Política
El terremoto abre dos caminos y el país aún no sabe cuál tomará
Una catástrofe de esta escala puede ser dos cosas muy distintas. El inicio de una reconstrucción nacional real, hecha con criterio de país y no de partido. O una nueva plataforma para la épica de la «eficiencia revolucionaria» y la concentración de poder. El estado de emergencia que se anuncia será la primera señal de cuál camino se elige.
ESPECIAL INCÍSOS · EL PAÍS QUE TEMBLÓ
Una catástrofe de esta escala puede ser dos cosas muy distintas. El inicio de una reconstrucción nacional real, hecha con criterio de país y no de partido. O una nueva plataforma para la épica de la «eficiencia revolucionaria» y la concentración de poder. El estado de emergencia que se anuncia será la primera señal de cuál camino se elige.
Ficha 6W
FICHA 6W
| Qué | El terremoto coloca a Venezuela ante una bifurcación entre reconstrucción real y politización de la desgracia. |
| Quién | El gobierno de Delcy Rodríguez, la sociedad civil y los actores de la transición. |
| Cuándo | A partir del 24 de junio de 2026 y en las semanas decisivas de la respuesta. |
| Dónde | En todo el país, en las decisiones sobre cómo se gestiona la emergencia. |
| Por qué | La forma de gestionar la catástrofe definirá si fortalece al país o solo al relato del poder. |
| Cómo | A través de decisiones como el estado de emergencia y la concentración de la autoridad de respuesta. |
Una catástrofe es siempre una bifurcación
Los desastres naturales tienen una cualidad incómoda: revelan y deciden. Revelan el estado real de un país —lo que sus hospitales pueden, lo que su Estado tiene, lo que su sociedad aguanta— y deciden un rumbo, porque obligan a tomar decisiones que en tiempos normales se postergan. Venezuela está, desde la tarde del 24 de junio, en uno de esos puntos de bifurcación. Y conviene nombrarlo con claridad, porque de cómo se transite depende mucho más que la respuesta inmediata.
El primer camino es el de la reconstrucción real. Un país que aprovecha la tragedia —sin buscarla jamás— para hacer lo que debió hacer antes: levantar hospitales de verdad, reforzar estructuras, modernizar la gestión de riesgo, invertir donde se había desinvertido. Una reconstrucción pensada como proyecto de nación, por encima de los colores políticos, donde la pregunta sea qué necesita la gente y no qué conviene al relato. Es el camino difícil, el que exige humildad para reconocer el deterioro y generosidad para construir más allá del propio mandato.
El segundo camino es el de la politización de la desgracia. La tragedia convertida en escenario para la épica: el despliegue como espectáculo, la solidaridad como propaganda, la reconstrucción como mérito partidista. El relato de la «eficiencia revolucionaria» agitado sobre los escombros, donde cada bolsa de comida lleva el sello del poder y cada rescate se cuenta como hazaña ideológica. Es el camino conocido, el que ya se transitó otras veces en la historia reciente del país, y el más cómodo para un gobierno que necesita legitimidad.
La primera señal: el estado de emergencia
¿Cómo saber, desde temprano, hacia cuál de los dos caminos se inclina la respuesta? Hay señales que conviene leer con atención, y la primera es la arquitectura de poder que se monta para gestionar la emergencia. En su mensaje a la nación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la activación de un Estado Mayor de contingencia, la declaratoria del estado de emergencia y el cierre del aeropuerto internacional de Maiquetía por daños estructurales.
Conviene citar con precisión lo que dijo, porque el detalle importa. Rodríguez anunció: «He designado como autoridad única en este estado mayor para la contingencia al mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana», el mayor general Sulbarán, y agregó que se declaraba el estado de emergencia «tal como lo contempla nuestra Constitución». Es decir, la «autoridad única» que anunció no es una autoridad única sobre el país: es el mando operativo de un Estado Mayor creado para coordinar el rescate, integrado además por varios vicepresidentes sectoriales. Leído así, es lo que cualquier manual de emergencias recomienda: un mando claro para que alguien dirija sin ambigüedad en el caos. Y eso, en sí mismo, es buena gestión, no motivo de alarma.
