Política
Cientos de presos políticos siguen en la cárcel pese a la amnistía
Cinco meses después de las primeras promesas de excarcelación, cientos de presos políticos siguen detenidos en Venezuela. Las cifras, los casos y la espera de l
Cinco meses después de las primeras promesas de excarcelación, cientos de presos políticos siguen detenidos en Venezuela. Las cifras, los casos y la espera de las familias. Reportaje.
LAS 6 PREGUNTAS
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Qué | La permanencia de cientos de presos políticos pese a la amnistía y las promesas de excarcelación. |
| Quién | Los detenidos, sus familiares y las ONG Foro Penal y Clippve. |
| Cuándo | A comienzos de junio de 2026, cinco meses después de la primera promesa. |
| Dónde | En cárceles como El Rodeo I y El Helicoide, cerca de Caracas. |
| Cómo | Mediante excarcelaciones parciales, sin listas oficiales y bajo cifras en disputa. |
| Por qué | Porque el proceso avanza a cuentagotas mientras las familias siguen esperando una respuesta. |
El 8 de enero, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante» de presos políticos como gesto de «paz y convivencia». Casi cinco meses después, cientos siguen tras las rejas, las familias siguen acampando frente a las cárceles y nadie ha publicado una lista oficial de quién salió y quién no. Esta es la historia de esa espera, contada con las cifras y las voces que la sostienen.
El número exacto es, en sí mismo, un campo de batalla. La ONG Foro Penal, que lleva la defensa legal de los detenidos, ha actualizado la cifra varias veces: contabilizó 811 presos políticos a comienzos de enero, los redujo a unos 473-477 hacia abril conforme se confirmaban excarcelaciones, y mantiene que más de 500 siguen en condiciones de reclusión. El gobierno, en cambio, habla de más de 8.000 personas «amnistiadas» desde febrero, aunque reconoce que la enorme mayoría no estaba presa, sino bajo libertad condicional o medidas cautelares. Entre una cuenta y otra hay un abismo, y ese abismo se explica por un dato simple: el régimen no ha difundido los nombres. Sin lista oficial, cada excarcelación se verifica una por una, de a goteo.
Detrás de las cifras están los lugares, y los lugares tienen nombre. El Rodeo I, una cárcel cercana a Caracas, se ha vuelto el epicentro del drama: allí Foro Penal contabilizó 111 de los presos políticos, allí estuvo recluido el gendarme argentino Nahuel Gallo —liberado en marzo, que describió el sitio como un «lugar de tortura psicológica»— y allí los familiares denuncian que el trato cruel se intensificó. El Helicoide, sede del Sebin cuyo «cierre» fue anunciado pero nunca consumado, sigue albergando detenidos. Son los mismos centros que el discurso oficial prometía vaciar.
Las voces de las familias son el corazón de esta historia, y conviene escucharlas sin intermediación. Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) —e hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido en prisión en 2021—, denunció desde El Rodeo I la suspensión arbitraria de visitas a su hermano Josnars y exigió pruebas de vida. Carmen Arvelaez y Carmen Farfán, madres de dos jóvenes detenidos en Maturín y trasladados a Caracas, resumieron la angustia en una pregunta: «¿Por qué no nos dicen dónde están?». Ruth Molero recordó que decenas de familias llevaban más de 135 días esperando tras el primer anuncio. No son estadísticas: son madres, hermanas e hijos pidiendo una fe de vida.
Las vigilias son la forma que esa espera encontró para no rendirse. Desde enero, familiares y activistas instalaron campamentos frente a El Rodeo I, El Helicoide y otros penales del país, y el 19 de abril cumplieron 100 días de vigilia continua: cien noches de velas, carteles con la frase «esperando por» seguida de un nombre, y consignas de «justicia y libertad». Clippve y los Comités por la Libertad de los Presos Políticos —de Yare, de otros estados— sostienen la presencia, recogen insumos en la Universidad Central para quienes acampan, y documentan en redes sociales lo que la prensa oficial no cubre. La vigilia es, a la vez, oración, denuncia y registro.
