El próximo viernes 8 de mayo se cumple un año desde que Robert Francis Prevost, agustino estadounidense con tres décadas de servicio pastoral en Perú, apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro como León XIV. El primer aniversario es momento adecuado para hacer balance no solo del estilo pastoral del primer Papa nacido en Estados Unidos, sino de algo menos estudiado pero igual de relevante: el modo en que su pontificado ha modificado la relación de la Iglesia católica con la tecnología. Es un terreno donde León XIV, por su perfil generacional y su formación, opera con naturalidad mayor que sus antecesores.

EL PERFIL TECNOLÓGICO DE PREVOST

Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955. Estudió matemáticas en Villanova University antes de ingresar a la Orden de San Agustín. Ese detalle —matemáticas como formación inicial, no filosofía o teología— marca una diferencia significativa con los pontífices recientes. Benedicto XVI fue teólogo académico. Francisco fue químico técnico antes del seminario, pero su formación intelectual madura fue principalmente humanística. Prevost trae al pontificado una formación que combina rigor matemático con teología agustiniana. La intersección no es trivial. La capacidad de pensar sistemas, modelar abstracciones y evaluar argumentos cuantitativos influye en cómo se aproxima a debates sobre tecnología.

Sus tres décadas en Perú —especialmente como obispo de Chiclayo desde 2014— le dieron además experiencia directa con la brecha digital. La pastoral en zonas rurales del norte peruano implica trabajar con comunidades donde la conectividad es intermitente, donde las herramientas digitales tienen que adaptarse a infraestructura limitada, y donde las soluciones tecnológicas elegantes en un contexto urbano fallan en uno rural. Esa experiencia se nota en las declaraciones del Pontífice sobre tecnología: la mirada incorpora preocupaciones de equidad de acceso que no se reducen a lemas.

LO QUE HA HECHO EL PRIMER AÑO

Cuatro líneas distinguen el enfoque tecnológico del pontificado de León XIV durante su primer año. La primera es la presencia digital intensificada del Vaticano. Las cuentas oficiales del Pontífice en X, Instagram, YouTube y otras plataformas han incrementado significativamente su frecuencia de publicación y la calidad de producción de contenido. El equipo del Dicasterio para la Comunicación, bajo coordinación papal, ha implementado modelos de producción audiovisual que se asemejan más a los de medios digitales contemporáneos que al estilo institucional tradicional del Vaticano.

La segunda línea son las declaraciones magisteriales sobre inteligencia artificial. León XIV ha hecho declaraciones públicas sobre el uso responsable de IA en al menos seis ocasiones durante el primer año. La línea es consistente: la IA puede ser instrumento al servicio de la dignidad humana, pero requiere marcos éticos que limiten sus aplicaciones más problemáticas. La encíclica preparatoria sobre IA, anunciada para discusión en el primer semestre de 2026, es uno de los documentos magisteriales más esperados del año.

La tercera línea son las alianzas con instituciones académicas y tecnológicas. El Vaticano ha firmado acuerdos de colaboración con la Sant’Anna School of Advanced Studies de Pisa para investigación sobre ética digital, y mantiene diálogos con firmas tecnológicas globales (Microsoft, IBM, Cisco, entre otras) sobre principios para el desarrollo responsable de tecnologías. El acuerdo Rome Call for AI Ethics, iniciado bajo Francisco en 2020, ha sido reactivado y ampliado durante el pontificado de León XIV.

La cuarta línea es la integración tecnológica en iniciativas pastorales concretas. El Hopemobile —el papamóvil reconvertido en vehículo simbólico que recorrerá Estados Unidos en junio y julio de 2026— combina presencia física con redes digitales: cada parada del Hopemobile se transmite en vivo, genera contenido para redes y permite participación remota mediante plataformas dedicadas. Es ejemplo de cómo el pontificado integra herramientas digitales con experiencias presenciales.

