esto? La Constitución venezolana no es ambigua. Los contratos de interés público con empresas extranjeras requieren el aval de la Asamblea Nacional. Es un control de soberanía, una manera de decir que los compromisos que hipotecan a varias generaciones no los firma un funcionario en soledad, sino la representación de la nación. Y ese control, hoy, no se está aplicando. Una reforma de enero lo convirtió en simple notificación. Donde antes había aprobación, ahora hay aviso.

La diferencia no es de abogados. Es de fondo. Cuando se firma sin el aval que la ley ordena, no solo se debilita la validez de lo firmado: se repite el patrón que llevó al país a la ruina. Porque la corrupción eléctrica de hace una década no ocurrió a pesar del control, sino precisamente por su ausencia: la «emergencia» que permitía comprar sin licitación, los contratos sin concurso, la opacidad como método. Quitar de nuevo los controles, aunque sea en nombre de la recuperación, es despejar el mismo camino.

Me dirán que es otro tiempo, que ahora las empresas son serias, que la cooperación con Washington garantiza lo que antes faltaba. Puede ser. Ojalá sea. Pero la seriedad de una empresa no sustituye a la ley de un país, y la garantía de un aliado extranjero no es lo mismo que el control de los propios ciudadanos sobre su propio patrimonio. La historia enseña que las garantías que vienen de afuera duran lo que dura la conveniencia de quien las da.

No escribo esto desde el pesimismo. Escribo desde la memoria, que es otra cosa. La memoria no niega la esperanza: la protege. Quiero que Venezuela recupere su luz tanto como cualquiera. Justamente por eso quiero que la recupere bien: con la ley por delante, con las cuentas claras, con el aval de quienes deben darlo. Una recuperación construida sobre los mismos atajos que causaron el derrumbe no será recuperación; será la antesala del próximo derrumbe.

La fiebre de las firmas pasará, como pasan las fiebres. Lo que quedará es lo que se haya construido de verdad. Y construir de verdad, en un país que ya vio evaporarse decenas de miles de millones, exige algo más que tinta y sonrisas. Exige que alguien, antes de aplaudir la rúbrica, se atreva a preguntar lo de siempre: ¿quién aprobó esto?, ¿bajo qué reglas?, ¿quién responde si falla? Hacer esas preguntas no es enturbiar la fiesta. Es lo único que puede evitar que la fiesta termine, una vez más, a oscuras.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Por Alfredo Yánez Mondragón

Conviene detenerse en esa palabra, porque no es casual. «Invitados» no es lo mismo que «intervinieron». Una intervención puede denunciarse, condenarse, llevarse a un organismo internacional. Una invitación, no: una invitación se agradece. Al elegir ese verbo, Washington no describió un hecho; construyó un marco. Y en ese marco, el que abre la puerta de su casa para que un ejército extranjero entre a matar no es una víctima de la fuerza ajena, sino un anfitrión.

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No discuto aquí si el Niño Guerrero merecía su suerte. Era el jefe de una organización que sembró terror, secuestro y muerte en media región, y pocos lo llorarán. La pregunta que me ocupa es otra, y es anterior a la biografía del muerto: ¿qué significa que un gobierno —el que sea— invite a una potencia a ejecutar a alguien en su propio territorio, en lugar de capturarlo y juzgarlo con sus propias leyes? Cuando se trató de Maduro, hubo captura y traslado. Cuando se trató del Niño Guerrero, hubo un misil. La diferencia entre esas dos respuestas no es técnica. Es la diferencia entre un Estado que ejerce justicia y un Estado que cede el monopolio de la fuerza a otro.

Porque eso es lo que se confiesa con la palabra «invitados»: que la decisión de quién vive y quién muere en suelo venezolano ya no se toma del todo en Caracas. Se toma en coordinación, en asociación, en esa «gran relación» que el secretario celebró con tanto entusiasmo. Y aquí está lo que me inquieta de fondo. Durante años, los venezolanos soñamos con el fin de un régimen que había entregado pedazos del país a otras potencias. El sueño no era cambiar de tutor. Era no tener ninguno.

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El mismo funcionario que habló de la invitación dijo otra cosa que conviene no perder de vista: que lo de Venezuela es apenas el comienzo, que vendrán operaciones parecidas en Ecuador, en Guatemala, donde haga falta. Y comparó todo el asunto con la manera en que su país persiguió a Al Qaeda y al Estado Islámico. La comparación es la pieza que faltaba. Trasladar al hemisferio la lógica de la guerra contra el terror significa importar también sus costos: la ejecución sin juicio convertida en rutina, la soberanía convertida en un trámite, la infraestructura de vigilancia que entra para una operación y se queda para siempre.

Sé que esta lectura incomoda a quienes celebran, con razones, que por fin alguien actúe contra las mafias que destruyeron Venezuela. Los entiendo. Yo también quiero que esas estructuras desaparezcan. Pero hay una distancia enorme entre querer el fin del crimen y aceptar que el precio sea renunciar a decidir en casa. Esa distancia es, precisamente, la que una palabra como «invitados» pretende borrar. Nos quiere convencer de que ceder soberanía es un gesto de hospitalidad.

No lo es. Y el periodismo que merece este momento no es el que aplaude ni el que condena por reflejo, sino el que se niega a dejar pasar la palabra sin examinarla. Porque las épocas, ya lo dije, se ordenan con palabras. Y cuando una se instala sin que nadie la discuta, termina pareciendo natural lo que no debería serlo.