El balance de las promesas es el nudo del asunto. El gobierno presenta cada tanda de liberaciones como un gesto de buena voluntad —y, no por casualidad, como una concesión en su negociación con Estados Unidos—. Las organizaciones responden con tres reclamos constantes: que se publique una lista oficial con nombres, que las excarcelaciones sean plenas y no bajo medidas cautelares que dejan al liberado con causas abiertas, y que se incluya a quienes el proceso sistemáticamente deja fuera. La Conferencia Episcopal pidió la libertad plena de todos; Foro Penal advirtió que las medidas «no abarcan al universo total» de quienes deberían beneficiarse. La amnistía existe; la libertad, para cientos, no ha llegado.
El inciso es sobre lo que esta espera revela. Un proceso de excarcelación sin lista oficial, con cifras que el poder infla y nombres que oculta, no es un trámite lento: es una forma de control. Mantener a las familias en la incertidumbre —sin saber si su preso entra en la próxima tanda, sin pruebas de vida, con visitas suspendidas— es, en sí mismo, un ejercicio de poder sobre el más vulnerable. Por eso las vigilias importan más allá de su resultado: son la negativa a que la espera se vuelva olvido. Mientras haya una vela encendida frente a El Rodeo I, hay un nombre que el régimen no puede borrar de la cuenta. Y la cuenta, hoy, sigue sin cuadrar.
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Alfredo Yánez
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Trump promete US$1 millón por denuncias de fraude electoral, sin explicar cómo funcionaría
El pago anunciado por Trump queda condicionado a arresto y condena. No se ha identificado una fuente de fondos, una agencia responsable, reglas de elegibilidad ni un procedimiento para cobrarlo.
Donald Trump prometió pagar US$1 millón a quien reporte fraude electoral en comicios pasados o en las elecciones intermedias de 2026, siempre que el reporte conduzca al arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude. El anuncio fue publicado el 26 de octubre en su cuenta de Truth Social y, horas después, el presidente lo reiteró ante periodistas.
La cifra llama la atención; la condición importa más. No es una oferta por presentar una denuncia ni un programa de recompensas con reglas públicas. El mensaje condiciona el eventual pago a una cadena completa: reporte, arresto y condena. Hasta ahora no se conocen la fuente de los fondos, la agencia que administraría el mecanismo, el canal específico para postular casos ni los criterios para decidir quién recibiría el dinero.
“Anybody reporting Voter Fraud in the past Elections, or the upcoming 2026 Midterm Election, will be paid $1,000,000 upon the arrest and conviction of those that created the Fraud!”
Donald J. Trump, publicación en Truth Social, 26 de octubre de 2026
La promesa y el mecanismo que no aparece
La formulación de Trump deja preguntas básicas sin respuesta. No dice si el millón corresponde a cada denunciante, a cada caso o a un monto total; tampoco precisa qué elecciones previas abarca, qué entiende por fraude ni cómo se establecería que un reporte fue la causa de una condena. La Casa Blanca remitió a la publicación de Trump cuando fue consultada por NBC News y no aportó detalles adicionales.
La diferencia entre una promesa pública y un mecanismo ejecutable es especialmente relevante porque el dinero del Tesoro federal solo puede salir mediante asignaciones aprobadas por ley. Esa regla no permite concluir, por sí sola, que la propuesta sea ilegal: podría existir una fuente o una autoridad que no haya sido explicada. Pero hasta ahora no se ha identificado una partida, un reglamento, una agencia responsable ni un proceso de pago.
Una semana antes de las intermedias
El anuncio llegó una semana antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Trump lo insertó en una agenda más amplia de presión sobre la integridad electoral y de intervenciones federales en asuntos que administran principalmente los estados. El dato verificable es la promesa y su condición de arresto y condena; no hay evidencia de que exista una recompensa federal operativa que cualquier persona pueda solicitar.
