Política
María Corina admite a NPR: la nueva elección es concesión, no decisión
Hay frases que dicen mucho más de lo que dicen. La frase que María Corina Machado le entregó a NPR el lunes 11 de mayo, en entrevista grabada, pertenece a esa categoría. Le preguntaron cuál es la posición de la oposición democrática venezolana sobre la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. María Corina respondió: «Hemos aceptado que deberíamos ir a una nueva elección». El verbo, en la versión textual en inglés que NPR transmitió, fue «we have accepted». No «we have decided». No «we have demanded». No «we have chosen». El verbo aceptar es preciso. Y revela una arquitectura política que la propia María Corina, hasta hace poco, había trabajado por no admitir explícitamente. La nueva elección venezolana no es decisión de la oposición democrática. Es concesión que la oposición democrática hace a la administración Trump.
Lo que la entrevista revela
NPR es una institución periodística estadounidense con tradición de entrevistas largas y trabajo editorial cuidadoso. La pregunta sobre nuevas elecciones presidenciales fue formulada de manera abierta, dando a María Corina espacio para articular la posición de la oposición. La respuesta, en su versión completa, contiene tres movimientos retóricos que merecen examen.
Primer movimiento: María Corina reconoció que el resultado electoral del 28 de julio de 2024, con el triunfo de Edmundo González sobre Maduro debidamente documentado en actas, sigue siendo «el resultado válido» que la oposición democrática considera el mandato legítimo del pueblo venezolano. Esta posición se ha mantenido invariable durante 22 meses. Es la posición que la oposición no puede abandonar sin perder coherencia interna.
Segundo movimiento: María Corina explicó que, no obstante esa validez del resultado de 2024, «las circunstancias geopolíticas y el cambio de gobierno en Venezuela tras la operación del 3 de enero» requieren revisión. Esta es la transición lógica donde se introduce la nueva variable.
Tercer movimiento: María Corina admitió que «hemos aceptado que deberíamos ir a una nueva elección, en condiciones que permitan que la voluntad popular venezolana se exprese libremente y bajo supervisión internacional». El verbo aceptar es lo que la frase admite, casi sin querer.
Por qué importa el verbo
En análisis político, los verbos son lo más revelador. Decidir es acción autónoma del sujeto. Exigir es demanda activa hacia terceros. Aceptar es respuesta a planteamiento externo. Cuando un actor político dice «decidí», está afirmando capacidad de iniciativa. Cuando dice «exijo», está afirmando posición negociadora. Cuando dice «acepté», está reconociendo que la iniciativa vino de otra parte y que su rol fue evaluar y consentir.
Para entender por qué María Corina usó «aceptar» en lugar de «decidir» o «exigir», hay que reconstruir la cronología. Entre enero y abril de 2026, la administración Trump construyó públicamente la narrativa de que Venezuela necesitaba «una nueva oportunidad democrática» tras la caída de Maduro. Marco Rubio, Secretario de Estado, repitió en distintos foros que la transición debía culminar con elecciones «que tuvieran legitimidad internacional plena». El propio Trump dijo en una rueda de prensa de marzo que «estamos trabajando con todos los actores venezolanos, incluida la señora Machado, para crear las condiciones de una elección libre». La sintaxis de la administración estadounidense fue clara desde el inicio: Washington empuja la solución, los actores venezolanos cooperan.
Lo que María Corina hizo el lunes en NPR fue reconocer, finalmente, ese hecho. Y al reconocerlo, abrió una pregunta que la oposición democrática venezolana ha querido evitar durante meses: si la nueva elección es concesión a Washington, ¿en qué medida la legitimidad interna de la oposición democrática se sostiene independientemente de esa concesión?
El problema de fondo
Hay una asimetría incómoda. María Corina y Edmundo González ganaron el 28 de julio de 2024 una elección plenamente venezolana. La oposición democrática derrotó a Maduro con votos propios, con respaldo nacional, sin necesidad de aval externo. Esa victoria fue el momento más alto de legitimidad democrática que la oposición venezolana ha tenido en una generación. Y, sin embargo, no se materializó. Lo que se materializó, casi dieciocho meses después, fue una operación militar conducida por Estados Unidos, no un proceso institucional venezolano.
Esa diferencia entre la legitimidad acumulada y el desenlace efectivo crea una tensión política que la oposición democrática está procesando con dificultad. Si la victoria del 28-J fue válida, la transición debería haberse construido sobre esa victoria. Si en cambio se construye sobre una operación externa, la victoria del 28-J pasa a ser, en términos prácticos, antecedente moral pero no fundamento operacional. María Corina, al aceptar la nueva elección, está reconociendo implícitamente que el fundamento operacional del nuevo gobierno no es el voto del 28-J sino la operación del 3-E.
