POLÍTICA · EL NUEVO TSJ

En las primeras 48 horas, el Comité de Postulaciones Judiciales recibió 100 candidaturas, 83 de ellas para los 32 puestos de magistrado. El cronograma oficial prevé presentar a los elegidos ante la Asamblea el 11 de diciembre, justo a tiempo para la meta de Washington. Para cumplirlo, comprime los lapsos que dan voz a los ciudadanos y al Poder Ciudadano.

Cien aspirantes en 48 horas. Es el primer balance del Comité de Postulaciones Judiciales, que abrió el miércoles 28 de octubre la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Al cierre del jueves 29, 83 abogados se habían postulado a magistrado, 13 a inspector general de Tribunales y 4 a director de la Escuela de la Magistratura, según el balance que el Parlamento difundió en sus redes. Se disputan 34 cargos: 32 magistrados para las siete salas, un inspector y un director de la Escuela de la Magistratura.

El presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, dijo que el proceso comenzó «con buen pie» y que las solicitudes aumentarán en los próximos días. Para comparar: en el proceso de mayo, que se anuló, se inscribieron 532 aspirantes para 20 vacantes, según la lista que publicó la Asamblea.

El calendario

Lo que sí tiene el proceso es un cronograma. El comité lo aprobó a finales de octubre y prevé presentar a los candidatos seleccionados ante la plenaria de la Asamblea Nacional el 11 de diciembre, según El Diario. Es la fecha que encaja con la hoja de ruta de Washington: un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el comité busca nominar a los 32 magistrados antes de mediados de diciembre, como contamos aquí.

Lo que el calendario comprime

La reforma de septiembre fijó etapas con plazos propios. El cronograma las encaja en seis semanas, y en ese ajuste hay dos lapsos que pierden espacio:

1. Las objeciones ciudadanas. La ley abre 15 días, desde que se publica la lista de aspirantes, para que cualquier ciudadano objete a un candidato con fundamento. El cronograma difundido no dice cuándo se publica la lista ni cuándo corren las objeciones. Si la recepción cierra el 12 de noviembre y las entrevistas terminan el 27, los 15 días de objeciones tendrían que correr al mismo tiempo que las evaluaciones.
2. El Poder Ciudadano. La ley le da un lapso de 10 días continuos para revisar la preselección. El cronograma le asigna tres, del 8 al 10 de diciembre.

Hay además una incongruencia menor que conviene aclarar: la convocatoria dice que la recepción cierra el 11 de noviembre y el cronograma, que el 12. Y siguen abiertas las preguntas que planteamos al arrancar el proceso, como contamos aquí: si las carpetas del proceso anulado de mayo se incorporan sin una nueva postulación, si todos los miembros del comité pueden ver todos los expedientes, como reclamó la comisionada Raquel Sánchez según El Diario, y si habrá un baremo público. Ninguno de los balances difundidos hasta el viernes menciona criterios de evaluación.

Por qué importa la prisa

El nuevo TSJ será el árbitro de todo lo que viene: el nuevo CNE, las impugnaciones electorales, la vacante presidencial que Washington espera que se declare y las inhabilitaciones, incluida la de María Corina Machado. Sus magistrados estarán 12 años en el cargo. Machado pidió el jueves designar el TSJ, el CNE y la fecha electoral al mismo tiempo, como contamos aquí. El calendario del comité muestra que el TSJ va primero y con prisa.

El dato que falta del proceso

Que el proceso tenga fechas es una buena noticia en una transición que casi no las tiene. Pero un tribunal que durará 12 años no puede escogerse en seis semanas a costa de los lapsos que permiten al ciudadano objetar y al Poder Ciudadano revisar. Si el calendario no da para cumplir la ley, lo que se ajusta es el calendario, no la ley. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité publique la lista de aspirantes con sus credenciales, que fije en el cronograma los 15 días de objeciones, que respete los lapsos del Poder Ciudadano y que publique su baremo antes de entrevistar al primer candidato.

Para leer más en INCÍSOS

1. Abren las postulaciones para escoger a los 32 magistrados del TSJ: los cinco pasos.
2. Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos.
3. Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: el TSJ en la hoja de ruta.
4. El Baremo: cómo medir a los aspirantes.

Fuentes principales: Balance del Comité de Postulaciones Judiciales (30 de octubre de 2026), reseñado por El Estímulo, Contrapunto y El Nacional; El Diario, cronograma (24 de octubre); El Diario, irregularidades (28 de octubre); El Diario, proceso anulado (19 de junio); notas de INCÍSOS.

POLÍTICA · PERFIL

La presidenta encargada se presenta como la persona con experiencia para conducir el cambio. Esa experiencia tiene un registro. Fue canciller cuando Venezuela rompió con la OEA, presidió la Constituyente que destituyó a la fiscal y aprobó la ley contra el odio, supervisó el Sebin como vicepresidenta y promovió la ley que permitió entregar empresas del Estado en secreto. El 3 de enero no borra nada de eso.

