Quién habla

La reacción proviene de una voz con autoridad singular sobre este tema. Diego Arria fue representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y llegó a presidir el Consejo de Seguridad. Y, sobre todo, fue quien presentó en noviembre de 2011 una de las denuncias que sentaron las bases del proceso que la Corte Penal Internacional sigue hoy contra funcionarios venezolanos.

No es, por tanto, un comentarista externo. Es una de las partes históricas del caso que el gobierno de Delcy Rodríguez ahora busca abandonar. Esa condición le da a su reacción un peso que conviene registrar antes de examinar sus argumentos.

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El primer eje: quién decide

El planteamiento central de Arria es de legitimidad. Sostiene que ni quien firma el anuncio ni quien lo ordena tienen entidad para tomar una decisión de esa naturaleza en nombre de Venezuela.

Sobre el canciller Félix Plasencia —quien notificó el retiro a través de un mensaje difundido el 24 de julio— y sobre Delcy Rodríguez, a quien el comunicado oficial designa presidenta encargada, Arria argumenta que sus funciones habrían cesado y que el arreglo bajo el cual ejercen responde a un acuerdo con Estados Unidos, no a una representación legítima del Estado venezolano.

INCÍSOS registra ese argumento como la posición de Arria. La cuestión de la legitimidad de origen del actual gobierno de transición es, precisamente, uno de los puntos en disputa entre los distintos factores de la oposición, como este medio ha documentado. Arria se ubica en el extremo que niega toda representatividad al arreglo vigente.

El segundo eje: retirarse no borra los crímenes

El argumento más sustancial de Arria es el que compara esta decisión con un precedente concreto.

En abril de 2017, el gobierno de Nicolás Maduro inició el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, invocando el artículo 143 de su Carta. La maniobra se presentó entonces, también, como un acto de soberanía frente a un organismo supuestamente parcializado. Arria sostiene que aquel retiro buscaba desvincularse de las denuncias por los abusos cometidos en la región, y que retirarse de un organismo nunca borró los hechos ya ocurridos.

La analogía apunta a la CPI: según Arria, el objetivo real de la salida sería intentar liberar de responsabilidad a un grupo de funcionarios del chavismo señalados por delitos documentados. En sus palabras, se trata de huir de las acciones eventuales de la Corte.

Aquí conviene una precisión jurídica, porque fortalece el fondo del argumento de Arria aunque matiza su formulación. Arria afirma que, al retirarse, esos funcionarios quedarían liberados de las penas. El propio Estatuto de Roma establece lo contrario, y ese es precisamente el punto: el artículo 127, el mismo que Caracas invocó, dispone que la denuncia surte efecto un año después, no exonera de las obligaciones previas y no afecta las investigaciones ni los procedimientos ya iniciados. Los crímenes de lesa humanidad, además, no prescriben.

Es decir: la maniobra que Arria denuncia no produce el efecto que él teme, pero por la misma razón tampoco produce el efecto que sus autores buscan. La investigación abierta en 2021 continúa. Salir del tribunal no libera a nadie de una causa ya en curso.

El precedente que lo confirma

La historia reciente ofrece un caso que ilustra exactamente ese punto. Filipinas denunció el Estatuto de Roma mientras estaba bajo investigación, y su retiro se hizo efectivo. Aun así, el expresidente Rodrigo Duterte terminó puesto a disposición de la Corte, con cargos confirmados por crímenes de lesa humanidad. La salida de su país no detuvo el procedimiento.

El mismo principio que desmiente el temor de Arria desmiente la estrategia del gobierno que él critica. Ambos —el que teme la impunidad y el que la busca— se equivocan sobre el efecto de la denuncia, y se equivocan por la misma cláusula.

La comparación con la OEA, examinada

El paralelo que traza Arria con la OEA tiene un valor adicional que merece desarrollarse.

El retiro de la OEA de 2017 nunca llegó a consumarse plenamente en los términos que Maduro pretendía. En marzo de 2019, en el marco de la disputa por la representación del Estado, se revocó aquel acto de denuncia antes de que se cumpliera el plazo, y la cuestión de si Venezuela seguía siendo parte quedó envuelta en la misma disputa de legitimidad que hoy rodea todo lo venezolano.

La lección que Arria extrae es que estos gestos de retiro funcionan más como declaración política que como blindaje jurídico. Sirven para proclamar soberanía ante una audiencia interna, pero no cierran las puertas que pretenden cerrar.

