Política
La exclusión universitaria no se corrige con una ley nueva
El gremio describe el mismo mecanismo que analizamos ayer: un ingreso hecho de bonos borra prestaciones, jubilaciones y primas.
El pronunciamiento llega días después del anuncio de ampliación de cupos y sostiene, con otras palabras, lo mismo que planteamos entonces.
| Qué | La federación que agrupa a las asociaciones de profesores universitarios rechazó que una nueva ley resuelva la exclusión estudiantil y planteó que el problema es presupuestario y salarial. |
|---|---|
| Quién | Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela; profesores activos y jubilados; estudiantes. |
| Cuándo | Pronunciamiento difundido el 16 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | Se discute una nueva ley de universidades y se anunció una ampliación de cupos. |
| Cómo | Mediante un comunicado público de su junta directiva. |
La federación que agrupa a las asociaciones de profesores universitarios de Venezuela difundió un pronunciamiento en el que sostiene que la exclusión de jóvenes del sistema de educación superior no se corrige con leyes nuevas, sino con presupuesto universitario, salarios, beneficios estudiantiles y nuevos cargos para ampliar la planta docente.
Es, con otras palabras, lo mismo que planteamos el lunes al cubrir el anuncio de ampliación de cupos en medicina: que el país no tiene un déficit de vocaciones sino de retención, y que ampliar la matrícula sin ampliar la capacidad de formación produce egresados con formación deficiente.
Ahora lo dice el gremio, con cifras propias.
Lo que denuncia sobre los salarios
Según el comunicado, el salario mínimo del sector permanece congelado en 130 bolívares mensuales, que la federación traduce en alrededor de 0,16 dólares al cambio oficial de septiembre de 2026. Y sitúa el salario máximo de un profesor titular en 522 bolívares.
Son cifras del gremio y así conviene recogerlas. Esta casa no las ha verificado de forma independiente.
El mecanismo que describen es el que analizamos ayer
Aquí está lo que convierte este pronunciamiento en algo más que una protesta salarial.
La federación sostiene que, en lugar de salario, el Ejecutivo impone bonificaciones discrecionales que anulan las prestaciones sociales, las jubilaciones, los aguinaldos, las cajas de ahorro y las primas por hijos y por mérito.
Es exactamente la distinción que explicamos ayer al analizar el anuncio de ingreso mínimo integral: un bono no computa para ninguno de esos cálculos y puede modificarse por decisión administrativa.
Lo que allí era un análisis, aquí es una denuncia gremial con nombre. Y describe la consecuencia concreta: un profesor que trabajó treinta años se jubila sobre una base mínima, porque durante años cobró bonos y no salario.
Ese es el efecto que no aparece en ningún anuncio y que solo se descubre al jubilarse.
Las tres consecuencias que enumeran
El comunicado señala tres efectos que llama irreversibles.
El éxodo de talento académico. Sostiene que el Estado financia la formación de profesionales y doctores para luego expulsarlos con salarios de hambre, y que ese conocimiento termina en las economías de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y España.
Es la misma imagen del recipiente con fuga que usamos el lunes: el sistema ya formó a esa gente y la perdió después.
El quiebre del relevo generacional. Con esos ingresos, dicen, es imposible atraer a jóvenes profesionales a la investigación. La planta docente envejece y hay cátedras completas en riesgo de cierre.
Y la caída de la producción científica, que atribuyen a la necesidad de recurrir al pluriempleo para sobrevivir, con un descenso en publicaciones indexadas y patentes.
Los datos sobre los estudiantes
El comunicado cita mediciones según las cuales la escolaridad entre jóvenes de 18 a 24 años se redujo a alrededor del 22%, atribuyéndolo a la pobreza multidimensional.
Y sostiene que las becas del sistema estatal son inferiores a cinco dólares mensuales, sin comedor ni transporte, lo que según su planteamiento obliga a los estudiantes a costear transporte privado e internet, o a abandonar las aulas.
Ambas cifras se atribuyen a las fuentes que el propio comunicado menciona y requieren verificación independiente.
La objeción a la nueva ley
La federación rechaza que el ministerio responda a la crisis proponiendo una nueva ley de universidades, que describe como aprobada de forma acelerada.
Su argumento: que se usa la exclusión estudiantil como pretexto, cuando la propia política estatal es la que la produce, y que las fallas de asignación de cupos de este año se caracterizaron por opacidad en los criterios, exclusión de estudiantes con promedios de excelencia y colapso de la plataforma de inscripción.
