El mismo hecho abrió una puerta y cerró otra. Las dos decisiones son del mismo gobierno y ninguna de las dos es irregular por separado.

Hay una manera de leer la última semana de agosto y la primera de septiembre de 2026 que no aparece en ningún titular, porque exige poner al lado dos expedientes que nadie pondría juntos.

El primero es el de un empresario. Alejandro Betancourt López dirige North American Blue Energy Partners, la compañía que acaba de recibir concesiones a cien años sobre diecisiete campos petroleros venezolanos y de la cual el Departamento de Defensa de Estados Unidos tomó una participación del treinta y cinco por ciento. Durante una década, distintas jurisdicciones lo investigaron. En los últimos meses, según reportaron The Washington Post y Axios, fiscales federales de Miami cerraron su investigación por instrucción de la oficina del entonces vicesecretario de Justicia. Funcionarios estadounidenses, incluida la entonces fiscal general, plantearon a las autoridades suizas que se abstuvieran, porque el hombre era una figura importante de política exterior y no podía salir de su residencia en el Reino Unido para reunirse en Washington y en Caracas. En una de esas llamadas, cuando los suizos dijeron que el caso estaba en sus primeras etapas, un funcionario estadounidense respondió que el caso tenía diez años. El 13 de mayo la fiscalía de Zúrich retiró la solicitud de extradición, atribuyéndolo a particularidades del derecho británico, sin cerrar el expediente penal y sin levantar la orden internacional. El 27 de junio Betancourt viajó a Caracas. La organización suiza Public Eye llamó a la secuencia muy inusual y pidió explicaciones. Corresponde decirlo con precisión, porque es lo que corresponde siempre: no ha sido acusado formalmente, no ha sido condenado en ninguna jurisdicción, y un portavoz del Departamento de Justicia negó que el vicesecretario interviniera personalmente. Lo que está documentado no es su culpabilidad. Es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos.

El segundo expediente es el de una mujer cuyo nombre no conocemos, identificada en la jurisprudencia por sus iniciales. Llegó a Estados Unidos en 2014 con una visa de estudiante. Su esposo pidió asilo en 2015 y la incluyó. Ambos habían participado en actividades de oposición; a él lo agredieron; a ella le anularon el pasaporte en octubre de 2025 y siguió expresando en público su rechazo al gobierno que la había expulsado de su propio documento. Un juez de inmigración le concedió el asilo. El 4 de septiembre de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración le anuló esa concesión y devolvió el caso, estableciendo con carácter de precedente que la salida de Maduro y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones de Venezuela que debe pesar en la evaluación de su temor. Y para probar ese cambio, la decisión enumera la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, la cooperación entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez, y los avances hacia la transición democrática según los describe el Departamento de Estado.

Ahí está el punto. El mismo hecho. Dos direcciones.

Que Venezuela cambió sirvió, hacia arriba, para remover un obstáculo legal que impedía cerrar un negocio. Y sirve, hacia abajo, para remover un fundamento legal que sostenía una protección. En un caso, la transición es una oportunidad. En el otro, es una prueba en contra.

No estoy diciendo que alguna de las dos decisiones sea ilegal. Ninguna lo es. Cerrar una investigación es una facultad discrecional del ministerio público. Fijar criterio sobre las condiciones de un país es exactamente la función de la Junta de Apelaciones. Cada decisión tiene su marco, su lógica y sus defensores, y podría defenderse en público sin sonrojo. Lo que no tiene defensa es la asimetría. Porque las dos personas afectadas por la misma invocación de la misma transición no están en igualdad de condiciones para responderla. Una tiene abogados en tres países y una participación del Pentágono en su empresa. La otra tiene un pasaporte anulado y una audiencia por delante.

Y hay una fecha que vuelve todo esto menos abstracto. El 2 de octubre vencen los documentos de un grupo de venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal, los que recibieron su permiso de trabajo antes del 5 de febrero de 2025. No aparecen en ningún expediente célebre. No los llamó nadie de la Casa Blanca a las pocas horas de la captura para pedirles ayuda. Van a descubrir la transición venezolana de la manera más concreta posible: cuando su patrón les pida un documento vigente y no lo tengan.

Un país cambia para todos o no cambia. Esa es la parte incómoda. Si Venezuela es ya un lugar suficientemente distinto como para que una mujer tenga que volver a probar su miedo, también es un lugar suficientemente distinto como para que la reconstrucción de su economía se decida con ella y no sobre ella. Y si no lo es —si todavía hay trescientas veintiocho personas presas por razones políticas, según el conteo verificado de Foro Penal al cierre de agosto, y una lista oficial de excarcelados que nadie ha publicado—, entonces el argumento que se está usando en los tribunales de inmigración de Estados Unidos necesita, por lo menos, ser revisado con la misma diligencia con la que se revisó el otro expediente.

