En la gramática del poder chavista, pocos gestos dicen tanto como mover a un Cabello. Por eso el anuncio de este martes 7 de julio de 2026 no puede leerse como un simple ajuste administrativo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, relevó a José David Cabello Rondón —hermano de Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del oficialismo— de la superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el organismo que recauda los impuestos, controla las aduanas y administra los puertos del país. Lo designó al frente de Pequiven, la petroquímica estatal, y colocó en su lugar a Román Maniglia, un perfil presentado como técnico. El movimiento, el primero que toca a una figura tan asentada del aparato chavista, ha sido leído de inmediato como una señal política de primer orden.

Un relevo en una pieza clave

El Seniat no es un organismo cualquiera. Es la institución que administra la recaudación fiscal, las aduanas y los puertos de Venezuela, una posición de enorme poder económico y político que José David Cabello ocupó durante años, desde su designación en 2008. Militar de formación y egresado de la Academia Militar, Cabello había pasado antes por la dirección del aeropuerto internacional de Maiquetía, la presidencia de la aerolínea estatal Conviasa y el Ministerio de Infraestructura. Su permanencia al frente del organismo tributario lo había convertido en una de las figuras más estables del entramado estatal chavista.

Serie · No te lo explicaron

Tu dinero trabaja para ellos. Aprende a que trabaje para ti.

El banco no te lo explicó

Conseguir en Amazon →

Al anunciar el cambio, Rodríguez enmarcó la designación de Maniglia en un lenguaje de modernización técnica. Señaló que el nuevo superintendente tendrá como tarea principal avanzar en la digitalización del sistema tributario y fortalecer la recaudación fiscal, y apeló a su «profesionalismo y amplia experiencia» para conducir una institución que calificó de fundamental para «la disciplina fiscal y el desarrollo económico». A José David Cabello, por su parte, lo designó presidente de Pequiven, con la responsabilidad de «seguir fortaleciendo» la empresa petroquímica. En el plano formal, el gobierno lo presenta como una reorganización orientada a la eficiencia.

La señal que va más allá del organigrama

Pero en el chavismo, los movimientos de personal rara vez son solo administrativos, y este menos que ninguno. La salida de un Cabello de una posición tan estratégica se inscribe en una serie de relevos que Delcy Rodríguez ha impulsado en el gabinete desde que asumió la presidencia encargada en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro. Ese proceso ya había alcanzado carteras como Vivienda, Turismo, Salud y Educación, pero hasta ahora no había tocado a las figuras más consolidadas del núcleo duro. Que ahora alcance al hermano de Diosdado Cabello marca un punto de inflexión.

La lectura política es inevitable. En un contexto de transición tutelada, donde el poder se reconfigura y donde la relación con Estados Unidos ha adquirido un peso determinante, cada movimiento en las piezas clave del Estado envía un mensaje sobre quién manda y hacia dónde se orienta el gobierno. Reubicar a José David Cabello —sin expulsarlo del aparato, pero apartándolo del control de la recaudación y las aduanas— puede leerse como un gesto de afirmación de autoridad de la presidenta encargada sobre un espacio que era feudo de la familia Cabello. No es una ruptura, pero tampoco un movimiento neutro.

El trasfondo de las sanciones

Hay un elemento adicional que dota al relevo de una dimensión internacional. José David Cabello figura entre los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos: en 2018, el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de sancionados junto a su hermano Diosdado, acusándolo de utilizar su cargo en el Seniat para operar esquemas que beneficiaban al círculo de poder. Canadá lo incorporó ese mismo año a su propia lista de sancionados por corrupción y violaciones de derechos humanos. Que una figura con ese historial controlara la recaudación, las aduanas y los puertos del país había sido, durante años, objeto de señalamientos.