«Les pido que me midan por los hechos». Delcy Rodríguez lo dijo el jueves 29 de octubre desde Miraflores, en la alocución en la que prometió elecciones sin fecha y se presentó como la persona con la experiencia para conducir el cambio, como contamos aquí. Es una petición razonable. Y obliga a mirar todos los hechos, no solo los de los últimos diez meses.

Delcy Rodríguez no empezó a gobernar el 3 de enero de 2026. Lleva dos décadas en el poder, en cargos que dejaron decisiones con fecha, firma y consecuencias. Este perfil las ordena. No es un juicio penal, porque ningún tribunal la ha condenado, ni una lista de acusaciones sin pruebas. Es el registro público de lo que hizo quien hoy pide confianza para conducir la transición.

La canciller que sacó a Venezuela de la OEA

Fue la primera mujer al frente de la Cancillería, desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. En esos años, Venezuela fue suspendida de Mercosur, en diciembre de 2016, y ella misma anunció, el 26 de abril de 2017, el inicio del proceso para retirar al país de la Organización de los Estados Americanos. Fue en plena ola de protestas de ese año, cuando la OEA se disponía a discutir la crisis venezolana.

En esos mismos años integró la directiva de PDVSA como vicepresidenta de Asuntos Internacionales, entre 2015 y 2017, según Transparencia Venezuela. Esa organización recoge que en 2017 se ordenó a Citgo firmar un contrato de 50 millones de dólares con una consultora vinculada al excongresista estadounidense David Rivera, cuya acusación en EE.UU. menciona una reunión con ella en Nueva York el 2 de abril de ese año. Rodríguez no ha sido acusada en ese caso.

La Constituyente: la fiscal, la ley contra el odio y la elección de 2018

El 4 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo electo sin la participación de la oposición y que se declaró por encima de todos los poderes. En los diez meses que la presidió, la Constituyente tomó estas decisiones, según el registro de sus actos y la Revista SIC:

1. 5 de agosto de 2017: destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que había denunciado la ruptura del orden constitucional, y nombró a Tarek William Saab.
2. 8 de agosto: decretó que todos los poderes públicos quedaban subordinados a la Constituyente.
3. 16 de agosto: instaló una Comisión de la Verdad presidida por ella misma.
4. 6 de noviembre: quitó la inmunidad al diputado opositor Freddy Guevara.
5. 8 de noviembre: aprobó por unanimidad la ley contra el odio, con penas de hasta 20 años de cárcel.
6. 20 de diciembre: obligó a los partidos que no participaron en las municipales a volver a inscribirse y eliminó la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
7. 23 de enero de 2018: ordenó adelantar la elección presidencial para antes del 30 de abril.

Esa última decisión produjo la elección del 20 de mayo de 2018, que buena parte de la comunidad internacional no reconoció y que abrió la crisis de legitimidad de 2019. Y la ley contra el odio es la misma que la presidenta encargada reconoció el 29 de octubre que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. No dijo que la aprobó la Constituyente que ella presidía.

Por su papel en la Constituyente y en la crisis constitucional, Canadá la sancionó en septiembre de 2017; la Unión Europea, Suiza y el Senado de México, en 2018, y EE.UU. la incluyó en su lista de sancionados en septiembre de ese año, según su ficha biográfica.

La vicepresidenta y el Sebin

En junio de 2018 se convirtió en vicepresidenta ejecutiva, el cargo que ocupó hasta enero de 2026. La Vicepresidencia es el órgano rector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según Transparencia Venezuela. En su informe de septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU la incluye entre las figuras clave de la infraestructura de control y señala que, como vicepresidenta, ejercía la supervisión legal del Sebin «conociendo o debiendo conocer» las torturas y violaciones cometidas, sin actuar para prevenirlas ni castigarlas, según el resumen de El Nacional.

Cuatro meses después de su llegada a la Vicepresidencia, el 8 de octubre de 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió bajo custodia del Sebin en su sede de Plaza Venezuela. La versión oficial fue un suicidio. Su familia y el Foro Penal lo rechazan, y ocho años después el caso sigue sin esclarecerse, según El Diario. Durante su vicepresidencia, la misma Misión de la ONU concluyó que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad en la represión que siguió a la elección de julio de 2024, según Efecto Cocuyo.

El director del Sebin en esos años fue Gustavo González López, al frente del servicio de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. La Misión de la ONU concluyó en 2022 que tuvo conocimiento, participó y contribuyó en graves violaciones de derechos humanos. En enero de 2026, ya como presidenta encargada, Delcy Rodríguez lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El informe de la ONU de septiembre lo ubica hoy como ministro de la Defensa.

