Economía
El bolsillo hispano entra en campaña con el salario en negativo
El salario real cayó por primera vez desde abril de 2023. La gasolina subió 43,6% en un año. A seis meses del 3 de noviembre, el bolsillo hispano vuelve a ser variable política decisiva.
Por primera vez desde abril de 2023, el salario real promedio en Estados Unidos volvió a caer. Cayó 0,3% en términos anuales en abril de 2026, una fracción que en cifras absolutas no luce alarmante pero que marca el fin de un ciclo de tres años. El factor decisivo: la inflación llegó al 3,8%, su nivel más alto desde mayo de 2023, empujada por una gasolina nacional de 4,55 dólares por galón y por el cierre prolongado del Estrecho de Hormuz. A seis meses del 3 de noviembre, así queda el bolsillo de los 62 millones de hispanos en Estados Unidos. —
Un número pequeño que cierra un ciclo
El martes 12 de mayo de 2026, la Bureau of Labor Statistics publicó dos cifras que conviene leer juntas. La inflación anual de abril fue de 3,8%, la más alta desde mayo de 2023. Y el salario real promedio cayó 0,3% en términos anuales por primera vez desde abril de 2023, hace exactamente tres años.
El 0,3% es un número pequeño en apariencia. Es también el fin de un ciclo. Durante tres años, los aumentos salariales nominales en Estados Unidos superaron a la inflación. Los trabajadores ganaron poder de compra de manera lenta pero sostenida, especialmente después del pico inflacionario de 2022. Esa ventaja desapareció en abril.
Los salarios nominales subieron 3,6% año contra año. La inflación subió 3,8%. La resta da -0,3% en términos reales. Para una familia hispana promedio que ganaba 75.000 dólares anuales en abril de 2025 y recibió ese aumento nominal del 3,6%, el efecto neto es que en abril de 2026 puede comprar aproximadamente 225 dólares menos al año con su salario nuevo. La cifra es modesta a nivel individual. Multiplicada por los 28 millones de hispanos en la fuerza laboral estadounidense, suma alrededor de 6.300 millones de dólares menos de poder de compra colectivo en un año.
Esa es la fotografía gruesa. La fotografía fina es más severa.
La gasolina como impuesto invisible
El componente que más empujó la inflación de abril fue la energía. El precio de la gasolina subió 28,4% año contra año en el dato CPI. En cifras absolutas, el promedio nacional al 12 de mayo de 2026 se ubicó en 4,55 dólares por galón, según la AAA, frente a 3,14 dólares un año antes. El aumento interanual es del 43,6%.
La cifra esconde diferencias regionales severas. California paga 6,15 dólares por galón. Washington, 5,77. Hawai, 5,64. Ohio, 4,68 dólares con un aumento interanual del 57,2%, uno de los más altos del país. Springfield y Dayton, ambas en Ohio, encabezan las alzas por área metropolitana con incrementos del 71% y 64,4% respectivamente. Texas, donde reside aproximadamente el 19% de los hispanos del país, paga alrededor de 4,20 dólares por galón. Florida, otro estado con alta concentración hispana, paga 4,35. Nueva Jersey, 4,68. Illinois, 4,52.
Para una familia hispana promedio que conduce 30 millas diarias —cifra cercana al promedio nacional del Department of Transportation—, el alza de la gasolina representa un gasto adicional de aproximadamente 950 dólares al año comparado con mayo de 2025. Esa cifra es cuatro veces el efecto neto del salario real negativo.
La gasolina funciona, en términos económicos, como un impuesto invisible. No aparece en el recibo del IRS pero opera con la misma mecánica. Reduce ingreso disponible. Y a diferencia de un impuesto progresivo, golpea con más fuerza a quien menos gana, porque el porcentaje del ingreso familiar que se destina al transporte es estructuralmente mayor en hogares de ingresos medios y bajos.
El origen de la subida: el Estrecho de Hormuz
La causa principal del alza no está en Texas ni en Ohio. Está en el Golfo Pérsico. El Estrecho de Hormuz, por donde transitan aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y combustibles refinados, está efectivamente cerrado desde principios de marzo de 2026 a raíz del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.