Su salida de esa posición coincide, además, con un momento de acercamiento pragmático entre el gobierno de transición y Washington en el marco de la emergencia del terremoto —el mismo martes en que se conoció el relevo se difundió también la reunión del jefe del Comando Sur con Diosdado Cabello para coordinar la reconstrucción—. Sería aventurado establecer una relación directa entre ambos hechos sin más elementos, pero el contexto no es menor: la reconfiguración del aparato estatal venezolano ocurre bajo la mirada atenta de una potencia que mantiene sanciones sobre buena parte de sus figuras y que hoy negocia con ellas la reconstrucción del país.

Un tablero en movimiento

Lo que este relevo confirma es que el tablero del poder venezolano está lejos de haberse estabilizado. Seis meses después de la captura de Maduro, el gobierno de transición sigue reacomodando sus piezas, y el hecho de que ese reacomodo alcance ahora al núcleo duro del chavismo sugiere que la reconfiguración es más profunda de lo que aparentaba. Queda por ver si se trata de un movimiento aislado o del primero de una serie que altere los equilibrios internos del oficialismo, y qué papel jugará en ello la compleja relación con Estados Unidos.

Para los venezolanos, y para quienes siguen la evolución de la transición desde la diáspora, estos movimientos importan porque dibujan el mapa real del poder, ese que no siempre coincide con los discursos. El control del Seniat —de los impuestos, las aduanas y los puertos— es una de las llaves económicas del país, y saber en manos de quién queda dice mucho sobre hacia dónde se encamina Venezuela. El relevo de un Cabello en esa posición, en pleno proceso de reconstrucción y de redefinición de las relaciones con Washington, es una de esas señales que conviene leer con atención. Porque en política, y más en la venezolana, quién ocupa las cajas del Estado nunca es un dato menor.

Este reportaje se basa en anuncios oficiales y en reportes de prensa verificados. Las referencias a sanciones y señalamientos corresponden a medidas y procesos documentados por las autoridades citadas, y se presentan como tales. El análisis de las implicaciones políticas distingue entre los hechos confirmados y su interpretación.

Nacida el mismo día de la tragedia de Vargas, la Constitución de 1999 cumple 27 años como un texto que se invoca a conveniencia: la soberanía se cita un día y se entrega al siguiente, el hilo constitucional se reclama y se rompe según quién hable. Un recorrido por la vigencia real de la norma que debía ordenar el poder.

Hay un dato que parece una metáfora, pero es un hecho histórico. El 15 de diciembre de 1999, mientras Venezuela votaba en referendo la nueva Constitución de la República Bolivariana, el estado Vargas quedaba sepultado bajo el barro en una de las mayores tragedias naturales de la historia del país. Decenas de miles de muertos —la cifra exacta sigue siendo objeto de disputa hasta hoy— acompañaron el nacimiento del texto que prometía refundar la República. La Constitución llegó al mundo entre cadáveres y escombros. Veintisiete años después, con el país golpeado por otro terremoto, esa misma Constitución vive su hora más incierta: la de un texto que todos invocan y casi nadie respeta, citado a conveniencia según lo que cada actor necesite en cada momento.

Serie · No te lo explicaron

Pagas cada mes. ¿Sabes qué cubre de verdad?

El seguro no te lo explicó

Conseguir en Amazon →

Un texto vigente en la letra, vaciado en la práctica

La Constitución de 1999, impulsada en su momento por Hugo Chávez, sigue formalmente vigente. No ha sido derogada ni sustituida. Pero entre su vigencia formal y su cumplimiento real se abre un abismo que se ha ido ensanchando durante más de dos décadas. Es un texto que fue enmendado en 2009 —para permitir la reelección indefinida—, tensionado por el referendo revocatorio de 2004, e ignorado sistemáticamente cada vez que sus disposiciones resultaron incómodas para quien ejercía el poder. La norma que debía ser el límite del poder se convirtió, en la práctica, en un instrumento que se esgrime o se guarda según convenga.

Esa distancia entre la letra y la vida es hoy el corazón del problema venezolano. Porque cuando una Constitución deja de aplicarse de manera consistente, lo que se pierde no es solo legalidad, sino algo más profundo: la idea misma de que existen reglas que obligan a todos, y en especial al poder. Y sin esa idea compartida, cada actor queda libre para invocar el fragmento del texto que respalda su posición y omitir el que la contradice. Es exactamente lo que ocurre hoy en Venezuela, y desde todos los flancos.