El cierre práctico
Conviene leer esto sin dramatismo. La administración Trump fijó una política. La oposición democrática venezolana, que durante 22 meses defendió el resultado de 2024, optó por aceptar la nueva elección como vía de salida. La opción es comprensible. La crítica interna —de sectores opositores que consideran que la oposición debió exigir la implementación del mandato de 2024 antes de aceptar nueva elección— es también comprensible. Lo que es relevante es nombrar la operación correctamente. No es decisión soberana de la oposición. Es concesión.
Eso no la vuelve ilegítima. La política se hace con las cartas que se tienen, no con las que uno hubiera querido tener. Pero entender la jerarquía real de actores en el proceso venezolano de los próximos meses requiere reconocer que el verbo que usó María Corina en NPR no fue accidente. Fue, probablemente, el reconocimiento más honesto que ha hecho la oposición democrática venezolana desde el 3 de enero.
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Alfredo Yánez
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Terror al baremo
Bellorín reclama que los criterios de evaluación del TSJ sean públicos antes de abrir las postulaciones y cuestiona la opacidad de las designaciones anteriores.
Sin el necesario baremo hecho público en forma previa al llamado para que el 28 de octubre de 2026 se dé inicio al proceso de postulaciones para el TSJ, ya anunciado por el diputado chavista presidente del siempre írrito Comité de Postulaciones Judiciales, la señal de un nuevo fraude a la Constitución es demasiado evidente y hay que dejar constancia previa.
Sin baremo público, el método a utilizar para la evaluación de credenciales seguirá siendo un misterio y un cheque en blanco para los «ungidos» por el régimen para encargarse de un proceso ya viciado de origen.
No debe causar sorpresa que ninguno de los involucrados, algunos pocos con algo de credibilidad, se atreva a mencionar la ausencia de dicho baremo.
Alguien podrá atreverse a afirmar que el baremo existe, pero será confidencial y solo manejado por ellos. Ese cuento es viejo y se debe recordar su utilización en boca de antiguos diputados chavistas, anteriores presidentes del secuestrado Comité de Postulaciones Judiciales, como Pedro Carreño y Saúl Ortega.
Sus declaraciones sobre la existencia de algún supuesto baremo que nunca mostraron están en las noticias de la época.
La revolución siempre le ha tenido pavor al mérito diferenciador. En cualquier nombramiento, jamás ha permitido concursos transparentes, necesarios para el escrutinio ciudadano. Por tal razón, la mediocridad acabó con Venezuela.
En lo que respecta a los anteriores nombramientos de magistrados al TSJ, es notorio que siempre ha brillado por su ausencia alguna escala valorativa de los únicos requisitos técnicos y académicos previstos a partir de los mínimos exigidos por el numeral 3 del artículo 263 constitucional.
Sin ese «baremo público», la posibilidad de títulos chimbos, de requisitos fraudulentos y de tantas «barbaridades» cometidas en nombramientos anteriores, como muchas denunciadas a lo largo de los años, es inminente. Sin baremo no hay esperanza de rectificación.
Este párrafo que aquí comparto ha sido el último ejemplo publicado en un reciente artículo sobre las confesiones públicas de una exmagistrada. Cito:
Aun con todas las concesiones anteriores a su favor, sería bueno entender cómo la abogada Bárbara César Siero (no sé si doctora), siendo jueza penal, se postuló a la Sala Político Administrativa y no a la Sala Penal, como lo ordena la Constitución.
¿Será que para esas designaciones poco importan el conocimiento y la necesaria experiencia de más de 15 años en la especialidad, como lo ordena la Constitución?
La culpa nunca será del ciego, sino de quien le da el garrote.
Fin de la cita. Artículo citado: «De barbaridades y lecciones».
Caracas, 25 de octubre de 2026.
Dr. Ángel Alberto Bellorín. Abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Política
El país salió a recibir a María Corina
El recibimiento en su recorrido desde Lara agrega una dimensión pública al regreso: su capacidad de movilización entra en el escenario de una negociación que no encabeza.
María Corina Machado regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre y reapareció en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Lara. Desde allí emprendió un recorrido por carretera hacia Caracas y fue recibida por seguidores en Chivacoa, Yaracuy, y en Morón, Carabobo, según imágenes difundidas por Vente Venezuela y reportes recopilados por CNN en Español. El mensaje «Estoy aquí. Con ustedes» acompañó un regreso que pasó a ser, de inmediato, un reencuentro público con quienes sostienen su liderazgo.
