El presidente de la Asamblea Nacional describió lo ocurrido tras el 3 de enero como un nuevo momento político, no como una transición. Washington dice lo contrario. La mesa de Caracas produce hechos que apuntan a lo contrario. Y la diáspora, con los pies, dice que todavía no cree ninguna de las dos versiones.

En política, la palabra que alguien elige para nombrar un proceso no es un detalle de estilo. Es una declaración sobre dónde cree que termina ese proceso.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y negociador principal del gobierno en la mesa de Caracas, ha definido lo ocurrido tras el 3 de enero como «un nuevo momento político». No como una transición.

La diferencia no es semántica

Un momento es un estado. Puede durar. Puede consolidarse. No implica destino ni plazo. Se puede estar en un nuevo momento político durante quince años.

Una transición es un tránsito, y un tránsito tiene un punto de llegada. Nombrar algo como transición es aceptar que lo actual es provisional y que existe un lugar hacia donde ir.

La primera palabra describe una situación. La segunda contrae una obligación.

DESTACADO: Se puede estar en un nuevo momento político durante quince años. No se puede estar en transición durante quince años sin que alguien pregunte hacia dónde.

Lo que dice Washington

La formulación estadounidense es la contraria, y ha sido explícita.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó, en su entrevista con Sergio Novelli del 1° de septiembre, que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez es concebido por Washington como una estructura temporal y no como el destino final del proceso. Enumeró condiciones para las elecciones: reestructuración del CNE, transparencia del sistema de votación, prensa libre con supervisión internacional, y capacidad de la oposición para organizarse políticamente. Citó a Nicaragua como el ejemplo de lo que se quiere evitar.

Donald Trump, el 2 de septiembre, dijo que Venezuela no está preparada todavía, elogió el desempeño de Delcy Rodríguez y cerró diciendo que espera que las elecciones ocurran pronto.

Rubio nombra un tránsito con condiciones. Trump nombra un estado con una fecha indefinida. La formulación de Trump se parece más a la de Jorge Rodríguez que a la de su propio secretario de Estado. Ese es el dato incómodo de este análisis, y hay que decirlo.

Lo que dicen los hechos de la mesa

Contra la palabra «momento» juegan las decisiones que están saliendo de Caracas, y no son menores.

El primer ciclo, cerrado el 12 de agosto, acordó la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia —no una sustitución parcial: un nuevo proceso de postulación para todos los magistrados— y una gestión conjunta para recuperar las 31 toneladas de oro del Banco de Inglaterra destinadas a los damnificados del terremoto, con mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría.

Esta semana avanzó la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ. El segundo ciclo, previsto para mediados de septiembre, incluiría la reversión de inhabilitaciones políticas y la devolución de tarjetas partidistas.

Renovar el poder judicial completo y devolver tarjetas a los partidos no son gestos de quien administra un momento. Son movimientos propios de quien prepara un tránsito.

A menos que sean movimientos propios de quien administra un momento y quiere que parezca un tránsito. Esa es exactamente la ambigüedad que la palabra elegida permite mantener.

Lo que dice la diáspora, que es la única encuesta que no se puede maquillar

Y aquí está el desempate, o al menos el indicador menos manipulable de los tres.

Según ACNUR, tres cuartas partes de los migrantes venezolanos consultados descartan el retorno bajo las condiciones actuales, y solo un 9% prevé volver en menos de un año. El Observatorio de la Diáspora Venezolana encontró que 95% quiere colaborar en la reconstrucción del país, pero apenas alrededor de 11% tiene planes concretos de volver.

Ocho millones de personas votan todos los días sobre esta pregunta, y votan sin retórica: con la decisión de matricular o no a sus hijos en un colegio de Bogotá el año que viene.

Su respuesta actual no es «transición». Tampoco es «momento». Es «todavía no».

El inciso

Quien controla el nombre de un proceso controla lo que se le puede exigir.

Si esto es un momento, no hay incumplimiento posible: los momentos no tienen cronograma. Si esto es una transición, cada semana sin fecha electoral es una deuda que se acumula.

Por eso no es un debate de palabras. Es el debate. Y por eso conviene que cada vez que un funcionario venezolano describa lo que está ocurriendo, alguien anote qué sustantivo usó.

Nosotros vamos a anotarlo.

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Dos economistas venezolanos serios estimaron cuánto le deja a Venezuela cada barril del acuerdo. Sus cifras se diferencian por un factor de seis. Ninguno de los dos tiene la culpa: ninguno de los dos ha visto el contrato.

Este es, probablemente, el mejor argumento disponible a favor de publicar el texto del acuerdo petrolero. Y no lo formuló ningún político.

Los dos cálculos

Francisco Rodríguez, a partir de las cifras iniciales anunciadas, estimó un ingreso fiscal de 3,22 dólares por barril para el Estado venezolano: un 4,7% del precio actual del crudo, y menos de la mitad de la tasa de regalía de las concesiones otorgadas durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.

Jorge Jraissati, en entrevista con INCÍSOS, manejó una cifra distinta: alrededor de 20 dólares por barril como regalía para el Estado, sobre concesiones que describió como de 25 años. Añadió que, sumando todos los conceptos, la participación estadounidense alcanzaría 55% de cada barril producido en los diecisiete campos.

La diferencia entre ambas estimaciones es de más de seis veces.

DESTACADO: Cuando dos economistas competentes calculan lo mismo y les da distinto, el problema no está en los economistas.

Por qué no es una polémica entre expertos

Sería fácil convertir esto en un choque de credenciales. Sería un error, y además sería falso.

