El encargado de negocios John Barrett se reunió este viernes con el ministro de Minas, el vicepresidente económico Calixto Ortega y el presidente del BCV Luis Pérez. La nueva Ley Orgánica de Minas, promulgada en abril, abre paso a empresas estadounidenses. La fase de recuperación económica del Plan Rubio entra en operación.

«Me reuní con el Ministro de Minas, Héctor Silva, junto con el vicepresidente Sectorial de Economía Calixto Ortega y el presidente del Banco Central de Venezuela Luis Pérez, de las autoridades interinas, para impulsar la fase de recuperación económica del plan de @POTUS para Venezuela». La frase salió este viernes 22 de mayo del encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, a través de la cuenta de la embajada en X.

Barrett continuó: «La nueva ley de minas representa un paso importante por lo que alenté al Ministerio a seguir avanzando en consulta con el sector privado en un proceso que brinde previsibilidad y seguridad a los inversionistas. Empresas estadounidenses de alta calidad están listas para participar y aportar experiencia de vanguardia y valor a largo plazo para Venezuela».

Tres frases breves. Cuatro hechos sustantivos. La fase de recuperación económica del Plan Rubio acaba de iniciar su operación visible.

Quién es Barrett y por qué su agenda importa

John M. Barrett llegó a Caracas el 23 de abril de 2026 como nuevo encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos. Reemplazó a Laura Dogu, quien lideró la reapertura de la sede diplomática tras siete años cerrada. Barrett es diplomático de carrera del Servicio Exterior Superior estadounidense. Antes de Caracas, fue encargado de negocios en Guatemala desde el 21 de enero de 2026, donde priorizó cooperación en seguridad y migración. Antes de Guatemala, fue subdirector de misión en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023, donde se concentró en contener la influencia china en el Canal. Antes de Panamá, fue consejero económico en Lima y cónsul general en Recife, Brasil.

La trayectoria define la agenda. Barrett no es el perfil de un diplomático de derechos humanos ni de un negociador político. Es perfil económico-comercial con experiencia en zonas estratégicas. La elección no es casual. Es funcional al Plan Rubio en su fase 2.

Desde su llegada, Barrett ha mantenido actividad pública continua. El 18 de mayo visitó los hospitales Domingo Luciani y Pérez Carreño en Caracas, confirmando la llegada de suministros médicos estadounidenses. El 19 de mayo informó que durante la semana previa se había reunido con representantes de ExxonMobil y Medtronic. El 22 de mayo, la reunión con el gabinete económico encargado.

Tres semanas de actividad. Tres frentes: salud, energía y servicios médicos, minería. La fase 2 no es discurso. Es agenda operativa.

Los tres venezolanos que se sentaron del otro lado

Héctor Silva es el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Fue el encargado del cabildeo legislativo de la Ley Orgánica de Minas, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional tras cuatro sesiones de debate en segunda discusión. En la promulgación del 17 de abril, en la planta Manuel Carlos Piar en el municipio Caroní de Bolívar, Silva expresó estar «muy contento» y agradeció a Delcy Rodríguez por la «iniciativa de poder transformar el sector minero».

Calixto Ortega Sánchez es el vicepresidente sectorial de Economía del gobierno encargado. La biografía es noticiable. Ingeniero industrial de la Universidad del Zulia, MBA en Finanzas de Rice University y maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia. Fue presidente del Banco Central de Venezuela entre junio de 2018 y abril de 2025 bajo Maduro. Antes fue cónsul venezolano en Houston y Nueva York. En 2009, durante la presidencia de Hugo Chávez, fue declarado persona non grata por Estados Unidos en respuesta a una medida similar de Caracas contra diplomáticos estadounidenses. Hoy, diecisiete años después, se sienta a la mesa con el encargado de negocios estadounidense para impulsar la fase 2 del Plan Rubio. Es la biografía política venezolana de los últimos cuarenta años condensada en un acta de reunión.

