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Especiales

Venezuela tiene cinco poderes, no tres

El diseño constitucional de 1999 creó dos poderes adicionales. El resultado fue más control, no más equilibrio.

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· Especial · Institucionalidad Democrática · Pieza 3 de 9

Especial · Institucionalidad
§ 02 La institucionalidad en Venezuela
Análisis · Mapa institucional

Venezuela tiene cinco poderes, no tres

La Constitución de 1999 multiplicó los contrapesos en el papel. Creó dos poderes nuevos para vigilar al Estado, y terminó por subordinarlos todos al mismo Ejecutivo. El mapa de lo que debía controlar al poder.

Análisis
Lectura · 7 min
5 de junio de 2026

Las 6W · La brújula de la pieza
Qué
La arquitectura de cinco poderes públicos que diseñó la Constitución de 1999 y el lugar de la Fuerza Armada.
Quién
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; la FANB como institución armada del Estado.
Cuándo
El diseño data del 15 de diciembre de 1999; su captura se consolidó en las dos décadas siguientes.
Dónde
El Título IV y el Título VII de la Constitución vigente definen los poderes y la Fuerza Armada.
Por qué
Saber qué función tiene cada poder es la única forma de medir cuánto se desvió de su diseño original.
Cómo
La Asamblea Nacional designa tres de los cinco poderes; quien controla esa mayoría los controla todos.

La mayoría de las repúblicas del mundo divide el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Es la fórmula clásica de Montesquieu, pensada para que ninguna rama domine a las otras. Venezuela hizo algo distinto. La Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 estableció cinco poderes públicos nacionales, no tres. A los clásicos sumó dos inéditos: el Poder Ciudadano y el Poder Electoral.

El gesto, sobre el papel, era ambicioso. Más poderes significan más contrapesos, más ojos vigilando al Estado, más muros entre el gobernante y la tentación de mandar sin límite. Un país que crea un poder entero dedicado a fiscalizar la ética pública y otro dedicado a garantizar elecciones limpias está, en teoría, blindándose contra el abuso. La paradoja venezolana es que ese mismo diseño, que multiplicó los guardianes, terminó por entregárselos todos al vigilado.

El Poder Público Nacional · Artículo 136
Los cinco poderes de la Constitución de 1999
1
Poder Ejecutivo
Presidente, Vicepresidente Ejecutivo y ministros

Voto directo

2
Poder Legislativo
Asamblea Nacional, unicameral

Voto directo

3
Poder Judicial
Tribunal Supremo de Justicia y tribunales

Designa la AN

4
Poder Ciudadano
Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo

Designa la AN

5
Poder Electoral
Consejo Nacional Electoral

Designa la AN

Solo dos de los cinco poderes nacen del voto directo de los ciudadanos. Los otros tres —Judicial, Ciudadano y Electoral— son designados por la Asamblea Nacional. Quien controla la mayoría parlamentaria controla, en cascada, tres poderes que deberían vigilarlo.

Los tres clásicos

El Poder Ejecutivo lo encabeza el presidente, jefe de Estado y de gobierno, asistido por un vicepresidente ejecutivo de su libre designación y por los ministros. Es la rama del mando, la que administra el Estado día a día. El Poder Legislativo reside en la Asamblea Nacional, unicameral —Venezuela eliminó el Senado en 1999—, encargada de hacer las leyes. Ejecutivo y Legislativo comparten un rasgo decisivo: son los únicos dos poderes cuyos titulares elige el pueblo por voto directo.

El Poder Judicial tiene su cúspide en el Tribunal Supremo de Justicia, al que la Constitución reconoce autonomía funcional, financiera y administrativa, y que encabeza el sistema de tribunales del país. En el papel, es el árbitro último de los conflictos, incluido el que enfrenta a un ciudadano con el Estado, o al Estado consigo mismo.

Los dos poderes nuevos

Aquí está la innovación de 1999, y su trampa. El Poder Ciudadano se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, integrado por tres figuras: el Fiscal General de la República, el Contralor General y el Defensor del Pueblo. Su misión es vigilar la ética pública, perseguir el delito, controlar el gasto del Estado y defender los derechos de los ciudadanos frente al poder. Es, literalmente, un poder diseñado para ser la conciencia fiscalizadora del Estado.

El Poder Electoral lo ejerce el Consejo Nacional Electoral, árbitro de todos los comicios. Su independencia es la condición misma de que un voto signifique algo: si quien cuenta los votos responde a uno de los competidores, la elección deja de ser elección.

