Instrumento de referencia · Documento anexo al especial «Quién juzga» · INCÍSOS

Versión 2 — 27 de agosto de 2026

CLÁUSULA DE NATURALEZA Y NO VINCULATORIEDAD

1. Qué es este documento. Un instrumento modelo: un ejemplo redactado en forma normativa de cómo podrían traducirse a criterios medibles las exigencias que la Constitución establece para acceder a una magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

2. Qué no es. No es un acto de autoridad. No es vinculante para nadie. No emana de ningún órgano del Poder Público ni de ninguna corporación con competencia sobre el proceso de designación. No sustituye el reglamento interno de organización y funcionamiento que el Comité de Postulaciones Judiciales está facultado para dictar, ni pretende condicionarlo.

3. Por qué existe. El artículo 73 de la LOTSJ ya obliga al Comité de Postulaciones Judiciales a aprobar un baremo, por las dos terceras partes de sus integrantes. La ley no dice qué debe contener ese baremo, ni cuándo debe redactarse, ni impone su publicación anticipada. Este documento no propone crear una obligación que no existe: propone un contenido posible para una obligación que ya existe y que hasta ahora no se ha cumplido con publicidad. Se ofrece con articulado concreto para que la discusión pública verse sobre texto y no sobre intenciones.

4. Cómo puede usarse. Libremente. Puede ser adoptado, modificado, fragmentado o desechado por el Comité de Postulaciones Judiciales, por academias, colegios de abogados, universidades u organizaciones que sigan el sistema judicial. Puede servir de base para observaciones al articulado durante la segunda discusión del proyecto de reforma, o como plantilla para que cualquier organización redacte la suya. No se reclama autoría exclusiva sobre ninguna de sus reglas.

5. Qué se pide a quien lo discuta. Que lo discuta como texto: señalando el ítem, el ponderador o el umbral con el que discrepa, y proponiendo el que considere mejor. Un baremo se mejora con contrapropuestas, no con adhesiones.

NOTA DE ESTADO DEL PROCESO — 27 de agosto de 2026

Este instrumento se ajusta al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la LOTSJ aprobado en primera discusión en sesión extraordinaria del 27 de agosto de 2026. Dicho proyecto: (i) modifica el artículo 65, ampliando el Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23 miembros —doce por la sociedad y once por la representación parlamentaria—; (ii) incorpora una disposición transitoria que ordena iniciar, publicada la ley, la designación de la totalidad de la magistratura del TSJ y de sus órganos auxiliares; (iii) mantiene la Comisión Preliminar de once diputados como órgano que convoca, recibe y preselecciona a los doce postulados de la sociedad antes de su designación por la plenaria con las dos terceras partes; (iv) fija en dos años el período de funcionamiento del Comité.

Falta la segunda discusión, sin fecha anunciada. El proyecto no es ley vigente.

Efecto del reinicio. La disposición transitoria ordena iniciar el proceso de designación de la totalidad del tribunal y de sus órganos auxiliares. Las postulaciones consignadas en el proceso abierto en mayo de 2026 no se trasladan: quien aspire deberá postularse nuevamente bajo la convocatoria que se publique al entrar en vigencia la ley. Ello hace materialmente posible cumplir la exigencia de publicidad previa del artículo 3.2 de este instrumento —publicación íntegra del baremo antes de la apertura del lapso de postulaciones y, por tanto, antes de conocerse la identidad de los aspirantes—, condición que en un proceso ya iniciado no puede satisfacerse.

Doble vía de adopción. Las reglas aquí propuestas no requieren necesariamente reforma legal. El artículo 65 faculta al Comité de Postulaciones Judiciales para dictar su reglamento interno de organización y funcionamiento; por esa vía pueden incorporarse los criterios de evaluación, el deber de motivación y el recurso de reconsideración sin que la ley deba ordenarlos.

En consecuencia, este documento incorpora dos piezas: el Título VIII, con un baremo para la preselección de los doce integrantes de la sociedad —materia sin criterios objetivos en el articulado—, y el Título IX, con seis propuestas de redacción para la segunda discusión.

TÍTULO I — FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Artículo 1. Base normativa

El presente baremo se dicta con apego estricto a:

Artículo 2. Referentes doctrinales complementarios

Se emplean como fuente de derecho comparado y estándar técnico, sin pretensión de vinculatoriedad directa:

• Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura (1985).
• Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002): independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia.
• Estatuto del Juez Iberoamericano (2001) y Código Iberoamericano de Ética Judicial (2006).
• Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estabilidad judicial y provisionalidad de jueces (Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, 2008; Reverón Trujillo vs. Venezuela, 2009; Chocrón Chocrón vs. Venezuela, 2011), invocada como doctrina técnica y no como norma directamente aplicable, dada la situación de la República respecto de la Convención Americana.