La soberanía que se cita y se entrega

El ejemplo más elocuente es el de la soberanía. El artículo 5 de la Constitución establece con claridad que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo». Es un principio que distintos actores invocan con solemnidad cuando les conviene. Pero ese mismo principio convive hoy con una realidad que lo contradice: la presencia de tropas y activos militares extranjeros en el territorio, la coordinación de operaciones desde instancias que no responden a Caracas, y la frase con que el propio presidente de Estados Unidos describió la nueva etapa tras la captura de Nicolás Maduro: la de administrar la conducción del país. Se invoca la soberanía popular en el discurso y se acepta su cesión en los hechos, sin que nadie asuma abiertamente la contradicción.

La soberanía, en la práctica venezolana reciente, se ha vuelto un argumento portátil: se cita un día para reivindicar la autonomía nacional y se relativiza al siguiente para justificar la cooperación con la potencia que capturó al gobernante anterior. No se trata de negar el valor de la ayuda internacional, imprescindible tras el terremoto, sino de señalar la incoherencia de un discurso que proclama un principio mientras la realidad avanza en dirección contraria. La Constitución dice una cosa; los hechos dicen otra; y el texto se invoca o se silencia según cuál de las dos convenga en cada momento.

El hilo constitucional: 233, 234 y la falta que nadie previó

El caso más técnico, y quizás el más revelador, es el del llamado hilo constitucional. La Constitución regula con precisión qué ocurre cuando falta el presidente. El artículo 233 enumera las faltas absolutas —muerte, renuncia, destitución, incapacidad, abandono del cargo, revocatoria— y ordena, según el caso, convocar elecciones en treinta días o que asuma el vicepresidente o el presidente de la Asamblea Nacional. El artículo 234 regula las faltas temporales, que cubre el vicepresidente por hasta noventa días, prorrogables. El texto es minucioso al prever los escenarios de vacancia del poder.

Pero hay un supuesto que la Constitución nunca contempló: el de la falta forzada, la de un gobernante capturado y llevado fuera del país por una potencia extranjera. Ninguno de sus artículos previó que el poder quedara vacante por una acción militar externa. Y en ese vacío, precisamente, es donde cada actor introduce su interpretación conveniente. El oficialismo sostiene que la salida de Maduro fue un secuestro y no una falta absoluta, por lo que no correspondería convocar elecciones. Otras voces replican que el hilo constitucional está roto y que la permanencia del esquema actual carece de sustento. La misma indeterminación que en 2019 permitió invocar el artículo 233 para sostener una presidencia interina —argumentando que la elección de 2018 no era válida y que, por tanto, no había presidente legítimo— reaparece ahora, invertida, para justificar lo contrario. El texto no cambió; cambió quién lo cita y para qué.

El 28 de julio y las actas que nunca aparecieron

Ninguna discusión sobre la vigencia de la Constitución puede omitir el episodio que, para buena parte del país, marcó su quiebre más flagrante: las elecciones del 28 de julio de 2024. Ese día, según los registros que la oposición logró reunir a través de sus testigos, una mayoría contundente de votantes favoreció la opción de Edmundo González Urrutia frente a Nicolás Maduro. La plataforma opositora sostuvo haber recopilado y publicado las actas emitidas por las máquinas del propio Consejo Nacional Electoral, validadas por testigos de distintas organizaciones.

Frente a esa evidencia, la autoridad electoral proclamó la victoria de Maduro sin mostrar las actas que la respaldaran. La institución que debía garantizar la transparencia se limitó a anunciar un porcentaje y, casi dos años después, no ha exhibido el respaldo documental de su resultado; se habló de un ataque informático que nunca se demostró. Aquel episodio no fue un incidente aislado, sino la culminación de un patrón: el de una Constitución que consagra en su artículo 5 la soberanía popular expresada en el voto, y de un poder que, cuando ese voto le resultó adverso, simplemente lo desconoció. La norma seguía vigente; su contenido, vaciado.