Un estado de emergencia es, igualmente, una herramienta legítima y a menudo necesaria ante una catástrofe: agiliza decisiones, moviliza recursos y permite una respuesta que la burocracia normal haría lenta. INCÍSOS no va a fabricar un fantasma donde hay, de momento, una medida razonable. El problema no está en designar un mando para el rescate ni en decretar la emergencia. El problema, si aparece, estará en otra parte: en el alcance que se le dé a esos poderes, en cuánto tiempo se sostengan más allá de la urgencia real, en qué controles los acompañen, y —sobre todo— en el relato con que se envuelvan.
Aquí está la advertencia, dicha con cabeza fría y sin presumir intenciones. Este es un gobierno que ya gobernó buena parte de 2026 bajo un estado de conmoción que suspendió garantías, y cuyo discurso insiste en una Venezuela «más fuerte» que «se sobrepone a las agresiones», con una épica de resiliencia siempre lista. En la misma alocución del terremoto, junto a las medidas sensatas, asomó ya el envoltorio: el llamado repetido a la «unión nacional», la activación del «poder popular organizado» y los consejos comunales como protagonistas de la respuesta, y la afirmación —en la transmisión oficial— de que el gobierno tiene «alta experiencia» en la solución de problemas comunitarios. Nada de eso es ilegítimo en sí. Pero es el lenguaje con el que una gestión de emergencia empieza a convertirse en relato de gesta, y conviene registrarlo desde el primer minuto.
Porque ahí, y no en el organigrama del rescate, se juega la bifurcación. Un mando único para coordinar la contingencia es sensato. La emergencia decretada conforme a la Constitución es legítima. Lo que habrá que vigilar es si esa estructura se desmonta cuando pase la urgencia o se queda; si la reconstrucción se mide en hospitales reparados o en actos de propaganda; si la «unidad nacional» sirve para salvar vidas o para silenciar preguntas. La diferencia entre las dos no estará en el decreto, sino en lo que se haga con él en las semanas que vienen.
Lo que distingue un camino del otro
Hay criterios concretos para distinguir la reconstrucción real de la politización, y conviene tenerlos a mano para evaluar lo que viene. La reconstrucción real publica cifras, aunque duelan; la politización las administra. La reconstrucción real acepta y agradece la ayuda venga de donde venga; la politización la filtra según convenga al relato. La reconstrucción real reparte sin preguntar afiliación; la politización condiciona. La reconstrucción real rinde cuentas; la politización exhibe logros. La reconstrucción real fortalece instituciones; la politización fortalece liderazgos.
La sociedad venezolana ya dio, esa misma tarde, una lección sobre el primer camino: en Altamira, vecinos y voluntarios salieron a la calle con linternas y agua a apoyar a los rescatistas, sin esperar instrucción ni reconocimiento. Esa solidaridad espontánea, que no agita banderas, es el material del que está hecha la reconstrucción verdadera. La pregunta es si el Estado estará a la altura de su propia gente o si intentará apropiarse de ese impulso para su relato.
Por qué INCÍSOS mantendrá vivo este punto
Para el venezolano, dentro y fuera, esta es la pregunta que importa más allá del día uno. La emergencia inmediata pasará —los escombros se removerán, los heridos se atenderán como se pueda— pero la decisión de fondo se jugará en las semanas siguientes, cuando se decida cómo se reconstruye y para quién. Ahí estará la verdadera medida de esta transición.
INCÍSOS no va a soltar este hilo. Seguiremos el alcance del estado de emergencia, el destino de los recursos, el manejo de la ayuda internacional y el tono del relato oficial, contrastando cada anuncio con lo que efectivamente ocurra sobre el terreno. Porque la historia reciente enseña que el momento más peligroso para un país no es siempre el del desastre, sino el de la reconstrucción: ahí se decide si la tragedia se convierte en oportunidad de país o en capital de poder. Venezuela está, de nuevo, ante esa elección. Y esta vez vale la pena no apartar la mirada.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
Alfredo Yánez
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Como baremo, algo es mejor que nada
Un summa cum laude vale un punto; un nombramiento como árbitro internacional, cuatro. La crítica de Bellorín al baremo propuesto para el TSJ.
FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN
La propuesta de Acceso a la Justicia para evaluar a los aspirantes al TSJ premia más el contacto con el entorno que el mérito real. Aun así, es mejor que nada, y debe tomarse como punto de partida.
Leyendo por encimita el proyecto de baremo para los postulados al TSJ propuesto por la organización Acceso a la Justicia, se evidencia algún desequilibrio en la valoración objetiva del verdadero mérito diferenciador.
Esta crítica tiene la intención de ayudar a la corrección, que ya comencé a realizar. Sin embargo, leer este proyecto de instrumento me permite especular que quien lo diseñó tomó como modelo un perfil determinado. Eso es común en estos casos.
Es notorio que premia más el contacto con órganos del entorno que el mérito real que emana de la aptitud académica, profesional y personal del evaluado. Por ejemplo, a un egresado summa cum laude solo le otorga un solitario punto; en cambio, a una persona nombrada, por cualquier razón, en la función temporal de árbitro internacional de cualquier cosa (privilegio del contacto) le concede cuatro puntos. Sabemos que hay quienes han hecho de esta práctica toda una carrera y que, para este momento, deben tener acumulado un sinfín de esos nombramientos. Sabemos también que nunca han sido producto de concursos transparentes, y eso le resta credibilidad al mérito.
Otro ejemplo sencillo de comparación: a un docente con 30 años de clases en un aula de enseñanza jurídica se le permite acumular un máximo de ocho puntos, mientras que una publicación en una revista académica, sujeta también a contactos, otorga de un solo golpe cinco puntos. Me imagino que el modelo en cuestión debe tener acumuladas varias de esas publicaciones indexadas y, por supuesto, una gran ventaja. Eso no es justo.
Hay mucho desequilibrio. Aunque al inicio el instrumento se refiere a las tres fuentes del numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, en forma general evade la verdadera aptitud y resalta un evidente privilegio a la actitud hacia el entorno del poder, que es el que ha permitido, y aún permite, algunos de esos méritos.
Aunque insisto: es mejor esto que nada, y debemos tomar este proyecto como un inicio que esperamos se concrete en algo mejor.
Vuelvo a indicar que, sin un baremo estricto y transparente, publicado antes de la convocatoria a las postulaciones, ningún profesional del derecho con verdadero talento e irreprochable probidad se atreverá a ser tonto útil.
Caracas, 2 de octubre de 2026.
Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Nota de la redacción: Acceso a la Justicia presentó su propuesta de baremo el 25 de septiembre de 2026. INCÍSOS publicó su propio ejercicio en el especial El baremo, la regla que falta.
Fuentes principales: Acceso a la Justicia, propuesta de baremo para la selección de magistrados del TSJ, 25 de septiembre de 2026.
Política
A un mes del 3 de noviembre: la foto de hoy
Ventaja demócrata, Trump bajo el 40 %, el voto latino en movimiento y un dato de empleo flojo. Dónde está la elección a un mes y qué puede cambiarla.
POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · ELECCIONES
Las encuestas dan a los demócratas una ventaja que no se veía desde 2018, la aprobación de Trump está por debajo del 40 % y el voto latino que lo ayudó en 2024 se está yendo. El último dato de empleo antes de votar llegó flojo. Una foto no es el resultado, pero dice dónde estamos y qué puede moverla.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Panorama de las elecciones de medio mandato a un mes de la votación. |
|---|---|
| Quién | Votantes de EE.UU., en especial los latinos; los dos partidos; el presidente Trump. |
| Cuándo | Martes 3 de noviembre de 2026; foto al 3 de octubre. |
| Dónde | Todo EE.UU.; con atención a Ohio. |
| Por qué | Se renueva toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y numerosas gobernaciones. |
| Cómo | Con promedios de encuestas, el último informe de empleo y la evolución del voto latino. |
Faltan 31 días para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026. Se elige toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y gobernadores en varios estados. Esta es la foto al 3 de octubre, con lo que dicen los números y lo que todavía puede moverlos.