Artículo 3. Principios rectores del baremo

1. Objetividad medible. Todo punto otorgado debe derivar de un documento verificable incorporado al expediente. Ningún ítem se acredita por notoriedad ni por declaración no soportada.
2. Publicidad previa. El baremo se publica íntegramente antes de la apertura del lapso de postulaciones y no se modifica durante el proceso en curso.
3. Motivación individual. Cada puntaje se acompaña de razonamiento escrito, suscrito por los evaluadores, incorporado al expediente y sujeto a reconsideración.
4. Igualdad de trato. Idéntica rúbrica, idéntico ponderador y idénticas pruebas para todos los aspirantes a una misma Sala.
5. Mérito e independencia por encima de la afinidad. El instrumento se estructura para que un aspirante técnicamente excelente pero políticamente dependiente no pueda alcanzar el umbral, y para que la afinidad política no compense la carencia de mérito.
6. Participación ciudadana efectiva. La objeción ciudadana no es un trámite: tiene efecto puntuable, contradictorio y decisión motivada.
7. Trazabilidad. Expediente digital público de cada aspirante, con protección de datos sensibles conforme al artículo 60 constitucional.

TÍTULO II — FASE I: ELEGIBILIDAD (ELIMINATORIA, NO PUNTUABLE)

Artículo 4. Requisitos concurrentes del artículo 263 CRBV

Son condiciones de admisión. Su incumplimiento produce inadmisión inmediata de la postulación, sin posibilidad de compensación por puntaje.

A. Requisitos comunes a todo aspirante:

1. Ser venezolana o venezolano por nacimiento, sin otra nacionalidad.
2. Ser ciudadana o ciudadano de reconocida honorabilidad.
3. Ser jurista de reconocida competencia y gozar de buena reputación.
4. Estar en pleno goce de derechos civiles y políticos.

B. Requisito alternativo de trayectoria (basta uno de los tres, y debe acreditarse íntegramente):

Artículo 5. Verificación de la nacionalidad exclusiva

El aspirante consignará: partida de nacimiento venezolana, cédula de identidad, y declaración jurada de no poseer otra nacionalidad, acompañada —cuando existan indicios de doble nacionalidad— de constancia de renuncia formal ante la representación diplomática correspondiente, con fecha anterior a la postulación. La falsedad en este punto constituye causal de exclusión y de remisión al Ministerio Público.

Artículo 6. Causales de inelegibilidad absoluta

Queda excluido de plano quien:

1. Haya sido condenado penalmente por sentencia definitivamente firme, cualquiera sea la pena.
2. Se encuentre inhabilitado política o administrativamente por decisión firme.
3. Haya sido destituido del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública o de la Administración Pública por falta grave.
4. Haya sido suspendido o excluido del ejercicio profesional por el tribunal disciplinario del Colegio de Abogados.
5. Esté incurso en mora en la declaración jurada de patrimonio o tenga reparo firme de la Contraloría General de la República.
6. Aparezca en el registro de deudores de obligaciones alimentarias.
7. Tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, integrantes del Poder Ciudadano o magistrados en ejercicio que participen del proceso. (Alternativamente, la inhibición obligatoria del evaluador vinculado, con constancia en acta.)
8. Ostente cargo de dirección nacional, regional o municipal de un partido político, o haya sido candidato a cargo de elección popular, dentro de los cinco (5) años anteriores a la postulación, en aplicación anticipada del artículo 256 constitucional.
9. Sea ministro, viceministro, procurador, jefe de despacho del Ejecutivo o directivo de empresa del Estado al momento de postularse, salvo separación efectiva del cargo con antelación no menor a un (1) año.
10. Haya incurrido en falsedad documental durante el proceso.

