ESPECIAL INCÍSOS · EL PAÍS QUE TEMBLÓ

La Constitución venezolana ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana socorrer a la población en terremotos y catástrofes. Tras el sismo del 24 de junio, el gobierno anunció el despliegue de «fuerzas de seguridad». La distancia entre socorrer y vigilar no es un matiz: es una elección.

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Lo que la ley manda

Empecemos por lo que no es opinión, sino norma. La Constitución venezolana, en sus artículos 326 y 338, y la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres establecen que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe intervenir en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad —y mencionan expresamente los terremotos— para «contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos». El auxilio a la población en un desastre no es una gentileza del mando militar: es un deber constitucional. En cualquier país, el Ejército es la primera línea de rescate cuando la tierra tiembla, porque tiene la logística, los hombres y los medios que ninguna otra institución reúne.

Esa capacidad, además, existe. Venezuela ha demostrado que puede desplegar a la FANB de forma masiva cuando lo decide: para el Plan República que custodia las elecciones movilizó, según cifras oficiales de 2025, más de 400 mil efectivos en todo el territorio. La maquinaria de despliegue nacional está. La pregunta no es si el Ejército puede llegar a todas partes. Es para qué se le ordena llegar.

«Seguridad», dijo el gobierno

Y aquí aparece el matiz que conviene leer con atención. Tras el sismo, el Ministerio de Comunicación informó que el gobierno había desplegado «fuerzas de seguridad» en todo el país para atender las emergencias, dado que «muchas estructuras están en riesgo de colapsar». El ministro del Interior, Diosdado Cabello, se dirigió a la población por la televisión estatal para pedir calma y recomendar que la gente permaneciera en la calle ante las réplicas.

Las palabras importan, sobre todo en boca del poder. «Fuerzas de seguridad» no es lo mismo que «equipos de rescate». Una catástrofe se enfrenta con perros de búsqueda, maquinaria pesada para remover escombros, brigadas de salvamento, hospitales de campaña y logística humanitaria. El énfasis en la «seguridad» —el orden público, el control— sugiere una prioridad distinta a la de cavar entre los escombros para sacar gente con vida. No afirmamos que no haya labores de rescate; afirmamos que el lenguaje oficial puso el acento en otro lado, y en la gestión de una catástrofe el acento revela la prioridad.

La gestión de riesgo que debía existir

Hay una capa anterior, todavía más de fondo. Un país sísmico debería tener un sistema de gestión de riesgo robusto y permanente: protocolos ensayados, brigadas entrenadas, censos de estructuras vulnerables, simulacros, coordinación aceitada entre Protección Civil, bomberos, el Ejército y los hospitales. Venezuela tiene el andamiaje legal —la Dirección Nacional de Protección Civil, la Ley de Gestión Integral de Riesgos— pero años de desinversión y deterioro institucional erosionaron su capacidad operativa real, como ocurrió con casi todo el aparato del Estado.

Por eso, cuando el desastre llega, la respuesta depende menos de un sistema preparado y más de la improvisación del momento. Y la improvisación, en una emergencia, se mide en vidas. Cada hora que un equipo de rescate no llega a un edificio colapsado reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes. La preparación previa no es burocracia: es la diferencia entre rescatar y lamentar.

Por qué esto le importa al venezolano

Para el venezolano que esta noche no logra comunicarse con su familia en Caracas o en la costa, la pregunta sobre el Ejército es angustiosamente concreta: ¿hay alguien cavando entre los escombros donde está mi gente? La respuesta honesta es que la capacidad de despliegue existe, pero su orientación —seguridad o rescate— y su eficacia dependen de decisiones y de un sistema que llega debilitado a la prueba.

Esta no es una crítica al soldado raso, que cumplirá órdenes y que muchas veces arriesga el pellejo por su gente. Es una observación sobre las prioridades del mando y sobre el Estado que se construyó. Un país que puede movilizar 400 mil efectivos para cuidar urnas debería poder movilizar esa misma fuerza para sacar gente de los escombros. Que la primera capacidad esté probada y la segunda esté en duda dice algo sobre qué se consideró importante todos estos años. Y un terremoto, despiadadamente, pone esa decisión a la vista.

