Hay una manera rápida de saber si algo está ocurriendo de verdad en la industria petrolera, y no tiene nada que ver con los anuncios. Se pregunta cuántos contratos se firmaron.

La respuesta, seis meses después de la reunión en la Casa Blanca, es cero.

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No es una interpretación mía. Memorandos de entendimiento hay. Cartas de intención hay. Visitas técnicas, licencias, comunicados y fotografías, todo eso hay. Firmas vinculantes que comprometan capital, taladros y empleo, no hay ninguna. Y ninguna de las empresas que se sentaron a esa mesa en enero ha desplegado personal ni maquinaria en el terreno.

Cero es un número aburrido. También es el único que no admite matices.

Durante meses se ha instalado un relato según el cual Venezuela estaría vendiendo más crudo que nunca y las refinerías del golfo estarían recibiendo cargamentos venezolanos como en los viejos tiempos. Que se muevan barriles es cierto y es una buena noticia; no pienso restarle importancia a que un buque zarpe.

Pero un barril embarcado hoy no es una inversión. Es inventario.

Vender lo que ya está extraído no repara un pozo, no rehabilita una refinería, no reemplaza un taladro de treinta años ni recupera un campo apagado. Lo primero se hace con logística y con licencias. Lo segundo se hace con contratos a veinte años y con alguien dispuesto a poner dinero que no verá de vuelta en una década.

Confundir las dos cosas es el error más caro que se puede cometer en este expediente. Y se está cometiendo con entusiasmo.

El plan de tres fases —estabilización, recuperación, transición— no es improvisado. Fue presentado ante el Congreso el 7 de enero y ampliado el 28 del mismo mes, con solapamiento anunciado entre fases desde el principio. Tiene arquitectura, tiene lógica y tiene autor.

Lo que no tiene es fechas de cierre.

Y esa ausencia no es un detalle de forma. Una fase sin fecha de término no es una fase: es un estado. Puede durar seis meses o cuatro años y en ambos casos se puede decir, con toda honestidad técnica, que el plan avanza. Nadie miente. Simplemente nadie puede demostrar lo contrario.

Un plan con dirección pero sin calendario es una brújula sin mapa. Sirve para saber hacia dónde se camina. No sirve para saber si se llegó.

Reconozco lo que sí está pasando, porque sería deshonesto no hacerlo. La mesa de Caracas está trabajando en lo político y en lo institucional. Se acordó un mecanismo de cuatro pasos para renovar el máximo tribunal. Se abrió una vía para los activos depositados en Londres. Se produjeron excarcelaciones. Nada de eso es humo.

Pero todo eso ocurre en un solo carril. Y este país necesita dos.

Mientras un equipo discute magistrados y comités de postulaciones, alguien tiene que estar discutiendo apertura, exploración, explotación, refinación, transporte, comercialización y arbitrajes. Ese segundo trabajo no es consecuencia del primero: es paralelo. Y hasta donde se puede verificar públicamente, va mucho más lento.

La recuperación económica es la segunda fase del plan. Si no hay contratos, no hay inversión. Si no hay inversión, la segunda fase no se cumple. Y si la segunda fase no se cumple, la tercera —la que a todos nos interesa, la que se llama transición— se corre sola, sin que nadie tenga que anunciarlo.

Lo más incómodo de este asunto es que el obstáculo principal no es político. Es jurídico, y es viejo.

Venezuela arrastra una deuda externa que supera los ciento cincuenta mil millones de dólares. Y una parte considerable de sus acreedores son exactamente las mismas empresas a las que hoy se les pide que vuelvan. Dos de ellas reclaman cerca de catorce mil millones por expropiaciones de hace dos décadas.

Póngase usted en el lugar de un comité de inversión. Le proponen poner mil millones de dólares en un país donde el producto de esa inversión puede ser embargado en un tribunal extranjero por una demanda que no es suya. La respuesta no es no. La respuesta es todavía no, y esa es peor, porque no obliga a nadie a resolver nada.

Se intentó neutralizarlo declarando los ingresos petroleros activos soberanos bajo custodia del Tesoro estadounidense. Funciona como blindaje. Y a la vez deja algo dicho que conviene no pasar por alto: el Estado venezolano perdió, por ahora, la libre disposición de su renta principal.

De ahí que mi conclusión no sea un reclamo político sino uno técnico, y espero que se lea así.