La Energy Information Administration de Estados Unidos asumió, en su Short-Term Energy Outlook de mayo, que el Estrecho permanecerá «efectivamente cerrado» hasta finales de mayo, con el tráfico marítimo retomándose en junio. Pero los envíos de petróleo no volverán a niveles anteriores al conflicto hasta finales de este año. Mientras tanto, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, Qatar, Bahréin e Irak han mantenido cerradas en producción 10,5 millones de barriles diarios.
A esto se suma una variable estructural que la propia EIA documenta: la capacidad de refinación en Estados Unidos está disminuyendo este año. Eso eleva los márgenes de las refinerías, llamados crack spreads, y se traduce en precios más altos al consumidor incluso si el crudo bajara. La EIA proyecta que los precios de la gasolina caerán 6% en 2026 en promedio, pero esa proyección depende de que el Estrecho reabra y de que la capacidad de refinación se recupere. Hasta que ocurra, los precios siguen subiendo.
Para el hispano que llena tanque dos veces por semana, todo esto significa una cosa: la guerra en el Golfo se paga en la bomba de gasolina en Houston, en Phoenix, en Miami y en Los Ángeles. El conflicto militar es lejano. La factura es local.
La cesta básica también subió
El segundo componente que empujó la inflación de abril fue la comida. Los precios de los alimentos subieron 3,2% año contra año. La carne de res subió 14,8%. La comida en el supermercado para preparar en casa subió 0,7% solo en abril, el mayor aumento mensual desde agosto de 2022.
Los aranceles que la administración Trump introdujo durante el primer trimestre del año empezaron a reflejarse en los precios al consumidor. La ropa subió 0,6% mensual. Los muebles y artículos para el hogar subieron 0,7%. Los pasajes aéreos subieron 2,8% solo en abril, acumulando un alza del 20,7% en doce meses. La inflación de servicios distinta a energía también se aceleró: el rubro de vivienda subió 0,6% mensual, lo que marca un repunte después de meses de moderación.
Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, lo formuló de manera directa en CNBC: «Para la mayoría de las familias, lo que más importa es el costo de un galón de gasolina sin plomo y una libra de carne, y los dos están bastante más caros». Stephen Kates, analista financiero de Bankrate, fue aún más severo. Habló de una «doble presión»: el dolor agudo del shock de precios de la gasolina y el aumento gradual de otros rubros básicos del presupuesto familiar. La salida tradicional cuando un rubro sube de precio es reasignar dólares de otra categoría. Cuando todas las categorías suben al mismo tiempo, no hay margen para reasignar.
Para una familia hispana de cuatro miembros con un presupuesto típico, el alza combinada de gasolina, alimentos y vivienda representa entre 1.800 y 2.400 dólares adicionales en gastos anuales respecto a mayo de 2025. Esa cifra está por encima del crecimiento nominal del salario para la mayoría de los trabajadores. Es el origen aritmético del salario real negativo.
La Reserva Federal, en su momento más incómodo
La Reserva Federal entra en este escenario en su momento institucional más difícil en décadas. El presidente saliente Jerome Powell mantuvo tasas estables durante todo el año a pesar de la presión política y económica. Su sucesor entrante, Kevin Warsh, designado por Trump, ha defendido públicamente la necesidad de bajar tasas. La transición de liderazgo ocurre con la inflación acelerando.
En la reunión de finales de abril de 2026, el Comité Federal de Mercado Abierto votó nuevamente por mantener tasas. Pero el voto registró cuatro disidencias, el número más alto desde 1992. El gobernador Stephen Miran votó por una reducción de un cuarto de punto. Tres presidentes regionales objetaron el lenguaje del comunicado, lectura que el mercado interpretó como señal de que el próximo movimiento será una reducción.
La contradicción es severa. Bajar tasas con la inflación pisando el 4% va contra todo el manual de política monetaria moderna. Pero mantenerlas altas con un mercado laboral debilitándose y un nuevo presidente entrante con mandato político explícito para flexibilizar también es difícil. Los mercados de futuros elevaron al 30% la probabilidad de un alza —no una baja— de tasas para fin de año, según datos de CME Group. Lo que significa que parte del mercado considera ahora que la Fed podría verse forzada a subir tasas para contener el shock energético.
