En 30 días empieza en Ciudad de México la primera ronda formal de renegociación del T-MEC, el tratado que mueve el 80% del comercio mexicano y moldea los precios, los empleos y las remesas de millones de hispanos en Estados Unidos. La cobertura hispana ha sido tímida. Merece una lectura política.

La fecha que conviene tener marcada

El 25 de mayo de 2026, en Ciudad de México, empieza la primera ronda formal de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La segunda ronda está prevista en Washington pocos días después. La revisión formal conjunta está fijada para el 1 de julio. Y antes de esa fecha, bajo el Artículo 34.7 del tratado, los tres gobiernos deben decidir si extienden el acuerdo por 16 años más, lo modifican o lo dejan caer. Treinta días separan esta nota de esa primera mesa.

Los medios lo están cubriendo como trámite técnico. No lo es. El T-MEC cubre aproximadamente el 80% del comercio exterior mexicano, moldea desde el precio del aguacate en un supermercado de Phoenix hasta el número de plazas en las maquiladoras de Ciudad Juárez donde trabajan parientes de millones de hispanos en Texas, Arizona y California. Es, posiblemente, la negociación económica más importante para la comunidad hispana en Estados Unidos en los próximos dos años.

Lo que México lleva a la mesa

Claudia Sheinbaum fijó su posición pública el 20 de abril, después de reunirse en Palacio Nacional con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. Su tesis: «queremos que permanezca el tratado con unas mejoras, en esencia es una revisión». Tres objetivos concretos sobre la mesa: revisión de los aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles — los tres sectores más golpeados por las tarifas unilaterales que Trump ha impuesto o amenazado con imponer. Los tres sectores son, además, los que más empleo exportador generan del lado mexicano de la frontera.

México también trae una carta defensiva importante: la posición de que el fortalecimiento de reglas de origen — que Washington va a pedir sin rodeos — no es necesariamente enemigo de los intereses mexicanos. Sheinbaum lo dijo con cuidado: «A nosotros nos interesa que eso no ocurra, por eso subimos aranceles a países con los que no tenemos acuerdo comercial». La estrategia implícita: alinearse con Washington contra la entrada de producto chino etiquetado como mexicano, a cambio de concesiones en acero, aluminio y autos. Es una apuesta razonable, pero no sin costo político interno.

Lo que Washington no va a regalar

La administración Trump llega con una agenda clara. Jamieson Greer, en su reunión del 20 de abril, fue diplomático pero firme: endurecimiento de reglas de origen más allá del sector automotriz (posiblemente textil, acero, electrónica), revisión de barreras no arancelarias que Washington considera discriminatorias hacia productos estadounidenses, y una auditoría de la capacidad real de enforcement mexicana. Esto último tiene eco histórico: en la negociación original del NAFTA en los noventa, Estados Unidos ya había planteado el mismo tema. Volvió.

El punto geopolítico no declarado — pero visible en cada filtración de los equipos negociadores — es China. La tesis estadounidense es que México se ha convertido en puerta trasera para producto chino que entra al mercado norteamericano sin pagar los aranceles que ya enfrenta. Cerrar esa puerta es prioridad uno para la administración Trump. Si México se presta a cerrar con disciplina, hay margen para ceder en acero, aluminio y autos. Si no se presta, la negociación se endurece y los aranceles unilaterales se quedan como base.

Canadá como síntoma

El tercer participante no puede quedar fuera del análisis. Canadá, bajo Mark Carney, llega a la mesa con un clima político irrespirable. La administración Trump ha amenazado públicamente con aranceles del 100%, con bloquear infraestructura binacional y, en varias ocasiones, con ironías sobre la soberanía canadiense. El país perdió más de 100.000 empleos de tiempo completo en los dos primeros meses de 2026. Es decir: uno de los tres socios del tratado llega al 25 de mayo en una posición defensiva mucho más débil de la que tenía hace dieciocho meses, y eso abre espacio para que Estados Unidos recalibre ventajas hacia los sectores donde le conviene.

Lo que el lector hispano debería ver ahí

Las abstracciones económicas se traducen, al final, en cifras concretas sobre mesas de cocina. Si los aranceles al acero y aluminio se moderan, bajan los precios de autos nuevos, electrodomésticos y materiales de construcción en Estados Unidos. Si no se moderan, suben. Si las reglas de origen se endurecen drásticamente, cientos de miles de empleos en maquiladoras fronterizas se reconfiguran — algunos mejoran, muchos desaparecen. Si el T-MEC se cae — escenario poco probable pero ya no descartable, según advierte el CSIS — las inversiones en México se contraen todavía más (ya cayeron 10% interanual en 2025) y las remesas hacia parientes mexicanos en EE.UU. se debilitan.

Hay un caso local que lo ilustra bien: Silicon Heartland, el proyecto de Intel en New Albany, Ohio. Depende de un ecosistema de componentes que circula, en buena parte, bajo reglas del T-MEC. Cada plaza de trabajo comprometida en esa planta — muchas de ellas, hispanas — se sostiene sobre un entramado de insumos que la renegociación puede alterar. Columbus, sin haber pisado la mesa de Ciudad de México, tiene piel en el juego.

Treinta días

Esto es lo que hay en la mesa. México quiere bajar aranceles donde le duele. Estados Unidos quiere cerrar la puerta china y endurecer enforcement. Canadá quiere sobrevivir. Los tres tienen calendarios políticos distintos y límites internos distintos. Lo que se acuerde — o no se acuerde — el 25 de mayo marcará el tono de los siguientes 16 años de comercio norteamericano, si el tratado se extiende, o el inicio de una reorganización más caótica, si no. En cualquiera de los dos escenarios, quien paga la primera factura es la clase trabajadora hispana a ambos lados de la frontera.