Escribo esto un sábado por la mañana, veintisiete días antes del 2 de octubre. Es tiempo suficiente para hacer preguntas. No lo es para conseguir un abogado.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe de INCÍSOS

La Asamblea dejó de deliberar y empezó a despachar

Cinco días.

Eso es lo que pasó entre la primera y la segunda discusión de la reforma que decide quién escoge a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Cinco días para una ley que fija cómo se selecciona a las treinta y dos personas que van a decidir, durante los próximos doce años, sobre la propiedad, la libertad y los contratos de todo el mundo en ese país.

En ese mismo lapso, constitucionalistas, académicos y el gremio de abogados formularon una objeción concreta y documentada. Que la reforma toca el artículo que fija cuántos integran el comité y deja intacto el que define a qué poder pertenece. Que la Constitución dice que ese comité lo forman representantes de la sociedad y que la ley dice otra cosa.

No hizo falta que nadie los desmintiera. Bastó con no responderles.

Y en la misma jornada, ese cuerpo aprobó un acuerdo de respaldo al mayor compromiso petrolero que ha contraído el país en décadas. Un respaldo a un documento cuyo texto no se ha publicado, cuya regalía no se conoce, cuyos campos no se han identificado y cuyo foro de controversias nadie ha visto.

Yo entiendo la urgencia. Un país que lleva años detenido tiene derecho a tener prisa. Lo que no entiendo es para qué existe entonces la segunda discusión.

Porque una segunda discusión no es un trámite decorativo. Es el mecanismo por el cual un cuerpo colegiado revisa lo que aprobó apurado, escucha lo que le dijeron mientras tanto y corrige. Si el texto sale igual que entró, la segunda discusión no ocurrió. Se ejecutó.

Y aquí quiero decir la parte incómoda.

La Constitución venezolana le asigna al Parlamento tres funciones. Legislar, controlar y representar. La primera es la que todo el mundo conoce. La segunda es la que decide si un país tiene contrapesos: fiscalizar al Ejecutivo, investigar, citar, interpelar, autorizar contratos, exigir cuentas. La tercera es la razón por la que existe.

Una cámara que aprueba en cinco días y respalda lo que no ha leído no está ejerciendo la segunda función. Y sin la segunda, la primera se convierte en otra cosa.

Se convierte en una oficina de trámites.

No lo digo como insulto. Lo digo en sentido literal, porque es exactamente la descripción de lo que hace una oficina de trámites: recibe un documento, verifica que tenga los sellos y lo despacha. No lo examina. No pregunta de dónde viene. No tiene por qué. Su función es hacerlo pasar.

El problema es que un parlamento sí tiene por qué. Ese es todo su oficio.

Alguien me dirá que esto no es nuevo, que llevamos décadas con parlamentos que ratifican lo que ya está decidido en otra parte. Es verdad, y por eso mismo importa ahora.

Porque lo que se está aprobando esta vez no es una ley que un gobierno posterior pueda derogar en una tarde. Son magistrados que ejercen doce años en un solo período. Es un compromiso petrolero de veinticinco años. Son decisiones que van a seguir produciendo efectos cuando ninguno de los que las votaron esta semana esté en ese hemiciclo.

Ahí está la asimetría que me quita el sueño. La deliberación duró cinco días. Las consecuencias duran veinticinco años.

Y hay una diferencia entre las dos cosas que conviene tener presente: los cinco días fueron una elección. Nadie los impuso. No había un plazo constitucional venciendo, ni una emergencia que obligara. Se pudo haber tomado tres semanas y escuchar a los que objetaron, y el resultado habría sido el mismo texto con una legitimidad completamente distinta.

Porque eso es lo que se pierde cuando se despacha en vez de deliberar. No se pierde el contenido. Se pierde la única cosa que hace que una decisión sea difícil de revertir después: que nadie pueda decir que no lo dejaron hablar.

Un contrato aprobado sin examen se discute en tribunales. Una magistratura designada sin criterio público se impugna. Una ley sancionada sin responder objeciones se demanda.

La prisa de esta semana va a costar años de litigio. Y quien pague ese litigio no va a ser quien votó el martes.

Termino con lo único que me parece verdaderamente urgente decir.

Una asamblea que no discute, no examina y no inspecciona puede seguir llamándose asamblea. Puede tener hemiciclo, curules, reglamento y actas. Puede sesionar todos los martes.