Los canales oficiales para reportar posibles delitos electorales ya existen. El FBI remite a tips.fbi.gov, al teléfono 1-800-CALL-FBI y a sus oficinas locales, y señala que las autoridades estatales administran las elecciones y las infracciones locales. La publicación de Trump no creó un canal paralelo ni vinculó el pago anunciado con esas vías.
El problema de prometer una cifra sin reglas
La promesa transforma una discusión sobre vigilancia electoral en una promesa económica de alto impacto. También desplaza el foco hacia la ejecución: quién recibiría los reportes, cómo se verifican, quién relaciona un aviso con una investigación, y qué ocurriría si varias personas aportan información sobre el mismo caso.
Esas preguntas no son accesorias. Sin ellas, la recompensa sigue siendo una declaración política y no una política pública verificable. El desenlace no dependerá solo de la cifra anunciada, sino de si aparecen fondos, reglas, una autoridad responsable y un procedimiento que convierta la oferta en algo que pueda exigirse y auditarse.
Fuentes y documentos
Política
La vacante que Washington necesita para llevar a Venezuela a elecciones
Estados Unidos propone una secuencia: nuevo TSJ, CNE renovado y una vacante presidencial permanente. La hoja de ruta todavía depende de actos venezolanos que no han ocurrido.
La secuencia que Washington expuso para Venezuela no termina con un nuevo Consejo Nacional Electoral ni con una fecha en el calendario. Su último paso es una decisión que hoy no existe: una vacante permanente de la Presidencia. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el 26 de octubre que, después de instalar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y renovar el CNE, Delcy Rodríguez tendría que declararla para abrir el camino hacia una elección presidencial.
Ese planteamiento convierte la vacante en la pieza política decisiva de una ruta que Estados Unidos presenta como salida de la transición. También obliga a precisar qué es, por ahora: una hoja de ruta explicada por Washington en una llamada de contexto, no una decisión venezolana ya tomada, un acto del CNE, una convocatoria electoral ni un acuerdo publicado por las partes de la mesa.
“Once those two things are in place — the new TSJ at the end of this year, the new CNE very shortly thereafter — … Delcy will have to declare a vacancy in the presidency, a permanent vacancy.”
Alto funcionario del Departamento de Estado, llamada de contexto del 26 de octubre de 2026
La ruta que Estados Unidos dibuja
El funcionario describió tres movimientos encadenados. Primero, un comité integrado por representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del oficialismo propondría 32 magistrados para un nuevo TSJ. La meta de Washington es que ese tribunal esté instalado antes de terminar el año, con una referencia a mediados de diciembre. Segundo, se reformaría el CNE y se renovaría su integración para que opere como una instancia técnica: organizar, contar y reportar los votos, sin decidir qué partidos o candidatos pueden competir.
Solo después aparece la vacante. Según la explicación estadounidense, una declaración de falta permanente abriría un período de seis meses para una presidencial y el nuevo CNE determinaría la fecha. Es la versión de Washington sobre el itinerario que busca respaldar. No equivale a que Delcy Rodríguez haya anunciado esa declaración ni a que exista un cronograma venezolano con esas etapas.
La vacante no es un detalle técnico
La frase importa porque desplaza la discusión desde el deseo de elecciones hacia la autoridad que tendría que abrirlas. Un TSJ distinto y un CNE distinto son instituciones; una vacante presidencial es el acto que cambiaría la condición del poder encargado y pondría en marcha otro procedimiento. Sin esa definición, la promesa de una elección sigue siendo una expectativa con varios pasos pendientes.
Ahí aparece una primera pregunta constitucional. El artículo 233 de la Constitución enumera las causas de falta absoluta y prevé una elección dentro de 30 días consecutivos si ocurre durante los primeros cuatro años del período. El artículo 234 regula las faltas temporales. La llamada del Departamento de Estado habló de seis meses. Esa diferencia no autoriza a adelantar una conclusión jurídica: exige saber qué figura se invocaría, quién la declararía y bajo qué interpretación institucional se aplicaría.
