Una nueva carga fiscal sobre las transferencias internacionales encarece el envío de dinero a Venezuela y otros países latinoamericanos. Cuánto cuesta ahora y qué opciones quedan.

El Congreso de Estados Unidos aprobó, como parte de un paquete fiscal más amplio, un impuesto del uno por ciento sobre las remesas internacionales enviadas desde territorio estadounidense. La medida, que entró en vigor en 2026, afecta directamente a los millones de inmigrantes latinoamericanos que envían dinero regularmente a sus familias en Venezuela, México, Colombia, El Salvador y otros países.

El impacto concreto: quien envía 400 dólares a Venezuela paga ahora cuatro dólares adicionales en impuesto federal, más las comisiones habituales del servicio de transferencia. Para quienes envían dinero con regularidad —una vez al mes, o más frecuentemente— el costo acumulado a lo largo del año es significativo. Para familias venezolanas que dependen de las remesas como principal fuente de ingresos, cada dólar menos en la transferencia tiene consecuencias directas.

El mercado de remesas ha reaccionado de maneras diversas. Algunos servicios de transferencia han absorbido parte del costo para no perder clientes. Otros lo han trasladado íntegramente al usuario. Las aplicaciones digitales de transferencia —que ya operaban con comisiones más bajas que los servicios tradicionales— han ganado cuota de mercado, ya que el impuesto se aplica al monto enviado independientemente del canal, pero sus comisiones base siguen siendo más competitivas.

Para la comunidad venezolana en Columbus y en el resto de Ohio, la recomendación práctica es comparar servicios antes de enviar: la diferencia entre el costo total de una transferencia por distintos canales puede ser de varios dólares por envío, lo que suma a lo largo del año. El impuesto no desaparece, pero el costo total de la transferencia sí puede optimizarse eligiendo el servicio adecuado.

Las tensiones en el Estrecho de Ormuz siguen presionando el precio del crudo. Por qué lo que pasa en el Golfo Pérsico llega a la bomba de gasolina en Ohio.

El Estrecho de Ormuz es el cuello de botella del petróleo mundial. Por ese corredor de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el planeta. Cuando las tensiones en esa zona se elevan —como ocurre ahora, con Irán amenazando con cerrar el paso en respuesta a las sanciones— los mercados reaccionan antes de que ocurra nada: el precio del crudo sube porque el riesgo de interrupción ya tiene valor.

La mecánica es conocida pero vale la pena explicarla para entender por qué el precio de la gasolina en Columbus, Ohio, tiene algo que ver con lo que pasa en el Golfo Pérsico. Los mercados de futuros del petróleo incorporan el riesgo geopolítico en el precio antes de que se materialice. Cuando Irán amenaza con cerrar Ormuz, los operadores de mercado suben sus estimaciones de precio porque la probabilidad de interrupción del suministro aumenta. Ese ajuste llega a las refinerías, que lo trasladan al precio al por mayor, que llega a las gasolineras.

El precio del Brent, el referente internacional del crudo, se ha mantenido por encima de los 85 dólares por barril en las últimas semanas, impulsado en parte por las tensiones en Ormuz y en parte por la reducción de producción de la OPEP+. Para los consumidores estadounidenses, eso se traduce en gasolina por encima de los cuatro dólares el galón en la mayoría de los estados, con picos más altos en California y otros estados con impuestos elevados.

La pregunta es si las tensiones en Ormuz son una amenaza real o una táctica de negociación iraní. El historial sugiere que Irán ha usado la amenaza de cierre como palanca diplomática más que como intención operativa: cerrar Ormuz también perjudicaría a los propios países del Golfo que son aliados de Irán, y provocaría una respuesta militar estadounidense inmediata. Pero el mercado no espera a que la amenaza se materialice para ajustar precios. El riesgo, aunque sea bajo, ya tiene un costo.

Una carta de PDVSA del 28 de mayo ordena a aerolíneas y navieras pagar el combustible a una cuenta del Tesoro de EE.UU. Qué revela sobre quién administra la renta venezolana. Análisis.

El Gobierno de Venezuela remitió a las aerolíneas y navieras que operan en el país una notificación para informarles de que los pagos del combustible en divisas deben ingresarse directamente en una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La carta, fechada el 28 de mayo y con membrete de PDVSA, fue firmada por la gerencia de Ventas de la vicepresidencia de Comercio y Suministro Nacional, y adjunta una notificación del propio Tesoro estadounidense con las coordenadas bancarias. El documento, según las fuentes que accedieron a él, exhorta a los clientes a remitir el comprobante de pago al asesor de ventas «a fin de efectuar la conciliación» y «en garantía del suministro de combustible».

La instrucción es técnica en su forma y mayúscula en su fondo. Afecta a los pagos por combustible de aviación —el queroseno tipo JET A1— y a los de navegación —el MGO y el IFO 380—, es decir, a buena parte del movimiento aéreo y marítimo internacional que toca puertos y aeropuertos venezolanos. El anexo del Tesoro lo formula sin eufemismos: el Gobierno de Estados Unidos puede recibir fondos en nombre de Venezuela mediante el sistema Fedwire, siguiendo unas instrucciones determinadas. En román paladino: el comprador le paga a Washington por un producto venezolano.

Para entender el alcance hay que situar la medida en su marco. No es un gesto suelto, sino una pieza del entramado de licencias que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió en febrero —las licencias generales 46A, 48 y 30B—, que reordenaron las operaciones petroleras, portuarias y aeroportuarias del país. Ese esquema mantiene formalmente las sanciones sobre PDVSA, pero habilita el comercio bajo una condición estructural: que los pagos a entidades bloqueadas se canalicen a cuentas especiales bajo control del gobierno estadounidense. La carta del 28 de mayo es la aplicación concreta y cotidiana de ese principio al combustible de barcos y aviones.

Conviene no perder de vista lo que esto significa en términos de soberanía económica. Un Estado que cobra la renta de sus propios hidrocarburos a través de las cuentas de otro Estado ha cedido —o ha tenido que ceder— uno de los atributos más básicos de la soberanía: el control sobre el cobro de lo que vende. El gobierno de Delcy Rodríguez lo presenta, implícitamente, como el precio de reincorporarse al circuito comercial legal tras años de sanciones y subterfugios; sus críticos lo leerán como una tutela. Ambas lecturas describen el mismo hecho: la caja la administra Washington.

Y aquí esta nota se enlaza con otras dos de esta misma edición. Es el tercer vértice de un patrón que ya asomaba en el repunte de las exportaciones petroleras —canalizadas hacia EE.UU. e India bajo el paraguas de la OFAC— y en el enigma de los documentos con que viaja María Corina Machado, gestionados bajo el ala estadounidense. Visto en conjunto, el cuadro es nítido: en la Venezuela del posmadurismo, las palancas decisivas —la renta, la logística, hasta el papeleo de sus figuras— operan, cada vez más, desde fuera. El inciso no es que eso sea bueno o malo en abstracto, sino que conviene nombrarlo con precisión: lo que se está reconfigurando no es solo un gobierno, es el grado de autonomía con que el país administra lo suyo.