Para el hispano endeudado, esa indefinición tiene consecuencias prácticas. Las hipotecas a treinta años promedian 7,2% en mayo. Las tarjetas de crédito promedian 21%. Los préstamos para vehículo siguen por encima del 8%. Mientras la Fed no actúe, esos costos se quedan altos. Si la Fed baja, alivian. Si la Fed sube, se aprietan más.
La política de Trump, en el espejo
La economía no se discute solo en términos técnicos. Se procesa políticamente. Una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS encontró que el 77% de los estadounidenses —incluida la mayoría de los republicanos— afirma que las políticas del presidente Donald Trump han aumentado el costo de vida en su propia comunidad. Es una cifra fuerte. En un país políticamente polarizado, una mayoría transversal de tres cuartos no se logra fácil. Y se logra solo cuando la realidad económica concreta supera a la lealtad ideológica.
Para los hispanos en Estados Unidos, esa pregunta política tiene capas adicionales. La administración Trump ha sido la responsable de los aranceles que están encareciendo bienes importados, de la decisión militar que cerró el Estrecho de Hormuz y de la designación del próximo presidente de la Reserva Federal. Esas tres líneas de política operan a la vez sobre el bolsillo hispano. Y operan a seis meses de unas elecciones que, aunque no son presidenciales, pueden modificar significativamente el balance del Congreso.
La elección especial al Senado en Ohio del 3 de noviembre de 2026, entre Jon Husted y Sherrod Brown, será una prueba de cómo se procesa esta combinación. Ohio paga, hoy, casi 5 dólares por galón de gasolina. Springfield, Ohio, vivió en 2024 un episodio de tensión migratoria que la administración Trump capitalizó políticamente. La pregunta es si el votante ohioano —incluido el votante hispano de Cleveland, de Toledo y de Columbus— vota por afinidad partidista o por presión en el bolsillo. En las elecciones de medio término de 2022, el voto hispano nacional se dividió cerca del 60% para los demócratas. En las presidenciales de 2024, Bernie Moreno ganó casi tres puntos a Sherrod Brown, en parte por la erosión del voto hispano demócrata en Ohio.
Las próximas semanas dirán si esa erosión se consolida o se revierte.
Lo que el hispano informado puede hacer
La pieza más sólida del Manual de cualquier familia hispana en momentos como este es la información. La conversación pública sobre la economía suele moverse entre dos extremos: el alarmismo que paraliza y el optimismo institucional que desconecta del bolsillo. Entre los dos hay datos verificables que sí permiten decisiones.
Tres datos que importan ahora. Primero: la gasolina probablemente seguirá alta durante las próximas seis a nueve semanas, según la EIA. Comparar precios entre estaciones, usar aplicaciones de combustible y planear viajes con anticipación reduce el costo personal en torno al 12-15%. Segundo: los aranceles seguirán reflejándose en precios al consumidor durante los próximos tres a seis meses. Comprar bienes durables —electrodomésticos, ropa de calidad, vehículos— antes de que se acelere la repercusión es decisión racional, si el flujo de caja lo permite. Tercero: las tasas de interés probablemente no bajarán antes de septiembre. Refinanciar hipotecas o consolidar deudas en este momento no es ventajoso. Esperar al cuarto trimestre tiene sentido aritmético.
A seis meses del 3 de noviembre, el bolsillo hispano entra en campaña. Lo hace con salario real negativo por primera vez en tres años, con gasolina al precio más alto desde 2022 y con una Reserva Federal en transición. La pregunta política es qué se vota. La pregunta económica es qué se compra. Y la pregunta familiar, la única que se resuelve en la mesa de cada hogar hispano en Estados Unidos, es qué se aplaza.
