El secretario Marco Rubio defendió ante el Congreso la política de Trump hacia América Latina y celebró la captura de Maduro. Pero los reparos vinieron de los dos partidos. Qué dijo y qué le respondieron. Análisis.

El secretario de Estado, Marco Rubio, pasó este 2 de junio más de dos horas ante el Senado —y por la tarde, ante una subcomisión de la Cámara— defendiendo el presupuesto del Departamento de Estado y, con él, toda la política exterior de la administración Trump. Su frase de apertura marcó el tono: el gobierno de Estados Unidos, dijo, «no es una caridad», no está para «hacer de trabajador social», sino para «ganar» para el país, su gente y sus intereses. Es la filosofía con la que esta administración ha recortado el poder blando —la ayuda exterior, la cooperación— y la comparecencia sirvió para defenderla a fondo. Para América Latina, y en particular para Venezuela, vale la pena leer no solo lo que Rubio celebró, sino lo que ese relato deja fuera.

El relato es de triunfo. Rubio —hijo de inmigrantes cubanos— presumió la colaboración entre Estados Unidos y la región: «generalmente hablando, es ahora una zona llena de aliados de Estados Unidos, de líderes amistosos con Estados Unidos y de una dirección favorable a Estados Unidos», dijo. La frase tenía, eso sí, una lista de excepciones reveladora: dejó fuera a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil y al presidente de Colombia. Y resumió la doctrina en una sola línea dirigida a todo el continente: Estados Unidos puede ser «el mejor amigo o el enemigo más temido» de cada gobierno, y la elección es de ellos. Según su testimonio, la administración ha usado las relaciones comerciales, el apalancamiento financiero y su posición diplomática para alinear a la región en tres frentes: migración, crimen organizado y seguridad. Premio o castigo, según el grado de cooperación.

Venezuela es la pieza que Rubio exhibe como prueba de que la doctrina funciona. Destacó la captura de Nicolás Maduro como uno de los mayores logros de la administración, pero —a diferencia de su tono en enero— moderó las expectativas: reconoció que, pese a los cambios de estos cinco meses, «hay mucho más por avanzar». Sobre Cuba fue más crudo: la llamó «un poco más complicada que Venezuela, pero es un desastre», y dijo que la isla necesita una reforma «sistémica y seria» que no cree posible «a menos que tome el control gente nueva o se imponga una nueva mentalidad». Es el lenguaje de quien se asume árbitro del destino político de la región, no socio de ella.

Y aquí está lo que el relato de triunfo no cuenta, y que la comparecencia sí sacó a la luz. Los reparos más duros no vinieron solo de la oposición: cruzaron las líneas de partido. El demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul coincidieron en cuestionar la campaña de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental —ataques ligados a la misma operación que capturó a Maduro— que, según cifras citadas en la audiencia, han matado a más de 200 personas desde septiembre. Kaine, que ha asistido a los informes clasificados, planteó una objeción demoledora: dijo que le resulta «extraño» que la presencia de narcóticos a bordo no figure entre los criterios para atacar una embarcación, pese a que la administración siempre ha presentado los ataques como dirigidos contra narcotraficantes. Invitó a sus colegas a revisar los archivos de cada ataque: «se sorprenderán tanto como yo». A esos cuestionamientos se sumaron los de Chris Van Hollen sobre los recortes de ayuda y la entrada en la guerra de Irán, y los de la senadora Jeanne Shaheen, que preguntó por qué tanto foco en estas operaciones en lugar del costo de vida que preocupa a los votantes. Afuera de la sala, manifestantes le gritaron «terrorista» y le reclamaron por las muertes en Gaza e Irán.