Luis Pérez es el actual presidente del Banco Central de Venezuela. Asumió cuando Laura Guerra presentó su renuncia, anuncio que hizo la propia Delcy Rodríguez durante la promulgación de la Ley Orgánica de Minas en abril. Pérez venía siendo vicepresidente del BCV. La sucesión es relevante: el BCV es el órgano que va a recibir, gestionar y reportar los flujos de divisas que la fase 2 del Plan Rubio espera generar.

La Ley Orgánica de Minas como vehículo

La Ley Orgánica de Minas fue aprobada por la Asamblea Nacional por unanimidad —es decir, con el voto del bloque oficialista y del bloque opositor que opera dentro de la AN bajo presidencia de Jorge Rodríguez— tras cuatro sesiones de debate en segunda discusión. Delcy Rodríguez la promulgó el 17 de abril de 2026 en una planta de Caroní, en el estado Bolívar, corazón geográfico de la actividad minera venezolana.

El instrumento establece, en su principio rector, que el derecho de propiedad de los yacimientos recae solo en la República. Es decir: las concesiones, las empresas mixtas y los acuerdos de explotación se hacen sobre recursos cuya titularidad última sigue siendo del Estado venezolano. Pero el artículo 5 abre el rango operativo. Contempla todo tipo de sociedad: públicas, privadas, mixtas con participación pública mayoritaria o entidades cien por ciento privadas. El paréntesis legal permite cualquier forma societaria que las partes acuerden.

Es exactamente el tipo de marco regulatorio que Estados Unidos necesita para operar como en el sector petrolero. El acuerdo Chevron-PDVSA del 13 de abril en la Faja del Orinoco —que subió la participación de Chevron en Petroindependencia del 35,8% al 49% y le entregó derechos sobre el bloque Ayacucho 8— se sostiene en una estructura de empresa mixta con flexibilidad operativa. La Ley Orgánica de Minas reproduce esa lógica para el sector minero. Y la Faja Mineral de Bolívar —oro, diamantes, coltán, bauxita, hierro— se convierte en la versión minera de la Faja del Orinoco.

Lo que ya estaba en marcha

La pieza visible del 22 de mayo se inscribe en una secuencia previa. El 5 de marzo, Estados Unidos y Venezuela acordaron formalmente restablecer lazos diplomáticos. El 23 de marzo, Reuters reportó que la administración Trump iniciaba contactos para reabrir el frente energético. El 1 de abril, OFAC removió a Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Especialmente Designados. El 13 de abril, Chevron firmó con PDVSA los nuevos acuerdos en la Faja del Orinoco. El 17 de abril, Delcy Rodríguez promulgó la Ley Orgánica de Minas.

A eso se suma la actividad documentada del propio Barrett la semana previa al 22 de mayo. ExxonMobil, la mayor petrolera estadounidense, que en 2007 cerró operaciones en Venezuela tras la nacionalización chavista de la Faja del Orinoco, hoy explora retorno. Su CEO Darren Woods dijo a Infobae el 1 de mayo: «Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que vamos a jugar un papel importante en traer esos barriles al mercado». Medtronic, una de las mayores empresas de dispositivos y servicios médicos del mundo, también figura entre los interlocutores recientes de la embajada.

Lo que esto significa para el lector hispano en EE.UU.

Hay tres lecturas necesarias.

Una: la fase 2 del Plan Rubio no es teoría. Es agenda con calendario, con marco legal aprobado, con interlocutores institucionales identificados y con encargado diplomático asignado. Lo que el secretario Rubio formuló ante el Congreso el 7 de enero —estabilización, recuperación, transición— está siendo ejecutado paso a paso.

Dos: el flujo de divisas que abre la fase 2 entra a las cuentas del Banco Central de Venezuela bajo presidencia de Luis Pérez. Pero el marco regulatorio bajo el cual entra está supervisado por el Departamento del Tesoro estadounidense, por la Executive Order 14373 que designa los ingresos petroleros como activos soberanos bajo custodia, y por las decisiones de la propia embajada en Caracas. Es decir: el aumento de ingresos venezolanos puede ser real, pero la administración de cómo se gastan, qué deudas se pagan primero y a qué ritmo los recibe la economía doméstica sigue siendo decisión que se toma por encima.