Pero los titulares de estos dos poderes nuevos —junto con los magistrados del TSJ— no los elige el pueblo. Los designa la Asamblea Nacional. Y ahí se cierra el círculo: cuando una sola fuerza política conquista una mayoría parlamentaria amplia, no gana un poder. Gana la llave para nombrar tres. El fiscal que debería investigar al gobierno, el árbitro que debería garantizar elecciones limpias y el tribunal que debería juzgar al presidente pasan a deber su cargo a la misma maquinaria que controla el Ejecutivo. Los contrapesos se vuelven correas de transmisión.

Más poderes no significaron más control.
Significaron más cargos para repartir.

La Fuerza Armada: la institución que no debía deliberar

Hay una institución del Estado que no figura entre los cinco poderes y que, sin embargo, ha sido decisiva en cada punto de quiebre de la historia venezolana: la Fuerza Armada Nacional. La ciencia política la sitúa en el corazón del Estado por una razón que formuló Max Weber: el Estado es la organización que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Quien controla las armas controla, en última instancia, el desenlace de cualquier conflicto institucional.

La Constitución de 1999 fue explícita sobre qué debía ser esa institución. Su artículo 328 la define en términos que hoy suenan casi irónicos.

Constitución de 1999 · Artículo 328

«La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política… está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.»

El artículo 330 refuerza la idea: prohíbe a los militares en servicio activo participar en propaganda, militancia o proselitismo político. La letra constitucional dibuja una Fuerza Armada profesional, subordinada al poder civil, neutral entre las fuerzas que compiten por gobernar. Una institución, en el sentido exacto de la pieza anterior: una regla que debía mandar más que cualquier persona o partido.

La distancia entre ese diseño y lo que la Fuerza Armada llegó a ser es, por sí sola, una medida de cuánta institucionalidad se perdió. Una corporación que la Constitución mandó mantener «sin militancia política» se convirtió en actor político deliberante, con cuota de poder, empresas, ministerios y una doctrina abiertamente partidista. No cambió el artículo 328. Cambió quién mandaba por encima de él.

El organigrama intacto

Conviene retener una imagen para lo que viene. Al terminar este recorrido, Venezuela conserva, sobre el papel, una arquitectura institucional más densa que la de muchas democracias consolidadas: cinco poderes, una Fuerza Armada constitucionalmente apolítica, una Asamblea unicameral, un árbitro electoral autónomo, un poder entero dedicado a la ética pública. El organigrama está completo. Ninguna casilla falta.

Y sin embargo, la pregunta de la pieza inicial sigue en pie: ¿manda alguna de esas reglas más que las personas que las ocupan? Las tres piezas que siguen responden con tres fechas. En 1993, el organigrama —entonces más simple, de tres poderes— funcionó y separó del cargo a un presidente. En 2002, ya con la arquitectura nueva, calló ante un quiebre y lo llamó «vacío». En 2017, una de sus piezas declaró en voz alta que el sistema entero se había roto. El mapa estaba siempre completo. Lo que cambió fue si las casillas obedecían a la Constitución o a un hombre.

Fuentes principales

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Títulos IV y VII, artículos 136, 273, 292, 328 y 330. Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 5.453 del 24 de marzo de 2000. Max Weber, La política como vocación, sobre el monopolio legítimo de la violencia.

Continúa en el especial

§ 3 · 1993: cuando las instituciones funcionaron

El fiscal acusó, la Corte Suprema evaluó, el Senado decidió. La destitución de Carlos Andrés Pérez como prueba de que las reglas podían mandar más que el hombre.


Contexto, análisis y criterio para entender lo que pasa.

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Media vuelta… mar.

Un coronel venezolano aplica la voz de mando del orden cerrado a la crisis política: Venezuela necesita detenerse, girar 180 grados y retomar el sendero constitucional. Pero esa media vuelta no partirá de unas Fuerzas Armadas que son hoy un cascarón vacío.

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Coronel Ángel Alberto Bellorín en formación militar
INCÍSOS
§ Especial · 180 grados
ESPECIAL INCÍSOS · 180 GRADOS · §VII ANÁLISIS MILITAR E INSTITUCIONAL

Media vuelta… mar.

Un coronel venezolano aplica la voz de mando del orden cerrado a la crisis política: Venezuela necesita detenerse, girar 180 grados y retomar el sendero constitucional. Pero esa media vuelta, advierte, no partirá de unas Fuerzas Armadas que son hoy un cascarón vacío.

Por el Doctor Ángel Alberto Bellorín — Profesor de Doctorado en la UCV · Caracas, 12 de junio de 2026

Coronel Ángel Alberto Bellorín en formación militar
Coronel Ángel Alberto Bellorín. Foto: archivo personal.