Lo que queda planteado

La reacción de Arria condensa la contradicción de fondo de esta decisión. Quienes la toman la presentan como un acto de soberanía; quienes la critican la leen como un intento de fuga. Pero el dato jurídico, verificable y ajeno a ambas lecturas, es que la denuncia del Estatuto de Roma no detiene la causa abierta.

Queda planteada, eso sí, una pregunta que trasciende el caso: cómo se concilia el retiro de la principal instancia de justicia penal internacional con el proceso de transición que arranca el 1 de agosto, en el que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos figura entre las materias pendientes. Salir de la Corte no cancela las causas abiertas, pero sí clausura una vía hacia el futuro. Y esa decisión la está tomando, como subraya Arria, un gobierno cuya legitimidad de origen es objeto de disputa.

La frase

En 2021, durante un foro llamado «Vivienda en Lucha» celebrado en Madrid, el arquitecto y exministro Francisco Sesto —conocido como Farruco Sesto, figura central de la Gran Misión Vivienda Venezuela— pronunció una frase que hoy lo persigue. Defendiendo el programa, explicó el ritmo de las entregas con una franqueza que entonces pasó casi inadvertida: «No hacíamos estudio de suelos. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas».

Un estudio de suelos es el análisis técnico que determina la composición, la resistencia y la capacidad de carga de un terreno, y es la base para diseñar cimientos seguros. Ante un sismo es decisivo, porque revela cómo el terreno amplificará las ondas y si es propenso a hundirse o a licuarse.

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Aquella frase permaneció archivada hasta que, el 24 de junio de 2026, el doble sismo hizo ceder a numerosos complejos del programa. Entonces volvió, con toda su carga.

El desmentido del propio autor

Aquí está el elemento que convierte este caso en algo más que una cita incómoda. Después del sismo, y ante la circulación masiva de su declaración de 2021, el propio Sesto publicó un texto extenso defendiendo la Misión Vivienda en el que afirma, palabra por palabra, lo contrario de lo que dijo en Madrid.

En ese escrito sostiene que «los estudios de suelo, diseños y cálculos de fundaciones y estructura, adecuación de los terrenos, construcción de pilotes, construcción y equipamiento de las edificaciones, fueron realizados por empresas privadas especializadas».

Es decir: la misma persona, sobre el mismo programa, dijo en 2021 que no se hacían estudios de suelo y en 2026 que sí se hacían, a cargo de empresas privadas. INCÍSOS no necesita adjudicar cuál de las dos versiones es la cierta para señalar el hecho central: el máximo responsable del programa se contradice a sí mismo sobre el punto técnico más sensible, y lo hace justo cuando ese punto se volvió materia de vida o muerte.

La diferencia de contexto es elocuente. La primera frase se pronunció presumiendo de eficiencia, cuando nadie preguntaba. La segunda se escribió a la defensiva, cuando los edificios ya habían caído.

Lo que denunciaron antes del desastre

La declaración de Sesto no es una voz aislada. Se inserta en un historial de advertencias técnicas que precedieron al sismo por años, y ese historial es lo que impide despachar el asunto como una simple polémica de citas.

La organización Transparencia Venezuela documentó, desde 2017, que diversos proyectos de la Gran Misión Vivienda se edificaron sobre fallas geológicas y zonas de riesgo, sin cumplir los estándares de construcción. Entre los casos que reseña figuran tres especialmente ilustrativos.

El urbanismo Brisas del Alba, en Mérida, construido cerca del río Albarregas, en un área declarada de alto riesgo mediante un decreto presidencial de 1979. Es decir, se construyó vivienda social en una zona que el propio Estado había clasificado como peligrosa cuatro décadas antes.

Ciudad Tavacare, en Barinas, donde según la organización se omitieron los trabajos de pilotaje destinados a estabilizar el terreno antes de levantar las edificaciones.

Y el conjunto Estrellas Revolucionarias, en Caracas, donde las pantallas atirantadas —elementos de contención— no se completaron, dejando las estructuras sin la base necesaria.

El mapa del riesgo, complejo por complejo

El ingeniero Francisco Belloc desarrolló, en un hilo público difundido tras conocerse las declaraciones de Sesto, por qué el asunto es más grave de lo que su escasa repercusión sugiere. Su aporte es traducir la denuncia general a la geología concreta de cada terreno, y por eso conviene recogerlo con crédito.

Sobre el urbanismo Estrellas Revolucionarias, en La Rinconada, Caracas, Belloc señala que se construyó sobre taludes inestables cuyas pantallas atirantadas de contención quedaron inconclusas, lo que deja las edificaciones expuestas a deslizamientos o a movimientos telúricos cercanos.