Las imágenes y reportes disponibles documentan recibimientos en Lara, Yaracuy y Carabobo. Vente Venezuela informó además paradas previstas en Guacara y Palo Negro y convocó a sus simpatizantes a Valle-Coche. Esas convocatorias describen la ruta prevista; a la hora de cierre de esta edición no prueban por sí mismas una llegada ni una intervención en Caracas.
Ese recibimiento importa por el momento político en que se produce. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la representación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 participan en un diálogo respaldado por Washington. Machado conserva un liderazgo propio y ha reclamado una fecha electoral, pero no conduce esa mesa. Su presencia dentro del país introduce una capacidad de intervención que no se mide solamente por el acceso a las reuniones.
La calle ofrece una expresión visible de respaldo. No permite contar automáticamente a todo el electorado ni anticipar una elección, pero sí muestra organización, disposición a movilizarse y expectativas dirigidas a una persona concreta. Esas expectativas tendrán que encontrarse con los tiempos y resultados de la negociación.
El siguiente dato sustantivo será el mensaje que Machado dirija al país desde esta nueva posición: qué prioridades fija, cómo se relaciona con el diálogo y qué propone para canalizar el respaldo que la recibe. El regreso es un hecho; sus efectos sobre el proceso se construyen a partir de las decisiones que siguen.
El especial de INCÍSOS «Vuelta a la patria» reúne los antecedentes del retorno, el recibimiento y la escena institucional que rodea su regreso.
Fuentes y documentos
Política
Desde Panamá, la agenda que Machado llevó de vuelta a Venezuela
En sus entrevistas de octubre desde Panamá, María Corina Machado articuló una agenda de elecciones, institucionalidad, seguridad y energía. El regreso ya consumado transforma esas definiciones en un programa que ahora deberá contrastarse con su acción política dentro del país.
Machado concedió desde Panamá entrevistas a medios nacionales e internacionales durante octubre y allí habló de elecciones, transición institucional, seguridad fronteriza y recuperación energética. La conversación más extensa disponible, publicada por el Grupo de Diarios América en El Nacional el 19 de octubre, permite seguir los contornos de esa agenda y distinguir entre lo que propuso y lo que ya tiene forma institucional.
Panamá no apareció solo como escenario de entrevistas. En el diálogo con el GDA, Machado dijo que el país alberga las actas electorales de 2024 y agradeció al presidente José Raúl Mulino, a la Asamblea y a las instituciones panameñas por acoger a la oposición venezolana. Esa referencia sitúa su exposición pública fuera de Venezuela dentro de una disputa política que seguía reclamando presencia y representación en el país.
Entonces presentó el retorno como parte de un esfuerzo para completar el mandato que atribuye a la elección del 28 de julio de 2024. No ofreció una fecha concreta: dijo que las condiciones cambiaban diariamente y que trabajaba para volver junto con los venezolanos. El 25 de octubre, su aparición pública en Barquisimeto convirtió esa promesa en un hecho. La agenda expuesta desde Panamá queda ahora como un conjunto de prioridades que deberá trasladar al terreno político venezolano.
En esas intervenciones, el retorno no se planteaba como un hecho aislado ni como un desenlace suficiente. Machado lo vinculaba con una elección presidencial, instituciones independientes, reglas para la inversión y una redefinición de la seguridad. Reúne compromisos de campaña, exigencias a otros actores y una visión de transición; ninguna de esas piezas es, por ahora, un acuerdo institucional adoptado.
Una fecha electoral como punto de partida
El eje más reiterado de Machado es la convocatoria de elecciones presidenciales. En la entrevista con el GDA sostuvo que “la fecha electoral es la fecha de la liberación” y pidió que se fijara un calendario. También afirmó que no había una fecha concreta acordada en las conversaciones. Las dos ideas importan por igual: la dirigente establece la elección como prioridad, pero el planteamiento no documenta que exista un cronograma definido.
Machado mencionó como propuesta del senador Bernie Moreno el 24 de julio de 2027, aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Esa mención permite registrar que la fecha fue parte de la conversación, no que tenga respaldo institucional o esté incorporada a una negociación. En otra entrevista, el Financial Times —resumido por Reuters el 9 de octubre— reportó que Machado pidió elecciones en 2027 y sostuvo que había tiempo suficiente para prepararlas antes de julio.
La entrevista audiovisual que EL TIEMPO fechó el 18 de octubre también giró en torno a la urgencia de convocar elecciones y a su disposición a ser candidata en un escenario de comicios limpios y libres. La formulación se presenta aquí como parte de la agenda política atribuida a Machado, no como una decisión electoral vigente.