Lo que todavía tendría que verse
La ruta propuesta solo podrá medirse cuando deje documentos, nombres y actos públicos. El primer control es el comité: quiénes lo integran, cómo se reciben las postulaciones, con qué criterios se ordenan y qué nombres llegan a la Asamblea Nacional. El segundo es el CNE: qué norma cambia sus funciones, quiénes lo integran y qué garantías concretas ofrece para registro, candidaturas, voto exterior, escrutinio y divulgación de resultados.
El tercero es la vacante. No bastará con que sea mencionada en una llamada de Washington. Tendrá que existir un acto venezolano que permita conocer su fundamento, su alcance y la fecha desde la cual corre cualquier plazo. El cuarto es político: una elección puede tener instituciones nuevas y, aun así, conservar obstáculos si no se garantizan competencia, libertad de organización, información y posibilidad de cuestionar decisiones ante una autoridad creíble.
La diferencia entre una ruta y una transición
La intervención estadounidense aporta una arquitectura más precisa que la simple exigencia de “elecciones ya”. Coloca al TSJ y al CNE antes de la fecha, y a la vacante como bisagra entre las reformas y la convocatoria. Pero una arquitectura anunciada no sustituye su construcción. La prueba no será que Washington describa el trayecto, sino que cada estación pueda comprobarse en Venezuela.
Ese es el punto que deja abierta la transcripción: la política venezolana tiene ahora una secuencia atribuida a Estados Unidos, pero todavía debe mostrar si puede producir las decisiones, los controles y las garantías que conviertan una hoja de ruta externa en un proceso propio y verificable.
Fuentes y documentos
- Departamento de Estado de Estados Unidos · “Senior State Department Official on Venezuela”, 26 de octubre de 2026
- Departamento de Estado de Estados Unidos · comunicado sobre las conversaciones de reconciliación, 22 de octubre de 2026
- TSJ · Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 233 y 234
- Reuters · secuencia institucional expuesta por Washington, 26 de octubre de 2026
Aquí en Columbus
Los centros de datos llegan a la papeleta con una pregunta: quién paga
Acton y Ramaswamy discuten energía, impuestos e inversiones. El contraste debe hacerse sobre compromisos verificables, no solo anuncios de campaña.
Los centros de datos se han convertido en un eje de la última semana de campaña por la gobernación de Ohio. Una cobertura publicada el 26 de octubre por Statehouse News Bureau contrasta las posiciones de Amy Acton y Vivek Ramaswamy sobre incentivos, energía y condiciones para esos proyectos.
Acton ha planteado una moratoria condicionada a requisitos sobre costos, energía, trabajo, ambiente y acuerdos comunitarios. Ramaswamy ha dicho que se opone a exenciones del impuesto a la propiedad para centros de datos y que los proyectos deben aportar beneficios a las comunidades. Statehouse News Bureau reportó que las campañas también intercambiaron cuestionamientos sobre inversiones financieras; son alegaciones de campaña que deben leerse junto con las respuestas de cada parte.
Para Central Ohio, el tema tiene una traducción doméstica: electricidad, agua, suelo y recaudación local. Un proyecto puede aportar inversión y, a la vez, exigir infraestructura cuyos costos deben distribuirse. El número anunciado de empleos no responde por sí solo quién financiará esas necesidades.
La comparación útil distingue facultades del gobernador, decisiones de la legislatura, regulación de servicios y acuerdos locales. Una promesa de campaña no modifica automáticamente esos instrumentos ni garantiza que otros actores la aprueben.
La comparación entre las condiciones que ofrece cada candidato, su aplicación y la información disponible para las comunidades será clave antes de decidir. La expansión tecnológica está en la conversación electoral porque sus beneficios y costos se sienten en lugares concretos.
Ilustración conceptual; no es una fotografía documental.
Fuentes y documentos
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