Artículo 7. Recaudos obligatorios de admisión

La ausencia de cualquiera de estos recaudos, no subsanada en el lapso legal, produce inadmisión:

1. Planilla de postulación con indicación expresa y única de la Sala a la que aspira.
2. Currículum vitae con soportes foliados y ordenados conforme al orden del baremo.
3. Certificación de antecedentes penales vigente.
4. Constancia de no inhabilitación (Contraloría General de la República).
5. Solvencia con INPREABOGADO y el Colegio de Abogados respectivo.
6. Constancia de no haber sido destituido (DEM / Inspectoría General de Tribunales).
7. Declaración jurada de patrimonio actualizada, con autorización expresa e irrevocable para su verificación y para el levantamiento del secreto bancario ante los órganos competentes.
8. Declaración de intereses: vínculos societarios, clientelas relevantes, litigios en curso, relaciones familiares con funcionarios de los demás poderes.
9. Tres (3) referencias éticas de profesionales del derecho, con datos verificables.
10. Proyecto de gestión judicial (máximo 15 páginas).
11. Compromiso escrito de sometimiento al régimen de incompatibilidades del artículo 256 constitucional.

TÍTULO III — FASE II: BAREMO DE MÉRITO (1.000 PUNTOS)

Artículo 8. Estructura general y umbrales

Artículo 8-A. Estructura modular: tronco común y módulo de Sala

El baremo se aplica en dos componentes, de modo que no exista una evaluación única e indiferenciada para las seis Salas:

Reglas del módulo:

1. Cada aspirante declara una sola Sala al postularse; la declaración es inmodificable.
2. El proyecto de sentencia del ítem F.2 versa sobre un caso de la competencia de la Sala declarada, y se corrige con evaluadores especializados en esa materia.
3. No se admite el traslado de un aspirante a una Sala distinta de la declarada, ni en la preselección ni en las etapas posteriores. Un puntaje obtenido en una competencia no acredita idoneidad en otra.
4. Las listas, los escalafones y las suplencias se producen por Sala, nunca en una lista general.

Origen de esta regla. La incorpora este instrumento a partir del planteamiento formulado por el constitucionalista Ángel Alberto Bellorín el 27 de agosto de 2026: que cada postulante precise el perfil de la Sala pretendida y sea evaluado con baremos diferenciados por Sala, de modo que la postulación no resulte, en sus términos, «una ruleta para la Sala que toque». El antecedente que invoca es verificable: designaciones anteriores llevaron a jueces de competencia penal a la Sala de Casación Civil.

Regla de oro del instrumento: los umbrales de los ejes D, E y F no son compensables. Un aspirante puede tener 1.000 puntos teóricos en los demás ejes y quedar excluido por no alcanzar el umbral de integridad, de independencia o de conocimientos. La excelencia curricular no compra la idoneidad ética.

EJE A — FORMACIÓN ACADÉMICA (150 puntos)

Reglas: los títulos extranjeros requieren apostilla y revalidación o convalidación. No se acumulan cursos de contenido sustancialmente idéntico.

EJE B — TRAYECTORIA PROFESIONAL Y JUDICIAL (250 puntos) · Umbral 150

Reglas:
– La antigüedad se computa por lapsos efectivos y no se solapa: un mismo período no se cuenta dos veces por ejercicio simultáneo.
– El diferencial de B.2 a favor del concurso de oposición es deliberado: materializa el mandato del artículo 255 constitucional y desincentiva la provisionalidad como vía de ascenso.

EJE C — PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y DOCENCIA (100 puntos)

Reglas: la coautoría se pondera al 60 % del valor del ítem. No puntúan publicaciones sin arbitraje, autoediciones sin comité editorial, ni reproducciones de trabajos ya computados.

EJE D — INTEGRIDAD, HONORABILIDAD Y PROBIDAD (150 puntos) · Umbral 120 — NO COMPENSABLE

Reglas de calificación de objeciones (D.3):
– Grave: hechos que, de ser ciertos, comprometan la honorabilidad — corrupción, tráfico de influencias, prevaricación, violaciones de derechos humanos, falsedad documental, violencia de género.
– Leve: faltas de disciplina procesal, retardos, desacuerdos técnicos con criterios jurisprudenciales.
– Toda objeción exige prueba fehaciente, traslado al aspirante, derecho a contradicción y decisión motivada publicada (art. 49 CRBV). No se admite objeción anónima ni fundada exclusivamente en opinión política.

EJE E — INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD (100 puntos) · Umbral 75 — NO COMPENSABLE

Nota técnica: el ítem E.3 es el corazón del baremo. Un tribunal supremo se distingue por la capacidad de sus integrantes de decidir contra la expectativa del poder cuando el Derecho lo impone. Este ítem se evalúa con la misma exigencia probatoria que los demás: se acredita con sentencias, escritos, votos salvados y publicaciones, nunca con adhesiones ni con reputación difusa.