El año fiscal del hispano americano está cerrado por delante hasta diciembre. Lo que se decida en los próximos seis meses, tanto en las urnas como en el supermercado, definirá cómo se cierra. Lo único que está claro hoy es que ya no se cierra solo. Se cierra con la guerra en Hormuz, los aranceles, la Fed y el voto en Ohio operando, todos, sobre el mismo bolsillo.
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Fuentes principales
- U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index Summary, abril de 2026, publicado el 12 de mayo de 2026.
- American Automobile Association (AAA), Fuel Prices, datos al 12 de mayo de 2026.
- U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, mayo de 2026.
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED Economic Data, serie GASREGW.
- LendingTree, análisis comparativo de precios de gasolina por estado, 12 de mayo de 2026.
- CNBC, cobertura del CPI de abril de 2026.
- CNN Business, cobertura de inflación y salarios reales, 13 de mayo de 2026.
- Encuesta CNN/SSRS sobre percepción del costo de vida bajo Trump, mayo de 2026.
- Pantheon Macroeconomics, análisis del informe CPI.
- Pew Research Center, perfil demográfico de la población hispana en EE.UU.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Los tributos anunciados equivalen a tres dólares por barril
Es una división simple sobre dos cifras oficiales. El resultado obliga a preguntar qué incluye y qué no incluye la palabra tributos.
Los tributos anunciados equivalen a tres dólares por barril
La cifra que faltaba ya está sobre la mesa. Dividida entre los barriles comprometidos, arroja un resultado que necesita explicación.
| Qué | La cifra de tributos anunciada equivale a unos 3,22 dólares por cada barril de reserva comprometida. |
|---|---|
| Quién | Estado venezolano; empresas operadoras; autoridades de ambos países. |
| Cuándo | Comunicado del 28 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | La relación entre tributos y volumen permite dimensionar la participación fiscal del Estado. |
| Cómo | Mediante la división de las dos cifras oficiales publicadas en el propio comunicado. |
El comunicado oficial venezolano ofrece dos cifras que se pueden dividir: más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado y 65.000 millones de barriles de potencial probado.
El resultado son 3,22 dólares por barril.
Por qué esa cifra llama la atención
La legislación venezolana de hidrocarburos establece una regalía del 30% sobre los volúmenes extraídos, además del impuesto sobre la renta aplicable a la actividad, tradicionalmente más alto que el de otros sectores.
Con un precio de referencia de 70 dólares por barril, una regalía del 30% equivaldría por sí sola a 21 dólares por barril.
La cifra anunciada es aproximadamente una séptima parte de eso.
Cuatro explicaciones posibles
La diferencia no significa necesariamente que el acuerdo sea desventajoso. Significa que la cifra requiere una explicación que el comunicado no da, y hay al menos cuatro caminos.
Uno · La regalía no es un tributo. Es la explicación más probable y la más técnica. Según la doctrina predominante, la regalía no tiene naturaleza tributaria: es una contraprestación patrimonial que el Estado percibe como propietario del recurso, no como poder fiscal. Si el comunicado usa «tributos» en sentido estricto, la cifra excluiría la regalía y la participación total del Estado sería sustancialmente mayor.
Dos · Valor presente. La cifra podría estar descontada a valor de hoy, lo que reduce de manera considerable un flujo que se percibe a lo largo de décadas.
Tres · No toda la reserva se produce. El potencial probado no equivale al volumen que efectivamente se extraerá en el período del acuerdo. Si los tributos corresponden a la producción prevista y no a la reserva total, el divisor correcto sería menor y el resultado por barril, mayor.
Cuatro · Supuestos de precio y costo distintos. Los tributos se calculan sobre bases imponibles que descuentan costos, y el precio de referencia empleado no se conoce.
Por qué importa saber cuál
Porque de eso depende una cifra que sí es comprensible para cualquiera: cuánto recibe Venezuela por cada barril que sale.
Si la cifra anunciada es la participación total del Estado, la operación tendría una participación fiscal muy por debajo de los estándares del sector.
Si la cifra excluye la regalía, como sugiere la lectura técnica más plausible, la participación real sería considerablemente mayor y el número anunciado estaría describiendo solo una parte.
Las dos lecturas son compatibles con el texto publicado. Esa ambigüedad es, en sí misma, el problema.
