La Asamblea Nacional sancionó el viernes 31 de julio de 2026, por unanimidad y en segunda discusión, la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda. Su Disposición Transitoria Única establece que el decreto contra el desalojo arbitrario no se aplicará a los contratos amparados por el nuevo régimen.

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Qué	Se sancionó una ley de 27 artículos que crea un régimen especial de alquiler y excluye de él la normativa antidesalojo vigente.
Quién	La Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez; el diputado proponente Pedro Infante; la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a quien se remite para promulgación.
Cuándo	Aprobada en primera discusión 17 días antes y sancionada el viernes 31 de julio de 2026.
Dónde	Venezuela, con efecto en todo el mercado de alquiler de vivienda.
Por qué	El país registra cerca de 18.000 personas sin vivienda tras el doblete sísmico del 24 de junio.
Cómo	Mediante una disposición transitoria que desaplica dos instrumentos previos a las nuevas relaciones arrendaticias.

Qué establece la ley

El instrumento consta de 27 artículos. Su objeto declarado es crear un régimen especial de arrendamiento que contribuya a satisfacer el derecho a la vivienda y que promueva y proteja el mercado inmobiliario nacional.

Sus disposiciones centrales: las partes pueden acordar libremente el canon de arrendamiento y los métodos de pago; el depósito tiene un tope máximo de tres meses; y se contemplan instancias de mediación para la resolución de conflictos.

Fue presentada por el diputado Pedro Infante y aprobada sin votos en contra, con el respaldo de las bancadas del Grupo Libertad y de la Alianza Democrática. Es la décima ley sancionada en 2026.

La disposición que cambia el cuadro

La Disposición Transitoria Única señala que las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, y de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, no serán aplicables a las relaciones arrendaticias constituidas bajo el amparo de este régimen especial.

Ese es el corazón de la reforma y merece leerse despacio.

El decreto antidesalojo, vigente desde hace más de una década, estableció un procedimiento administrativo previo obligatorio antes de cualquier desalojo de vivienda. En la práctica, hizo muy difícil desalojar a un inquilino. Ese es el instrumento que la nueva ley desaplica para los contratos que se firmen bajo el régimen especial.

Según el artículo 27, la orden de desalojo de un inmueble arrendado con fines de vivienda solo podrá ser acordada bajo las condiciones que el propio texto fija.

El argumento a favor

Conviene presentarlo con seriedad, porque es sólido y lo suscribieron también legisladores opositores.

El mercado de alquiler venezolano opera en la informalidad casi completa, y esa informalidad la produjo, en parte, la propia protección. Cuando desalojar resulta prácticamente imposible, el propietario deja de alquilar o se protege por vías extralegales: exige depósitos de hasta un año por adelantado, fiadores múltiples y contratos que no se registran.

La diputada opositora Alejandra Rodríguez sostuvo que la norma representa un paso para recuperar la confianza en un mercado que impone esas condiciones.

El razonamiento es que una protección tan rígida que nadie quiere ofrecer vivienda en alquiler termina desprotegiendo al inquilino. Un tope de tres meses de depósito, si se cumple, es mejor que doce sin regulación.

La objeción

También es seria, y tiene que ver con el momento.

La ley se sanciona cuando cerca de 18.000 personas quedaron sin vivienda tras el sismo. Es exactamente la coyuntura en la que más hogares van a firmar contratos de alquiler en condiciones de necesidad y con menos capacidad de negociar.

Si el régimen especial se convierte en el único disponible en la práctica —porque ningún propietario ofrecerá vivienda bajo el régimen anterior—, la desaplicación deja de ser una opción y pasa a ser la norma para quien alquile a partir de ahora.

La pregunta que el texto no responde públicamente es qué protecciones sustituyen a las que se retiran, más allá de la mediación.

El paquete completo

Esta ley no llega sola. La presidenta encargada anunció un esquema de financiamiento para vivienda con subsidio del 80% hasta 70.000 dólares y del 50% entre 70.000 y 100.000, con créditos a 25 años, operando en mercado secundario.

Leídas juntas, ambas medidas dibujan una política habitacional coherente: dinamizar la compraventa de lo que ya existe y formalizar el alquiler, en lugar de construir vivienda nueva a escala.

Es una apuesta por el mercado. Su éxito dependerá de si la oferta responde, y su costo social dependerá de qué pase con quien no califica ni para comprar ni para alquilar en esas condiciones.

Nota: esta pieza ofrece análisis general y no constituye asesoría legal ni inmobiliaria.