He aceptado la gentil invitación de INCÍSOS para escribir sobre mi percepción del estado actual y real de Venezuela aunque debo advertir sobre esa extraña coincidencia numérica que propone el coordinador, donde confluyen los 180 días de la extracción de Nicolás Maduro y esos 180 grados que amerita la necesaria media vuelta de esta coyuntura política que atraviesa Venezuela. A partir de allí inicio mi opinión con sus respectivos argumentos.

La «media vuelta-mar» en el argot militar es una voz de mando de orden cerrado que implica que, si una unidad está avanzando, debe detenerse y girar con rapidez, para marchar nuevamente en dirección contraria al rumbo que llevaba, antes de dar esa voz de mando.

En nuestra desesperada situación país, una analogía acertada implica que esa media vuelta representa la necesidad imperiosa para el país de regresar hasta donde sea necesario, para detenernos en el punto más propicio. Y luego, desde allí, retomar el sendero constitucional que es el único camino pacífico para el retorno de la institucionalidad y con ello el de la democracia.

La voz de mando para detener el avance suicida del país y girar a 180 grados me atrevo a asegurar que no partirá de las Fuerzas Armadas Venezolanas, puesto que actualmente no son más que un cascarón vacío, carentes de ética, de racionalidad y de cualquier sentimiento institucional que alguna vez pudieron haber poseído. El daño es irreversible y no habrá voluntad de corrección por convicción.

Debo, necesariamente, advertir que la única opción militar en la mesa que involucre alguna acción por parte de esa cúpula uniformada, sería para desplazar del poder a sus socios del «Rodrigato» y aplastar con sus mermadas unidades y obsoleto armamento, cualquier intento de media vuelta que provenga de la sociedad civil organizada.

Por supuesto que esa sería una hipótesis válida siempre y cuando garanticen al «protector» de turno la continuidad sumisa a los intereses imperiales y así mantener sus «parcelas empresariales» de bienestar económico. Las opciones militares norteamericanas son todo un misterio y en verdad espero que esa hipótesis anterior no ocurra.

Por más que pensemos en alguna voluntad personal y real de ejecutar ese giro de 180 grados, es una acción que debe estar acompañada de un verdadero poder de intimidación, que en este momento está en manos de Donald Trump. Sin querer ser pesimista, es una alternativa que también veo evasiva y por ahora lejana.

Sin embargo, la imaginación y la experiencia pudieran ayudar a plantearnos un ejercicio académico sobre esa necesaria media vuelta en forma pacífica, con sencillas interrogantes.

¿Hasta dónde se necesita retroceder, cómo hacerlo y para qué?

Para el buen lector las respuestas estarán implícitas a lo largo de mi intervención.

Sin instituciones no hay paraíso

La metástasis purulenta de toda la estructura nacional hace imposible segmentar la tragedia venezolana en parcelas institucionales. Más temerario aún significa predecir lo que pudiera ocurrir desde el momento que escribo, al 3 de julio del 2026, fecha planteada con exagerada expectativa para el cumplimiento de ese casi mítico lapso constitucional de 180 días.

La razón de esa imposibilidad se sostiene en dos factores elementales. El primero es que, en Venezuela, desde hace muchos años no existe Estado y por tal razón no hay instituciones, ni derecho y mucho menos justicia.

Si a esta situación país le buscamos un nombre más allá de «Estado Fallido», pudiéramos apelar a otra nomenclatura como la de «Secuestrado» o «Capturado», por una inmensa y poderosa corporación criminal que, con muchos tentáculos, copó niveles y ramas de poder.

La primera institución secuestrada por ser la más vulnerable en términos jurídicos y económicos fue la Fuerza Armada Nacional y basta solo con revisar el origen y título de la ley que actualmente la rige. A partir de allí todo se hizo más sencillo y esa es una verdadera premisa categórica y fundamental en el análisis. Quien no acepte esa realidad es, sin dudas, parte del problema.

Las corporaciones criminales no respetan reglas ni límites y es de perogrullo afirmar que combatirlos con reglas jurídicas sin el acompañamiento de un verdadero poder coercitivo e intimidatorio, ha sido y sigue siendo tamaña estupidez.

La segunda razón, ahora especulativa, es que esa corporación criminal algo debe haber pactado en forma temporal con EEUU para que la incertidumbre política —insisto: no jurídica— nos mantenga en una especie de limbo, o zona desconocida, donde pareciera que la corporación se reacomoda en su control territorial, mientras no perturbe al poderío militar que ganó esa guerra de 45 minutos ocurrida el 3 de enero y que terminó de borrar a esa Fuerza Armada que solo existía en la retórica discursiva.