Sobre Ciudad Hugo Chávez, en la zona sur de Valencia, apunta que se levantó sobre la cuenca del Lago de Valencia, con suelos arcillosos y sedimentarios que amplifican el riesgo de asentamientos diferenciales ante un sismo, salvo que las fundaciones se hubieran diseñado específicamente para esa condición.

Y sobre Ciudad Tavacare, en Barinas, describe un caso similar: extensas planicies de suelos aluviales y sedimentarios, formados por el depósito histórico de los ríos de la región piedemontana, un terreno especialmente delicado.

El concepto que conecta los tres casos es el de asentamiento diferencial: cuando un suelo cede de manera desigual bajo una estructura, la edificación se agrieta o colapsa aunque los materiales sean correctos. Un estudio de suelos es, precisamente, lo que anticipa ese comportamiento y determina qué tipo de fundación se necesita. Belloc concluye su exposición pidiendo una averiguación urgente sobre el alcance real de lo que admitió Sesto, para garantizar la seguridad de las familias que aún habitan esos complejos.

INCÍSOS recoge su análisis como una contribución técnica al debate. Su valor no está en cerrar la discusión, sino en precisar dónde habría que mirar: cada uno de esos suelos exige verificación caso por caso, que es exactamente lo que la falta de documentación ha impedido.

Lo que dicen los ingenieros

El gremio técnico ha sido igualmente claro, y conviene recoger sus palabras con precisión porque introducen los matices necesarios.

El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, describió a France 24 las viviendas públicas del programa como construcciones levantadas, en muchos casos, «sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos». El Colegio ha alertado en distintos informes sobre la escasa información pública disponible acerca de los estudios de suelo realizados antes de construir.

Hay un dato del gremio que agrava el anterior. El expresidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, ha declarado que la institución nunca recibió los planos ni los cálculos estructurales de varios proyectos de la Misión Vivienda, lo que impedía realizar revisiones técnicas independientes. No se trata solo de que faltaran estudios de suelo: es que no existía la documentación que permitiera a un tercero verificar si las obras eran seguras. Un constructor con más de cuarenta años de trabajo en La Guaira lo resumió al New York Times en cuatro palabras: «No había interés técnico».

Al mismo tiempo, los especialistas introducen una cautela que este reportaje no puede omitir sin faltar al rigor. Varios ingenieros consultados por medios internacionales advirtieron que todavía es prematuro atribuir las fallas únicamente a la calidad constructiva sin estudios técnicos detallados posteriores al sismo. Señalaron la incidencia del terreno y de fenómenos como la resonancia o el «efecto de sitio», que intensifica las ondas sísmicas en suelos blandos. El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Juan Manuel Fuentes, observó que algunas estructuras pequeñas sufrieron daños más severos que edificios más altos que quedaron en pie, algo que puede deberse al período estructural de cada edificación y su coincidencia con el del movimiento.

Ese matiz importa: un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 habría dañado también construcciones correctas. La pregunta no es si el sismo fue devastador —lo fue—, sino cuánto del daño era evitable con los estudios y controles que debieron existir.

El dato económico que agrava la pregunta

Hay una cifra que vuelve la omisión aún más difícil de explicar. La Cámara Venezolana de la Construcción calculó que cada vivienda de la Gran Misión costó alrededor de 82.000 dólares, una cifra que duplica la media latinoamericana para este tipo de construcción.

Es decir: no se trató de un programa low cost donde la escasez de recursos obligara a recortar estudios. Se pagó por encima del estándar regional. Que con ese presupuesto se hayan omitido estudios de suelo —si se omitieron— traslada la pregunta del terreno técnico al del destino de los recursos. Y ahí es donde el asunto conecta con las denuncias de corrupción en la adjudicación de contratos que diversas organizaciones vienen formulando desde hace años.

La respuesta oficial

Ante los cuestionamientos, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha ofrecido una respuesta puntual: que la mayoría de las torres que se derrumbaron fueron levantadas por el sector privado, no directamente por el Estado.

El argumento tiene un límite evidente. Aun si la ejecución material recayó en empresas privadas —como sostiene también el texto de descargo de Sesto—, la contratación, la supervisión y la recepción de las obras correspondían al Estado. Delegar la construcción no delega la responsabilidad de controlar que se hiciera bien. Y uno de los complejos más afectados, conocido como «Ciudad Chávez», fue construido por una empresa turca precisamente en el marco del programa estatal.