La pregunta que lo resuelve
Una sola, y admite respuesta en una línea: ¿qué porcentaje de regalía y qué alícuota de impuesto se pactaron?
Con esos dos números, cualquiera puede calcular lo demás. Sin ellos, ninguna cifra agregada permite evaluar el acuerdo, ni a favor ni en contra.
Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde →
Fuentes principales: Comunicado oficial del Gobierno venezolano del 28 de agosto de 2026. Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, régimen de regalía. Doctrina sobre la naturaleza jurídica de la regalía petrolera.
Economía
El acuerdo abarca diecisiete campos que nadie ha identificado
No es lo mismo diecisiete campos convencionales rehabilitables que diecisiete bloques de crudo extrapesado. La diferencia son años y miles de millones.
El acuerdo abarca diecisiete campos que nadie ha identificado
Es el primer dato sobre el alcance físico de la operación. Y es el que más cambia según cuál sea la respuesta.
| Qué | El comunicado venezolano menciona diecisiete campos estratégicos comprendidos en el acuerdo, sin identificarlos. |
|---|---|
| Quién | Estado venezolano; operadores privados no identificados. |
| Cuándo | Comunicado del 28 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | El tipo de campo determina el costo, el plazo y la infraestructura necesaria para producir. |
| Cómo | Mediante la selección de áreas cuya identidad no ha sido divulgada. |
El comunicado venezolano menciona diecisiete campos estratégicos. No dice cuáles.
Es el primer dato sobre el alcance físico de la operación y también el que más cambia el resultado según cuál sea la respuesta.
No todos los campos son iguales
En Venezuela conviven realidades geológicas muy distintas y cada una tiene su propia economía.
Los campos convencionales del occidente y el oriente producen crudos livianos y medianos. Muchos están desarrollados desde hace décadas, con infraestructura existente aunque deteriorada. Rehabilitarlos es comparativamente rápido y barato, y genera producción temprana.
Los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco concentran la mayor parte de las reservas probadas del país. Producirlos exige mejoramiento o mezcla con diluentes, consumo intensivo de electricidad y una infraestructura que en buena medida hay que construir. Es lo más caro y lo más lento.
Diecisiete campos convencionales rehabilitables y diecisiete bloques de faja son dos programas completamente distintos, con calendarios y costos que no se parecen.
Por qué esto acota las demás cifras
Un estudio publicado en agosto de 2026 por el Oxford Institute for Energy Studies recomienda una secuencia precisa: empezar por los crudos de menor viscosidad, los campos ya desarrollados y la rehabilitación de campos convencionales, para generar producción temprana y flujo de caja antes de expandirse hacia la recuperación térmica.
Si los diecisiete campos siguen esa secuencia, la producción llegaría antes y con menos capital inicial. Si se concentran en la faja, el cronograma se alarga y la inversión anunciada rinde menos barriles por dólar.
De ahí que la promesa de reducción del precio de la gasolina, la cifra de tributos y el calendario de empleo dependan todos de una lista que no se ha publicado.
Lo que la lista permitiría verificar
Con los nombres de los campos, cualquier analista podría comprobar en fuentes públicas cuatro cosas.
Qué producción tuvieron históricamente y cuánta tienen hoy.
Qué reservas se les atribuyen y de qué tipo de crudo.
Qué infraestructura asociada existe y en qué estado.
Y si están libres o comprometidos en asociaciones previas, algunas con socios de terceros países.
Ese último punto es el más delicado y el menos mencionado: varios campos venezolanos operan bajo empresas mixtas con participación extranjera. Cualquier reasignación afectaría derechos existentes.
La pregunta
Diecisiete es un número. La lista es la información.
Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde →
Fuentes principales: Comunicado oficial del Gobierno venezolano del 28 de agosto de 2026. Orlando Ochoa, «Venezuela’s Oil and Gas Industry: The Challenge of Sustainable Recovery», Oxford Institute for Energy Studies, agosto de 2026.