Ese silencio estratégico que ahora mantiene el alto mando militar luego de la sustitución de Padrino López, no elimina su capacidad y disposición a manejar la violencia —ahora con más discreción— contra cualquier elemento interno que perturbe sus intereses evidentemente económicos y de supervivencia. El nuevo titular ha demostrado que no sabe hablar, pero sí utilizar la violencia selectiva.

Sin embargo, debo insistir que pretender utilizar la forzada salida de Nicolás Maduro como inicio de un lapso constitucional, aferrados a los artículos 233 y 234 de la CRBV, es una torpeza discursiva y ya iremos al detalle sobre la obviedad de esta afirmación.

¿En verdad se puede considerar relevante si ese evidente abandono del cargo usurpado —así sea forzado— es absoluto o temporal cuando el propio artículo 331 solo considera como legítimo para la toma de posesión al cargo de presidente de la república al «candidato elegido»?

¿Fue Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela?

Lo verdaderamente importante para el análisis es lo siguiente:

1. Venezuela es un Estado capturado por una delincuencia que colocó toda su estructura al servicio del crimen como política.

2. Luego del 3 de enero de 2026, esa corporación criminal fue reducida por la fuerza imperial y parece evidente que su estructura prefirió sacrificar a un peón que se creía rey. Con él también cedió a los vencedores muy buena parte de su dominio económico.

Por tal razón y por ahora, en la «soberana voluntad» de ese vencedor convertido en protector de Venezuela por gracia de los misiles, está nuestro destino; eso incluye todos los ámbitos de la vida pública nacional.

¿Cuánto costará a Venezuela la extracción de Nicolás Maduro?

En estos momentos, es casi imposible calcular la deuda externa de Venezuela dejada por la delincuencia que en oscura sociedad aún rige los destinos del país, incluyendo su quiebra económica y social en una confluencia de clientelismo absurdo, despilfarro grosero, corrupción exagerada, demandas y juicios por abusivas expropiaciones.

Los números que manejan los expertos que en estos momentos se encuentran revisando cuentas, son escandalosos.

Es otra certeza poco atractiva para titulares de prensa opositores que el futuro del país no puede verse con mucho optimismo ya que cualquier media vuelta implica compromisos internacionales con cuentas que deben pagarse con el sacrificio de otras necesidades del pueblo venezolano.

A todo eso se le suma otra deuda que nadie se atreve a mencionar: el verdadero costo de la extracción de Maduro.

Como en toda guerra el vencedor impone las reglas y toma un botín que a ciencia cierta no podemos calcular su cuantía ni el estimado temporal para saldar su desconocida deuda.

Esta afirmación no es tan categórica como la anterior relativa a las deudas oficiales, donde el chavismo hipotecó al país. Pero sí producto de los pocos elementos disponibles, de las dudas necesarias y de la propia incertidumbre.

¿Dónde está Venezuela hoy?

Viendo lejano ese inicio de la media vuelta, aunque parcialmente contestada, trataré de responder a la interrogante planteada en la invitación y a partir de allí, seguir desgranando entre líneas las interrogantes formuladas sobre el alcance de esa media vuelta que estoy seguro su inicio no coincidirá con los 180 días.

Para este momento Venezuela es un ejemplo para el mundo de las más torpes y a la vez aleccionadoras contradicciones políticas y económicas. Un pobre país rico, hipotecado y bajo un protectorado militar extranjero.

Es una vitrina universal de cómo la teoría de la «Realpolitik» de Hans Morgenthau no repara en las torpezas de discursos contradictorios, cuando sus intereses se cumplen.

Es solo revisar las palabras de Trump el mismo 3 de enero del 2026, luego de informar sobre la captura de Maduro. Pero tenemos que ir un poco más atrás, sin olvidar que desde el 2018 Maduro ya era desconocido como presidente de Venezuela.

El 10 de enero de 2025, al usurpar nuevamente el poder, el gobierno de EEUU calificó otra vez de ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Tal desconocimiento fue ratificado por el nuevo gobierno de Donald Trump en enero del 2026 tras tomar posesión.

Más allá de no reconocer al usurpador, diferentes voceros señalaron con énfasis sobre el fraude electoral del 28 de julio del 2024 reconociendo como ganador y presidente electo al Sr. Edmundo González Urrutia.

Siendo ilegítimo el depuesto Nicolás Maduro y acusado por EEUU de ser el líder de una corporación criminal, por simple silogismo básico y deducción racional, son ilegítimos todos los órganos del poder público que avalaron aquel fraude electoral, así como los funcionarios designados por ese presidente ilegítimo, producto de un fraude reconocido como tal.