ESPECIAL INCÍSOS · EL PAÍS QUE TEMBLÓ

Un terremoto exige una red hospitalaria capaz de recibir heridos en masa, operar de urgencia y sostener cuidados intensivos. La que Venezuela tiene opera, según los monitoreos independientes, a apenas la mitad de su capacidad. Y el estado del epicentro figura entre los de mayor escasez.

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La prueba que ningún sistema débil quiere

Un terremoto le hace a un sistema de salud la pregunta más dura: ¿puedes recibir, de golpe, a decenas o cientos de heridos, operarlos, transfundirlos, sostenerlos en cuidados intensivos? Es la prueba de estrés definitiva. Y la respuesta venezolana, según los datos que existen, es preocupante, porque el sistema entra a esta prueba ya debilitado por años de deterioro.

Conviene apoyarse en cifras verificables, no en impresiones. Los monitoreos independientes —la Encuesta Nacional de Hospitales, el Observatorio Venezolano de la Salud— vienen documentando un sistema que opera a alrededor del 50% de su capacidad. Cerca del 60% de los hospitales registró inoperatividad por fallas en servicios básicos. Los quirófanos, esenciales para atender a heridos graves, funcionan en torno al 40% de su capacidad, con niveles de escasez de insumos que distintos reportes ubican entre el 70% y el 74%. Y un dato que en una emergencia se vuelve crítico: una proporción alta de hospitales no tiene suministro de agua constante, sin la cual no hay esterilización ni cirugía segura.

El detalle que duele: Carabobo

Hay un dato que conviene subrayar con cuidado, porque no es casualidad. Entre los estados que los monitoreos identificaron con mayor desabastecimiento hospitalario figura Carabobo, justo el estado donde se ubicó el epicentro del terremoto. Es decir, el golpe más fuerte cayó sobre una de las zonas con la red sanitaria más frágil. La geografía del desastre y la geografía del abandono se superpusieron de la peor manera posible.

Esto no es un detalle técnico: es la diferencia entre un herido que llega a un quirófano operativo y uno que llega a un pabellón sin insumos. Cuando la emergencia ocurre donde el sistema ya estaba más debilitado, cada falla preexistente se traduce en riesgo para una vida concreta.

¿Y las partidas presupuestarias?

La otra pregunta es el dinero. Una catástrofe de esta magnitud exige recursos inmediatos: insumos de emergencia, hospitales de campaña, traslados, reconstrucción. ¿Existen partidas presupuestarias listas para activarse? Aquí la respuesta choca con un muro que precede al terremoto: la opacidad. El Ministerio de Salud no publica informes de rendición de cuentas desde hace años, no se conocen con claridad los contratos ni la distribución de recursos del sector. Sin transparencia previa, es imposible saber qué fondos de emergencia existen y cuáles podrían movilizarse con rapidez.

A esto se suma el contexto que esta misma edición documenta: un país que acaba de reconocer una deuda cercana a los 240 mil millones de dólares y cuyo presupuesto nacional es de una fracción de esa cifra. Un Estado con esa carga financiera y esa opacidad presupuestaria no es el más preparado para abrir, de un día para otro, las partidas que una emergencia de esta escala demanda. El gobierno anunció en abril un plan para rehabilitar treinta hospitales; cuánto de ese plan se ejecutó antes del sismo es, por ahora, una incógnita.

Por qué esto le importa al venezolano

Para el venezolano que tiene familia en la zona afectada, esta nota intenta responder, con honestidad, una pregunta vital: si un ser querido resultó herido, ¿encontrará un hospital capaz de atenderlo? La respuesta sincera es que el sistema lo intentará con un personal médico que ha demostrado heroísmo en condiciones imposibles, pero sobre una infraestructura que llega a la emergencia desabastecida y golpeada.