El inciso conecta los dos planos, y es el que importa para nuestra comunidad. La frase «no somos una caridad» no es solo una postura presupuestaria: es la justificación de recortar la ayuda y la cooperación que sostienen a millones de personas en América Latina, desde programas de salud hasta asistencia a migrantes y refugiados. Y la doctrina del «amigo o enemigo», envuelta en el lenguaje del triunfo, describe una región a la que se trata como tablero, no como vecindad. INCÍSOS no resuelve aquí si esa política es acertada —el debate apenas empieza, y lo más significativo es que la incomodidad ya no es solo demócrata: hay republicanos que objetan tanto los recortes como la base legal de los ataques—. Pero sí señala lo esencial: cuando una potencia se proclama «el enemigo más temido» de su propio hemisferio y mide el trato a sus vecinos por su utilidad, los efectos se sienten primero en quienes menos pueden defenderse, que son muchas veces los nuestros. La frase completa importa más que el titular, y la frase completa, leída entera, no es un eslogan de fuerza: es una declaración sobre qué clase de vecino quiere ser Estados Unidos.

El presidente Petro denuncia un presunto fraude en la primera vuelta colombiana. La Registraduría, los jueces y su propio candidato lo contradicen. Qué dijo cada parte. Análisis.

Colombia vive una tormenta institucional. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, que dejó como más votado al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro se negó a reconocer los resultados del preconteo y publicó lo que llamó «las bases comprobadas de un posible fraude». Es una acusación grave —de un presidente en ejercicio contra el sistema electoral de su propio país— y, por eso mismo, exige contarse con precisión: qué dijo exactamente Petro, y qué le respondieron quienes administran y vigilan esas elecciones. Las dos cosas, con el mismo cuidado.

La denuncia de Petro es específica. El mandatario sostiene que el software de escrutinio —que atribuye a «los hermanos Bautista»— fue modificado dos veces el 26 de mayo, cinco días antes de los comicios. Según sus cifras, el censo electoral habría pasado de 41.421.973 a 42.307.373 personas, una diferencia de 885.409 cédulas; los puestos de votación habrían subido de 13.742 a 14.438, y las mesas de 120.527 a 122.020. Afirma además que en unas 5.300 mesas se habrían registrado más votos de los físicamente posibles, y que ahí estaría la ventaja de De la Espriella. Petro dijo tener pruebas y estar dispuesto a entregarlas «a la autoridad competente», y aclaró que solo reconocerá los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces.

La respuesta de la autoridad electoral fue frontal, y conviene darle el mismo espacio. El registrador nacional, Hernán Penagos, rechazó la acusación con un argumento técnico central: el software de preconteo y escrutinio no trabaja con cédulas, sino que solo consolida la información que llega de las mesas y de las actas electorales, por lo que —sostiene— no puede «agregar» votantes al censo. Penagos recordó, además, que todas las campañas, incluidas la de Petro y la de Cepeda, reciben copia del censo y acceso a las actas E-14 desde el cierre de las urnas, lo que permite cotejar los datos de inmediato. Veedores técnicos añadieron que los cambios en la base logística DIVIPOL corresponden a actualizaciones normales, no a una manipulación.

Y luego están los números del propio escrutinio, que son el dato más contundente. Este 2 de junio, la Registraduría informó que el escrutinio oficial —el que hacen los jueces de la República, no la Registraduría, y el único con efectos jurídicos— alcanzó el 99,98%, sin reportar fraudes ni errores, y que coincide en un 99,94% con el preconteo que Petro rechaza. Restan por contar apenas 33 mesas de más de 122.000, retenidas por el clima. En otras palabras: la revisión judicial, voto por voto, está dando casi exactamente lo mismo que el conteo preliminar que el presidente no reconoce.

El detalle políticamente más revelador es con quién no cuenta Petro. Iván Cepeda —el candidato de su propio bloque, el supuesto perjudicado por ese fraude— inicialmente respaldó las dudas, pero un día después se desmarcó: dijo que su campaña hizo verificaciones y no encontró evidencias de irregularidades que merecieran un pronunciamiento. A eso se sumaron los llamados a respetar los resultados de los gremios empresariales, del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán e incluso de generales en retiro. La denuncia, hasta ahora, la sostiene el presidente prácticamente en solitario, y sin haber presentado formalmente las pruebas que dice tener.