Toda la operación militar del 3 de enero centró su justificación ante el mundo en la destrucción de la corporación criminal que afectaba la seguridad de ese país. Ese fue el motivo jurídico y político de EEUU para la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Sin embargo, al capturar al «líder criminal» que no era presidente, EEUU dejó de mencionar la corporación criminal y sorpresivamente reconoce a Delcy Rodríguez como «presidenta encargada». (No considero relevante la discusión sobre tal nomenclatura).

Con tal designación, Trump le otorga «su autorización» para dirigir en Venezuela una fulana fase de transición que deja más dudas que certezas y a la vez, de forma tácita, queda anunciada la entrada en vigor del protectorado de EEUU sobre Venezuela.

Es sabido que Delcy Rodríguez no es una funcionaria producto de elección popular, es la vicepresidenta designada a dedo por alguien que desde el 10 de enero del 2025 usurpó el cargo de presidente.

Esa señora era, a la vez, la segunda al mando de la corporación criminal que según EEUU dirigía Maduro.

¿Se ha visto tamaña contradicción?

A pesar de todo lo anterior, en Venezuela y otras partes del mundo muchas «personas tituladas» plantean el absurdo debate constitucional sobre la falta absoluta, temporal o «secuestro extraterrestre» de un usurpador que en realidad no era presidente.

Se menciona y exige ante una Sala Constitucional, plagada de miembros de la corporación criminal, pronunciarse sobre esa fulana «falta absoluta o temporal» que está prevista y solo existe para ser aplicada a un presidente legítimo, no para un usurpador que no era presidente. ¿O sí lo era?

A la vez, se exige que se apliquen los lapsos que se determinan para una ausencia temporal, que en condiciones normales para un verdadero presidente tal ausencia sería en realidad una falta absoluta por abandono real del cargo (recordar aquel abandono ficticio de Maduro que hizo interino a Juan Guaidó).

De allí los famosos 180 días que se cumplen el 3 de julio. ¡Puras contradicciones!

¿En verdad importa lo que escribió el bufete chavista sobre eso que denominó «ausencia forzada»?

¿Alguien esperaba que esos malandros con togas dieran media vuelta y retomaran la constitución?

Paralelamente, se escucha un ruego general casi de rodillas para convocar elecciones ante un poder electoral conformado por militantes del partido de gobierno y miembros perennes de la misma corporación criminal.

¿Se olvidan de dónde viene y cuál es el prontuario delictivo del nada amoroso Elvis?

Lo accesorio y lo principal

Es un conocido «principio jurídico universal» —eso incluye a EEUU— que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Si el presidente (lo principal) no existía para el derecho, la vicepresidenta también dejaba de existir, así como todos los ministros (los accesorios).

Bajo el visto bueno de EEUU y del mundo civilizado todos los órganos del poder público venezolano dejaron de existir al sumarse al fraude de la usurpación.

Sobrarán argumentos, explicaciones y motivaciones para atacar estas posturas aquí expresadas. Todas serán bienvenidas desde la óptica política, que bien definió el mariscal prusiano Otto Von Bismarck como «La ciencia de lo posible».

Lo que no puedo aceptar en sana dialéctica racional es la «hipocresía académica» de plantear opciones jurídicas o clamar salida constitucional sin aceptar la realidad del enorme vacío jurídico y político en que se encuentra hoy Venezuela.

Un vacío que las riquezas del país —ahora con el nuevo y más poderoso socio del Chavismo— la mediática narrativa opositora, sin más remedio que aceptar calladitos el protectorado impuesto, pretende sepultar o hacer ver que no existe.

La honestidad intelectual y una mínima ética profesional o social debe aceptar que cualquier respuesta racional y pacífica al dilema venezolano, amerita una media vuelta con el respaldo necesario del actual «dueño del circo».

Un fuerte respaldo que acompañe ese retroceso hasta el punto necesario donde se pueda tomar nuevo impulso, ahora hacia la dirección correcta, esa que ordena la Constitución de la República, violentada al día siguiente de ser aprobada.

El silencio de la Fuerza Armada

En esa experiencia señalada y comprobada se sostienen mis afirmaciones disgregadas en los párrafos precedentes, así como en un gran número de publicaciones, en su mayoría con esencias contrarias a las expectativas que manejan como opiniones e informaciones muchos pretendidos expertos en materia militar.