Hace falta más gente, y de otro tipo, trabajando en esto. Especialistas en industria petrolera que sepan qué cuesta rehabilitar un campo maduro y en cuánto tiempo. Abogados de derecho internacional que sepan desmontar la maraña de arbitrajes, sentencias y embargos que hoy hace impagable cualquier riesgo. Negociadores fiscales capaces de discutir regalías del treinta por ciento e impuestos del cincuenta sin convertir la conversación en una consigna.

No es un problema de voluntad. Es un problema de oficio. Y el oficio se contrata.

Mientras tanto conviene medir con el instrumento correcto. No cuántos buques salieron, sino cuántas firmas hay. No cuántos comunicados se emitieron, sino cuántas fechas de cierre se comprometieron. No cuántas fases se anunciaron, sino cuántas se cerraron.

Un país no se levanta con anuncios. Se levanta cuando alguien firma un papel que lo obliga a algo durante veinte años, y después cumple.

Venezuela lleva demasiado tiempo escuchando la música y esperando que empiece el baile. Pero el ritmo todavía no llega a la calle. Y sin ritmo no hay danza, por más que la orquesta esté afinando desde enero.

Que empiecen a firmar. Después bailamos.

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

Esta columna expresa la opinión de su autor y no constituye asesoría financiera ni de inversión.

Autor: Alfredo Yánez Mondragón

La palabra aparece tres veces en el acuerdo del 12 de agosto. Auditoría. Transparencia. Trazabilidad. Tres sustantivos que suenan a garantía y que no nombran a nadie.

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No hay una firma auditora identificada. No hay un contrato publicado. No hay periodicidad de reporte, ni destinatario del reporte, ni consecuencia prevista si el reporte llega tarde o no llega. Hay una intención, redactada con corrección, sobre 4.000 millones de dólares en lingotes que llevan ocho años en una bóveda de Londres.

Quiero ser claro sobre lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que alguien vaya a robarse ese dinero. No lo sé y nadie puede saberlo todavía. Estoy diciendo algo más incómodo y más simple: que a esta altura nadie está en condiciones de afirmar lo contrario, y que esa imposibilidad es un problema de diseño, no de mala fe.

Un mecanismo que depende de la buena voluntad de quien lo ejecuta no es un mecanismo de control. Es una promesa con vocabulario técnico.

Estuve mirando las cifras de esta semana venezolana como quien revisa una cuenta larga, y hay una operación que se repite en todas.

El gobierno anunció 131 excarcelaciones. Foro Penal, que verifica identidad caso por caso, había confirmado 72 la mañana siguiente. Ninguna de las dos cifras es necesariamente falsa: la verificación toma tiempo. Pero solo una de las dos fue anunciada con altavoz.

El balance oficial de la reconstrucción reporta 53.314 viviendas evaluadas. Es un trabajo enorme y real, y no pienso restarle mérito. En el mismo balance figura otro número: 287 viviendas entregadas, frente a 9.567 catalogadas en alto riesgo. Una por cada treinta y tres.

La alcaldía de Caracas informó, tras el aguacero del fin de semana, la atención de cinco árboles caídos. En el sector La Vega, los vecinos hablaban de dos adolescentes arrastradas por la corriente en el callejón El Sinaí. No hay confirmación oficial de eso. Puede que el reporte vecinal esté equivocado. Puede que no. Lo que sí está confirmado es que un balance municipal se difundió contando árboles antes de que nadie hubiera terminado de contar personas.

Y el comunicado del primer ciclo del diálogo se leyó tras más de seis horas de deliberación sin admitir preguntas de la prensa. En un proceso cuyo propio marco de principios incluye el compromiso de informar oportunamente a la población.

Cuatro hechos distintos, cuatro instituciones distintas, un mismo patrón: el número que sale primero es el que conviene, y el que cuesta es el que llega después, si llega.

De ahí viene mi convicción sobre esto, y perdóneme si suena a poco.

La contraloría ciudadana no es desconfianza. Es aritmética.

No consiste en sospechar de todo el mundo ni en descalificar cada anuncio. Consiste en algo mucho menos épico: anotar el número que le dan hoy para poder compararlo con el que le den en noventa días. Es tener a mano la fecha en que alguien prometió 160 megavatios y saber que ese plazo vence a mediados de noviembre. Es preguntar quién audita, no porque uno crea que van a robar, sino porque una auditoría sin auditor con nombre no es una auditoría.

Es la diferencia entre indignarse y llevar la cuenta.