La foto: una ventaja amplia
En la llamada boleta genérica, la pregunta de por qué partido votaría cada persona para el Congreso, los demócratas llevan unos 9 puntos de ventaja en el promedio de RealClearPolitics. En encuestas recientes de PBS, NPR y Marist, la ventaja es de 12 puntos: 53 % frente a 41 %. La aprobación de Trump está por debajo del 40 %, por debajo de su nivel a finales de septiembre de 2018, el año en que los demócratas ganaron 41 escaños en la Cámara.
El Senado está más disputado. Cook Political Report considera que Ohio, Alaska e Iowa están en empate.
El voto latino se está moviendo
Los latinos, cerca del 16 % del electorado, fueron clave en la victoria de Trump en 2024. Hoy, las encuestas muestran un giro. En tres distritos competitivos de Texas, un estudio de Hart Research para TelevisaUnivision encontró que los votantes latinos, empatados entre Trump y Harris en 2024, hoy prefieren a los candidatos demócratas al Congreso por 56 % frente a 36 %. En dos distritos de Florida, pasaron de una ventaja de un punto para Trump a 13 puntos para los demócratas.
La razón principal es el bolsillo. En ese mismo estudio, los demócratas aventajan 62 % a 36 % cuando se pregunta en quién confían más para bajar los precios. Pero hay un matiz importante: según UnidosUS, solo el 31 % de los latinos demócratas dice estar motivado para votar por sus propios candidatos, frente al 52 % de los latinos republicanos. El rechazo a un partido no garantiza el voto por el otro.
El último dato antes de votar
El informe de empleo de septiembre, publicado el 2 de octubre, es el último oficial antes de la elección. Fue débil: la economía sumó solo 29.000 empleos, frente a unos 90.000 esperados, y el desempleo subió a 4,2 %. Los salarios crecen menos que los precios. La Reserva Federal subió las tasas el 16 de septiembre por primera vez desde 2023, y la hipoteca a 30 años supera el 7 %.
Ohio, en el centro
En Ohio, la carrera al Senado entre Jon Husted y Sherrod Brown está entre las más reñidas del país, con la factura eléctrica de los centros de datos como tema de campaña. En Columbus, además, se votan los Issues 8 y 9, que cambiarían la forma de elegir al Concejo.
Análisis: una foto no es una película
Las encuestas tienen un historial que conviene recordar. El encuestador republicano Patrick Ruffini ha señalado que en las últimas cuatro elecciones al Congreso las encuestas de verano subestimaron a los republicanos y luego la distancia se acortó en otoño. Este año, todavía no hay señales de ese acortamiento. Pero queda un mes, y en un mes caben un dato de inflación, un debate y una crisis internacional.
Criterio: tres cosas que pueden mover la foto
- La inflación de septiembre, que se publica a mediados de octubre. Si sube, el costo de vida pesa aún más.
- La participación latina. El desencanto puede traducirse en voto o en abstención; la diferencia decide distritos en Texas, Florida, Arizona y Nevada.
- Ohio. La contienda Husted-Brown puede decidir quién controla el Senado.
Para votar en Ohio, el registro cierra el lunes 5 de octubre y el voto anticipado empieza el martes 6. Toda la cobertura electoral está en Clave 3-N.
Fuentes principales: RealClearPolitics (vía Yahoo News y The Hill); PBS/NPR/Marist y Emerson (vía The Hill), septiembre de 2026; Cook Political Report (vía The Hill); Hart Research para TelevisaUnivision (vía La Prensa), 29 de septiembre de 2026; UnidosUS (vía CBS News); Christian Science Monitor, 1 de octubre de 2026; Bureau of Labor Statistics (vía CNN y NPR), 2 de octubre de 2026; TheStreet (hipotecas), septiembre de 2026.
Política
Mismo expediente, dos destinos: San Miguel absuelta, diez condenados
Cuatro absueltos a pedido de la Fiscalía, diez condenados en el mismo juicio. Lo que deja el cierre del caso Brazalete Blanco.