Por tal razón, en esta parte final solo citaré párrafos de algunos escritos ya publicados y dedicados en su momento a la Fuerza Armada. Su pertinencia es indiscutible y el lector interesado podrá sacar sus conclusiones y hasta determinar hasta dónde marchar en ese retroceso necesario.

«Así como hicieron con la muerte de Chávez, Domingo Hernández Lares anuncia en forma disimulada que dentro de 5 años la fuerza armada (en minúsculas) va a desaparecer operativamente, cuando en realidad en el año 2008 fue decretada su extinción mediante aquella ley habilitante que publicó una inconstitucional ley orgánica de las fuerzas armadas. Al igual que hicieron con Chávez, la Fuerza Armada hasta hoy, se ha mantenido en coma inducido.

En un momento trascendental para la nación venezolana, los verdaderos militares tienen que reflexionar en esa Constitución, que tanto el Chavismo como el Madurismo, han violado a diestra y siniestra apoyados por cómplices y alcahuetas militares.

En forma evidente ante la opinión pública, los diferentes altos mandos de las FAN han permitido al gobierno incumplir la carta magna, a cambio de beneficios personales que también han sido públicos y notorios.

El momento es propicio para recordar al casi inexistente Artículo 328, entre varios mandatos constitucionales que han sido desplazados y pisoteados por la corrupción moral de tanto militar extraviado. En ese artículo está el claro destello bienhechor.

No se requiere de equipos de trabajo para leer y entender su encabezamiento, que desde 1999 ordenó que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional

Ver más en: curadas.com — Mambrú no quiere ir a la guerra (febrero 2023)

Este otro párrafo que presento a continuación, es de una postura casi desesperada hecha pública el día 8 de marzo del año 2013.

Para quienes no recuerdan esa nefasta fecha, fue el día en que aquel vicepresidente de turno, con dudosa nacionalidad y sin formación académica, luego de fraudulentas sentencias de la sala constitucional fue juramentado como «presidente encargado». Fue el día que por vez primera Nicolás Maduro se puso la banda presidencial venezolana. El lector acucioso podrá detectar coincidencias y semejanzas.

«Si por alguna razón el Consejo Nacional Electoral, violando el precepto constitucional, no realiza elecciones ‘dentro de los treinta días siguientes’ de los cuales algunos ya se contaron, estaríamos en presencia de un ‘Presidente Encargado’ con todos los poderes de un ‘Presidente Constitucional’, incluyendo el de ser ‘Comandante de la Fuerza Armada Nacional’, ejerciendo dicho cargo por un tiempo indefinido.

Este supuesto, en caso de materializarse, se constituiría en algo más grave que los ‘simples fraudes constitucionales’ con los cuales se ha herido de muerte a la ‘Niña Moribunda’ que hoy está en coma con apenas trece años.

Al momento de finalizar este escrito, la juramentación del presidente electo, prevista en el artículo 231 constitucional, que no fue posible efectuar el pasado 10 de enero del 2013 por la causa sobrevenida conocida, fue trasladado por obra y gracia de esta sentencia, ante un ciudadano no electo por el pueblo y que, a partir de esa noche, como un nefasto precedente, se convirtió también en el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Esto, por supuesto, lleva con ello la utilización de uniforme e insignias de grado tal como lo establece el reglamento vigente como una prerrogativa al nuevo Comandante en Jefe. ¡Ha muerto el Comandante! ¡Viva el nuevo Comandante!»

Ver documento original en: blogdelcnelbellorin.blogspot.com — El nuevo Comandante en Jefe (8 de marzo de 2013)

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Especiales

Cinco poderes, un solo reloj: dónde está Venezuela a 180 días

El cierre visual del especial 180 grados: los cinco poderes venezolanos, su estado real a mitad de camino y el reloj constitucional que los alcanza a todos el 3 de julio.

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Cinco poderes, un solo reloj: dónde está Venezuela a 180 días
INCÍSOS
§ Especial · 180 grados
ESPECIAL INCÍSOS · 180 GRADOS · §VI CUADRO-SÍNTESIS

Cinco poderes, un solo reloj: dónde está Venezuela a 180 días

Seis piezas recorrieron los cinco poderes públicos de Venezuela y las rutas de futuro inmediato. Este es el mapa que las reúne: dónde está cada poder a 180 días del 3 de enero y qué tan cerca está cada uno de moverse cuando, el 3 de julio, venza el segundo plazo del artículo 234.