La ley que permitió entregar empresas en secreto

En octubre de 2020, la Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo a pedido de Maduro. Delcy Rodríguez fue una de sus principales promotoras. «La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información», explicó el 18 de octubre de 2020, cuando anunció que Venezuela recibiría inversiones sin revelar su procedencia. En noviembre la presentó en Moscú como «un salto estratégico» para proteger las inversiones rusas. Según la Voz de América, la ley permitía contratos confidenciales, desaplicar normas vigentes y disponer de activos estratégicos sin control de la Asamblea Nacional.

Con ella nació el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia. Bajo ese esquema, plantas expropiadas como Industrias Diana, Kellogg’s, Kimberly-Clark o Goodyear pasaron a ser operadas por privados mediante acuerdos que no se publicaron, en lo que una investigación de El Nacional llama una «privatización subrepticia». Entre 2020 y 2024, Rodríguez fue además ministra de Economía y Finanzas, y Transparencia Venezuela calcula que controlaba cerca del 40 % del presupuesto de 2024.

La ministra del petróleo

De agosto de 2024 a marzo de 2026 fue ministra de Hidrocarburos, sin dejar la Vicepresidencia. En ese periodo se firmaron Contratos de Participación Productiva con socios privados sin licitación pública ni control legislativo, según Transparencia Venezuela, que advierte que redujeron la participación de PDVSA. Es el mismo modelo de asociación con privados que, ya como presidenta encargada, amplió con la reforma de la Ley de Hidrocarburos de enero de 2026.

Lo que cambió desde el 3 de enero

Desde que asumió la presidencia encargada, Delcy Rodríguez firmó una ley de amnistía, abrió el petróleo al capital privado, excarceló presos políticos, aceptó la hoja de ruta de Washington y prometió elecciones. EE.UU. la sacó de su lista de sancionados el 1 de abril de 2026. Son hechos, y también cuentan.

Pero la Misión de la ONU concluyó en septiembre que el aparato represivo sigue intacto bajo su gestión, sin una ruptura real en los cuerpos de seguridad e inteligencia, según El Nacional. Y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave.

Lo que el cambio no borra

Las transiciones a menudo se negocian con quienes formaron parte del régimen anterior. Venezuela no será la excepción, y Washington ya decidió negociar con ella. Pero negociar con alguien no equivale a absolverlo. Que Delcy Rodríguez sea hoy una pieza necesaria de la transición no la convierte en la reformista que dice ser, ni la exime de responder por lo que hizo antes.

La alocución del 29 de octubre tiene en ese sentido una lógica clara. Admite el abuso de una ley, pero no que la aprobó su Constituyente. Ofrece devolver empresas, pero no explica las que se entregaron en secreto bajo la ley que ella promovió. Pide que la midan por los hechos, pero solo por los que empiezan en 2026.

Lo que debe demostrar el cambio

El cambio se demuestra reconociendo lo hecho, no reescribiendo la biografía. La presidenta encargada puede ser parte de la salida, y también es parte de lo que llevó al país a necesitarla. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que sus hechos se midan completos: que se deroguen la ley contra el odio y la Ley Antibloqueo, que se publiquen los contratos firmados en secreto, que se esclarezca la muerte de Fernando Albán y que los responsables de la represión dejen de mandar.

Para leer más en INCÍSOS

1. Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos y no da fecha: la alocución del 29 de octubre.
2. Delcy Rodríguez admite abusos de la ley del odio y limita detenciones: lo que reconoció y lo que calló.
3. La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.

Fuentes principales: Transparencia Venezuela (enero de 2026); El Nacional, informe de la Misión de la ONU (septiembre de 2026); El Nacional, investigación sobre empresas expropiadas (octubre de 2026); registro de la Constituyente de 2017; Revista SIC; EFE, vía El Día; Voz de América; El Observador; Foro Penal; El Diario; Efecto Cocuyo; El Líbero; El Diario, sanciones; ficha biográfica.

POLÍTICA · MIGRACIÓN

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito rechazó el viernes la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener suspendido el fallo que declaró ilegal el fin del TPS para venezolanos. Según Bloomberg Law, la protección volvería a regir el 6 de noviembre. Es una victoria real, pero frágil: el caso sigue abierto, la Corte Suprema ya cambió las reglas y el Gobierno todavía puede volver a ella.

Después de un año de reveses, una decisión judicial devuelve el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en EE.UU. en lugar de quitárselo. El viernes 30 de octubre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener suspendida la orden que declaró ilegal el fin del programa. Según Bloomberg Law, citado por La Patilla y otros medios, las protecciones contra la deportación volverían a regir el 6 de noviembre.

La noticia es buena para cientos de miles de familias. También es provisional, y conviene entender por qué antes de celebrar o de tomar decisiones.