LA POSTURA SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La postura de León XIV sobre IA puede sintetizarse en cuatro principios. Primero, la IA es herramienta, no fin. Su valor se mide por el modo en que sirve a las personas, especialmente a las más vulnerables. Segundo, la IA requiere marcos éticos vinculantes. Las grandes empresas tecnológicas no pueden ser únicas autoridades sobre las normas que rigen sus productos. Tercero, la IA debe enfrentar la prueba de la equidad. Sus beneficios no pueden concentrarse solo en sociedades ricas; sus costos no pueden recaer solo sobre poblaciones pobres. Cuarto, la IA tiene que respetar la dignidad humana en su núcleo: capacidad creativa, libre albedrío, vínculos relacionales que la tecnología puede potenciar pero no sustituir.

Esta postura es coherente con las posiciones del magisterio bajo Benedicto XVI y Francisco, pero León XIV añade un componente operativo. No solo declara principios. Promueve mecanismos institucionales para implementarlos. La encíclica preparatoria sobre IA, según fuentes vaticanas, incluiría recomendaciones específicas sobre regulación de productos de IA en sectores como salud, educación y trabajo, además de los principios magisteriales generales.

EL ENCUENTRO DE ESTA SEMANA CON RUBIO

Esta semana León XIV recibe en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El encuentro ocurre apenas un mes después de un fuerte intercambio de declaraciones entre el Pontífice y el presidente Donald Trump. El 7 de abril, León XIV calificó como inaceptable la amenaza de Trump de destruir «toda una civilización» en el contexto del conflicto con Teherán. La reunión con Rubio puede leerse como esfuerzo por reencauzar el diálogo entre Washington y la Santa Sede después del choque público.

En el plano tecnológico, el encuentro tiene además una dimensión específica. La administración Trump ha mantenido posiciones distintas a las del Vaticano sobre regulación de IA: Washington favorece marcos voluntarios de la industria mientras la Santa Sede ha defendido marcos vinculantes. La conversación bilateral incluye necesariamente este desacuerdo, y los tiempos de la encíclica papal sobre IA pueden estar coordinándose con la dinámica diplomática.

LO QUE VIENE EN EL SEGUNDO AÑO

Tres iniciativas marcan el segundo año del pontificado en el plano tecnológico. Primero, el Hopemobile en Estados Unidos (junio-julio 2026), que coincide con el aniversario 250 de la Declaración de Independencia. La presencia simbólica del primer Papa estadounidense durante la celebración patriótica añade dimensión política y comunicacional importante. Segundo, la posible publicación de la encíclica sobre IA, esperada para la segunda mitad de 2026. Tercero, el viaje a Lampedusa el 4 de julio, en clave migratoria, que combinará presencia física con cobertura digital amplificada.

Para los 28 millones de católicos hispanos en Estados Unidos, el segundo año tiene relevancia especial. La presencia del Hopemobile en sus territorios, las potenciales declaraciones papales sobre migración y derechos humanos, y la integración de comunicación digital en eventos masivos abren oportunidades de participación que no existían bajo pontificados anteriores. La pregunta es si las comunidades hispanas locales —especialmente las parroquias con presencia mexicana, salvadoreña, guatemalteca, puertorriqueña, dominicana y, crecientemente, venezolana— están preparándose para integrar estos eventos en su vida pastoral cotidiana.

El primer Papa estadounidense ha hecho del primer año un ejercicio de redefinición tecnológica del Vaticano. El segundo año dirá si las herramientas que están en marcha logran su propósito o se quedan en producción de contenido sin transformación pastoral subyacente. Para una Iglesia con 1,400 millones de fieles distribuidos en todos los continentes, la diferencia es estructural.

Mientras Ohio celebra sus primarias el 5 de mayo, una tecnología que apenas existía en su forma actual hace dos años está cambiando silenciosamente la mecánica de las campañas. La inteligencia artificial generativa —los mismos modelos detrás de herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini— se ha integrado a la infraestructura de las campañas estadounidenses con una velocidad que la legislación electoral apenas alcanza a observar. Para la audiencia hispana, especialmente la de Ohio que vota hoy, conocer cómo funciona el sistema es la mejor defensa frente a operaciones que ya están en marcha.