Lo que se está normalizando, detrás de la palabra «invitados», es un tutelaje que ya ni siquiera se molesta en disimularse. Se anuncia en horario estelar, se celebra en redes, se agradece en comunicados. Y mi oficio, el de todos los que hacemos este trabajo, consiste en lo más incómodo y lo más necesario: recordar que lo que se dice con naturalidad no es, por eso, natural. Que una casa de la que otro decide quién entra a matar deja de ser, en algún sentido, una casa propia.

Ojalá me equivoque. Ojalá esto sea, como dicen, una etapa de transición hacia una Venezuela que vuelva a decidir sola su destino. Pero las transiciones se vigilan, no se aplauden a ciegas. Y por ahora, la palabra del domingo no fue «soberanía». Fue «invitados». Conviene no acostumbrarse.

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La operación combinada que abatió al Niño Guerrero cruzó una línea que conviene nombrar antes de que la costumbre la borre.

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Por Alfredo Yánez Mondragón · INCÍSOS · 14 de junio de 2026

Hay imágenes que se celebran tan rápido que no se piensan. El video de la casa de techo verde estallando en una selva del estado Bolívar es una de ellas. Lo vi circular el viernes por la noche con la misma velocidad y el mismo entusiasmo con que circulan los goles del Mundial, y entendí que el momento merecía algo más que un aplauso reflejo. Merecía una pregunta.

El Niño Guerrero era un criminal. No hay matices que hacer ahí, ni lágrimas que derramar. El hombre que convirtió una cárcel en cuartel general y que proyectó su violencia sobre las rutas de nuestra diáspora representaba lo peor de lo que el chavismo dejó pudrirse en Venezuela. Que su organización quede sin cabeza es, en sí mismo, una buena noticia. Empiezo por ahí para que no haya confusión sobre lo que viene.

Porque lo que viene es la pregunta incómoda. No sobre el muerto, sino sobre el método. Por primera vez desde la captura de Maduro, fuerzas de los Estados Unidos y fuerzas venezolanas operaron juntas, con misiles y agencias de inteligencia, dentro de nuestras fronteras. El secretario de Defensa estadounidense lo había anticipado días antes con una palabra que se me quedó atravesada: dijo que ahora tienen «un socio» en Venezuela. Socio. Como si esto fuera una empresa y no un país.

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En enero, cuando una operación extranjera capturó a Maduro en Caracas, muchos lo celebramos, y yo entre ellos, porque era el desenlace de una tiranía que no tenía salida interna. Aquello fue un rescate. Lo escribí entonces y lo sostengo. Pero un rescate es un acto excepcional, de una sola vez, que termina cuando el secuestrado queda libre. Lo de Bolívar es otra cosa. Es la segunda vez. Y la segunda vez ya no es excepción: es patrón.

Ahí está la línea que cruzamos sin que nadie lo dijera en voz alta. Se pasó de la tutela que condiciona —licencias, reformas, un plan de fases— a la tutela que opera. De decirle a Venezuela qué leyes aprobar a ejecutar misiones armadas en su territorio. Son dos cosas distintas, y la distancia entre ambas se mide en soberanía.

Me dirán, con razón, que la institucionalidad venezolana está tan destruida que el país no puede solo con sus monstruos. Es verdad. Veinticinco años de chavismo desmantelaron el Estado hasta dejarlo incapaz de perseguir a sus propios criminales sin ayuda ajena. Esa es la herida de fondo, y conviene no olvidarla cuando llega la tentación del orgullo herido. Un país que necesita que otro le limpie la casa es un país que primero permitió que se la ensuciaran.

Pero reconocer la herida no obliga a callar sobre la cura. Una ayuda externa puede ser un puente hacia la recuperación de la soberanía o un camino que la disuelve. La diferencia no está en el gesto, sino en sus condiciones: si tiene fecha de término, si está sujeta a un horizonte democrático, si la decide un gobierno con legitimidad propia o uno que llegó tutelado y se sostiene tutelado. Sin esas anclas, la cooperación de hoy se vuelve la dependencia de mañana, y la palabra «socio» termina nombrando algo que se parece demasiado a un protectorado.

Lo que más me inquieta no es el misil. Es la naturalidad. Es la facilidad con que una operación armada extranjera en suelo venezolano se procesó como una buena noticia más, entre un partido y otro, sin que la pregunta sobre quién manda en Venezuela rozara siquiera la conversación. La costumbre es el mayor disolvente de la soberanía. Lo que hoy asombra, mañana se asume; y lo que se asume, pasado mañana se hereda.

No tengo la respuesta fácil, y desconfío de quien la tenga. No estoy pidiendo que Venezuela rechace toda ayuda y se quede sola con sus criminales y sus ruinas; eso sería una necedad con costo humano. Estoy pidiendo, apenas, que no celebremos sin pensar. Que cada paso de esta cooperación venga acompañado de la pregunta que la euforia tiende a tapar: ¿esto nos acerca a una Venezuela que se gobierne a sí misma, o nos acostumbra a que otros la gobiernen por nosotros?

El Niño Guerrero cayó en Bolívar, y está bien que haya caído. Pero la soberanía de un país no se mide por la calidad de sus aliados, sino por su capacidad de no necesitarlos para existir. Esa capacidad, hoy, Venezuela no la tiene. Recuperarla —y no cambiarla por una tutela más cómoda— debería ser el norte de cualquiera que diga querer un país libre. Lo demás, por más que estalle bonito en un video, es posponer la pregunta.

Inciso firmado. Las columnas del editor expresan la posición editorial de INCÍSOS.