EJE F — EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZA JURISDICCIONAL (150 puntos) · Umbral 90 — NO COMPENSABLE

F.1 — Prueba objetiva escrita (60 puntos). Sesenta (60) ítems de análisis, no de memoria, distribuidos así:

Aplicación anónima por código, corrección automatizada y publicación del baremo de respuestas dentro de las 24 horas siguientes.

F.2 — Resolución de caso y redacción de proyecto de sentencia (70 puntos). Caso real anonimizado y complejo de la competencia de la Sala. Corrección a doble ciego por tres (3) evaluadores; se promedian las dos calificaciones más próximas.

F.3 — Prueba de razonamiento ético (20 puntos). Tres (3) dilemas judiciales de resolución escrita breve: conflicto de interés sobrevenido, presión externa sobre la decisión, y relación con medios de comunicación y redes sociales.

EJE G — ENTREVISTA PÚBLICA Y PROYECTO DE GESTIÓN JUDICIAL (100 puntos) · Umbral 60

Reglas: la entrevista se rige por un guion común de preguntas obligatorias, idéntico para todos los aspirantes a una misma Sala, más preguntas específicas derivadas del expediente. Se transmite en directo y el registro audiovisual queda accesible al público (arts. 62 y 143 CRBV).

TÍTULO IV — REGLAS DE CÁLCULO, ORDENAMIENTO Y PRESELECCIÓN

Artículo 9. Fórmula de puntuación final

PF = A + B + C + D + E + F + G

Condiciones de elegibilidad para la lista de preseleccionados:
    PF ≥ 700
  ∧ D ≥ 120
  ∧ E ≥ 75
  ∧ F ≥ 90
  ∧ B ≥ 150
  ∧ G ≥ 60

Quien no satisfaga simultáneamente todas las condiciones queda fuera de la preselección, cualquiera sea su puntaje global.

Artículo 10. Escala cualitativa de referencia

Artículo 11. Criterios de desempate (orden sucesivo y excluyente)

1. Mayor puntaje en el Eje D (integridad).
2. Mayor puntaje en el Eje E (independencia).
3. Mayor puntaje en el Eje F (conocimientos).
4. Haber ingresado a la carrera judicial por concurso público de oposición.
5. Mayor antigüedad efectiva en la materia de la Sala.
6. Criterio de conformación equilibrada del cuerpo colegiado: cuando persista el empate, el Comité podrá atender a la paridad de género (arts. 21 y 88 CRBV), a la representación de las distintas regiones del país y a la inclusión de personas con discapacidad (art. 81 CRBV), con motivación expresa.

Artículo 12. Listas por Sala y proporción de preselección

1. Cada aspirante compite exclusivamente por una Sala, declarada al postularse e inmodificable.
2. Se elabora una lista por Sala, ordenada de mayor a menor puntaje, con el puntaje desagregado por eje.
3. El artículo 73 de la LOTSJ exige preseleccionar un número no inferior al triple de los cargos. Este instrumento no altera esa proporción legal: la aplica por Sala, de modo que la preselección comprenda no menos de tres aspirantes elegibles por cada vacante. Bajo la disposición transitoria del proyecto —renovación de la totalidad del tribunal—, ello supone un mínimo de 96 preseleccionados para las 32 magistraturas (21 para la Sala Constitucional y 15 por cada una de las cinco Salas restantes), más los correspondientes a la Inspectoría General de Tribunales y a la Escuela Nacional de la Magistratura. Si en una Sala no se alcanza esa proporción, el Comité lo hace constar y declara desierta la diferencia en lugar de rebajar los umbrales.
4. Cada preseleccionado se remite con su expediente completo y el informe motivado de su evaluación.

Artículo 12-A. Escalafón público y orden de suplencia

1. Concluida la evaluación, el Comité publica de forma inmediata el escalafón por Sala, en estricto orden decreciente de puntaje, con el desglose por eje de cada aspirante.
2. El orden del escalafón determina el orden de suplencia: quien siga en la lista de una Sala, tras cubrirse las magistraturas principales, ocupa la suplencia en secuencia ordinal. Cualquier alteración de ese orden requiere motivación escrita publicada.
3. La publicación del escalafón es la condición que hace posible la auditoría social del proceso. Sin ella, las etapas posteriores —Poder Ciudadano y Asamblea Nacional— operan sobre una lista cuya formación no puede contrastarse.
4. El escalafón se publica aunque el número de aspirantes que superan los umbrales sea inferior al triple legal, haciéndose constar la insuficiencia.