Fuentes principales: Asamblea Nacional de Venezuela (nota oficial de la sanción del 31 de julio de 2026); Últimas Noticias y La Radio del Sur (texto de la Disposición Transitoria Única y declaraciones de Jorge Rodríguez); Unión Radio y MundoUR (contenido sobre canon, depósito y mediación); Efecto Cocuyo (bancadas que votaron y contexto de damnificados); Agencia Venezolana de Noticias (objeto de la ley); declaraciones de la diputada Alejandra Rodríguez recogidas por medios venezolanos.

El gobierno encargado anunció un esquema de financiamiento habitacional con dos tramos de subsidio y créditos a veinticinco años, canalizado por el Fondo Venezuela Renace y la banca pública y privada. El detalle que define su alcance es que opera sobre el mercado secundario: compra vivienda que ya existe.

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Qué	Se anunció un esquema de subsidio y crédito para adquisición de vivienda por parte de familias afectadas por el sismo.
Quién	El gobierno encargado de Delcy Rodríguez; el Fondo Venezuela Renace; la banca pública y privada.
Cuándo	Anunciado en los últimos días de julio de 2026, tras el doblete sísmico del 24 de junio.
Dónde	Venezuela, con concentración de la demanda en el estado La Guaira.
Por qué	Cerca de 18.000 personas perdieron su vivienda y la reconstrucción se estima en 19.600 millones de dólares.
Cómo	Con subsidio del 80% hasta 70.000 dólares y del 50% entre 70.000 y 100.000, y crédito a 25 años por el remanente.

El esquema, por tramos

Hasta 70.000 dólares: el Estado subsidia el 80% del valor del inmueble. El 20% restante se financia con crédito.

Entre 70.000 y 100.000 dólares: el Estado subsidia el 50% y financia el otro 50%.

Plazo del crédito: veinticinco años.

Canal: el Fondo Venezuela Renace, con participación de banca pública y privada.

Ámbito: mercado secundario. Es decir, adquisición de viviendas ya construidas, no promoción de obra nueva.

A eso se suma una solicitud del gobierno encargado al Tribunal Supremo de Justicia para crear una jurisdicción especial que atienda litigios civiles derivados del sismo en materia de propiedad, identidad y sucesiones. El Tribunal no ha informado si admitió la solicitud.

Por qué el mercado secundario

La decisión tiene una lógica de urgencia difícil de objetar. Construir un conjunto habitacional toma años; comprar un apartamento existente toma semanas. Con miles de familias en refugios, la diferencia de plazo no es un detalle técnico.

Pero tiene un efecto que conviene anticipar, porque es predecible en cualquier mercado.

Inyectar demanda subsidiada sobre un inventario que no crece empuja los precios hacia arriba. Si miles de familias entran al mismo tiempo a comprar vivienda existente con el 80% subsidiado, el vendedor lo sabe. El subsidio se traslada, en parte, al precio.

Ese riesgo se atenúa si el esquema se acompaña de referencias de valuación o de topes. No se ha informado que existan.

La aritmética del crédito

Un crédito a veinticinco años tiene una virtud evidente: abarata la cuota mensual. Y una condición que rara vez se discute: exige que exista un sistema financiero capaz de sostener una cartera a veinticinco años.

Eso significa fondeo de largo plazo, mecanismos de indexación en una economía con historial inflacionario, y garantías ejecutables. En un país donde el registro de propiedad quedó afectado por el propio sismo —de ahí la solicitud de jurisdicción especial—, la ejecución de la garantía hipotecaria no es un trámite resuelto.

La pregunta técnica que decidirá si el esquema funciona es en qué moneda se denomina el crédito y cómo se ajusta la cuota. Ese dato no se ha publicado.

Quién queda fuera

El esquema atiende a quien puede comprar con subsidio. No atiende a quien alquilaba.

Una familia que perdió una vivienda arrendada no tiene propiedad que reponer y su necesidad es de alquiler, no de compra. Para ese caso, lo disponible es la nueva ley de arrendamiento sancionada el 31 de julio, que dinamiza el mercado de alquiler pero desaplica la protección contra el desalojo arbitrario para los contratos que ampara.

Leídos juntos, ambos instrumentos reparten a los damnificados en dos grupos con tratamientos distintos: los que compran, con subsidio; los que alquilan, con menos protección que antes.

Para la diáspora

Hay una consecuencia directa para los venezolanos en Estados Unidos que sostienen familias en el país. Un esquema de compra con subsidio del 80% convierte una remesa en enganche viable por primera vez en años.

Antes de comprometer dinero, tres verificaciones elementales: si el familiar califica y bajo qué requisitos documentales; en qué moneda se pacta el crédito y cómo se ajusta la cuota; y si el inmueble tiene el registro de propiedad en regla, que es precisamente lo que la jurisdicción especial solicitada busca resolver.

Nota: esta pieza ofrece análisis económico general y no constituye asesoría financiera ni inmobiliaria.

