EE.UU. · TRANSPORTE

Un fallo en las comunicaciones de los centros de control aéreo obligó a la FAA a detener el viernes todos los despegues del país, algo que solo había ocurrido tras el 11 de septiembre y en enero de 2023. A las 6:45 p. m. ya había más de 3.200 vuelos cancelados y 10.000 retrasados. «Esto es un apagón de telecomunicaciones», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Poco antes de las 4:00 de la tarde del viernes 13 de noviembre, la FAA ordenó detener todos los despegues en EE.UU. «por circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad» (Aerotime; CBS News). El comunicado oficial habló de «problemas de comunicación que afectan a varios centros de control de tráfico aéreo en ruta» (FAA). El secretario de Transporte, Sean Duffy, fue más lejos: afectaba a todos.

Según Duffy, la inestabilidad en las comunicaciones de radar empezó poco después de las 3:30 p. m. Flightradar24 registró unos 3.100 aviones en vuelo hacia aeropuertos estadounidenses durante la parada (Aerotime; Yahoo News). En Houston se retuvieron todas las salidas; en San Francisco siguieron aterrizando los aviones que ya volaban. Los vuelos dentro de Hawái y Alaska continuaron (Aerotime; Yahoo News).

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Las cifras

La FAA levantó la orden el viernes por la noche. La actualización de Yahoo News de las 8:32 p. m., hora del Este, confirmó el levantamiento; CNBC situó la duración en unas cuatro horas. A las 6:45 p. m., FlightAware contaba más de 3.200 vuelos cancelados y más de 10.000 retrasados dentro, hacia o desde EE.UU. (Yahoo News). Duffy advirtió que la recuperación sería lenta porque «tomará tiempo» revertir lo ocurrido, y las cancelaciones se extienden al fin de semana (CNBC).

¿Un ataque?

La Casa Blanca dijo que no había indicios de un acto malicioso (CBS News; ABC News). Mullin lo resumió así: «Esto es un apagón de telecomunicaciones», no otro 11 de septiembre. Aunque, sobre un posible ciberataque, admitió que «nada es seguro» (Yahoo News).

CBS News, citando fuentes, informó que una actualización en la red privada de comunicaciones, operada por L3Harris Technologies, provocó un reinicio y luego el colapso del sistema. Duffy habló de switches y routers anticuados y de líneas de cobre de los años ochenta (Yahoo News). La explicación técnica está en Líneas de cobre de los ochenta sostienen el cielo de EE.UU..

Un antecedente reciente

Es la primera parada nacional desde el 11 de enero de 2023, cuando cayó el sistema de avisos a pilotos (NOTAM) durante unos 90 minutos. Antes, la última había sido tras los atentados de 2001 (Aerotime). Horas antes del fallo, la Casa Blanca y el Departamento de Transporte habían pedido al Congreso 30.100 millones de dólares adicionales para modernizar la aviación (Aerotime).

Criterio INCÍSOS

El viernes no hubo un ataque, pero hubo una demostración: el sistema que mueve a millones de personas al día puede detenerse por una actualización mal hecha. Que nadie haya muerto es una buena noticia, y habla bien de los controladores y los pilotos. Que haya pasado es una mala noticia, porque la advertencia de 2023 no bastó.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la FAA publique un informe sobre la causa con fecha; que se diga si la red tenía respaldo y por qué no funcionó; que el Congreso discuta la modernización con plazos y no solo con montos, y que las aerolíneas reembolsen a quienes no pudieron volar.

Para leer más en INCÍSOS

1. Líneas de cobre de los ochenta sostienen el cielo de EE.UU.: el cobre y los routers.
2. El apagón aéreo llegó a Columbus con 94 vuelos retrasados: qué pasó en Columbus.
3. Los altos funcionarios de Trump se mudan a bases militares: los funcionarios en bases militares.

Fuentes principales: FAA; Yahoo News; Aerotime; CBS News; ABC News; CNBC.

EE.UU. · CASA BLANCA

El fiscal general Todd Blanche se mudó a una instalación militar en Washington. No es el único. Rubio, Hegseth, Stephen Miller, el secretario del Ejército y la exsecretaria Kristi Noem han vivido en bases. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mudó tras amenazas de Irán. En gobiernos anteriores fue algo raro y temporal. Ya no.

