Hay una pregunta que conviene hacerse sin miedo a la respuesta. Después de veintisiete años de deterioro sostenido —de instituciones tomadas, de leyes torcidas, de un Estado convertido en botín—, ¿por qué todavía hablamos de democracia? ¿Por qué seguimos diciendo república, estado de derecho, separación de poderes, como si esas palabras aún tuvieran dueño? La explicación fácil es la resiliencia, esa palabra cómoda que todo lo aguanta. Pero la resiliencia explica que algo sobreviva al golpe; no explica que algo se mantenga vivo y, además, siga creciendo por dentro. Y eso es lo que ocurrió.

Lo que mantuvo en pie la idea republicana no fue una institución del Estado, porque casi todas fueron capturadas. Fue otra cosa, más honda y más difícil de destruir: una institucionalidad civil que no vive en un edificio ni en una gaceta oficial, sino en la casa y en la escuela. La crianza que enseña que el mérito importa. El maestro que insiste en que las cosas tienen un orden. La conversación de sobremesa donde un país discute lo que le pasa. Esa institucionalidad no tiene presupuesto ni sello húmedo, pero resultó ser la más resistente de todas, porque no se puede allanar lo que la gente lleva adentro.

Esta misma edición lo muestra a pequeña escala, casi sin proponérselo. Un coronel que durante tres décadas le hace juicio constitucional al poder, expediente en mano. Unos estudiantes que se concentran frente a su rectorado no para pedir que suspendan unas elecciones, sino para exigir que se hagan. Una generación de periodistas que, cuando los grandes medios cambiaron de dueño o desaparecieron, levantaron otros desde una tableta y una cuenta de redes. Fiscales que documentaron lo indocumentable. Militares que se negaron a confundir la obediencia con la complicidad. Cada uno desde su trinchera, su oficio y su alcance. Ninguno esperó permiso.

No son excepciones heroicas. Son la regla que se hizo invisible de tanto repetirse.

Y aquí está el punto que me importa subrayar, porque suele malentenderse. Lo que estas personas encarnan no es un cambio operativo, el reemplazo de una ideología por otra, como quien cambia una bandera por otra en el mismo mástil. Es algo previo a la ideología: una manera de ser, de entender el mundo y de caracterizar lo justo, que el venezolano fue heredando y puliendo mucho antes de que llegara el régimen que la quiso borrar. Por eso no la borró. Se puede confiscar un canal de televisión; no se puede confiscar la noción de que las cosas se ganan, de que la verdad se cuenta, de que al poder se le pide cuentas. Esa noción viaja en las personas, no en los cargos.

Conviene ser honestos también con lo incómodo. No salimos solos de la barbarie; hizo falta el auxilio de terceros, porque por nuestras propias fuerzas no pudimos, y reconocerlo no nos hace menos sino más maduros. Pero ese auxilio resolvió un episodio, no escribió un destino. Quien escribirá lo que venga después es esa institucionalidad de casa y de escuela, la que nunca se rindió del todo. La fuerza ajena abrió la puerta; cruzarla y construir del otro lado es tarea que nadie puede hacer por nosotros.

Por eso miro esta edición —y la semana que la antecede, en la que hablamos tanto de institucionalidad— con una mezcla de gravedad y esperanza. Gravedad porque el daño de veintisiete años es real y tardaremos en repararlo. Esperanza porque lo que se necesita para repararlo no hay que inventarlo: ya está aquí, disperso en miles de venezolanos que durante el peor tiempo hicieron, cada uno a su modo, lo correcto. La democracia venezolana no sobrevivió en sus instituciones formales. Sobrevivió en su gente. Y un país que conserva eso —la materia prima de la decencia cívica— tiene, una vez fuera de la barbarie, todo lo que hace falta para avanzar por buena senda.