Lo que está en juego ahora

El asunto dejó de ser retrospectivo. Se ha propuesto crear una comisión —incluso con carácter supranacional— para determinar responsabilidades en el colapso de los edificios. Y el gobierno anunció la construcción de 4.000 viviendas antes de diciembre para las familias damnificadas.

Ahí reside la urgencia de esclarecer lo ocurrido con los estudios de suelo. Si la reconstrucción se ejecuta con la misma premura que, según su propia declaración de 2021, guió a la Misión Vivienda —«teníamos mucha urgencia por entregar»—, se corre el riesgo de repetir sobre las mismas zonas los errores que multiplicaron las víctimas.

La frase de Farruco Sesto importa, en definitiva, no por lo que revela del pasado, sino por lo que advierte sobre el futuro. Un país que va a reconstruir decenas de miles de viviendas necesita responder, antes de poner el primer bloque, la pregunta que esa frase dejó abierta: ¿se estudió el suelo? Esta vez, la respuesta debería constar por escrito y ser pública, para que ninguna futura declaración tenga que desmentir a la anterior.

FICHA 6W

La declaración

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán se declaró no culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras que enfrenta ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

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La declaración se produjo por escrito, a través de sus abogados. La defensa solicitó formalmente una renuncia a la comparecencia personal, y el tribunal la aceptó. Como consecuencia, quedó cancelada la audiencia presencial prevista para el viernes 24 de julio de 2026 a las diez de la mañana en Miami, así como el reporte de abogados programado para esa fase.

La representación legal quedó a cargo de Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, quienes presentaron una notificación de comparecencia permanente ante el tribunal.

Conviene precisar el alcance del procedimiento. En el sistema judicial estadounidense, cuando una persona es acusada formalmente debe realizar una arraignment o presentación de cargos, donde responde si se declara culpable o no culpable. Que un juez autorice la ausencia física es un trámite habitual cuando no hay objeción de la fiscalía y el acusado cuenta con representación legal. No es una concesión extraordinaria.

Un expediente nuevo

Un detalle que conviene registrar para no confundir procesos: este es un caso distinto del anterior.

El expediente es el 1:26-cr-20020-KMW, una causa penal federal abierta en 2026. Es diferente de la de 2019, de la que Saab ya había resultado beneficiado.

La secuencia previa explica cómo se llegó aquí. Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Posteriormente regresó a Venezuela. Y en mayo de 2026, tras verse envuelto en nuevas disputas del entorno político venezolano, fue detenido en Caracas y deportado a Estados Unidos por las propias autoridades venezolanas, que argumentaron que se trataba de un ciudadano colombiano requerido por la justicia de ese país.

Ese dato es el más elocuente del caso: quien fue presentado durante años por el chavismo como un diplomático perseguido y símbolo de la soberanía nacional terminó siendo entregado por el propio gobierno que lo reivindicaba.

Los cargos

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab habría participado en un esquema que permitió mover más de 350 millones de dólares hacia cuentas bancarias en el exterior mediante operaciones financieras ilícitas.

Las autoridades estadounidenses lo señalan además por sus vínculos con contratos de importación de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el programa de distribución de alimentos subsidiados conocido como CLAP.

Ese punto tiene una carga particular para el lector venezolano. Los CLAP fueron durante años el principal mecanismo de asistencia alimentaria para millones de familias en un país con inseguridad alimentaria severa. Las acusaciones sobre sobreprecios y calidad deficiente en esos contratos han sido documentadas por organizaciones venezolanas desde hace años.

La fiscalía estadounidense lo ha señalado como presunto testaferro del usurpador Nicolás Maduro.

Lo que viene

El proceso continúa su curso en la Corte Federal de Miami. La próxima etapa es el intercambio de pruebas —el discovery— y las eventuales mociones de la defensa.

No se fijó una nueva fecha para el juicio ni se discutieron solicitudes de libertad bajo fianza en esta etapa.

El caso Saab avanza en paralelo al proceso contra Maduro y Cilia Flores en Nueva York, cuyo juicio quedó fijado para el 1 de junio de 2027. Son expedientes separados, en jurisdicciones distintas, pero componen el mismo cuadro: la arquitectura financiera del chavismo enfrentando a la justicia estadounidense mientras Washington negocia con quienes hoy gobiernan en Caracas.

FUENTES PRINCIPALES
– Registros judiciales del caso 1:26-cr-20020-KMW, Corte del Distrito Sur de Florida.
– Cobertura de Efecto Cocuyo, El Tiempo, Infobae, Diario Las Américas y Excélsior, 22-24 de julio de 2026.
– Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusación contra Alex Saab.