Principio de vacante desierta: rebajar el umbral para completar cupos convierte el baremo en formalidad. Es preferible una vacante temporalmente desierta —cubierta por el régimen de suplencias— que una magistratura ocupada por quien no alcanzó el estándar.

TÍTULO V — GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL

Artículo 13. Reglas de evaluación

1. Cada expediente es evaluado por una subcomisión de al menos tres (3) integrantes del Comité, de composición mixta, designados por sorteo público.
2. Los ejes A, B, C y D se califican con soporte documental; los ejes F.1 y F.2 se aplican y corrigen anonimizados.
3. Ningún integrante del Comité evalúa a un aspirante con quien tenga parentesco, sociedad, relación laboral actual o previa, o enemistad manifiesta: inhibición obligatoria, con constancia en acta y sustitución por sorteo.
4. Las discrepancias superiores al 15 % entre evaluadores obligan a tercera evaluación dirimente.

Artículo 14. Publicidad

1. Publicación del baremo, del cronograma y de la convocatoria en al menos tres diarios de circulación nacional y en el portal institucional.
2. Expediente digital público por aspirante: CV, credenciales, proyecto de gestión y puntajes desagregados, con supresión de datos personales sensibles (art. 60 CRBV).
3. Transmisión en vivo y archivo audiovisual permanente de las entrevistas y audiencias de contradictorio.
4. Publicación del acta motivada de cada decisión de exclusión, con expresión de la causal.

Artículo 15. Derecho de defensa del aspirante

1. Lapso de tres (3) días hábiles para solicitar reconsideración de la calificación, contados desde la publicación de resultados.
2. La reconsideración se resuelve por escrito y motivadamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por evaluadores distintos a los que calificaron originalmente.
3. Toda exclusión por causal de honorabilidad exige traslado previo, acceso a la prueba y oportunidad de descargo (art. 49 CRBV).

Artículo 16. Veeduría

Se invita a acreditarse como observadores, con acceso a las sesiones de evaluación y sin voto:

• Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
• Facultades y Escuelas de Derecho de las universidades nacionales, públicas y privadas.
• Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y colegios estadales.
• Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de acceso a la justicia legalmente constituidas.
• Organismos internacionales y misiones técnicas que el Estado admita.

Artículo 17. Conservación

Los expedientes, actas, pruebas y registros audiovisuales se conservan por veinte (20) años y son de libre consulta, salvo los datos protegidos.

TÍTULO VI — CRONOGRAMA REFERENCIAL

Los lapsos se ajustan a los previstos en la LOTSJ vigente cuando esta establezca términos distintos; el cronograma se publica antes del inicio y no se altera sino por causa justificada y motivada.

TÍTULO VII — OBSERVACIONES DOCTRINALES

Este instrumento deja constancia razonada de cuatro puntos técnicos, formulados en términos estrictamente jurídicos:

Primero — Integración del Comité (art. 270 CRBV y art. 65 LOTSJ en reforma). El texto constitucional dispone que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. La doctrina nacional ha discutido durante años si la incorporación de diputados en ejercicio se ajusta a esa fórmula o si la desnaturaliza, dado que el artículo 264 reserva a la Asamblea Nacional la selección definitiva y no la preselección.

La reforma aprobada en primera discusión el 27 de agosto de 2026 altera la aritmética —doce miembros de la sociedad frente a once parlamentarios— pero conserva la Comisión Preliminar de once diputados como órgano que preselecciona a los doce postulados de la sociedad que llegarán a la plenaria, y dispone que esos mismos once pasen luego a integrar el Comité. Desde el punto de vista de la teoría de los procedimientos de designación, un órgano que controla la entrada no requiere mayoría dentro del cuerpo para condicionar su resultado: la composición final describe el reparto de asientos, no el reparto de la capacidad de determinar quiénes ocupan los que corresponden a la sociedad.

Este documento no formula juicio sobre las intenciones de ninguna de las partes del proceso de diálogo. Formula una observación de técnica jurídica: toda potestad de preselección sin criterios reglados, sin deber de motivación y sin recurso es, por definición, una potestad discrecional no controlable. El remedio no es político sino normativo, y es el objeto del Título VIII de este instrumento.

Segundo — Provisionalidad judicial. La ponderación reforzada del ingreso por concurso público de oposición (ítem B.2) responde al mandato del artículo 255 constitucional y a un diagnóstico compartido por la doctrina y por los órganos internacionales de protección: la provisionalidad prolongada de los jueces erosiona la independencia judicial. El baremo no sanciona al juez provisorio —que no eligió su condición— pero sí premia inequívocamente la vía constitucionalmente prescrita.