Alerta además sobre un punto técnico que conviene seguir: que la discusión de una nueva ley podría derivar en la eliminación de la igualdad de condiciones entre el personal activo y el jubilado, protegida por el artículo 86 de la ley vigente.
Ese es el tipo de cambio que se aprueba sin titulares y se nota veinte años después.
Lo que hay que verificar
Las cifras salariales, en Gaceta Oficial y en las tablas oficiales del sector.
El texto de la nueva ley, su estado de aprobación y si modifica el artículo señalado.
Los datos de escolaridad, en los informes originales que el comunicado cita.
Y el monto vigente de las becas estudiantiles.
Esta casa va a pedir los cuatro, y va a solicitar respuesta al ministerio del ramo.
La frase que resume el asunto
El comunicado cierra con una formulación que no necesita análisis: estudiar no puede ser un lujo de pocos.
Conviene ponerla al lado del anuncio de esta semana sobre la ampliación de cupos en medicina. Las dos cosas hablan del mismo sistema y describen realidades distintas.
Cuál de las dos descripciones se corresponde con lo que ocurre en las aulas es una pregunta que se responde con un presupuesto publicado.
Fuentes principales: Comunicado de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela difundido el 16 de septiembre de 2026. Cobertura previa de este medio del 14 de septiembre sobre el inicio del año escolar y la ampliación de cupos en medicina, y del 16 de septiembre sobre el anuncio de ingreso mínimo integral.
Alfredo Yánez
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Un fiscal federal advierte a Warren antes de que presida un comité
Una carta que parece un trámite.
EE.UU. · CONGRESO
El fiscal federal Aaron Reitz envió una carta a la senadora Elizabeth Warren para que preserve sus registros. La acusa de querer usar su futura presidencia del Comité Bancario del Senado «como un tomahawk» contra los asociados de Trump, y cita dos leyes penales de derechos civiles. Trump la difundió en sus redes.
Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Una carta de un fiscal federal a una senadora para que preserve registros, con una advertencia sobre posibles delitos. |
|---|---|
| Quién | El fiscal federal Aaron Reitz; la senadora demócrata Elizabeth Warren; el presidente Donald Trump. |
| Cuándo | Domingo 15 de noviembre de 2026. |
| Dónde | En Washington. |
| Por qué | Por las investigaciones que Warren anunció contra personas y empresas vinculadas a Trump, antes de presidir el Comité Bancario del Senado desde el 3 de enero. |
| Cómo | Con una carta que cita los artículos 241 y 242 del título 18 del Código de EE.UU. |
El fiscal federal Aaron Reitz envió el domingo 15 de noviembre una carta a la senadora Elizabeth Warren en la que le exige preservar los registros relacionados con lo que describe como esfuerzos para atacar a personas y empresas por sus vínculos con el presidente. La acusa de querer usar su futuro mazo de presidenta «como un tomahawk», «a la caza de las cabelleras de los asociados privados del presidente Trump» (The Epoch Times).
Trump compartió en Truth Social la publicación de un comentarista conservador que celebraba la carta y llamaba a «pasar a la ofensiva» (Trump’s Truth).
Qué motivó la carta
Reitz citó la advertencia de Warren, en el programa Face the Nation de CBS, de que los ejecutivos corporativos deberían prepararse para investigaciones del Congreso. También mencionó una carta de Warren y otros demócratas a Meredith O’Rourke, recaudadora de fondos de Trump, y una investigación sobre subsidios fiscales a grandes tecnológicas (The Epoch Times).
Warren será la presidenta del Comité Bancario del Senado cuando se instale el nuevo Congreso, con mayoría demócrata en ambas cámaras, el 3 de enero de 2027 (ver nota).
Las leyes que cita
La carta invoca dos estatutos penales de derechos civiles: el artículo 241 del título 18, que castiga la conspiración para impedir el ejercicio de un derecho, y el 242, que castiga a quien, con autoridad del Gobierno, priva deliberadamente a alguien de un derecho federal. Reitz sostiene que las investigaciones del Congreso deben tener un propósito legislativo legítimo y que perseguir a alguien por asociarse con Trump podría violar sus derechos constitucionales. La oficina de Warren no respondió a la prensa (The Epoch Times).
Criterio INCÍSOS
Es inusual que un fiscal federal advierta a una senadora, antes de que tome posesión de un cargo, sobre investigaciones que todavía no ha abierto. El Congreso tiene facultades de investigación, y los tribunales han dicho que deben tener un propósito legislativo. Esa es una discusión legítima. Que el Departamento de Justicia la plantee con amenazas de delitos penales es otra cosa.