LO QUE YA ESTÁ PASANDO

El uso de IA en campañas electorales estadounidenses se ha estructurado en cuatro capas durante los últimos dieciocho meses. La primera es la producción automática de variaciones de mensajes. Una campaña que antes producía cinco versiones de un anuncio digital ahora produce quinientas, cada una optimizada para un subgrupo específico: votantes hispanos con educación universitaria, votantes hispanos sin estudios universitarios, votantes hispanos jóvenes, votantes hispanos mayores, votantes hispanos en suburbios, votantes hispanos en zonas rurales. La microsegmentación que antes era ejercicio costoso ahora es producción de rutina.

La segunda capa es la síntesis de voz. Plataformas como ElevenLabs y Resemble AI permiten generar audio con la voz de un candidato a partir de muestras grabadas, pronunciando texto que el candidato nunca grabó. En el ciclo de 2024 esto era prueba experimental. En el ciclo de 2026 es herramienta operativa. Las llamadas telefónicas automatizadas que reciben votantes en Ohio durante esta semana pueden estar usando voces sintéticas del candidato, generadas con plantillas que se adaptan al nombre del votante, su distrito, sus intereses presuntos y, en casos avanzados, a la lengua materna del receptor.

La tercera capa es la segmentación publicitaria de plataformas. Meta Ads, Google Ads y X Ads ofrecen segmentación por intereses, ubicación, idioma, edad y comportamiento de navegación. La integración de IA permite que cada anuncio se adapte automáticamente al perfil del usuario que lo ve. Un votante hispano en el lado oeste de Cleveland puede ver un mensaje sobre seguridad pública. Un votante hispano en Columbus norte puede ver el mismo candidato hablando sobre economía. La diferencia se ejecuta sin intervención humana en cada caso.

La cuarta capa es la integración con bases de datos de votantes. Las campañas estadounidenses tienen acceso a información detallada sobre los votantes registrados a través de proveedores como NGP VAN para demócratas y GOP Data Trust para republicanos. La integración entre estas bases y los modelos de IA permite que el contacto sea casi quirúrgico: la campaña sabe quién eres, dónde vives, cómo votaste en las últimas tres elecciones y qué temas te importan. La IA produce el mensaje. La base de datos lo dirige.

EL VOTANTE HISPANO COMO LABORATORIO

El votante hispano estadounidense es uno de los grupos sobre los que las campañas testean estrategias de personalización lingüística y cultural. La razón es estructural. La comunidad hispana es heterogénea. Un mexicano-estadounidense de tercera generación en Texas tiene preocupaciones distintas a las de un cubano-estadounidense de Miami, a las de un puertorriqueño en Florida, a las de un venezolano en Houston, a las de un dominicano en Nueva York. La IA generativa permite producir variaciones de mensajes adaptadas a cada subgrupo con costos marginales bajos.

En Ohio, donde la población hispana se concentra en zonas urbanas y suburbanas con presencia mexicana significativa pero también centroamericana y puertorriqueña, las campañas pueden producir versiones específicas de mensajes que llegan al votante con elementos culturales adaptados. Esto incluye no solo el idioma —español o inglés— sino el registro lingüístico, los referentes culturales, los nombres de barrios, las imágenes asociadas, los argumentos económicos relevantes para cada subgrupo.

LAS LÍNEAS BORROSAS

El uso de IA en campañas electorales tiene zonas regulatorias claras y zonas regulatorias borrosas. Lo que es claramente legal: producir variaciones de anuncios con IA, segmentar por demografía, automatizar producción de contenido en redes sociales. Lo que es claramente ilegal: usar voces sintéticas de figuras públicas sin consentimiento, generar deepfakes que muestren a un candidato diciendo o haciendo algo que no hizo, y operar campañas sin la disclosure obligatoria de «paid for by».