La invocación selectiva como sistema

Lo que emerge de este recorrido no es el relato de un solo bando que viola la Constitución mientras otro la defiende. Es algo más incómodo: la constatación de que, en la crisis venezolana, la Constitución se ha convertido en un recurso que cada actor invoca de manera selectiva. Se apela a la soberanía y luego se acepta su cesión. Se reclama el hilo constitucional y luego se rompe. Se reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 y a su presidencia como referencia de legitimidad, y a la vez se negocia con el gobierno de facto que esa misma lógica debería desconocer. Se exige la aplicación del texto cuando conviene y se archiva cuando estorba.

Esta invocación a conveniencia no es un defecto menor ni un simple juego retórico. Es el síntoma de un problema de fondo: la ausencia de un consenso mínimo sobre las reglas que deben ordenar el poder. Mientras la Constitución sea un menú del que cada actor elige los artículos que le sirven, no habrá institucionalidad posible, porque la institucionalidad consiste precisamente en aceptar las reglas también cuando juegan en contra. Y sin ese acuerdo básico, cualquier transición —por bien intencionada que sea— se construye sobre arena.

La lección de dos catástrofes

Vuelve, al final, la imagen del principio. La Constitución de 1999 nació el día de la tragedia de Vargas, entre el barro y los muertos, y hoy es examinada en medio de otro desastre natural que ha dejado miles de víctimas. Entre esas dos catástrofes transcurrió la vida entera de un texto que prometió refundar la República y que termina convertido en un documento invocado a conveniencia. No es una fatalidad ni una maldición: es el resultado de decisiones concretas, de poderes que prefirieron usar la Constitución en lugar de respetarla.

La reconstrucción que Venezuela necesita tras el terremoto no es solo de viviendas y carreteras. Es también, y sobre todo, la reconstrucción de la idea de que las reglas obligan a todos. Un país puede levantar edificios con financiamiento internacional, pero no puede levantar una democracia sin un acuerdo compartido sobre su ley fundamental. Mientras la Constitución siga siendo un arma que cada quien empuña a su favor, y no un límite que todos aceptan, Venezuela seguirá atrapada en la misma indeterminación que la trajo hasta aquí. La pregunta, a 27 años de aquel referendo votado entre el barro, sigue siendo la misma: ¿es la Constitución un límite real al poder, o apenas un texto que se cita cuando conviene?

Nota: Este reportaje analiza el debate constitucional venezolano a partir del texto de la Constitución y de las posiciones de distintos actores, que se presentan de forma atribuida. No asume como propia ninguna postura de parte. Las cifras de las tragedias mencionadas corresponden a los balances disponibles y, en el caso de Vargas, siguen siendo objeto de disputa histórica.

Fuentes principales: Texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 5, 233 y 234); análisis constitucionales de juristas venezolanos sobre las faltas absolutas y temporales; registros del proceso electoral del 28 de julio de 2024; contexto histórico de la tragedia de Vargas (15 de diciembre de 1999).

Más allá de la emergencia, el terremoto reavivó una discusión de fondo: ¿quién debe conducir la transición en Venezuela? Frente al esquema actual, un sector de juristas propone una Junta de Gobierno representativa que prepare elecciones con garantías. El debate que define el día después.

Las catástrofes tienen la capacidad de desnudar las estructuras que las enfrentan, y el terremoto de Venezuela no fue la excepción. Más allá de la emergencia humanitaria, la tragedia reavivó una discusión que estaba latente desde la captura de quien usurpaba la presidencia: la de cómo debe conducirse, y quién debe conducir, la transición venezolana. El desempeño del gobierno durante la emergencia y las dudas sobre su legitimidad de origen han devuelto al centro del debate una pregunta incómoda: ¿es el esquema actual el más adecuado para llevar al país hacia unas elecciones libres?

Serie · No te lo explicaron

Pagas cada mes. ¿Sabes qué cubre de verdad?

