Con la primera vuelta definida, Colombia entra en la recta final hacia el 21 de junio. Dos visiones del país frente a frente: lo que está en juego.

Colombia entra en la recta final de su proceso presidencial con dos candidatos que representan visiones del país radicalmente distintas. La segunda vuelta del 21 de junio enfrentará a los finalistas de la primera vuelta en una campaña que promete ser intensa en un país polarizado y con una agenda de problemas urgentes: seguridad, economía, relaciones con Venezuela y el legado del gobierno de Petro.

La campaña arrancó sin tregua. Ambos candidatos recorrieron las regiones más pobladas del país en los primeros días tras la primera vuelta, buscando sumar los votos de los candidatos eliminados. La negociación de apoyos —con qué condiciones, a cambio de qué compromisos— es el juego político central de estas semanas.

Para la comunidad venezolana en Colombia —que supera el millón de personas— la elección tiene implicaciones directas. Las posiciones de los candidatos sobre migración, regularización y acceso a servicios difieren significativamente. Colombia es el país con mayor presencia de venezolanos en el exterior, y las políticas migratorias del próximo gobierno afectarán directamente sus condiciones de vida.

El resultado del 21 de junio también tendrá resonancias regionales. Colombia es un actor clave en la dinámica política latinoamericana, y su posición respecto a Venezuela, a la crisis de seguridad en la región y a las relaciones con Washington determinará en parte el contexto en que se desarrolla la transición venezolana. Quién gane en Bogotá importa más allá de las fronteras colombianas.

Los distritos de California y Alabama son el campo de batalla donde se decide si los republicanos mantienen el control de la Cámara en noviembre. El estado del mapa.

El control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre de 2026 se decidirá, en buena medida, en un puñado de distritos de California y Alabama. La razón es aritmética: los republicanos tienen una mayoría tan estrecha que la pérdida de cuatro o cinco escaños los dejaría en minoría. Y los distritos más vulnerables están concentrados en esos dos estados.

En California, los demócratas apuntan a varios distritos del sur del estado que los republicanos ganaron en 2024 por márgenes menores al tres por ciento. Son distritos con alta concentración de votantes latinos e independientes, sensibles a temas como el costo de vida, la inmigración y el acceso a la vivienda. Los republicanos, por su parte, apuestan a que el descontento con la gestión demócrata del estado —y en particular con la crisis de vivienda en Los Ángeles— les permita mantener esas posiciones.

En Alabama, la disputa es de otro tipo: una redistritación ordenada por los tribunales federales para crear un segundo distrito con mayoría de votantes negros ha reconfigurado el mapa del estado. Los republicanos impugnan el nuevo mapa y el caso sigue en los tribunales. El resultado de esa batalla legal determinará si Alabama aporta uno o dos escaños demócratas en noviembre.

El estado del mapa, a seis meses de las elecciones, favorece ligeramente a los republicanos para mantener la Cámara, pero el margen es tan estrecho que cualquier evento —un escándalo, un cambio en la economía, una decisión judicial— puede alterar el resultado. Para la comunidad latina, que tiene peso electoral en varios de los distritos en disputa, el momento es de particular relevancia: sus preferencias en California pueden determinar quién controla la agenda legislativa de los próximos dos años.

Nueva Delhi está dispuesta a retomar relaciones económicas con Caracas, pero exige primero el pago de lo que Venezuela debe a empresas indias. El monto y el contexto.

India está dispuesta a retomar relaciones económicas con Venezuela, pero pone una condición previa: el pago de la deuda que Venezuela acumuló con empresas indias durante el gobierno de Maduro. El monto exacto no ha sido divulgado oficialmente, pero fuentes diplomáticas lo sitúan en varios cientos de millones de dólares, producto principalmente de contratos petroleros incumplidos y expropiaciones de activos de empresas indias.

La posición de Nueva Delhi es coherente con su historial en este tipo de situaciones: India es un inversor pragmático que no mezcla consideraciones ideológicas con sus intereses económicos, pero tampoco entra a mercados donde sus empresas han sido perjudicadas sin obtener primero alguna forma de compensación o garantía. En el caso venezolano, la experiencia pasada fue negativa: empresas indias del sector energético invirtieron en Venezuela durante el boom petrolero y vieron sus contratos renegociados unilateralmente o sus activos expropiados.

Para el gobierno interino venezolano, la condición india es un microcosmos del problema más amplio que enfrenta: para atraer la inversión que necesita, debe resolver primero las deudas y disputas que el régimen anterior dejó con decenas de países y empresas. El inventario de esas deudas es vasto y su resolución requiere recursos que Venezuela no tiene o negociaciones que llevan tiempo.

El interés de India en Venezuela no es menor. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y la India es el tercer mayor importador de crudo del planeta. La complementariedad es obvia. Lo que falta es el puente que permita cruzar el historial de incumplimientos. La condición india es, en ese sentido, una señal de que el interés existe pero que la confianza debe reconstruirse antes que el capital fluya.