Las zonas borrosas son las que importan más. Por ejemplo, una llamada automatizada con voz sintética del candidato propio puede no estar regulada por leyes federales si la campaña la produjo con consentimiento del candidato, pero puede entrar en conflicto con regulaciones estatales sobre robocalls. Una microsegmentación que muestra un mensaje contradictorio a votantes mexicano-estadounidenses sobre el USMCA y otro mensaje a votantes salvadoreño-estadounidenses sobre TPS no viola ninguna ley específica pero sí cuestiona la coherencia editorial de la campaña.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) declaró en febrero de 2024 que las llamadas automáticas con voces generadas por IA están sujetas a la Telephone Consumer Protection Act, lo que limita pero no elimina su uso. Estados como Texas, Minnesota, California y Michigan han pasado legislación específica sobre IA en campañas. Ohio no ha pasado legislación equivalente, aunque hay iniciativas en discusión en la Asamblea General.

LO QUE SE ESPERA OBSERVAR HOY

Tres dinámicas se esperan observar durante la jornada electoral del 5 de mayo en Ohio. Primero, contacto digital en redes sociales con personalización por código postal y subgrupo demográfico. Los anuncios visibles para distintos votantes hispanos pueden ser distintos incluso dentro del mismo barrio. Segundo, mensajes telefónicos automatizados que pueden incluir voces sintéticas y adaptación de contenido al votante específico. Tercero, presencia de contenido falso o manipulado en redes sociales que puede afectar la decisión de voto en las últimas horas. Las plataformas tienen políticas contra deepfakes electorales pero la velocidad de detección rara vez supera la velocidad de viralización.

RECOMENDACIONES PARA EL VOTANTE HISPANO

Cinco consideraciones útiles para el votante hispano que va a participar en las primarias hoy o que evalúa votar en futuras elecciones. Primero, verificar fuentes: cualquier mensaje recibido por SMS, WhatsApp, llamada telefónica o redes sociales sobre candidatos debe contrastarse con el sitio web oficial del candidato o con cobertura periodística verificada. Segundo, dudar de la urgencia: los mensajes que demandan acción inmediata sin tiempo para verificación son frecuentemente operaciones de manipulación. Tercero, atender el remitente: los mensajes de campañas legítimas tienen disclosure de «paid for by» y información de contacto verificable.

Cuarto, no compartir antes de verificar: el costo social de compartir información falsa en redes propias es real, especialmente en comunidades cerradas como grupos familiares de WhatsApp. Quinto, reportar contenido sospechoso: las plataformas tienen mecanismos de reporte que aunque imperfectos sí funcionan en agregado para reducir alcance de contenido manipulado.

Las primarias del 5 de mayo en Ohio son uno de los primeros laboratorios reales del nuevo paradigma. Lo que pase hoy va a definir cómo se opera el resto del ciclo electoral 2026. Para los 220 mil hispanos registrados en Ohio, conocer las herramientas es la primera línea de defensa.

El plan de 40 semanas de María Corina Machado para preparar elecciones libres en Venezuela tiene un componente que requiere atención técnica detallada. Vente Venezuela, su organización política, activó un registro biométrico paralelo al del Consejo Nacional Electoral. La propuesta reclama haber inscrito a 1,5 millones de venezolanos en seis semanas. Las cifras son llamativas. Las preguntas sobre cómo opera el sistema lo son aún más. Para una audiencia hispana en Estados Unidos —especialmente la venezolana en la diáspora— estas preguntas no son técnicas abstractas. Son la diferencia entre un instrumento democrático y un instrumento de control político con otra etiqueta.

QUÉ ES EL REGISTRO BIOMÉTRICO PARALELO

El registro paralelo es una base de datos administrada por Vente Venezuela que captura información biométrica y personal de ciudadanos venezolanos —especialmente en la diáspora— con el propósito declarado de preparar el padrón electoral del proceso futuro. La estructura técnica del registro incluye captura de datos personales completos (nombre, cédula, fecha de nacimiento, dirección actual), fotografía facial, y en algunos casos datos biométricos adicionales. La inscripción se realiza mediante aplicaciones móviles desarrolladas para el efecto y mediante jornadas presenciales en eventos comunitarios, organizados por militantes y aliados de la organización en distintas ciudades.