LAS 6 PREGUNTAS
Qué
La síntesis del estado de los cinco poderes públicos venezolanos a 180 días de la captura de Maduro.
Quién
El Ejecutivo encargado, la Asamblea Nacional, el TSJ, el Poder Ciudadano y Electoral, y los actores del futuro inmediato.
Cuándo
A 180 días del 3 de enero de 2026, con el vencimiento del artículo 234 fijado para el 3 de julio.
Dónde
Venezuela, bajo la tutela del Plan Rubio.
Por qué
Porque permite ver de un golpe qué se mueve y qué permanece detenido en la transición.
Cómo
Reuniendo en un solo cuadro el estado de cada poder y su relación con el plazo constitucional.
Cuadro-síntesis: cinco poderes venezolanos a 180 días — Especial 180 grados, INCÍSOS

Cinco poderes, un solo reloj · INCÍSOS · Especial 180 grados

El mapa de la mitad del camino

Cuando se ordenan los cinco poderes en una sola imagen, el patrón salta a la vista. El Ejecutivo es el único que el 3 de julio queda objetivamente obligado por la norma: la encargaduría de Delcy Rodríguez se sostiene sobre un plazo que, cumplido, exige una decisión. El Legislativo podría actuar, pero su salida más probable es la omisión: la Asamblea presidida por Jorge Rodríguez tiene todos los incentivos para no convocar la votación que la Constitución le encomienda.

El Judicial eligió hace 180 días el camino del silencio, y nada indica que vaya a abandonarlo: la Sala Constitucional difirió la calificación de la falta y la mantiene diferida, pese al rechazo unánime de los constitucionalistas a la figura de «ausencia forzosa». El Poder Ciudadano y Electoral es el que menos se ha movido: el CNE sigue sin renovarse y el registro electoral sin actualizarse, mientras las condiciones de la oposición esperan respuesta. Y el futuro inmediato es lo único que verdaderamente se decide en este tramo: de las tres rutas posibles, el país aún no ha tomado ninguna.

Un solo reloj para todos

La conclusión del especial cabe en una observación. Los cinco poderes están en estados distintos, pero todos quedan alcanzados por la misma fecha. El 3 de julio de 2026 no es una efeméride: es el punto en que el artículo 234 deja de poder ignorarse sin que la omisión sea, ella misma, una decisión política.

A 180 días, Venezuela no es una dictadura clásica ni una transición en marcha. Es un país suspendido en la mitad de una decisión que cinco poderes se reparten y que ninguno quiere tomar primero. El reloj, sin embargo, no se reparte. Es uno solo, y avanza.

FUENTES PRINCIPALES

– Síntesis de las piezas §I a §V del Especial 180 grados de INCÍSOS – Artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Fuentes

  • Síntesis de las piezas §I a §V del Especial *180 grados* de INCÍSOS
  • Artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
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Especiales

Tres rutas para Venezuela, tres relojes, ningún cronómetro

A 180 días, el futuro inmediato de Venezuela cabe en tres rutas con distinta probabilidad y distinto patrocinador. Ninguna tiene fecha. Esta es la lectura de las tres y de lo que las separa.

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Tres rutas para Venezuela, tres relojes, ningún cronómetro
INCÍSOS
§ Especial · 180 grados
ESPECIAL INCÍSOS · 180 GRADOS · §V EL FUTURO INMEDIATO

Tres rutas para Venezuela, tres relojes, ningún cronómetro

A mitad de camino, Venezuela tiene tres futuros posibles en el corto plazo. No son opciones de menú que alguien elige, sino fuerzas en pugna con distinto peso y distinto patrocinador: la supervivencia del statu quo tutelado, el cambio por vía electoral negociada y la reestructuración radical desde fuera del sistema. Las tres comparten un mismo defecto: ningún reloj fija cuándo. Esta es la lectura de las tres y de lo que realmente las separa.

LAS 6 PREGUNTAS
Qué
Los tres escenarios de futuro inmediato para Venezuela: continuidad tutelada, transición electoral negociada o reestructuración radical.
Quién
El gobierno encargado y Washington (statu quo); la oposición de Machado y EE.UU. (vía electoral); sectores que rechazan negociar con el chavismo (reestructuración).
Cuándo
A partir del vencimiento del plazo constitucional del 3 de julio de 2026 y en los meses siguientes.
Dónde
Venezuela, con decisiones repartidas entre Caracas y Washington.
Por qué
Porque define si la transición desemboca en democracia, se congela o se radicaliza.
Cómo
Según avance —o no— la renovación electoral, el cumplimiento del Plan Rubio y la presión de los actores que quedaron fuera de la negociación.

