Una orden ejecutiva endurece los requisitos para importar a EE.UU.: más bonos, más papeles, más control. Qué significa para el pequeño negocio que trae mercancía. Análisis.

El presidente Donald Trump firmó este 3 de junio una orden ejecutiva, titulada «Fortalecimiento de la Aplicación Aduanera», que endurece de manera significativa los requisitos para importar mercancía a Estados Unidos. Para el gran público puede sonar a tecnicismo de comercio exterior, pero para una parte de la comunidad emprendedora latina —los muchos negocios que traen productos de México, Centroamérica o Sudamérica para venderlos aquí— el asunto es muy concreto: importar va a exigir más papeles, más garantías financieras y más cuidado. Conviene entender qué cambia y cómo prepararse.

El objetivo declarado de la orden es combatir el fraude aduanero y la evasión de aranceles. Según la Casa Blanca, hay importadores que esquivan sus obligaciones subvaluando la mercancía, ocultando quién está detrás de la operación o usando esquemas para no pagar los impuestos de importación. Para cerrar esas grietas, la orden instruye a la aduana —la CBP— a exigir más: bonos de importación más altos, un mínimo de activos en el país, divulgación de la propiedad real del negocio y de su cadena de suministro, y un requisito de «buen estado» (good standing) que el importador debe mantener para conservar el privilegio de importar. Los agentes aduaneros, además, tendrán que hacer mayor diligencia sobre sus clientes.

Hay un punto que afecta de manera particular a quien opera desde fuera o con socios extranjeros. La orden restringe a los importadores extranjeros: les prohíbe usar el proceso de «entrada informal» —la vía simplificada para envíos de bajo valor— y les impone garantías más estrictas. La lógica oficial es nivelar el terreno para que el productor nacional no compita en desventaja con quien importa sin «poner nada en juego». Para el emprendedor latino con doble vínculo —que vive aquí pero trae producto de su país de origen, o que opera con familiares allá— esto significa revisar con cuidado bajo qué figura importa, porque las reglas para el importador estadounidense y el extranjero ya no son las mismas.

Ahora bien, conviene leer esto sin alarma inmediata y con sentido del tiempo. La orden no entra en vigor de un día para otro: se implementa a través del proceso de reglamentación federal, lo que da a los negocios un margen para ajustarse antes de que los nuevos requisitos sean obligatorios. Es decir, hoy es una hoja de ruta, no un cambio que golpee mañana en la aduana. Eso abre una ventana valiosa para el pequeño importador: tiempo para ordenar sus papeles, entender su estructura de bonos, asegurarse de estar en «buen estado» con la CBP y, si hace falta, consultar a un agente aduanero o a un abogado de comercio. El que se prepare en este margen llegará listo; el que lo ignore se topará con el muro cuando ya no haya tiempo.

El inciso es sobre la asimetría de siempre: las reglas nuevas pesan más sobre el pequeño. Una gran importadora tiene departamento legal, capital para bonos más altos y asesores que digieren cada cambio normativo; el pequeño negocio que trae unas cajas de mercancía no tiene nada de eso, y para él cada requisito adicional es un costo y una complicación que puede marcar la diferencia entre seguir importando o rendirse. INCÍSOS lo señala porque es justo nombrarlo: combatir el fraude aduanero es un objetivo legítimo, pero el diseño de las reglas determina quién carga el peso, y demasiadas veces ese peso recae sobre el más chico. La pregunta de esta casa, aquí, es práctica: ¿qué falta, exactamente, para que el pequeño importador latino no quede aplastado por reglas pensadas para los grandes evasores? Falta que se entere a tiempo, que use el margen de la reglamentación para prepararse, y que busque la asesoría que los grandes dan por sentada. La información anticipada, una vez más, es la herramienta que empareja la cancha. Esta orden no se puede cambiar desde un negocio pequeño; pero sí se puede llegar preparado a ella, y en eso se juega buena parte del resultado.

Las grandes empresas tienen departamentos para gestionar el impacto de los aranceles. Los pequeños negocios latinos no. Por qué la carga se distribuye de manera desigual.

Los aranceles de la administración Trump sobre importaciones de China, México y otros países afectan a todos los negocios que dependen de productos o insumos importados. Pero no los afectan por igual: las grandes empresas tienen departamentos de compras, abogados especializados en comercio exterior y la escala para renegociar contratos con proveedores. Los pequeños negocios latinos, en su mayoría, no tienen nada de eso.

El impacto concreto varía por sector. Los restaurantes que importan ingredientes específicos —chiles, especias, ciertos tipos de arroz— han visto subir sus costos de insumos entre un 15 y un 30 por ciento en algunos categorías. Los negocios de construcción y remodelación que usan materiales de acero o aluminio importado pagan más por los mismos materiales. Las tiendas de ropa y accesorios que importan desde China enfrentan aranceles que en algunos casos superan el 100 por ciento del valor del producto.

La respuesta de las grandes empresas ha sido diversificar proveedores, renegociar contratos y, en algunos casos, trasladar parte de la producción a países no afectados por los aranceles. Los pequeños negocios tienen menos opciones: sus volúmenes de compra son demasiado pequeños para renegociar con proveedores, y el costo de encontrar y certificar nuevos proveedores es prohibitivo para una empresa de cinco empleados.

Lo que sí pueden hacer los pequeños empresarios: asociarse con otros negocios del mismo sector para comprar en volumen y acceder a mejores condiciones. Revisar si sus productos califican para alguna de las exenciones arancelarias que la administración ha concedido en categorías específicas. Y explorar si hay proveedores nacionales o de países con acuerdos de libre comercio vigentes que puedan sustituir a los proveedores afectados por aranceles. Ninguna de estas opciones elimina el problema, pero puede reducir su impacto.

Las tasas de interés siguen altas y los pequeños negocios latinos pagan más que los demás por el mismo crédito. Por qué ocurre y qué alternativas existen.

Los pequeños negocios latinos en Estados Unidos pagan, en promedio, tasas de interés más altas que sus pares no latinos por el mismo tipo de crédito. La brecha no es marginal: estudios recientes del Federal Reserve Bank of New York muestran que los propietarios de negocios latinos tienen tasas de aprobación de crédito bancario significativamente más bajas y, cuando obtienen financiamiento, las condiciones son menos favorables.

La razón no es necesariamente discriminación directa —aunque existe evidencia de eso también— sino una combinación de factores estructurales. Muchos empresarios latinos tienen historial crediticio más corto, porque llegaron al país más recientemente o porque sus negocios son más jóvenes. Sus empresas tienden a ser más pequeñas, lo que las hace menos atractivas para los bancos tradicionales que prefieren préstamos de mayor tamaño. Y muchos operan en sectores —restaurantes, construcción, servicios de limpieza— que los bancos consideran de mayor riesgo.

El resultado es que cuando un banco dice no, el empresario latino busca alternativas: fintech de préstamos rápidos, tarjetas de crédito empresariales con tasas del 25-30%, o prestamistas alternativos que cobran el equivalente a tasas anuales del 40% o más. El crédito llega, pero a un costo que puede comerse el margen del negocio.

Las alternativas de menor costo existen pero requieren conocerlas. La Small Business Administration (SBA) tiene programas de garantía de préstamos que permiten a bancos prestar a negocios que de otro modo rechazarían; el proceso es más lento pero las tasas son significativamente más bajas. Las cooperativas de crédito (credit unions) comunitarias suelen tener condiciones más favorables que los bancos para pequeños negocios. Y organizaciones como ECDI en Columbus ofrecen microcréditos y asesoría financiera específicamente para empresarios de comunidades minoritarias.