Humberto Villalobos, identificado como vocero técnico de la iniciativa, ha aparecido en materiales audiovisuales explicando el alcance del proyecto. La cifra de 1,5 millones de inscritos en seis semanas, hecha pública el 1 de mayo, sería —de ser exacta— una de las captaciones de datos ciudadanos más rápidas ejecutadas por una organización no estatal en la historia reciente de América Latina.

LA PRIMERA PREGUNTA: CÓMO SE VERIFICA LA CIFRA

La cifra de 1,5 millones de inscritos no tiene, hasta la fecha de esta publicación, mecanismo de verificación independiente. No hay auditoría externa pública. No hay informe técnico de un tercero que haya validado el conteo. No hay declaración de una entidad de derechos digitales internacional que haya inspeccionado el proceso. Esta opacidad no significa que la cifra sea inexacta. Significa que no es verificable.

En estándares internacionales de protección de datos, cualquier base que capture información biométrica de más de un millón de personas debería estar sometida a auditoría independiente periódica. El Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR) exige esto explícitamente para registros biométricos. La Ley de Protección de Datos de California (CCPA) también lo establece. La pregunta que cabe hacer no es si Vente Venezuela tiene buena intención. Es si la organización está dispuesta a someter su registro a los estándares de auditoría que cualquier registro biométrico legítimo del mundo democrático cumple.

LA SEGUNDA PREGUNTA: DÓNDE SE ALMACENAN LOS DATOS

Hasta la fecha, no se ha publicado información técnica sobre la infraestructura de almacenamiento del registro. ¿Los datos están en servidores propiedad de Vente Venezuela, en proveedores de nube comercial, en infraestructura compartida con otra organización? ¿Están cifrados en reposo y en tránsito con estándares industriales? ¿Quién tiene credenciales de administración del sistema? ¿Cuántas personas tienen acceso pleno a los datos? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta pública.

Para registros biométricos del tamaño anunciado, los estándares mínimos incluyen cifrado AES-256 en reposo, transporte TLS 1.3 mínimo, segmentación de bases de datos con controles de acceso por rol, monitoreo de acceso con registro de auditoría inmutable, y procedimientos de respuesta a brechas con notificación obligatoria a los titulares de los datos. La pregunta no es si Vente Venezuela está cumpliendo estos estándares. Es si está dispuesta a publicar su arquitectura para que la sociedad civil pueda evaluarlo.

LA TERCERA PREGUNTA: QUIÉN ACCEDE A LOS DATOS Y BAJO QUÉ CONDICIONES

Los datos biométricos no son neutros. Saben quién es cada persona, dónde vive, con qué frecuencia se conecta a una plataforma, en qué contexto se inscribió. Cualquier organización que opere una base de datos de este tipo debe tener publicado un protocolo de acceso que establezca: qué roles dentro de la organización pueden ver qué información, qué tipo de consulta requiere autorización adicional, qué tipo de exportación de datos está permitida y cuál no, y qué procedimientos aplican si una autoridad externa solicita acceso a los datos.

Vente Venezuela no ha publicado este protocolo. La pregunta es legítima. Si en algún momento las autoridades del actual gobierno encargado solicitaran acceso a los datos —por ejemplo, mediante orden judicial en alguno de los países donde el registro opera—, ¿qué procedimiento se activaría? ¿Hay protocolo de notificación a los inscritos? ¿Hay capacidad técnica de eliminar datos a solicitud del titular? Estas preguntas no son hipotéticas. Son el escenario más probable si la transición política no avanza al ritmo que la oposición espera.