POLÍTICA · VENEZUELA · JUSTICIA
La Fiscalía que acusó a Rocío San Miguel pidió absolverla, y el tribunal la dejó en libertad plena junto a otras tres personas. En el mismo juicio y con las mismas pruebas, diez acusados recibieron condenas de hasta 18 años. Si el expediente no alcanzaba para cuatro, la pregunta es si alcanzaba para diez.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Absolución de cuatro acusados y condena de diez en el juicio del caso Brazalete Blanco. |
|---|---|
| Quién | Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano; Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López; el fiscal general Larry Devoe; el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo. |
| Cuándo | Noche del jueves 1 de octubre de 2026. |
| Dónde | Palacio de Justicia, Caracas. |
| Por qué | La Fiscalía pidió la absolución de los cuatro tras «un análisis objetivo de los hechos y las pruebas», según el fiscal general. |
| Cómo | El tribunal acordó la solicitud y dictó libertad plena para cuatro; condenó a diez por conspiración y encubrimiento. |
La noche del 1 de octubre de 2026, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo de Caracas absolvió a la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, en el caso conocido como Brazalete Blanco, una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro. Con ella quedaron en libertad plena Alejandro González, su expareja, y Luis Camacaro y Guillermo López, dirigentes de Vente Venezuela.
La absolución la pidió la propia Fiscalía. El fiscal general, Larry Devoe, explicó en X que la solicitud se hizo «luego de un análisis objetivo de los hechos y las pruebas debatidas durante el juicio oral y público», y que el Ministerio Público debe actuar «en consonancia con el principio de presunción de inocencia». En la misma publicación informó que, en esa causa, diez personas fueron condenadas porque se acreditó «plenamente su participación».
Contexto: dos años y siete meses
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 y se convirtió en una de las presas políticas más conocidas del país. Fue excarcelada en enero de 2026, en una medida anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pero seguía procesada. En agosto ya habían salido de prisión, por el mismo caso, tres militares.
Según Foro Penal, que estuvo a las puertas del Palacio de Justicia, los condenados por conspiración fueron el militar retirado Ányelo Heredia, a 18 años, y Guillermo Enrique César y Ronald Ferrer, a 12 años cada uno. Otras cinco personas recibieron tres años por encubrimiento; una de ellas obtuvo una medida cautelar.
Análisis: las mismas pruebas, dos conclusiones
La pregunta que deja el fallo es sencilla. Las pruebas debatidas en el juicio fueron las mismas para los catorce acusados. La Fiscalía concluyó que no alcanzaban para cuatro de ellos, pero sí para diez. Joel García, abogado de la defensa, calificó Brazalete Blanco como el peor «montaje judicial» que le ha tocado litigar y dijo que «el agravio continúa». La propia San Miguel, en su mensaje tras la sentencia, pidió que las condenas de los demás «sean anuladas por ser profundamente injustas».
El fallo llega en una semana con un patrón. El mismo tribunal de terrorismo absolvió el 30 de septiembre a dos periodistas acusados de incitación al odio. Antes del tercer ciclo de la mesa de Caracas, se cierran casos emblemáticos, con nombres conocidos dentro y fuera del país. Pero el expediente que se cierra para unos sigue abierto para otros, con penas de hasta 18 años.
San Miguel agradeció en su mensaje a su familia, a Amnistía Internacional, a la Fundación para la Libertad y la Democracia de las Américas, a Human Rights Foundation, a sus abogados y al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, una mención que revela quién intervino en su caso.
Criterio: tres pruebas
- Las apelaciones. Si la defensa apela las diez condenas y si la Fiscalía, que reconoció que las pruebas no alcanzaban para cuatro, revisa su posición sobre el resto.
- Los otros expedientes. Si el mismo «análisis objetivo» que invocó el fiscal se aplica a los demás procesos por terrorismo y conspiración, con nombres menos conocidos. Foro Penal contaba 324 presos políticos al 28 de septiembre.
- La mesa de Caracas. Si el tercer ciclo, a mediados de octubre, incluye un mecanismo para revisar todas las causas políticas y no solo las más visibles. Esos compromisos se siguen en Verificable.
Fuentes principales: Larry Devoe, fiscal general, publicación en X, 1-2 de octubre de 2026; Rocío San Miguel, publicación en X, 1 de octubre de 2026; Foro Penal, publicación en X, 1 de octubre de 2026 (11:20 p. m.); Tal Cual, El Pitazo, El Universal, Diario Las Américas, Al Navío, Cactus24 y AlbertoNews, 1 y 2 de octubre de 2026.
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