El 24 de agosto de 2026 las familias llevaron una palabra a la calle. El mensaje a la nación de esa noche, de once minutos, no la pronunció ni una sola vez.

El lunes 24 de agosto de 2026, a las once de la mañana, un grupo de familiares se concentró en la plaza Parque Carabobo, frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas. Vestían de blanco. Llevaban fotografías. La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos entregó ese día un documento que reclama la libertad de 300 personas que, según su propio registro, continúan bajo custodia del Estado. Pidieron también la lista oficial de los excarcelados.

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Horas más tarde, la presidenta encargada Delcy Rodríguez habló al país en un mensaje grabado de once minutos.

En esos once minutos, la expresión «presos políticos» no aparece una sola vez.

Aparece otra cosa. Aparece que 1.046 venezolanos han sido liberados, que 12.000 personas han recibido beneficios procesales y que todo ello es resultado del Programa de Convivencia Democrática y Paz.

Cada pieza de esa frase hace un trabajo. Conviene desarmarla.

Primero: la categoría

No son presos políticos. Son «venezolanos». No fueron excarcelados porque una detención se reconociera injusta: fueron «liberados» dentro de un programa de convivencia.

La palabra que las familias llevaron a la calle es exactamente la palabra que el Estado no pronunció esa noche. No es un descuido de redacción. Nombrar es reconocer. Si en Venezuela no hay presos políticos sino venezolanos beneficiados por un programa, entonces no existe una injusticia que reparar: existe una generosidad que administrar.

Segundo: el origen

El programa. No la mesa.

Rodríguez menciona en ese mismo tramo el primer acuerdo alcanzado con un sector de la oposición representado en la Asamblea Nacional de 2015, y precisa su contenido: la recuperación de recursos y activos del país y la renovación del Poder Judicial. Dos asuntos. Las liberaciones quedan fuera de esa enumeración.

Ese mismo lunes, en la rueda de prensa semanal del PSUV, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, fue explícito: «Jamás se han tocado esos temas dentro de la mesa».

Buena parte de la cobertura leyó ahí una contradicción entre Miraflores y el partido. No lo es. Es coordinación. Los dos dijeron el mismo día, con palabras distintas, exactamente lo mismo: la libertad de esas personas no es materia de negociación.

Tercero: la consecuencia

Ahí está el punto, y no es semántico.

Un compromiso adquirido en una mesa tiene contraparte, plazo, verificación y, sobre todo, incumplimiento posible. Una concesión no tiene nada de eso. Un compromiso se exige. Una concesión se espera.

Por eso la cifra pudo repetirse idéntica —1.046 el 15 de agosto de 2026 en la cuenta de X de Rodríguez, 1.046 el 24 de agosto en el mensaje a la nación— sin que nadie pueda reclamar que se rompió algo. No se rompió nada porque nunca se prometió nada.

Y por eso tampoco hay lista. Una lista convierte una cifra en una obligación con nombres y apellidos. La distancia entre lo anunciado y lo verificado ya tiene medida: el 14 de agosto de 2026 el Estado anunció 131 medidas de excarcelación y el Foro Penal confirmó primero 64 salidas y luego elevó su balance a 81. Esa brecha no es un rezago administrativo. Es el espacio donde vive la angustia de una familia que no sabe si el nombre de su hijo está escrito en un papel que nadie publica.

La alcabala que no se anunció

En la misma alocución, Rodríguez anunció que en los próximos días se eliminarán las alcabalas policiales en las ciudades, sustituidas por refuerzo del patrullaje. Buena parte del país lo va a agradecer, y con razones documentadas durante años.

Pero conviene ver la figura completa. Se levanta la alcabala de la calle y queda intacta la del expediente: la que decide quién sale, cuándo sale, con qué medidas cautelares y bajo qué condición de regreso. Esa no se anunció. Esa no tiene fecha. Esa sigue operando con la misma discrecionalidad de siempre, solo que ahora con vocabulario de reencuentro.

Mientras tanto, esa misma tarde, cuando la movilización avanzó desde el Ministerio Público hacia la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana montaron un piquete en la avenida Universidad para impedirle el paso. Los manifestantes lo rompieron. En imágenes difundidas por Provea se observa a uniformados halando pancartas. Una mujer de la tercera edad fue empujada. Cinco familiares alcanzaron a entregar el documento.

El encuentro

La alocución cierra con una idea que vale la pena tomar en serio: que «Venezuela tiene que renacer» desde el encuentro entre venezolanos que piensan distinto.

Es una buena frase. Solo le falta una condición previa que ningún programa sustituye.

Para reencontrarse con alguien, primero hay que nombrarlo.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el martes 25 de agosto de 2026

En el baloncesto, un tiempo muerto no es un descanso. Es lo contrario. El reloj se detiene, sí, pero adentro del corrillo pasa todo: el entrenador dibuja la próxima jugada, corrige lo que falló, decide quién entra y quién sale. Los que se sientan a mirar el marcador durante ese minuto son los que están en la tribuna. Los que van a jugar, se paran, escuchan y hablan.