LA CUARTA PREGUNTA: QUÉ OCURRE CON LOS DATOS SI LA TRANSICIÓN NO SE CONCRETA

Esta es quizás la pregunta más sensible. Si las elecciones que el plan de 40 semanas prevé no se realizan en el plazo proyectado —por razones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza— ¿cuál es el destino de los 1,5 millones de registros? ¿Se mantienen indefinidamente en los servidores de Vente Venezuela? ¿Se transfieren a una entidad externa? ¿Se eliminan? ¿Quién decide?

El precedente venezolano hace que esta pregunta sea especialmente urgente. La Lista Tascón —el registro de firmantes del referendo revocatorio de 2004— fue inicialmente un instrumento administrativo. Terminó siendo lista de control político utilizada durante años para discriminar en contratos públicos, empleos y servicios. El Carnet de la Patria, lanzado en 2017 como mecanismo de identificación social, terminó siendo herramienta de condicionamiento de acceso a alimentos, gasolina y bonos. Ambos casos comparten una característica: empezaron con propósito declarado distinto del que terminaron cumpliendo. Ningún mecanismo de auditoría independiente impidió esa derivación.

LO QUE NO ES EL CUESTIONAMIENTO

El análisis crítico del registro biométrico no es ataque a la oposición venezolana. No es duda sobre el coraje personal de Machado o el sacrificio documentado de muchos militantes de Vente Venezuela. No es sospecha sobre la intención política del proyecto. La oposición democrática venezolana ha pagado costos personales altos durante un cuarto de siglo. La premio Nobel de la Paz no se entrega ligeramente.

El cuestionamiento es metodológico. Una democracia genuina se construye con instrumentos que cumplen los estándares de las democracias genuinas. La oposición criticó durante 25 años —con razón— que el chavismo manipuló los datos ciudadanos. La sucesión política no puede repetir el método del régimen al que pretende sustituir, aunque la urgencia electoral tiente a hacerlo. El fin no justifica los medios cuando el objetivo declarado es exactamente lo contrario de un Estado opaco.

LO QUE PODRÍA HACER VENTE VENEZUELA

La organización tiene la oportunidad de responder a las preguntas técnicas con acciones concretas. Primero, publicar la arquitectura técnica del sistema con detalle suficiente para que expertos independientes puedan evaluarla. Segundo, contratar auditoría externa de una firma reconocida —Deloitte, KPMG, EY, o entidades especializadas en protección de datos como CNIL europea— y publicar los resultados. Tercero, publicar el protocolo de acceso a los datos con roles, condiciones y procedimientos claros. Cuarto, establecer mecanismo público que permita a cualquier inscrito consultar qué información se ha registrado de él y solicitar eliminación. Quinto, articular un plan claro sobre el destino de los datos en distintos escenarios de avance o no avance de la transición.

Estas cinco acciones son las que cualquier registro biométrico legítimo del mundo democrático cumple. Si Vente Venezuela las cumple, el cuestionamiento se disipa. Si no las cumple, las preguntas siguen abiertas. Y para los venezolanos en la diáspora que están considerando inscribirse —o ya se inscribieron— estas preguntas son las que definen si están participando en un proceso democrático o si están alimentando un instrumento que puede usarse de formas no anticipadas.

LA RESPONSABILIDAD DEL CIUDADANO

Para los venezolanos en Estados Unidos que evalúan inscribirse o que ya lo hicieron, la recomendación práctica es triple. Primero, exigir información: solicitar a la organización los términos exactos del registro, qué se hace con los datos y qué derechos tiene el inscrito. Segundo, mantener registros propios: guardar copias de cualquier comunicación con la organización y de los datos que se entregaron. Tercero, ejercer presión cívica: pedir públicamente, a través de redes sociales y otros canales, que la organización publique los protocolos técnicos y se someta a auditoría externa.

El plan de 40 semanas tiene mérito propio. La urgencia de un calendario electoral en Venezuela es real. Pero la calidad democrática de las elecciones que se construyan con este registro va a depender de qué tan riguroso fue el proceso de construcción. Cuarenta semanas son tiempo suficiente para hacerlo bien. La pregunta es si se va a usar el tiempo así.