Lo primero se agota en una semana. Lo segundo funciona.

No voy a fingir que esto es fácil, porque no lo es.

Vigilar cansa. Cansa de una manera particular, además: no produce satisfacción inmediata, no genera aplausos y casi nunca ofrece un momento de victoria. Uno anota una cifra, la guarda, espera tres meses y descubre que la cifra no cambió. Eso no se puede tuitear con épica. Y sin embargo es exactamente ahí donde se decide si una transición se convierte en instituciones o se queda en anuncios.

Tampoco lo puede hacer una persona sola. Ese es el punto donde suelo ver que la gente se rinde: alguien empieza a llevar la cuenta de un expediente, se agota, se calla, y el expediente se cierra sin que nadie lo note. La contraloría ciudadana funciona cuando es distribuida. Uno sigue el oro. Otro sigue los megavatios. Otro sigue el número verificado de excarcelados. Otro sigue cuántas de las 9.567 viviendas dejaron de estar en alto riesgo. Nadie carga con todo, y entre todos no se pierde nada.

Y hay un trabajo que ya está hecho por gente que lo hace desde hace años, con recursos escasos y sin reconocimiento. Foro Penal verificando nombre por nombre mientras el titular ya pasó. Los ingenieros que pidieron actualizar las normas sismorresistentes en lugar de callarse. Las organizaciones que auditan dónde termina cada dólar donado. A esa gente uno no tiene que reemplazarla. Tiene que leerla, citarla y sostenerla.

Sobre los que vivimos afuera quiero decir una última cosa, porque conozco la objeción y la he escuchado muchas veces: qué derecho tengo yo a exigir cuentas desde la distancia.

La distancia quita autoridad moral para muchas cosas. Para esta, no.

Quien manda una remesa cada mes está financiando la economía que se está reconstruyendo. Quien donó a una campaña tras el 24 de junio puso dinero propio en esa cuenta. Quien tiene familia bajo un techo evaluado como habitable con restricciones tiene un interés directo, verificable y legítimo en saber cuándo dejará de estarlo. Eso no es opinar desde afuera. Es ser parte interesada.

Y la distancia da algo que adentro escasea: la posibilidad de preguntar sin miedo a la consecuencia. No es poca cosa. En un país donde durante años preguntar en voz alta tuvo precio, quien puede preguntar gratis tiene algo parecido a una obligación.

Nada de esto garantiza nada. Ese es el punto y no lo voy a maquillar.

Se pueden anotar todas las cifras, seguir todos los plazos, preguntar quién audita cada semana, y aun así perder. Diecisiete intentos de negociación anteriores no produjeron una transición y muchos de ellos tuvieron gente atenta.

Pero de la manera contraria se pierde seguro.

Una transición no se pierde en un momento dramático, con un golpe o una traición que todos ven. Se pierde en un número que nadie escribió, en un plazo que nadie recordó y en una auditoría cuyo auditor nunca tuvo nombre. Se pierde en silencio, entre dos anuncios, mientras todos miramos el siguiente titular.

Anote la cifra. Guarde la fecha. Vuelva a preguntar en noventa días.

Es poco. Y es casi todo lo que hay.

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

Esta es una jornada que quedará registrada en el proceso venezolano y que no quisiera dejar pasar sin poner por escrito lo que creo que debe decirse, con la mayor precisión que este editor pueda alcanzar.

Durante las últimas horas ocurrieron liberaciones de presos políticos en Venezuela. Ocurrieron en centros de detención específicos: en el Rodeo I, en el INOF, en otros recintos venezolanos. El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por Delcy Rodríguez, emitió un comunicado oficial fechado en Caracas el 14 de agosto que informa el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas. Foro Penal, dirigido por Alfredo Romero y con Gonzalo Himiob como vicepresidente, verificó caso por caso durante la tarde con actualizaciones progresivas que subieron de 17 a 29 y luego a al menos 40. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) reportó 43 verificaciones directas. El analista político Nicmer Evans publicó al cierre del día una lista consolidada de 62 excarcelados verificados con nombre y apellido.

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Sesenta y dos, entonces, es la cifra verificada al momento en que escribo. De 131 anunciadas por el gobierno, 62 confirmadas con nombre por observadores independientes. Sesenta y nueve personas cuya situación específica queda por documentar en las próximas horas o días. Y cientos más que siguen presos y no aparecen en ninguna de las dos listas.