Tres: para la diáspora venezolana en Estados Unidos, la fase 2 implica probabilidad creciente de regreso de empresas estadounidenses con presencia en Venezuela. Eso puede traducirse en oportunidades laborales para profesionales venezolanos bilingües que hoy viven en Miami, Houston, Dallas, Madrid, con experiencia en minería, petróleo, banca, servicios. Pero también plantea preguntas operativas concretas: en qué condiciones se viajaría, qué garantías de retorno habría, qué sistema legal aplicaría en caso de disputa. Ninguna de esas preguntas tiene respuesta pública hoy.

Lo que se observa después

Cuatro indicadores a vigilar en las próximas semanas.

Uno: comunicación de empresas específicas. ¿Qué mineras estadounidenses son las «empresas de alta calidad» que Barrett menciona? Newmont, Freeport-McMoRan, Hecla Mining son candidatas obvias para oro. Alcoa para bauxita. Cleveland-Cliffs para hierro. La identidad de los primeros entrantes definirá la escala real del acuerdo.

Dos: acuerdos del próximo mes. El acuerdo Chevron-PDVSA del 13 de abril es el modelo de referencia. Los primeros acuerdos mineros bajo la nueva Ley Orgánica probablemente sigan esa estructura: empresa mixta con participación venezolana mayoritaria sobre el papel y operación efectiva con tecnología y capital estadounidense.

Tres: respuesta del sector privado venezolano. La reunión con Barrett incluyó la frase «en consulta con el sector privado». Cámaras venezolanas como Fedecámaras, Venamcham y la Cámara Minera tienen posición pendiente sobre el alcance real de la consulta. Si la fase 2 produce alianzas con capital local o si va directo a empresas estadounidenses por encima del empresariado nacional es una pregunta abierta.

Cuatro: respuesta política interna. La Ley Orgánica de Minas pasó por unanimidad en la AN. Pero las cuatro corrientes del chavismo no votan necesariamente en bloque cuando se trata de operacionalización. Mario Silva cuestionó la entrega de Alex Saab del 16 de mayo. La entrada masiva de capital estadounidense a la minería puede ser, para el chavismo radical-ideológico, la siguiente capitulación. Para el rodrigato es resultado. Y para Diosdado Cabello, posiblemente, otra entrega de patrimonio nacional.

El 22 de mayo de 2026 quedará registrado como la fecha en que la fase de recuperación económica del Plan Rubio dejó de ser anuncio para convertirse en agenda operativa. Las próximas semanas dirán quién se beneficia, en qué proporción, y bajo qué condiciones.

Fuentes principales: Cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Caracas en X (declaración de John Barrett del 22 de mayo de 2026); Infobae, La Patilla, Banca y Negocios y El Universal (cobertura del 23 de abril sobre la llegada de Barrett); La Nación de Argentina (cobertura del 17 de abril sobre la designación de Barrett); Efecto Cocuyo (perfil de Barrett publicado en mayo de 2026); Prensa Latina (cobertura del 16 y 17 de abril sobre la promulgación de la Ley Orgánica de Minas); registro Wikipedia de Calixto Ortega Sánchez (trayectoria documentada con fuente del Banco Central de Venezuela); Reporte Confidencial (cobertura del 19 de mayo sobre la visita de Barrett a hospitales); La Patilla (cobertura del 18 y 19 de mayo sobre reuniones de Barrett con ExxonMobil y Medtronic); declaraciones de Darren Woods, CEO de ExxonMobil, a Infobae el 1 de mayo de 2026; informe de Transparencia Venezuela del 1 de febrero de 2026 sobre el nuevo orden petrolero venezolano.

Nota práctica: Esta nota es informativa y de análisis. La operacionalización de la fase 2 del Plan Rubio plantea cuestiones legales, regulatorias y financieras en evolución. Profesionales venezolanos interesados en oportunidades laborales con empresas estadounidenses operando en Venezuela deben consultar con abogado y considerar verificación de garantías legales y migratorias específicas antes de cualquier compromiso operativo.