Economía
Rubio cifra en cien mil millones la inversión privada prometida
La inversión la hacen y la recuperan las empresas. Lo que recibe el Estado es la regalía y el impuesto, y esos siguen sin anunciarse.
Es el primer número oficial sobre lo que le tocaría a Venezuela. Conviene entender qué mide, porque inversión e ingreso son dos cosas distintas.
| Qué | El secretario de Estado estadounidense afirmó que el acuerdo traerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada a Venezuela. |
|---|---|
| Quién | Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. |
| Cuándo | Mensaje difundido el viernes 28 de agosto de 2026, tras el anuncio presidencial. |
| Dónde | Estados Unidos y Venezuela. |
| Por qué | Es la primera cifra oficial referida a lo que recibiría el país donde están los recursos. |
| Cómo | Mediante inversión de empresas privadas en pozos, infraestructura y capacidad de producción. |
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 28 de agosto de 2026 que el acuerdo traerá para el pueblo venezolano cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, apoyará miles de empleos bien pagados e impulsará la reconstrucción de la economía venezolana.
Es la primera cifra oficial referida al lado venezolano de la operación. Conviene precisar qué mide.
Inversión no es ingreso
Una inversión es dinero que una empresa gasta para producir. Compra taladros, perfora pozos, tiende oleoductos, construye instalaciones y contrata servicios.
Ese dinero no se le entrega al Estado venezolano. Se gasta en el país y una parte circula allí, pero el activo resultante pertenece a quien invirtió, y quien invierte lo hace para recuperarlo con retorno.
Lo que un Estado recibe de una operación petrolera son dos cosas: la regalía, un porcentaje de la producción o de su valor, y el impuesto sobre la ganancia.
Ninguno de esos dos porcentajes ha sido anunciado.
De modo que la cifra de 100.000 millones describe el tamaño del programa, no el ingreso venezolano. Son magnitudes distintas y la segunda sigue sin conocerse.
La proporción
Hay una relación que ordena la escala y se puede calcular con las cifras que las propias autoridades han dado.
Cien mil millones de dólares de inversión frente a 65.000 millones de barriles de reservas comprometidas equivalen a alrededor de un dólar y medio de inversión por cada barril de reserva.
Es una relación indicativa y no un indicador de rentabilidad, porque no toda la reserva se produce y los costos varían por campo. Sirve, sin embargo, para dimensionar: el compromiso de inversión es pequeño frente al valor bruto del recurso comprometido.
Cuánto de esa diferencia queda en Venezuela depende, otra vez, de la regalía y del impuesto.
El contraste con las estimaciones técnicas
Una proyección publicada en enero de 2026 por el brazo de análisis energético de S&P Global situaba en torno a 3.200 millones de dólares anuales la inversión necesaria para llevar la producción venezolana a un millón y medio de barriles diarios hacia 2030.
A ese ritmo, 100.000 millones describen un programa de varias décadas, no de un quinquenio.
El estudio del Oxford Institute for Energy Studies publicado en agosto de 2026 considera plausible llegar a 3,3 millones de barriles diarios en un horizonte de diez a doce años, siempre que se cumplan seis condiciones que incluyen términos fiscales predecibles y credibilidad legal.
Ninguna de esas dos referencias contradice la cifra anunciada. Lo que hacen es situarla en el tiempo: es un compromiso de largo plazo, no un desembolso inmediato.
Las tres preguntas que faltan
Sobre la cifra misma, quedan tres asuntos sin responder y todos constarían en el instrumento.
En cuántos años se ejecutaría esa inversión.
Qué ocurre si no se ejecuta. Un compromiso de inversión sin metas verificables ni consecuencias por incumplimiento es una expectativa, no una obligación.
Quién invierte. El anuncio habla de empresas privadas y no las identifica.
Hasta que esas tres respuestas existan, la cifra es una intención declarada por una de las partes.
Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde.
Fuentes principales: Mensaje de Marco Rubio difundido el 28 de agosto de 2026. Mensaje de Donald Trump del 28 de agosto de 2026. Orlando Ochoa, Oxford Institute for Energy Studies, agosto de 2026. Análisis de S&P Global Commodity Insights, enero de 2026.
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