Entre los 62 verificados por Nicmer Evans hay un dato editorial que corresponde señalar: la proporción alta de militares. Capitanes, tenientes, teniente coroneles, coroneles, sargentos, sargentos primero, sargentos segundo, tenientes primero, tenientes coroneles. Casi una docena de nombres con rango militar. Muchos de ellos vinculados a casos como Gedeón, drones y otros procesos que durante años el régimen anterior usó como justificación para condenas de hasta treinta años en tribunales sin garantías. Que hoy salgan libres es demostración editorial de que su detención sostenida durante años era políticamente motivada y no jurídicamente justificada.

Que se anuncie la libertad de más de un centenar de personas es una noticia. Que se hayan verificado 62 con nombre y apellido al cierre editorial es otra noticia. Que ambas cifras estén separadas por 69 personas cuya situación específica queda por confirmar es una tercera noticia. Las tres son ciertas simultáneamente. Ninguna anula a las otras.

Este Inciso se llama «ni uno menos que todos» y quiero explicar exactamente por qué. Y quiero explicarlo ahora que las liberaciones están ocurriendo, no antes de que ocurrieran ni después de que se resuelvan del todo.

Es fácil escribir sobre la necesidad de liberar a los presos políticos cuando no se está liberando a nadie. Cualquiera puede hacer ese ejercicio, y muchos lo han hecho durante los últimos años con integridad y con constancia. Es también fácil celebrar cuando ocurre una liberación individual conmovedora. La atención mediática se orienta hacia esos momentos con vocación natural. Lo verdaderamente difícil, lo que exige criterio editorial, es sostener la exigencia mientras las liberaciones parciales están ocurriendo. Porque ese es exactamente el momento en el que aparece la tentación política de conformarse.

Hoy, mientras 131 personas se anuncian y 62 se verifican, la pregunta que quiero formular con claridad es: ¿y las otras? Las 69 personas que separan las dos cifras. Las que no están en ninguna de las dos listas. Las que llevan años en centros de detención sin juicio. Las que fueron condenadas mediante procesos que instituciones venezolanas e internacionales han caracterizado como carentes del debido proceso. Los tres pescadores de Falcón (Pérez, Guédez y Dirinot) que fueron detenidos en la represión postelectoral de 2024 y que, según denunció públicamente Ramón Guillermo Aveledo en la mañana del jueves, fueron condenados a seis años cuando ya estaba en marcha el proceso de diálogo cuyo primer ciclo culminó el 12 de agosto. Y todos los demás que este editor no puede nombrar aquí porque cada nombre merece verificación antes de la mención pública.

Ni uno menos que todos.

La formulación tiene precisión que quiero sostener. No dice «todos ya o nada». No dice «si no salen todos hoy, el proceso está fracasado». Ambas serían formulaciones absolutistas que ignorarían la naturaleza gradual de cualquier proceso institucional real. Dice algo distinto y más exigente. Dice que la meta debe permanecer clara mientras avanzan las etapas parciales. Dice que cada liberación individual es motivo genuino de alegría para la familia específica, pero no puede ser motivo para reducir la presión sobre las liberaciones pendientes. Dice que ninguna cifra intermedia, ni 131 ni 62 ni 200 ni 500, puede ser presentada como cumplimiento suficiente mientras haya un solo preso político venezolano que continúe detenido injustamente.

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, la diputada Dinorah Figuera, publicó en la tarde del 14 de agosto un mensaje breve y editorialmente preciso: «Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia». La formulación de Figuera dice, con menos palabras, lo mismo que quiere sostener este Inciso. Esperanza por lo que ocurre. Reconocimiento de que no son todos. Exigencia sostenida hasta que la libertad sea completa.

Es la misma posición que se argumentó el 13 de agosto en el análisis del cierre del primer ciclo del diálogo, cuando Figuera se comprometió a trabajar durante los próximos días por las liberaciones. Ese compromiso comenzó a ejecutarse un día después. Es dato verificable y es dato insuficiente. Ambas cosas simultáneamente.