El inciso es sobre lo que está en juego, y es serio. INCÍSOS no afirma que haya fraude ni que no lo haya: eso lo determinarán las autoridades competentes y, si Petro entrega pruebas, su examen. Pero el contexto importa, y es ineludible: un presidente que desconoce de antemano el resultado de una elección que su candidato sigue disputando, en vísperas de una segunda vuelta, pone una presión peligrosa sobre la confianza democrática de un país entero. La línea entre denunciar una irregularidad y deslegitimar una elección que aún no termina es delgada, y cruzarla tiene costos. Para la diáspora colombiana que vota desde Estados Unidos a partir del 15 de junio, y para toda la región que mira, el mensaje de fondo es que las instituciones —los jueces que escrutan, las actas que cualquiera puede cotejar— existen precisamente para que ninguna acusación, venga de donde venga, se acepte ni se descarte sin pruebas. El 21 de junio, la última palabra la tendrán las urnas.

California vota el 2 de junio en una primaria abierta para gobernador y alcalde de Los Ángeles. Por qué importa, quién puntea y qué está en juego para la comunidad latina. Análisis.

California vota este 2 de junio, y lo hace en la elección más cara de su historia. La carrera por la gobernación —para suceder a Gavin Newsom, que no puede reelegirse por límite de mandatos— ha consumido más de 315 millones de dólares, un récord nacional. Para la enorme comunidad latina del estado, la mayor del país, no es una elección cualquiera: define quién gobernará California los próximos cuatro años, y uno de los punteros es uno de los suyos. Vale la pena entender qué se juega.

La mecánica importa, porque California no funciona como casi ningún otro estado. Su sistema es de «primaria abierta»: todos los candidatos, de todos los partidos, compiten en la misma boleta, y los dos más votados pasan a la elección de noviembre sin importar su afiliación. Eso abre escenarios insólitos: pueden quedar dos demócratas enfrentados en noviembre, o —en un estado de mayoría demócrata— colarse un republicano si el voto progresista se dispersa entre muchos aspirantes. Con un campo de decenas de candidatos para gobernador, esa dispersión es real.

El nombre que conviene conocer es Xavier Becerra. Exsecretario de Salud del gobierno federal y antes fiscal general de California —hijo de inmigrantes mexicanos—, encabeza las encuestas finales con alrededor del 24% al 25%, tras una remontada notable: en marzo apenas rozaba el 5%. Detrás pelean el segundo cupo, el que da el pase a noviembre, el republicano Steve Hilton —comentarista político de origen británico— y el demócrata Tom Steyer, un multimillonario que ha volcado más de 200 millones en publicidad, la mayor inversión de cualquier candidato del país en este ciclo. Las encuestas los ponían a ambos rondando el 17% al 22%, en un pañuelo.

Los Ángeles, la mayor ciudad del estado, vive su propia contienda cerrada el mismo día. La alcaldesa demócrata Karen Bass busca un segundo mandato y lidera con cerca del 30%, pero enfrenta una competencia inesperada: el segundo lugar en las encuestas lo disputaba Spencer Pratt, una personalidad de televisión y exestrella de reality que irrumpió en la carrera en enero y ganó tracción con anuncios virales, seguido de cerca por la concejala progresista Nithya Raman. Que un personaje mediático sin trayectoria política aparezca segundo en la ciudad más poblada de California dice algo del momento: el descontento —una mayoría de votantes considera que la ciudad va por mal camino— abre espacio a las candidaturas de ruptura.

El inciso es de pertenencia y de peso. Lo que decida California reverbera en todo el país: es la economía estatal más grande de Estados Unidos, fija el tono en inmigración, vivienda y clima, y su comunidad latina —decisiva en número— tiene en estas urnas una voz que muchas veces se subestima a sí misma. Que un candidato latino como Becerra llegue al frente no es un detalle simbólico: es un recordatorio de que el voto hispano, cuando se organiza, decide. Las encuestas son solo eso, encuestas; el resultado real se conoce tras el cierre de las urnas, y en una primaria abierta tan fragmentada, las sorpresas son la regla, no la excepción. Para la comunidad, el mensaje es el de siempre, y el más importante: la elección se gana votando, no comentándola.