Lo que no puede es cumplir la función para la que la gente votó.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el martes 1 de septiembre de 2026

El viernes 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos anunció lo que llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. Sesenta y cinco mil millones de barriles. Diecisiete campos. Cien mil millones de dólares en inversión.

Llevo tres días leyendo cifras. Y hay una que no aparece en ningún comunicado.

Durante años se dijo que el petróleo venezolano no se podía sacar. Y era verdad. No había inversión, no había mantenimiento, no había taladros, no había electricidad para bombear. Un país sentado sobre las mayores reservas probadas del mundo produciendo cada vez menos, porque el recurso estaba ahí pero las condiciones para aprovecharlo no.

A la gente le pasó exactamente lo mismo. No había con qué. No había empleo que alcanzara, ni hospital que atendiera, ni escuela que enseñara, ni luz que durara la noche entera. Millones de personas con formación, con oficio, con ganas de trabajar, en un país donde esas tres cosas no encontraban dónde ponerse.

La diferencia es que el petróleo se quedó abajo esperando y la gente no pudo esperar. Se fue.

Yo me fui. Muchos de los que están leyendo esto se fueron.

Y aquí está lo que quiero decir, aunque a algunos les parezca una ocurrencia.

Ese petróleo lleva un siglo bajo tierra y ahí seguirá el año que viene. Las personas no. Una persona tiene un tiempo de vida útil para construir algo, y ese tiempo se está gastando ahora, en la incertidumbre.

Hay venezolanos en Estados Unidos que llevan cinco, ocho, doce años aquí. Compraron casa. Pagan hipoteca. Pagan impuestos. Tienen hijos en escuelas públicas, y esos hijos hablan inglés sin acento y no conocen Caracas. Trabajan en construcción, en salud, en logística, en restaurantes, en transporte, en las mismas industrias que este país necesita para funcionar todos los días. Introdujeron sus documentos. Esperan una cita. Cumplen.

Y viven, desde hace meses, con la sensación de que todo eso puede deshacerse por una decisión administrativa que no controlan.

Yo entiendo que la política migratoria de un país es competencia soberana de ese país. No estoy discutiendo eso. Estoy señalando una asimetría.

Cuando se trató del subsuelo venezolano, se encontró la manera. Se negoció durante meses, se diseñó una estructura, se firmaron entendimientos, se anunció con cifras de doce dígitos y se llamó histórico. Se demostró que cuando existe voluntad política, un asunto de enorme complejidad jurídica se resuelve en un plazo corto.

Cuando se trata de las personas que salieron de ese mismo país, por las mismas razones que dejaron ese petróleo bajo tierra, la respuesta ha sido la contraria. Prórrogas cortas. Programas que se anuncian y se revierten. Citas que se mueven. Un régimen de espera que obliga a vivir en presente continuo, sin poder planificar nada más allá de unos meses.

Entonces la pregunta se cae de madura.

Si se pudo hacer el mayor acuerdo petrolero de la historia, ¿por qué no hacer el mayor acuerdo de regularización de la historia?

No hablo de una amnistía general ni de abrir una puerta sin criterio. Hablo de quienes ya están aquí, ya trabajan, ya pagan, ya introdujeron sus papeles y ya esperan. De quienes pasan verificación de antecedentes sin problema porque no tienen nada que ocultar. De quienes lo único que necesitan es que alguien les diga que pueden dejar de contar los meses.

Se dirá que eso cuesta. Cuesta menos que la alternativa. Un trabajador con estatus resuelto produce más, invierte más, compra más y aporta más que uno que no sabe si estará aquí en marzo. Eso no es un argumento sentimental: es la misma lógica de seguridad jurídica que se le exige a cualquier contrato petrolero. Nadie invierte donde las reglas cambian cada seis meses. Tampoco nadie construye una vida.

Se dirá también que una cosa no tiene que ver con la otra. Que el petróleo es negocio y la migración es ley. Es cierto en el papel. Pero las dos decisiones las toma el mismo gobierno, en la misma semana, sobre el mismo país y sobre la misma gente. Y una se resolvió en meses mientras la otra lleva años sin resolverse.

Termino con lo único que me interesa dejar dicho.

El recurso más valioso que salió de Venezuela en la última década no fue el crudo. Fueron los ingenieros, los enfermeros, los albañiles, los maestros, los soldadores, los que manejan camiones a las cuatro de la mañana. Ese recurso ya llegó a Estados Unidos, ya está produciendo aquí, ya se instaló y ya aprendió el idioma.

No hace falta perforar nada para aprovecharlo. Solo hace falta una firma.

Y esa sí sería, de verdad, la mejor operación de la historia.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el lunes 31 de agosto de 2026