El seguro no te lo explicó

Conseguir en Amazon →

Dos visiones de la transición

En el corazón del debate conviven, a grandes rasgos, dos visiones. La primera es la que sostiene el statu quo: el gobierno de transición encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, surgido tras los acontecimientos del 3 de enero, y respaldado de facto por una relación pragmática con Estados Unidos en el marco del plan de tres fases —estabilización, recuperación económica y normalización democrática— impulsado por Washington. En esta visión, la continuidad del esquema actual, con todas sus limitaciones, es la vía para garantizar la estabilidad necesaria para la reconstrucción y la eventual transición.

La segunda visión cuestiona ese esquema desde su raíz. Un sector de juristas y personalidades públicas plantea que, dado el complejo entorno y la corresponsabilidad de los actores del poder en las décadas de crisis, la conducción de la transición debería recaer en una Junta de Gobierno representativa. Esa junta, según la propuesta, tendría la tarea de preparar el camino hacia un proceso electoral justo, limpio y con garantías, en el plazo más breve posible, y abierto a todos los aspirantes. En este planteamiento ha destacado el liderazgo de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol León, junto a otras personalidades, aunque su viabilidad está, por ahora, por definirse.

El hilo constitucional en disputa

El debate tiene, además, una dimensión estrictamente constitucional que la emergencia ha vuelto a poner sobre la mesa. Distintas corrientes discrepan sobre la naturaleza misma del poder actual. El oficialismo sostiene que la salida de Nicolás Maduro fue producto de un secuestro y no de una falta absoluta, por lo que —según su lectura— no correspondería aplicar los mecanismos constitucionales que obligarían a convocar elecciones. Otras voces, en cambio, sostienen que el hilo constitucional está roto y que la permanencia indefinida del esquema actual carece de sustento. Recientemente, incluso un alcalde planteó que la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder rompe ese hilo constitucional, en una muestra de que el cuestionamiento no proviene solo de sectores opositores tradicionales.

Esta discusión, que podría parecer abstracta en medio de una emergencia humanitaria, es en realidad decisiva. De la respuesta a la pregunta sobre quién tiene la legitimidad para conducir la transición depende el diseño de todo el proceso: los plazos, las garantías, los actores habilitados y, en última instancia, la credibilidad del resultado. El terremoto no creó este debate, pero lo aceleró, al exponer las debilidades del esquema vigente y al recordar que la reconstrucción del país será tanto material como institucional.

Un debate que apenas comienza

Sería ingenuo esperar una resolución rápida de esta discusión. El esquema actual cuenta con el activo decisivo del respaldo pragmático de Washington y con el control efectivo del territorio, mientras que las propuestas alternativas, como la Junta de Gobierno, enfrentan el desafío de traducir un planteamiento jurídico en una correlación de fuerzas real. Entre ambos polos se mueve una oposición fragmentada y una comunidad internacional que, por ahora, prioriza la estabilidad sobre la pureza institucional.

Lo relevante es que el debate está instalado, y que la reconstrucción posterremoto le dará un marco concreto: cada decisión sobre cómo se administra la ayuda, quién controla los recursos y cómo se rinden cuentas será, también, un argumento en esta discusión mayor sobre la legitimidad. Para los venezolanos, la pregunta de fondo trasciende los nombres y los cargos: se trata de si el país podrá construir, esta vez, un camino hacia la democracia que no repita los vicios del pasado. Y esa es una discusión que, con terremoto o sin él, Venezuela no puede seguir aplazando.

Nota: Esta nota analiza un debate político e institucional a partir de las posiciones de distintos actores citados, que se presentan de forma atribuida. No asume como propia ninguna de las posturas en disputa ni prejuzga sobre su viabilidad.

Fuentes principales: Análisis y propuestas recogidos por La Patilla, incluida la columna de Pedro Carmona Estanga y los planteamientos atribuidos a la exmagistrada Blanca Rosa Mármol León; declaraciones de autoridades locales sobre el hilo constitucional (6 y 7 de julio de 2026).