Instituciones, participación y límites de la transición
La agenda de Machado no se limita a un día de votación. Ante el GDA reclamó un Consejo Nacional Electoral constitucional, independiente y sin reparto de cuotas, y un Tribunal Supremo de Justicia con características similares. Propuso además participación ciudadana mediante asambleas en escuelas, fábricas y comunidades, con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para sistematizar propuestas.
Son definiciones programáticas. No equivalen a crear esos organismos, convenir cómo designarlos ni aprobar una ruta de participación. El regreso cambia el lugar desde el que Machado puede defender esas propuestas, pero no resuelve por sí solo la representación institucional, el calendario electoral ni la composición de los organismos.
En materia de justicia, Machado rechazó una amnistía para crímenes de lesa humanidad y sostuvo que no habría “revancha”. La posición fija un límite político frente a la impunidad, sin describir un diseño judicial pactado. Las afirmaciones sobre liberaciones o cambios en la represión requieren documentos y registros independientes para poder evaluarse caso por caso.
Seguridad fronteriza y cooperación internacional
La relación con Estados Unidos y los países vecinos aparece como otro componente de la agenda. En la entrevista con el GDA, Machado planteó que una futura Fuerza Armada venezolana debería servir a la Constitución y coordinarse con Colombia para que la frontera sea un espacio de legalidad y desarrollo. Añadió que militares y policías involucrados en narcotráfico, extorsión o violaciones de derechos humanos deberían salir de las instituciones.
Se trata de una propuesta de reforma y depuración institucional. La cooperación que describe es, por ahora, una orientación política; no hay en las entrevistas un acuerdo de seguridad suscrito con Colombia ni un plan operativo anunciado.
En la conversación con Rachel Campos-Duffy, difundida el 17 de octubre, Machado reafirmó en X su intención de volver a Venezuela para acompañar al pueblo y trabajar por una transición democrática “exitosa e irreversible”. La promesa se cumplió el 25 de octubre con su presencia pública en Barquisimeto. Las metas políticas que la acompañaban —elecciones libres, instituciones independientes y garantías— siguen siendo propuestas por concretar.
Petróleo, inversión y reglas
La dimensión económica de la agenda se concentra en la recuperación de Venezuela como potencia energética y en condiciones para atraer capital. Reuters reportó, al resumir una entrevista del Financial Times, que Machado pidió transparencia en la administración de los ingresos procedentes de ventas petroleras supervisadas por Washington. La agencia reprodujo su planteamiento de que una democracia estable es necesaria para que el proceso sea sostenible.
En materiales secundarios sobre la conversación con Fox News, se atribuye a Machado la promesa de respetar los acuerdos petroleros firmados conforme a la ley y la propuesta de captar inversión estadounidense con mercados abiertos, estabilidad fiscal y arbitraje internacional. Newsroom Panama también reseñó que respetaría contratos que cumplieran la legislación venezolana. Estas expresiones describen una posición de la dirigente; todavía no explican qué autoridad determinaría el cumplimiento de los contratos ni cómo se aplicaría una revisión.
El criterio que atraviesa esas intervenciones es político y jurídico: continuidad para los contratos que, según Machado, se ajusten a la ley venezolana, junto con reglas que den previsibilidad a la inversión. El regreso permite que esa agenda sea defendida desde el país, pero no sustituye las decisiones institucionales que tendrían que convertirla en política pública.
Esta nota se integra al especial Vuelta a la patria desde un ángulo específico: no vuelve a narrar la aparición en Barquisimeto ni a medir el respaldo de calle. Identifica las prioridades que Machado llevó desde Panamá y las preguntas que siguen abiertas ahora que su retorno ya ocurrió.
Qué sigue abierto
- El calendario electoral, la autoridad que lo fijaría y las garantías para unas elecciones libres y competitivas.
- La forma de integración de un CNE y un TSJ independientes, más allá de la propuesta de la dirigente.
- Los mecanismos verificables de cooperación con Colombia, Estados Unidos y otros países en seguridad y transición.
- El alcance de la revisión de contratos petroleros y las reglas que regirían una estrategia de inversión.
- La manera en que Machado articulará esa agenda con su presencia pública, la coordinación opositora y las conversaciones en curso dentro del país.
Fuentes y documentos
- Entrevista de María Corina Machado con el GDA, publicada por El Nacional el 19 de octubre de 2026.
- Entrevista exclusiva de EL TIEMPO con María Corina Machado, 18 de octubre de 2026.
- Publicación de María Corina Machado sobre la entrevista con Rachel Campos-Duffy.
- Reuters: Venezuela’s Machado calls for elections by July, FT reports, 9 de octubre de 2026.
- Newsroom Panama: entrevista y extracto de audio de Machado, 16 de octubre de 2026.
- CNN en Español: cobertura del regreso y de la aparición pública en Barquisimeto.
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