Al fiscal general Todd Blanche lo protege ahora una reja militar. Se mudó a una instalación del área de Washington a comienzos de este año, según confirmaron tres personas cercanas al caso. Con él, la lista de altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump que viven en bases sigue creciendo (Tampa Free Press; NewsNation).

La lista

Desde octubre de 2025 se sabía que el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll, vivían en instalaciones militares. Miller se mudó tras protestas frente a su casa en Arlington, Virginia, y la publicación de su dirección. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vivió en la Base Conjunta Anacostia-Bolling (Tampa Free Press).

Imagen destacada: Ilustración conceptual creada con IA para INCÍSOS; no es una fotografía del hecho.

El caso más reciente antes de Blanche es el del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Se mudó a una base por lo que el Gobierno evalúa como amenazas graves de Irán, tras su campaña de presión económica contra Teherán y la publicación de los detalles de su casa en Georgetown (CNBC). «No se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní», dijo un portavoz del Tesoro (Tampa Free Press). La fiscal general anterior, Pam Bondi, también se mudó a una vivienda protegida (AOL).

Lo que antes era excepción

En el primer gobierno de Trump, Jim Mattis y Mike Pompeo vivieron en bases, y Robert Gates lo hizo entre 2006 y 2011. Pero eran casos raros y temporales (Tampa Free Press). Ahora es una práctica que abarca a buena parte del gabinete.

Criterio INCÍSOS

Ningún funcionario debería vivir amenazado, y el Estado tiene la obligación de protegerlo. Pero cuando el gabinete entero se muda detrás de rejas militares, algo dice del clima del país. La violencia política, las amenazas extranjeras y la exposición de direcciones en redes ya no son episodios: son un ambiente.

Hay también preguntas que el Gobierno no ha respondido: cuánto cuesta, quién paga, qué viviendas dejan de usar los militares y qué criterios se aplican. Un país que se protege bien también rinde cuentas de cómo lo hace.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Casa Blanca y el Pentágono informen cuántos funcionarios viven en bases, con qué costo y quién lo paga; que se publiquen los criterios, y que el Congreso revise el uso de viviendas militares.

Para leer más en INCÍSOS

1. Stephen Miller cierra la Casa Blanca a los lobistas sin permiso: Miller y los lobistas.
2. Un apagón de telecomunicaciones deja a EE.UU. sin despegues durante horas: el apagón aéreo.
3. El Congreso demócrata no cambiará la ruta de Rubio hacia Venezuela: el nuevo Congreso.

Fuentes principales: Tampa Free Press; NewsNation; CNBC; AOL.

VITRINA POLÍTICA · EL CANAL DE NITU

Vladimir Petit Medina entró a Venezuela con pasaporte extranjero, pagó una multa de 150 dólares por no tener uno venezolano y descubrió que una «bandera» de la DGCIM le impedía sacarlo. Desde Caracas, en El Canal de Nitu, advirtió que esa marca la tienen muchos otros, incluidos deportados: «No puede nunca más usarse la identidad venezolana como un mecanismo de coacción».

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INCÍSOS + El Canal de Nitu

Vladimir Petit Medina contó desde Caracas cómo es, en la práctica, no existir para el Estado venezolano. Lo hizo el viernes 13 de noviembre en El Canal de Nitu, conducido por su esposa, Nitu Pérez Osuna, en su primera entrevista después de volver al país tras ocho años, cinco meses y dieciocho días de exilio (ver el programa).

Maiquetía, el SAIME y la DGCIM

Llegó el miércoles 11 por la noche con una delegación que incluía a los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, al periodista Orlando Avendaño y a Armando Martini Pietri. Los pasaportes de todos pasaron. El suyo, extranjero, porque el venezolano se lo quitaron, no: en la pantalla aparecía «una notificación y una objeción». El funcionario de migración, recordó, consultó al circuito penal, al Ministerio Público y al Tribunal Supremo, y todos le ratificaron que no había nada en su contra: los juicios habían sido sobreseídos o anulados. Tras unos 20 minutos lo dejaron pasar. «Bienvenido a su hogar», le dijeron.