Los venezolanos sabemos cómo empieza: con una carta que parece un trámite.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Departamento de Justicia aclare si existe una investigación abierta o si la carta es solo una advertencia; que Warren explique el alcance de las investigaciones que planea, y que el Senado defina las reglas antes de que empiecen.
Para leer más en INCÍSOS
- El Congreso demócrata no cambiará la ruta de Rubio hacia Venezuela: el nuevo Congreso.
- Stephen Miller cierra la Casa Blanca a los lobistas sin permiso: Miller y los lobistas.
- Mamdani insiste en disolver la unidad antidisturbios y antiterrorista del NYPD: Mamdani y el NYPD.
Fuentes principales: The Epoch Times; Trump’s Truth.
Política
Mamdani insiste en disolver la unidad antidisturbios y antiterrorista del NYPD
Primero la estructura, después la disolución.
EE.UU. · NUEVA YORK
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostiene que disolverá el Strategic Response Group, la unidad del NYPD que atiende tanto protestas como amenazas terroristas. Preguntado quién responderá ante un ataque, dijo que esas dos funciones no deben estar en la misma unidad. Todavía no ha explicado qué la reemplazará.
Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El plan de disolver el Strategic Response Group (SRG) del Departamento de Policía de Nueva York. |
|---|---|
| Quién | El alcalde Zohran Mamdani; el sindicato policial PBA; la ACLU de Nueva York. |
| Cuándo | Mamdani lo reiteró el viernes 13 de noviembre de 2026; el anuncio formal se espera en los próximos días. |
| Dónde | En Nueva York. |
| Por qué | Fue una promesa de campaña: separar la respuesta a protestas del antiterrorismo. |
| Cómo | Según la prensa, dividiendo la unidad en una fuerza civil para manifestaciones y otra antiterrorista. |
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mantiene su promesa de campaña: disolver el Strategic Response Group (SRG) de la policía. El viernes 13 de noviembre, un periodista le preguntó directamente quién respondería ante amenazas terroristas si la unidad desaparece. Mamdani respondió que sigue comprometido con disolverla y que no cree que las tareas de antiterrorismo y de respuesta a protestas deban estar en una misma unidad (Fox News).
Una portavoz del ayuntamiento confirmó que el SRG será disuelto para «separar la respuesta a las protestas del antiterrorismo», y que habrá más información «pronto» (Yahoo News).
Qué es el SRG
Según el propio NYPD, la unidad atiende «movilizaciones en toda la ciudad, desórdenes civiles y grandes eventos» con personal altamente entrenado y equipo especializado. También se despliega donde se requiere una mayor presencia policial y moviliza recursos para tiroteos, protestas y otros incidentes significativos. La prensa la describe además como vinculada a la respuesta ante amenazas terroristas, una de las funciones que la propuesta de Mamdani busca separar de la respuesta a protestas. Según la ACLU de Nueva York, tiene unos 700 empleados y un presupuesto de 100 millones de dólares (NBC New York; Yahoo News).
Sus críticos la consideran militarizada. En 2020 fue acusada de detener indebidamente a más de 100 manifestantes durante las protestas por George Floyd; el NYPD firmó un decreto de consentimiento y un juez ordenó reparaciones (Yahoo News).
Las dudas
Mamdani dice que lo hará «de una manera que mantenga seguros a los neoyorquinos y proteja sus derechos de la Primera Enmienda». Pero no ha dicho qué unidad responderá ante un tiroteo masivo o un ataque. Según la prensa, se estudia una fuerza civil para desescalar protestas y una unidad aparte para el antiterrorismo (NBC New York). Patrick Hendry, presidente del sindicato policial PBA, sostiene que el plan pone «en mayor riesgo tanto a los policías como al público» (Yahoo News).
Criterio INCÍSOS
La idea de fondo tiene lógica: controlar una protesta y neutralizar un ataque terrorista son tareas distintas, y mezclarlas ha producido abusos. Pero en una ciudad que sufrió el 11 de septiembre, desmontar una unidad antes de presentar la que la reemplaza es un riesgo que ningún alcalde debería correr. El orden importa: primero la nueva estructura, después la disolución.
