El plan de 40 semanas de María Corina Machado para preparar elecciones libres en Venezuela tiene un componente que requiere atención técnica detallada. Vente Venezuela, su organización política, activó un registro biométrico paralelo al del Consejo Nacional Electoral. La propuesta reclama haber inscrito a 1,5 millones de venezolanos en seis semanas. Las cifras son llamativas. Las preguntas sobre cómo opera el sistema lo son aún más. Para una audiencia hispana en Estados Unidos —especialmente la venezolana en la diáspora— estas preguntas no son técnicas abstractas. Son la diferencia entre un instrumento democrático y un instrumento de control político con otra etiqueta.

QUÉ ES EL REGISTRO BIOMÉTRICO PARALELO

El registro paralelo es una base de datos administrada por Vente Venezuela que captura información biométrica y personal de ciudadanos venezolanos —especialmente en la diáspora— con el propósito declarado de preparar el padrón electoral del proceso futuro. La estructura técnica del registro incluye captura de datos personales completos (nombre, cédula, fecha de nacimiento, dirección actual), fotografía facial, y en algunos casos datos biométricos adicionales. La inscripción se realiza mediante aplicaciones móviles desarrolladas para el efecto y mediante jornadas presenciales en eventos comunitarios, organizados por militantes y aliados de la organización en distintas ciudades.

Humberto Villalobos, identificado como vocero técnico de la iniciativa, ha aparecido en materiales audiovisuales explicando el alcance del proyecto. La cifra de 1,5 millones de inscritos en seis semanas, hecha pública el 1 de mayo, sería —de ser exacta— una de las captaciones de datos ciudadanos más rápidas ejecutadas por una organización no estatal en la historia reciente de América Latina.

LA PRIMERA PREGUNTA: CÓMO SE VERIFICA LA CIFRA

La cifra de 1,5 millones de inscritos no tiene, hasta la fecha de esta publicación, mecanismo de verificación independiente. No hay auditoría externa pública. No hay informe técnico de un tercero que haya validado el conteo. No hay declaración de una entidad de derechos digitales internacional que haya inspeccionado el proceso. Esta opacidad no significa que la cifra sea inexacta. Significa que no es verificable.

En estándares internacionales de protección de datos, cualquier base que capture información biométrica de más de un millón de personas debería estar sometida a auditoría independiente periódica. El Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR) exige esto explícitamente para registros biométricos. La Ley de Protección de Datos de California (CCPA) también lo establece. La pregunta que cabe hacer no es si Vente Venezuela tiene buena intención. Es si la organización está dispuesta a someter su registro a los estándares de auditoría que cualquier registro biométrico legítimo del mundo democrático cumple.

LA SEGUNDA PREGUNTA: DÓNDE SE ALMACENAN LOS DATOS

Hasta la fecha, no se ha publicado información técnica sobre la infraestructura de almacenamiento del registro. ¿Los datos están en servidores propiedad de Vente Venezuela, en proveedores de nube comercial, en infraestructura compartida con otra organización? ¿Están cifrados en reposo y en tránsito con estándares industriales? ¿Quién tiene credenciales de administración del sistema? ¿Cuántas personas tienen acceso pleno a los datos? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta pública.

Para registros biométricos del tamaño anunciado, los estándares mínimos incluyen cifrado AES-256 en reposo, transporte TLS 1.3 mínimo, segmentación de bases de datos con controles de acceso por rol, monitoreo de acceso con registro de auditoría inmutable, y procedimientos de respuesta a brechas con notificación obligatoria a los titulares de los datos. La pregunta no es si Vente Venezuela está cumpliendo estos estándares. Es si está dispuesta a publicar su arquitectura para que la sociedad civil pueda evaluarlo.

LA TERCERA PREGUNTA: QUIÉN ACCEDE A LOS DATOS Y BAJO QUÉ CONDICIONES

Los datos biométricos no son neutros. Saben quién es cada persona, dónde vive, con qué frecuencia se conecta a una plataforma, en qué contexto se inscribió. Cualquier organización que opere una base de datos de este tipo debe tener publicado un protocolo de acceso que establezca: qué roles dentro de la organización pueden ver qué información, qué tipo de consulta requiere autorización adicional, qué tipo de exportación de datos está permitida y cuál no, y qué procedimientos aplican si una autoridad externa solicita acceso a los datos.