Imagen destacada: Foto de archivo: Archivo personal de Vladimir Petit Medina / Wikimedia Commons · Fuente y ficha de la imagen · CC BY-SA 4.0 · Adaptación de tamaño para web.

Al día siguiente, en el SAIME de La Urbina, le tomaron la foto y le dieron la cédula en cinco minutos. Pero para el pasaporte lo enviaron al SAIME central, donde una funcionaria le explicó que su caso no lo podían resolver ellos: estaba bloqueado «por orden del propio DGCIM». «¿Cómo es posible que ustedes me vayan a negar el derecho constitucional a tener una identificación?», preguntó. El viernes se presentó en la DGCIM con un escrito. El funcionario de consultoría jurídica le dijo que responderían en 15 días. Horas después, lo llamó el canciller Oliver Blanco para anunciarle que levantarían las medidas (ver nota).

Lo que costó

Petit pagó una multa de 150 dólares al entrar, por no tener pasaporte venezolano. «Porque ustedes me lo quitaron y se han negado a dármelo», le respondió al funcionario. Ya tiene cita para el lunes: el servicio ejecutivo del pasaporte cuesta 350 dólares, que tuvo que pagar en bolívares, con una tarjeta de un banco venezolano y después de esperar a que volviera la luz. «Nadie me quita los nueve años», le dijo al canciller.

La bandera que tienen otros

Lo que Petit sacó en claro es que quienes le quitaron el pasaporte dejaron en el subsistema interno una marca, una «bandera», para que nunca más pudiera obtenerlo. «Esa bandera la tiene mucha gente», dijo, y aseguró que conocen a más de 50 personas en la misma situación. Nitu contó que el activista Norbey Marín le hizo notar que el problema afecta también a los repatriados: venezolanos detenidos en otros países, como EE.UU., que son enviados a Venezuela o a terceros países, incluso de África. «¿Cómo tiene un pasaporte? ¿Cómo sale de allí? Eso es inhumano», dijo Petit.

Nitu añadió otra arbitrariedad: los venezolanos que llegan sin pasaporte nacional, muchas veces porque no había consulado donde vivían o porque se lo negaron, pagan una multa por una acción del propio Estado. Para Petit, negarle la identidad a un nacional es un crimen de lesa humanidad «fácil de probar», y el escrito que consignó en la DGCIM es la prueba de cómo la identidad se convirtió «en un yunque» para los que no piensan como el régimen. «Si ahora hay algún cambio, no puede nunca más usarse la identidad venezolana como un mecanismo de coacción y de extorsión».

Criterio INCÍSOS

El caso de Petit se resolvió porque tiene voz, amigos, dos eurodiputados al lado y un canciller que llamó. La mayoría de los que cargan esa bandera no tienen nada de eso. Un deportado que llega en un vuelo desde EE.UU. no tiene a quién llamar. Si la marca en el sistema no tenía sustento jurídico, como reconoció el propio Gobierno en este caso, no lo tiene en ningún otro.

Y hay una injusticia que se puede corregir hoy: cobrarle una multa a un venezolano por no tener el pasaporte que el Estado le negó.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el SAIME y la DGCIM revisen de oficio todas las alertas y bloqueos de identidad sin orden judicial y publiquen cuántos son; que se elimine la multa para quienes entran sin pasaporte venezolano por causas atribuibles al Estado; que haya un procedimiento para deportados y repatriados, y que la Mesa de Caracas incluya el derecho a la identidad en su agenda de garantías.

Para leer más en INCÍSOS

1. El canciller anuncia el desbloqueo del pasaporte de Vladimir Petit Medina: la llamada del canciller.
2. Cuatro dólares por un cachito en la Caracas del regreso: la Caracas que encontró.
3. Petit Medina ve un chavismo dividido y un cambio irreversible: su lectura del poder.
4. El Cabildo quiere que sus votos se conviertan en presión ciudadana: lo que vota el Cabildo sobre pasaportes.

Fuentes principales: El Canal de Nitu, 13 de noviembre.