Fuentes principales: Anuncios del gobierno encargado sobre el esquema de financiamiento habitacional, julio de 2026; The Daily Journal (solicitud al Tribunal Supremo de Justicia de una jurisdicción especial para litigios civiles tras el terremoto); Banco Mundial (estimación de daños); Efecto Cocuyo (cifras oficiales de damnificados al 24 de julio de 2026); Asamblea Nacional (Ley del Régimen Especial de Arrendamiento sancionada el 31 de julio de 2026).

Una delegación de alto nivel del Departamento de Estado y de la Casa Blanca se reunió en Caracas con la presidenta encargada. Según los reportes disponibles, la agenda incluyó el balance de la respuesta al doble terremoto, la cooperación energética, las inversiones y la seguridad. El viaje ocurre mientras se abre una auditoría sobre el fondo petrolero.

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Qué	Una delegación estadounidense se reunió con el gobierno encargado para revisar la administración de los fondos petroleros y otros asuntos.
Quién	Funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca; la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Cuándo	Finales de julio de 2026, en los días posteriores a la apertura de la revisión de la GAO.
Dónde	Caracas.
Por qué	Existen dudas públicas sobre el destino de más de 13.000 millones de dólares en ingresos petroleros.
Cómo	Mediante una visita de evaluación sobre los mecanismos de control y los estándares de transparencia.

Lo que se sabe

Washington envió una delegación integrada por funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca con el objetivo de evaluar cómo se administran los fondos provenientes de la comercialización del crudo y verificar si los mecanismos de control cumplen con los estándares de transparencia establecidos.

La visita se produjo en medio de las interrogantes sobre el destino de aproximadamente 13.000 millones de dólares en ingresos petroleros, cifra que motivó la investigación paralela de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

Fuentes de la propia administración venezolana informaron que en la reunión se conversó sobre el balance de la respuesta al doble terremoto, la cooperación energética binacional, inversiones y seguridad.

Una advertencia sobre lo que no está confirmado

Circularon versiones que atribuyen a esta delegación la presencia del secretario de Energía, Chris Wright, en lo que sería su segundo viaje al país tras el de febrero de 2026. Esas versiones se difundieron como extraoficiales y este medio no localizó confirmación institucional de ninguna de las dos partes.

Se consigna la agenda de la reunión, que sí tiene respaldo, y no la composición nominal de la delegación, que no lo tiene. Si aparece confirmación oficial, corresponde actualizar.

La agenda es la noticia

Lo más revelador del encuentro no es quién viajó sino qué se puso sobre la mesa.

Balance de la respuesta a un desastre natural. Cooperación energética. Inversiones. Seguridad.

Esos cuatro asuntos, tratados en una misma reunión bilateral, describen una relación que excede con mucho la cooperación entre estados soberanos en materia comercial. Un gobierno no suele rendir balance de su gestión de emergencias ante funcionarios de otro país.

Y hay una ausencia que conviene registrar: en la enumeración conocida de la agenda no aparece el calendario electoral.

Por qué viajaron ahora

La secuencia temporal ordena la lectura.

El 27 de julio Trump confirma los 13.000 millones y responde de forma evasiva sobre su destino. El 30 de julio se conoce que la GAO aceptó la solicitud de cuatro legisladores para auditar el fondo. En esos mismos días viaja la delegación.

Es decir: la presión llegó primero desde el Congreso estadounidense, no desde Caracas. Y la respuesta del Ejecutivo fue enviar funcionarios a supervisar al gobierno encargado.

Ahí hay una asimetría que merece nombrarse. La opacidad señalada por el Financial Times y por los legisladores se refiere al fondo administrado por el Tesoro estadounidense. La delegación fue a verificar el gasto del gobierno venezolano.

Ambas verificaciones son legítimas. Solo una de las dos está ocurriendo con visita de alto nivel.

Lo que hay que seguir

Dos documentos, y ninguno es una declaración. El informe de la GAO cuando se publique, con su alcance y sus conclusiones. Y cualquier estado de cuenta del fondo que se haga público, con ingresos, comisiones, saldo y desembolsos.

Hasta que existan, el asunto se discute con estimaciones de terceros —Kpler, Argus, Financial Times— y con declaraciones. Ninguna de las dos cosas es una contabilidad.

Nota: esta pieza ofrece análisis general y no constituye asesoría financiera.

Fuentes principales: Diario ABC de España y publicación del periodista David Alandete (envío de la delegación del Departamento de Estado y la Casa Blanca); In South Magazine (objeto declarado de la visita); comunicaciones oficiales venezolanas sobre la agenda de la reunión; declaraciones de Donald Trump del 27 de julio de 2026; Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, a través de su portavoz Jessica Baxter.