Las dos cifras pueden ser internamente correctas y aun así incompatibles, porque cada una parte de supuestos distintos sobre lo que no se sabe: qué conceptos entran en el cálculo fiscal, qué costos se deducen antes, cómo se trata el 20% que el Departamento de Estado tiene garantizado comprar a precio de costo, y qué diferencia hay entre lo que aplica a los campos en producción y lo que aplica a los llamados campos verdes.

Ninguno de esos supuestos puede confirmarse, porque el contrato no es público.

Lo que sí está confirmado

De lo divulgado por la Casa Blanca se desprende que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá una participación de 35% en la matriz del operador; que el Departamento de Estado tiene garantizado el derecho a comprar 20% de la producción a precio de costo; que se trata de 17 campos con 65.000 millones de barriles de reservas probadas; y que el acuerdo se rige por ley estadounidense y queda sujeto a la jurisdicción de tribunales estadounidenses.

También se ha señalado una diferencia de plazos que conviene explicar bien: la proyección de 200.000 millones de dólares en impuestos corresponde a un horizonte de 25 años, mientras que la concesión sobre los campos se extendería hasta 100 años. No son dos versiones contradictorias: son dos relojes distintos dentro del mismo documento.

El inciso

En un país normal, esta nota no existiría. Un periodista compararía dos análisis sobre un texto público y el lector decidiría cuál le convence.

Aquí no se puede, porque el texto no existe para nosotros. Y entonces la discusión nacional sobre el mayor acuerdo petrolero de nuestra historia se parece a una conversación de sordos: todos hablando con seriedad de un documento que nadie ha tenido en las manos.

Publicar el contrato no le costaría un dólar a nadie. Que siga sin publicarse ya nos está costando la posibilidad de discutirlo.

Entrevista principal: Jorge Jraissati: “La riqueza de un país no puede estar en el subsuelo”

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Le preguntamos por números y respondió con política. El economista barquisimetano sostiene que el acuerdo petrolero no es bueno ni malo en sí mismo, que Venezuela perdió 75% de su Producto Interno Bruto y que el país podría crecer entre 10% y 15% anual durante una década. Pero solo si antes ocurre otra cosa.

Hay una manera de saber si alguien entendió el problema venezolano: se le hace una pregunta económica y se observa por dónde arranca la respuesta.

A Jorge Jraissati le preguntamos qué opina del acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump. Empezó hablando de democracia.

“Todo esto es positivo si es dentro del marco de una transición hacia la democracia”, respondió. Y agregó que, en sí mismo, el acuerdo no le parece ni bueno ni malo: lo que importa son los efectos políticos que produzca.

No es una evasiva. Es su tesis académica.

El colapso como diseño, no como accidente

El trabajo de investigación de Jraissati —publicado junto a Keith Jakee en la revista Economic Affairs— sostiene que el derrumbe económico venezolano no se explica por choques externos como la caída de los precios del petróleo o las sanciones, sino por la configuración institucional del Estado. Es decir: el colapso no fue algo que le pasó a Venezuela. Fue algo que Venezuela se hizo.

De ahí se sigue todo lo demás. Si el origen es institucional, ningún arreglo petrolero, por grande que sea, resuelve el problema por sí solo.

DESTACADO: “La riqueza de un país no puede estar en el subsuelo de su país.”

Los números que puso sobre la mesa

Jraissati manejó en la conversación un conjunto de cifras que conviene registrar:

• Venezuela perdió 75% de su Producto Interno Bruto.
• La pobreza se ubica hoy alrededor del 80%.
• La inflación seguiría en torno al 800% el próximo año, según su proyección.
• La producción actual ronda 1,1 a 1,2 millones de barriles diarios.
• Del acuerdo, según los detalles que ha visto, al Estado venezolano le corresponderían unos 20 dólares por barril como regalía, y la participación estadounidense —sumando todos los conceptos— llegaría a 55% de cada barril producido en los diecisiete campos.

Y los números de lo que podría ser

Frente a ese cuadro, su proyección es deliberadamente ambiciosa. Si se hacen las cosas bien, sostiene, en unos cinco años Venezuela podría tener el salario mínimo más alto de la región, bajar la pobreza del 80% a un 3% o 4%, y crecer entre 10% y 15% anual durante una década.

“Venezuela es un país tan rico, con tanto potencial”, dijo.

Pero puso una condición que repitió de tres maneras distintas a lo largo de la conversación: para eso no basta con producir más petróleo. Hace falta un programa económico general que reoriente el país hacia el mercado, y hace falta que existan las libertades que permitan que la gente competente quiera participar.

Las tres condiciones

Al cierre, ante La Pregunta Incisiva sobre cómo lograr que los venezolanos del exterior regresen, enumeró tres requisitos:

Seguridad política. Que a nadie le quiten su propiedad ni su negocio, y que nadie vaya preso por lo que dice.

Seguridad física. Sin resolver la criminalidad, ninguna empresa puede traer a sus mejores ingenieros al país.

Reconexión financiera. Nadie trae capital a un país aislado, con inflación de tres dígitos y con mafias cambiarias que le impiden a una empresa manejar su presupuesto.

Su frase de cierre resume el argumento entero: con libertad hay prosperidad.

El inciso

Jraissati habla de un país que podría ser el más exitoso de América Latina. Es fácil descartar eso como optimismo generacional.

Sería un error. Lo que está diciendo tiene una estructura: primero las instituciones, después el capital, después el crecimiento. Y ese orden es exactamente el que Venezuela ha invertido durante veintisiete años, cuando puso el reparto de la renta antes que las reglas.

La pregunta que deja abierta no es si el país puede crecer al 15%. Es si estamos dispuestos a hacer primero la parte aburrida.

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