Faltan treinta días. Es tiempo suficiente para que el lector hispano en Estados Unidos se informe sobre qué está en juego. Es también tiempo suficiente para que cualquier cobertura periodística seria deje de cubrir esta negociación como trámite técnico.

Desde el 1 de enero rige un impuesto federal del 1% a las remesas enviadas en efectivo, money orders y cheques de caja. Se vendió como golpe a México. Los datos cuentan otra historia: la bancarización desigual traslada el peso del impuesto a Honduras, Guatemala y El Salvador.

La narrativa vendida y la que los datos sostienen

Cuando el Congreso aprobó el impuesto federal del 1% a remesas enviadas en efectivo, money orders y cheques de caja, la justificación pública fue uniforme: frenar el flujo de dinero sin supervisión, combatir el lavado y, en versiones más políticas, reducir la transferencia de recursos desde Estados Unidos al extranjero. En los titulares, el destinatario del golpe tuvo nombre propio: México. Es comprensible. Recibe, año tras año, la mayor proporción de remesas originadas en Estados Unidos — tres de cada diez dólares enviados cruzan hacia el país vecino.

Los datos disponibles a abril de 2026, sin embargo, muestran una realidad más incómoda. Según cifras del BBVA Research, el 84% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tiene cuenta bancaria. Eso significa que pueden enviar sus remesas vía transferencia electrónica, tarjeta de débito o plataformas digitales — todas, canales expresamente exentos del impuesto. Entre los migrantes hondureños, el porcentaje de bancarización cae al 65%. Entre los guatemaltecos, 72%. Entre los salvadoreños, 74%. Ahí es donde el impuesto realmente aterriza.

El Joint Committee on Taxation del Congreso estima que el tributo recaudará alrededor de 10 mil millones de dólares entre 2026 y 2034. De ese monto, aproximadamente 3 mil millones corresponderán a remesas hacia México. Los 7 mil millones restantes — siete de cada diez dólares recaudados — saldrán de otros corredores migratorios, con peso desproporcionado sobre Centroamérica. Es, en definitiva, un impuesto regresivo por diseño demográfico: grava más a quien tiene menos acceso al sistema financiero formal.

Los números que ya se pueden leer

Las remesas a México caen desde antes de que el impuesto entre en vigor. Según cifras preliminares de Banco de México y BBVA Research, noviembre de 2025 marcó el octavo mes consecutivo de caída: un retroceso interanual del 5.7%. El cierre del año se ubicó entre 60 y 61 mil millones de dólares, frente a 64.745 millones en 2024 — una caída del 5.8% que no se veía desde la crisis financiera de 2008-2009. El ticket promedio por envío se mantuvo estable entre 390 y 405 dólares, pero cayó la frecuencia. Envían menos veces. Envían menos gente.

La economía mexicana absorbe el golpe con amortiguadores. Las remesas son el 3.5% del PIB, la segunda fuente de divisas después de las exportaciones, y el sistema bancario mexicano funciona. Un peso debilitado frente al dólar, cuando se da, se compensa parcialmente con mejores precios internos. Una economía centroamericana, especialmente la hondureña y la salvadoreña, no tiene ese colchón. En Honduras, las remesas representan aproximadamente el 27% del PIB. En El Salvador, rondan el 24%. En Guatemala, el 19%. Cuando el impuesto del 1% se suma a otros costos — comisiones de operadores, tipo de cambio, inflación doméstica — la contracción es directa sobre la canasta básica de las familias receptoras.

Las alternativas legales que no se están explicando bien

El impuesto aplica exclusivamente a remesas enviadas en efectivo, money orders y cheques de caja. No aplica a transferencias electrónicas financiadas con cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. La alternativa existe y es legal. El problema es que la alternativa requiere una cuenta bancaria, y para muchos migrantes centroamericanos, abrir una cuenta sin Social Security Number, sin domicilio verificable o sin historial crediticio es un proceso intimidante y frecuentemente desinformado.

Bancos como Wells Fargo, Bank of America y varios credit unions regionales aceptan el ITIN — el número individual de identificación tributaria — como identificación suficiente para abrir cuentas básicas. Algunos operadores de remesas — Remitly, Xoom, Wise — permiten financiar envíos con débito o cuenta bancaria, evitando la categoría gravada. La diferencia entre pagar el 1% sobre 400 dólares (cuatro dólares por envío, 48 dólares al año en envíos mensuales) y no pagarlo parece pequeña. Pero en familias que envían 200 dólares al mes desde un ingreso de 2.000, el 1% acumulado es una comida.

Lo que queda por ver

El primer corte oficial del trimestre estará disponible a mediados de mayo. Los operadores de remesas — Western Union, MoneyGram, Ria — ya están reportando internamente desplazamientos de volumen del canal efectivo hacia el canal digital. Si esa migración se sostiene, el impuesto podría terminar recaudando menos de lo que el Joint Committee proyectó, y el efecto fiscal sería marginal. Si no se sostiene — porque la bancarización no crece al ritmo necesario — el impuesto se consolidaría exactamente como lo describen las cifras: un tributo cobrado mayoritariamente a familias centroamericanas con menor capacidad de absorción.

Ese es el dato que la cobertura mainstream no está presentando con la precisión que merece. No es un golpe a México. Es un golpe diseñado, consciente o inconscientemente, para caer donde el sistema financiero formal todavía no llega. El lector hispano en Estados Unidos, especialmente si es hondureño, guatemalteco o salvadoreño, merece la información completa: el impuesto se puede evitar, la alternativa es legal, y abrir una cuenta bancaria con ITIN en 2026 es más fácil de lo que fue en 2016.