El debate, además, merece hacerse con datos y no con prejuicios. Las críticas que aluden al origen o la religión del alcalde no explican nada sobre la seguridad de la ciudad; las preguntas sobre quién responderá ante un ataque, sí.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el ayuntamiento presente por escrito qué unidad asumirá el antiterrorismo, con cuántos agentes y desde qué fecha; que la comisionada de policía lo respalde públicamente, y que la transición se haga sin un solo día de vacío.
Para leer más en INCÍSOS
- Los altos funcionarios de Trump se mudan a bases militares: los funcionarios en bases militares.
- Un fiscal federal advierte a Warren antes de que presida un comité: Warren y el fiscal.
Fuentes principales: Fox News, en X; Yahoo News, The Center Square; NBC New York.
VITRINA POLÍTICA · LA SEMANA
Un paro nacional el lunes. El cierre de las postulaciones al TSJ el miércoles. El fin de la pausa del TPS el viernes. Y, de fondo, la cuarta ronda de la Mesa de Caracas y la huelga de hambre indefinida en Ramo Verde. Estas son las fechas de la semana y lo que está en juego en cada una.
Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Las fechas clave de la semana del 16 al 22 de noviembre para Venezuela y los venezolanos en EE.UU. |
|---|---|
| Quién | Gremios, el Comité de Postulaciones Judiciales, las delegaciones de la Mesa de Caracas, los militares presos y la justicia estadounidense. |
| Cuándo | Del lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 2026. |
| Dónde | En Caracas, Los Teques y las cortes federales de EE.UU. |
| Por qué | Porque varias decisiones pendientes vencen esta semana. |
| Cómo | Día por día. |
Hay semanas que se miden en noticias y otras en fechas. Esta es de las segundas.
Lunes 16 · El paro
Gremios de educación, salud y universidades paran 12 horas por salarios y aguinaldos. El martes 17 evaluarán el resultado y decidirán los próximos pasos (ver nota).
Toda la semana · La Mesa y Ramo Verde
La cuarta ronda de la Mesa de Caracas, instalada el viernes 13 a puerta cerrada, debería durar alrededor de una semana (ver nota). Es la ronda que el G7 respaldó y en la que la delegación de la AN de 2015 lleva cuatro temas: el voto, la justicia, los derechos y la escucha (ver nota).
En Ramo Verde, la huelga de hambre de los militares presos cumple ocho días el lunes. La carta que difundió María Corina Machado la firman 177 militares detenidos, que autorizaron a la organización Héroes Anónimos a representarlos y pidieron la presencia de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales (El Diario; ver nota).
Martes 17 · El TPS en el tribunal
Hay una audiencia de gestión del caso del TPS venezolano en el tribunal de distrito (Lehigh Valley Immigration Law).
Miércoles 18 · El cierre de las postulaciones al TSJ
Vence la prórroga del Comité de Postulaciones Judiciales. Los aspirantes pueden consignar documentos hasta ese día, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Museo Bolivariano de la Asamblea Nacional (El Diario). Al 12 de noviembre, ya eran 932 las candidaturas para magistrado del TSJ (ver nota). Después vendrán las entrevistas y la evaluación con el baremo que cuestiona Ángel Alberto Bellorín (ver columna).
Viernes 20 · Vence la pausa del TPS
Termina la pausa administrativa de 14 días que el Noveno Circuito concedió al Gobierno de EE.UU. El tribunal puede extenderla, levantarla o sustituirla (Lehigh Valley Immigration Law). Lo que decida afecta a cientos de miles de venezolanos (ver nota).
Criterio INCÍSOS
Cada una de estas fechas es una prueba. El paro medirá si el Gobierno encargado escucha a sus trabajadores. El cierre de las postulaciones, si el comité puede verificar en pocos días lo que la Constitución exige. La ronda de la Mesa, si sale de ella algo más que una foto. Y Ramo Verde, si el Estado responde a una huelga de hambre con algo distinto del silencio.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que cada una de estas instituciones informe, al terminar la semana, qué decidió y por qué.
Para leer más en INCÍSOS
- Maestros y enfermeras paran 12 horas contra un aguinaldo de 74 dólares: el paro.
- El G7 ve avances medibles en una Mesa sin fecha electoral: el G7 y la Mesa.
- Trasladan al Hospital Militar a un sargento en huelga en Ramo Verde: Ramo Verde.
- Esta semana se juega el TPS de los venezolanos: el TPS.
Fuentes principales: El Diario, carta de los militares; Infobae; El Diario, resumen semanal; Lehigh Valley Immigration Law.
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