Venezuela está en uno de esos minutos.

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El primer ciclo de la mesa de Caracas cerró, y el siguiente está pautado para septiembre. En el medio hay un compás que muchos ya bautizaron como tiempo muerto, con ese tono de fastidio que se le pone a las esperas. Pero de muerto no tiene nada. Es, si acaso, el intervalo más vivo de todo el proceso, porque es el único en el que todavía no hay nada decidido y sí hay tiempo para influir en lo que se decida.

La tentación de la tribuna es comprensible. Después de veinte años y dieciocho diálogos fallidos, uno aprende a protegerse: que hagan ellos, que avisen cuando terminen, y ya veremos si aplaudimos o pateamos. Es una forma del cansancio, y el cansancio venezolano está más que ganado. Pero es también, con perdón, una forma de la comodidad. Porque delegar del todo tiene una ventaja secreta: si sale mal, la culpa fue de otro. Uno se reserva el derecho a la indignación futura a cambio de renunciar al trabajo presente.

Nosotros proponemos lo contrario, y lo proponemos sin ingenuidad.

Este es el momento de ir al detalle. De confiar y desconfiar a la vez —que no son actitudes opuestas, sino las dos manos con las que se sostiene cualquier proceso serio—. Se confía lo suficiente para participar; se desconfía lo suficiente para revisar. Quien solo confía, firma en blanco. Quien solo desconfía, se queda afuera gritando. El criterio vive en la tensión entre las dos cosas, y esa tensión hay que aguantarla despiertos.

Es el momento, también, de hacerse mil preguntas. Pero no las preguntas retóricas que se lanzan al aire para lucir escepticismo, sino las que tienen respuesta si uno se molesta en buscarla. ¿Cuántos días exige la ley para designar un árbitro electoral? ¿En qué orden manda la Constitución reformar y nombrar? ¿Cuál de las dos asambleas es la que menciona el artículo que ordena designar magistrados? ¿Qué pasa con los actos de un poder que se considera usurpado? Ninguna de esas preguntas es un misterio metafísico. Todas están en un texto que se puede leer. Y hacérselas antes de que las respuestas se conviertan en Gaceta Oficial es la diferencia entre un ciudadano y un espectador.

Porque ahí está el punto que de verdad importa. La reinstitucionalización de un país no se recibe por correo. No es un paquete que llega armado, con su cronograma y su lazo, para que uno lo acepte o lo devuelva. Se construye entre muchos, o no se sostiene. Un sistema de justicia que se rehace a espaldas de la gente que va a ser juzgada por él nace sin legitimidad, por impecable que sea su redacción. Un árbitro electoral designado en una sesión sin testigos es un árbitro que empieza debiéndole una explicación al país. La participación no es un adorno democrático: es el pegamento que evita que todo esto haya que rehacerlo dentro de cinco años.

No se trata de que ellos hagan y nosotros acatemos. Se trata de que todos hagamos, revisemos y acordemos. Y para eso hace falta una cosa nada romántica: estudiar. Leer el borrador antes de que sea ley. Comparar lo que se propone con lo que la norma exige. Señalar lo que falta. Proponer de vuelta, aunque nadie nos haya pedido la propuesta. Un país que solo espera el resultado se queda con el resultado que le den. Uno que participa en el proceso se gana el derecho a reclamarlo.

Por eso esta semana publicamos dos especiales, Quién cuenta y Quién juzga, que abren pieza por pieza —con la Constitución y las leyes en la mano— el Poder Electoral y el sistema de justicia que ahora mismo se renegocian en dos mesas técnicas. No los hicimos para que usted tenga una opinión más rápida. Los hicimos para que tenga una mejor fundada. Son, si se quiere, la libreta que uno lleva al tiempo muerto: lo que hay que mirar, escrito antes de que ocurra, para que después nadie pueda decir que la vara se movió.

Que quede claro lo que no estamos diciendo. No pedimos romper el proceso ni boicotearlo; sería irresponsable, y sería regalarle el partido al que juega a que nos cansemos. Tampoco pedimos entusiasmo automático, que es la otra forma de la pereza. Pedimos algo más incómodo y más barato: que la gente que tiene algo que aportar —juristas, gremios, académicos, ciudadanos que se leyeron la ley— lo aporte ahora, en voz alta, mientras todavía se puede escribir distinto.

El reloj está detenido. No el nuestro.

Un tiempo muerto se gana o se pierde según lo que uno haga con él. Si lo pasamos mirando el marcador, volveremos a la cancha exactamente igual de perdidos que salimos. Si lo pasamos parados, escuchando y hablando, quizá entremos con una jugada. No hay garantía de que funcione. La hay, y total, de que sin ella no funciona.

Así que no lo llamemos tiempo muerto. Llamémoslo por lo que es: el rato que tenemos para no dejar que la cosa se muera de abandono. Es poco. Es ahora. Y es nuestro.

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

Esta columna expresa la opinión de su autor.