El reconocimiento es doble. Por un lado, el personal de salud venezolano —el que se quedó, pese a los salarios de miseria y el éxodo de colegas— sostiene el sistema con una entrega que merece respeto. Por otro, ese heroísmo individual no sustituye lo que solo un Estado funcional puede dar: hospitales equipados, quirófanos con insumos, agua, partidas listas. El terremoto no creó la crisis hospitalaria venezolana. La encontró, y la puso, brutalmente, a la vista de todos.

Un comunicado que dice lo seguro y calla lo decisivo

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostuvo su reunión ordinaria semanal y emitió un comunicado que, leído con atención, llama por lo que no dice. El texto ratifica la disposición de la coalición a «contribuir a los esfuerzos» para una transición «pacífica y ordenada» en el marco de la ruta de tres pasos planteada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Afirma que se hizo un «profundo análisis de la situación nacional», que se evaluó la situación de los presos políticos y que Venezuela «demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro».

Todo eso ya se sabía. Lo que el comunicado no resuelve es la pregunta que tiene en vilo a la oposición: cuál es su posición frente al canal de negociación que Dinorah Figuera abrió directamente con el chavismo, con respaldo de Washington y sin que la coalición lo coordinara. Sobre ese punto —el único que de verdad estaba en juego— el pronunciamiento guarda silencio. Reafirma el rumbo general y elude la decisión concreta.

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La sorpresa que ordena la escena

El silencio se entiende mejor con un dato que un dirigente de la propia coalición hizo público. Freddy Superlano reconoció que el regreso de Figuera «generó sorpresa dentro de la oposición». No fue una operación coordinada con la Plataforma: fue una iniciativa diseñada por el Departamento de Estado, que desde abril invitó a Figuera a encabezar el acercamiento, y que la coalición conoció sobre la marcha.

Esa es la incomodidad de fondo. La reunión del 23 de junio se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de Figuera, que para entonces ya había viajado fuera del país tras su encuentro con Jorge Rodríguez. Una parte central de la estrategia opositora —el diálogo con el poder real— está siendo conducida por una dirigente que no estaba en la mesa donde el resto de la coalición discutía justamente ese diálogo. El comunicado vago es el resultado de esa desconexión: no se puede decidir en grupo lo que ya se está decidiendo por fuera del grupo.

Superlano abre una ventana: que vuelva Machado

Dentro de esa misma discusión, Superlano planteó lo que muchos en la coalición piensan: que María Corina Machado, la dirigente con mayor respaldo en la opinión pública, debe formar parte de las conversaciones. «Hay una oportunidad allí, se abre una ventana», dijo, y pidió que la propuesta de Figuera se amplíe a más actores de la Plataforma Unitaria y a la propia Machado, «porque dejar a la persona que lidera en este momento la opinión pública en el país» sería un error de cálculo.

El planteamiento revela la verdadera tensión. No es solo quién se sienta a negociar, sino con qué legitimidad. Figuera aporta un cargo institucional reconocido por Washington; Machado aporta el respaldo popular que ningún cargo otorga. La coalición intuye que una negociación sin Machado puede carecer de la fuerza social que la haga vinculante, pero tampoco controla el canal que ya está abierto.

Lo que esta indefinición significa

Para el venezolano en la diáspora, la jornada deja una lectura sin adornos. La transición avanza por un carril que la oposición organizada no conduce. El comunicado de la Plataforma Unitaria, más que una hoja de ruta, es la constancia de que la coalición va detrás de los hechos, ratificando un plan que otros ejecutan y pidiendo que se incluya a su principal líder en una mesa que no armó.

Un analista lo resumió con precisión al advertir que el canal Figuera-Rodríguez «ya opera como mecanismo político», pero que su utilidad dependerá de que produzca resultados verificables; de lo contrario, podría terminar favoreciendo una «normalización sin transición democrática». Esa es la apuesta y el riesgo. La oposición sabe que el tren se mueve. Lo que el comunicado del 24 de junio no aclara es si ella va conduciendo o simplemente subida.