Vente Venezuela no ha publicado este protocolo. La pregunta es legítima. Si en algún momento las autoridades del actual gobierno encargado solicitaran acceso a los datos —por ejemplo, mediante orden judicial en alguno de los países donde el registro opera—, ¿qué procedimiento se activaría? ¿Hay protocolo de notificación a los inscritos? ¿Hay capacidad técnica de eliminar datos a solicitud del titular? Estas preguntas no son hipotéticas. Son el escenario más probable si la transición política no avanza al ritmo que la oposición espera.

LA CUARTA PREGUNTA: QUÉ OCURRE CON LOS DATOS SI LA TRANSICIÓN NO SE CONCRETA

Esta es quizás la pregunta más sensible. Si las elecciones que el plan de 40 semanas prevé no se realizan en el plazo proyectado —por razones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza— ¿cuál es el destino de los 1,5 millones de registros? ¿Se mantienen indefinidamente en los servidores de Vente Venezuela? ¿Se transfieren a una entidad externa? ¿Se eliminan? ¿Quién decide?

El precedente venezolano hace que esta pregunta sea especialmente urgente. La Lista Tascón —el registro de firmantes del referendo revocatorio de 2004— fue inicialmente un instrumento administrativo. Terminó siendo lista de control político utilizada durante años para discriminar en contratos públicos, empleos y servicios. El Carnet de la Patria, lanzado en 2017 como mecanismo de identificación social, terminó siendo herramienta de condicionamiento de acceso a alimentos, gasolina y bonos. Ambos casos comparten una característica: empezaron con propósito declarado distinto del que terminaron cumpliendo. Ningún mecanismo de auditoría independiente impidió esa derivación.

LO QUE NO ES EL CUESTIONAMIENTO

El análisis crítico del registro biométrico no es ataque a la oposición venezolana. No es duda sobre el coraje personal de Machado o el sacrificio documentado de muchos militantes de Vente Venezuela. No es sospecha sobre la intención política del proyecto. La oposición democrática venezolana ha pagado costos personales altos durante un cuarto de siglo. La premio Nobel de la Paz no se entrega ligeramente.

El cuestionamiento es metodológico. Una democracia genuina se construye con instrumentos que cumplen los estándares de las democracias genuinas. La oposición criticó durante 25 años —con razón— que el chavismo manipuló los datos ciudadanos. La sucesión política no puede repetir el método del régimen al que pretende sustituir, aunque la urgencia electoral tiente a hacerlo. El fin no justifica los medios cuando el objetivo declarado es exactamente lo contrario de un Estado opaco.

LO QUE PODRÍA HACER VENTE VENEZUELA

La organización tiene la oportunidad de responder a las preguntas técnicas con acciones concretas. Primero, publicar la arquitectura técnica del sistema con detalle suficiente para que expertos independientes puedan evaluarla. Segundo, contratar auditoría externa de una firma reconocida —Deloitte, KPMG, EY, o entidades especializadas en protección de datos como CNIL europea— y publicar los resultados. Tercero, publicar el protocolo de acceso a los datos con roles, condiciones y procedimientos claros. Cuarto, establecer mecanismo público que permita a cualquier inscrito consultar qué información se ha registrado de él y solicitar eliminación. Quinto, articular un plan claro sobre el destino de los datos en distintos escenarios de avance o no avance de la transición.

Estas cinco acciones son las que cualquier registro biométrico legítimo del mundo democrático cumple. Si Vente Venezuela las cumple, el cuestionamiento se disipa. Si no las cumple, las preguntas siguen abiertas. Y para los venezolanos en la diáspora que están considerando inscribirse —o ya se inscribieron— estas preguntas son las que definen si están participando en un proceso democrático o si están alimentando un instrumento que puede usarse de formas no anticipadas.

LA RESPONSABILIDAD DEL CIUDADANO

Para los venezolanos en Estados Unidos que evalúan inscribirse o que ya lo hicieron, la recomendación práctica es triple. Primero, exigir información: solicitar a la organización los términos exactos del registro, qué se hace con los datos y qué derechos tiene el inscrito. Segundo, mantener registros propios: guardar copias de cualquier comunicación con la organización y de los datos que se entregaron. Tercero, ejercer presión cívica: pedir públicamente, a través de redes sociales y otros canales, que la organización publique los protocolos técnicos y se someta a auditoría externa.

El plan de 40 semanas tiene mérito propio. La urgencia de un calendario electoral en Venezuela es real. Pero la calidad democrática de las elecciones que se construyan con este registro va a depender de qué tan riguroso fue el proceso de construcción. Cuarenta semanas son tiempo suficiente para hacerlo bien. La pregunta es si se va a usar el tiempo así.