Lo que decidió el tribunal

La orden lleva la firma de los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone, y está marcada para publicación. Empieza por recordar lo que pasó el 5 de octubre: la Corte Suprema anuló la sentencia anterior del Noveno Circuito en el caso de la Alianza Nacional TPS y le devolvió el expediente para que lo revisara a la luz de Mullin v. Doe. Ese mismo día, dice la orden, el Gobierno pidió suspender la orden del tribunal de distrito mientras se resolvía la apelación, y quería que esa suspensión entrara en vigor «inmediatamente» cuando la Corte Suprema emitiera formalmente su sentencia.

El panel dijo que no. Sin una nueva suspensión, la orden del juez Edward Chen, que en septiembre de 2025 declaró ilegal la decisión de la entonces secretaria Kristi Noem de anular la extensión del TPS y terminar el programa, vuelve a tener efecto. La fecha del 6 de noviembre coincide con los 32 días que, según las reglas de la Corte Suprema, tarda en enviarse su sentencia al tribunal inferior después de una decisión como la del 5 de octubre. Ese día se acaba la suspensión que la Corte Suprema había dictado en octubre de 2025.

Cómo se llegó hasta aquí

El programa ha cambiado de manos tantas veces que muchos venezolanos ya no saben si tienen protección o no. La Alianza Nacional TPS calcula que la orden de Chen, si entra en vigor, restablecería el TPS para unos 600.000 venezolanos, según su comunicado del 16 de octubre. Son los beneficiarios de las designaciones de 2021 y 2023, que el Gobierno dio por terminadas en 2025.

Por qué la victoria es frágil

Hay tres razones para la prudencia. La primera es que el caso no está resuelto. El Noveno Circuito todavía tiene que revisar el fondo a la luz de Mullin v. Doe, la sentencia del 25 de junio en la que la Corte Suprema, por seis votos contra tres, dijo que la ley del TPS impide a los tribunales revisar las demandas no constitucionales contra la designación o la terminación de un país, según el resumen del caso. Ese criterio favorece al Gobierno.

La segunda es que el Gobierno puede volver a pedir la suspensión a la Corte Suprema antes del 6 de noviembre. Ya lo hizo con éxito en 2025. La tercera es el contexto: el jueves 29, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que revierte beneficios migratorios de unos 2,2 millones de personas, incluido el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo, según Moncloa. El Gobierno no está en modo de ceder.

Lo que todavía no se sabe

1. Qué documentos valdrán, y hasta cuándo. La extensión que anuló Noem llegaba hasta el 2 de octubre de 2026, una fecha que ya pasó. Cómo se traduce el fallo en permisos de trabajo vigentes es algo que tendrá que aclarar el USCIS.
2. Si la Corte Suprema volverá a intervenir. Una nueva suspensión dejaría todo como está hoy.
3. Qué pasa con quienes ya perdieron el empleo o fueron deportados. El fallo protege hacia adelante, pero no repara lo que ya ocurrió.

Qué hacer si tienes o tuviste TPS

No tomes decisiones por un titular. Guarda tus documentos, aunque estén vencidos. Espera el aviso oficial del USCIS, que se publica en su página del TPS, antes de presentarte con un permiso a tu empleador. Consulta con un abogado de inmigración o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia, y desconfía de quien te cobre por «tramitar» el regreso del TPS antes de que haya instrucciones oficiales. Los empleadores que revisan formularios I-9 también esperarán esas instrucciones, como explica Latin Times.

La paradoja de Washington

Hay una contradicción que atraviesa este caso. El Gobierno de EE.UU. defiende en los tribunales que Venezuela ya no justifica una protección humanitaria, mientras su Departamento de Estado describe una transición que no tiene todavía fechas, como contamos aquí. La presidenta encargada le pone calendario a la luz y no a la elección, como contamos aquí. Los venezolanos que viven en EE.UU. miran las dos cosas a la vez: si pueden quedarse aquí, y cuándo podrían volver allá.

Criterio INCÍSOS

El fallo del Noveno Circuito es la mejor noticia judicial que han recibido los venezolanos con TPS en más de un año, y merece leerse como tal. Pero no es el final del caso, y vender certezas sería irresponsable. La protección depende de una fecha, de que la Corte Suprema no intervenga antes y de que el USCIS publique cómo se aplica. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que llegue el 6 de noviembre sin una nueva suspensión y que el Gobierno diga, por escrito, qué documentos valen.

Para leer más en INCÍSOS

1. Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: la hoja de ruta del Departamento de Estado.
2. La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.
3. La luz tiene fecha; la elección, no: la apertura del viernes.

Fuentes principales: Orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en National TPS Alliance v. Mullin (30 de octubre de 2026); Bloomberg Law, citado por La Patilla (30 de octubre); La Nación; Latin Times; Alianza Nacional TPS; Mullin v. Doe; Moncloa.