Ruta 1: la supervivencia del statu quo tutelado

Es el escenario que el presente describe por inercia. La presidenta encargada Delcy Rodríguez permanece, el Plan Rubio avanza por fases que se solapan sin fechas de cierre, el petróleo vuelve a fluir y Washington administra el conjunto. En esta ruta no hay un desenlace dramático: hay continuidad. La transición se estira porque a sus dos tutores —el aparato chavista que conserva el poder interno y la administración estadounidense que cobra sus intereses— les resulta funcional que se estire.

Su patrocinador es el statu quo mismo. Su combustible es la ausencia de plazos. Y su límite es doble: el calendario constitucional, que el 3 de julio coloca una obligación incómoda sobre la mesa, y la paciencia de una población que quiere ver resultados. Es la ruta más probable en el cortísimo plazo, precisamente porque es la que no exige que nadie tome una decisión difícil. Su riesgo es la erosión: una transición que no transita termina pareciéndose demasiado a aquello de lo que se suponía debía sacar al país.

Ruta 2: el cambio por vía electoral negociada

Es la ruta que la oposición mayoritaria puso por escrito. El «Manifiesto de Panamá», respaldado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a finales de mayo, propone negociar con el gobierno encargado, con acompañamiento de Estados Unidos, una elección presidencial con observación internacional. Sus condiciones son conocidas: nuevo CNE, registro electoral actualizado, observadores. Machado ha llegado a describir el momento como la fase «final y definitiva» del camino hacia la democracia.

Su patrocinador es la oposición mayoritaria y, en la medida en que coincida con su plan de tres fases, la propia administración Rubio. Su obstáculo es que depende de que el chavismo ceda el control del árbitro electoral, algo que no ha mostrado intención de hacer. Y su contrapeso aparece en las propias filas estadounidenses: voces como la de la congresista María Elvira Salazar han advertido que una elección podría no ocurrir en 2026 ni en 2027, sino más adelante. Es la ruta más deseada por el votante del 28 de julio de 2024, y también la que más depende de decisiones que no controla.

Ruta 3: la reestructuración radical

Es la ruta menos institucional y la más difícil de cronometrar. La sostienen los sectores que rechazan toda negociación con el chavismo y que consideran que ningún acuerdo con quienes administraron el fraude puede producir una democracia real. En su lectura, la única salida verdadera es una reestructuración profunda del Estado, el desmantelamiento del aparato represivo y la judicialización de los responsables, sin atajos negociados que les permitan reciclarse.

Su patrocinador es difuso: no tiene un vocero único ni una hoja de ruta consensuada. Su fuerza es moral —el reclamo de justicia de las víctimas— y su debilidad es operativa: no controla los instrumentos del poder ni cuenta, hasta ahora, con respaldo explícito de Washington, que ha preferido la gestión gradual. Es la ruta que más tensión genera con las otras dos, porque considera que tanto la continuidad como la negociación electoral corren el riesgo de blanquear al sistema que dicen querer superar.

Lo que de verdad las separa

Las tres rutas no se distinguen tanto por su destino —las tres invocan, de un modo u otro, la democracia— como por quién paga el costo y quién pone el ritmo. La primera lo deja todo en manos de los tutores. La segunda apuesta a que la negociación produzca lo que las urnas ya dijeron en 2024. La tercera desconfía de cualquier atajo y exige refundar antes de votar.

Y sobre las tres pesa la misma carencia: ninguna tiene cronómetro. El Plan Rubio no fijó fechas de cierre de fase; la Constitución sí fijó el 3 de julio, pero quien debe activarlo no quiere hacerlo; y la reestructuración, por definición, no se somete a calendario. A 180 días, Venezuela no eligió todavía cuál de sus tres futuros vivirá. Sigue, como el resto del especial lo muestra, suspendida en la mitad de la decisión.

FUENTES PRINCIPALES

– «Manifiesto de Panamá» de la oposición venezolana, 28 de mayo de 2026 (Infobae; Monumental) – Declaraciones de María Corina Machado en el Foro de la Libertad de Oslo, 2 de junio de 2026 (Infobae) – Declaraciones de la congresista María Elvira Salazar sobre el calendario electoral – Cobertura del Plan Rubio de tres fases y su solapamiento (Congreso de EE.UU., enero de 2026)

Fuentes

  • «Manifiesto de Panamá» de la oposición venezolana, 28 de mayo de 2026 (Infobae; Monumental)
  • Declaraciones de María Corina Machado en el Foro de la Libertad de Oslo, 2 de junio de 2026 (Infobae)
  • Declaraciones de la congresista María Elvira Salazar sobre el calendario electoral
  • Cobertura del Plan Rubio de tres fases y su solapamiento (Congreso de EE.UU., enero de 2026)
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