Repasemos brevemente el registro. Diciembre de 2025: 187 excarcelaciones. Ronda posterior: 116 anunciadas, 24 verificadas por Foro Penal. Otra ronda: 80 en un día. Ley de amnistía de febrero de 2026: 379 liberaciones ordenadas, la mayoría con medidas restrictivas. Rondas parciales durante los meses siguientes. 14 de agosto de 2026: 131 anunciadas, 62 verificadas con nombre y apellido al cierre. La suma agregada de todas las excarcelaciones desde el 3 de enero de 2026 es sustantiva, y este editor no la minimiza. Pero la cifra que Foro Penal contabilizaba antes de la jornada del 14 era de 382 presos políticos aún detenidos, y esa cifra es la brújula. Cuánto se reduce, cuánto tarda en reducirse, y bajo qué condiciones se reduce. Nada más y nada menos.

Hay una lectura que quiero hacer explícita y que apareció formulada con precisión editorial en un mensaje que circuló durante la jornada: estas excarcelaciones también demuestran que es posible liberar presos políticos a pesar de que los tribunales hayan recibido órdenes durante años de imponer condenas de hasta 30 años en procesos sin garantías básicas. Con suficiente presión sostenida, las excarcelaciones ocurren. El 3 de enero de 2026 cambió las condiciones estructurales. Lo que hoy ocurre no habría ocurrido bajo el régimen anterior. Ese es el argumento correcto para celebrar sin conformarse, para reconocer lo que se ha ganado sin dejar de exigir lo que queda por ganar.

Hay una segunda lectura que no puede omitirse. Durante la misma jornada del 14 de agosto, mientras las liberaciones ocurrían, se registraron incidentes de censura contra periodistas venezolanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó que un funcionario de la Guardia Nacional fotografió y grabó a periodistas de En El Mapa 360, de Reporte Ciudadano y de VPITV mientras cubrían las excarcelaciones. El hashtag #InformarNoEsDelito circuló durante la jornada. Que las excarcelaciones ocurran es paso significativo. Que la cobertura periodística de esas excarcelaciones sea objeto de vigilancia y presión es demostración simultánea de que las restricciones sobre la libertad de prensa persisten. Ambas cosas ocurren en el mismo día. Ninguna de las dos puede reportarse sin la otra.

Escribo desde Columbus, Ohio, a miles de kilómetros de las cárceles donde las excarcelaciones están ocurriendo esta noche. Escribo para lectores hispanos que viven en Estados Unidos, algunos de los cuales son venezolanos con familiares aún privados de libertad injustamente, otros que son venezolanos con familiares que salieron en libertad hoy, y muchos que son hispanos de otras nacionalidades para quienes lo que ocurre en Venezuela es asunto propio por razones humanitarias, políticas y de solidaridad regional. Para todos ellos escribo lo que sigue.

La exigencia es una sola: ni uno menos que todos. Hasta que la última persona detenida por motivos políticos en Venezuela camine libre por la calle. Hasta ese día, el proceso no está cerrado. Ni el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática con sus 131 medidas alternativas, ni el Ministerio Público, ni los tribunales que emitieron las decisiones judiciales, ni el gobierno interino de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ni la propia Asamblea Nacional 2015 que se comprometió con este trabajo pueden interpretar las excarcelaciones parciales como cumplimiento cerrado del compromiso.

La libertad plena de los presos políticos venezolanos no es programa negociable ni etapa dispensable de la transición. Es requisito material para que la transición sea, efectivamente, una transición. Sin esa libertad completa, cualquier arquitectura institucional posterior se construirá sobre un cimiento agrietado. Las próximas rondas del diálogo entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, tanto las plenarias como las mesas técnicas, tendrán que aterrizar esta agenda con calendario específico. El segundo ciclo tendrá que abordarla explícitamente, como ya han exigido públicamente Tomás Guanipa desde Unión y Cambio, Andrés Velásquez desde La Causa R, Convergencia desde Falcón, y otras voces documentadas durante las últimas jornadas.

Ni uno menos que todos.

Esa es la única cifra editorialmente aceptable. Cuando Foro Penal pueda reportar cero presos políticos en Venezuela, este editor firmará un Inciso distinto. Hasta entonces, el argumento no cambia, aunque cambien las cifras.

Este 15 de agosto de 2026, cuando este texto se publique, sesenta y dos familias venezolanas estarán viviendo un reencuentro que hasta hace pocas horas parecía distante. Ese reencuentro es genuinamente motivo de alegría. Y decenas o cientos de otras familias estarán mirando las imágenes de esos reencuentros desde el otro lado de una cerca que aún no se ha roto para ellas. Ese contraste no puede ignorarse.

Que el reencuentro sea completo. Que sean todos.

*Alfredo Yánez Mondragón · Editor en jefe · INCÍSOS*