Tercero — Reelección. Cuando magistrados en ejercicio o salientes concurran como aspirantes, deben someterse íntegramente al mismo baremo, incluidas las pruebas escritas y la entrevista pública, sin abono alguno por el ejercicio previo del cargo más allá de lo que corresponda por los ítems B.1 y B.3. Su historial decisorio se evalúa en el ítem E.3 con la misma rúbrica que el de cualquier otro aspirante.

Cuarto — Período de doce años (art. 264 CRBV). La designación por un único período de doce años impone al Comité un deber de rigor cualificado: el margen de corrección de un error de selección es prácticamente nulo durante más de una década. Esa asimetría entre el costo del rigor y el costo del error justifica cada umbral no compensable de este instrumento.

Quinto — El perímetro de la reforma parcial. En una reforma parcial rige la regla de que lo no modificado permanece vigente. El proyecto aprobado en primera discusión contiene cuatro artículos: modificación del artículo 65, disposición transitoria, vigencia e impresión del texto único. Tres materias quedan intactas, y conviene dejar constancia de que ninguna de ellas es accesoria respecto del fin declarado de fortalecer el Poder Judicial:

1. El número de magistrados y la duración del período. Determinan cuántos cargos se proveen y cuándo vuelve a abrirse el proceso. Un período extenso fija la composición del tribunal más allá de un ciclo político completo.

2. Las causales y el procedimiento de remoción (art. 265 CRBV). La Constitución exige falta grave calificada por el Poder Ciudadano, audiencia previa y mayoría de dos tercios. Si en la práctica un magistrado puede ser separado del cargo por vías distintas de ese procedimiento, la renovación sustituye nombres y conserva la condición que los hace removibles. Un baremo exigente pierde eficacia si quien lo superó puede ser removido sin procedimiento.

3. El régimen de los jueces provisorios y la instancia facultada para designarlos y removerlos. Es el nivel donde se resuelve la práctica totalidad de las causas de un ciudadano común: arrendamiento, materia laboral, proceso penal. La provisionalidad extendida, con designación y remoción discrecionales, es incompatible con el artículo 255 constitucional, que ordena el ingreso por concurso público de oposición. La independencia judicial no se obtiene designando personas distintas: se obtiene haciendo previsible la permanencia de quien decide.

Se recomienda que la segunda discusión incorpore, cuando menos, la materia (3), por ser la de mayor incidencia directa sobre el justiciable.

Sexto — Coherencia con la justicia internacional. Las decisiones de los órganos internacionales de protección cuya ejecución alcanza a Venezuela dependen, en última instancia, del sistema judicial interno. La calidad técnica de esta renovación no es un asunto separado de esa discusión: es su condición de eficacia.

TÍTULO VIII — BAREMO PARA LA PRESELECCIÓN DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD

Justificación. El artículo 65 reformado atribuye a la Comisión Preliminar la potestad de convocar, recibir y preseleccionar a los postulados de la sociedad. El articulado aprobado en primera discusión no fija requisitos verificables que esa Comisión deba aplicar, no impone el deber de motivar por escrito las exclusiones, no prevé recurso para el postulante descartado y no define qué se entiende por «los otros sectores de la sociedad» ni cómo se acredita la representatividad de una organización postulante. Este Título propone colmar esos cuatro vacíos por vía reglamentaria, sin necesidad de reforma legal adicional: el propio Comité está facultado para dictar su reglamento interno de organización y funcionamiento.

Principio de simetría. Si se exige un baremo a quien aspira a juzgar, con mayor razón debe exigirse a quien selecciona a quien juzgará. La legitimidad del Título III depende de que este Título VIII exista.

Artículo 18. Definición operativa de «sectores de la sociedad» (art. 270 CRBV)

A falta de definición legal, se propone un catálogo cerrado con asientos reservados, de modo que la preselección no pueda concentrarse en un solo sector:

Ningún sector puede quedar sin representación por decisión de la Comisión Preliminar. Si un sector no registra postulaciones, se declara desierto el puesto y se hace constar en acta motivada, sin reasignarlo a otro sector.

Artículo 19. Acreditación de la representatividad de la organización postulante

La organización que postule debe consignar, con carácter eliminatorio:

1. Acta constitutiva y estatutos con inscripción registral de al menos tres (3) años de antigüedad.
2. Acta de la asamblea o del órgano directivo que acuerda la postulación, con firmas verificables.
3. Constancia de actividad verificable en el sector durante los últimos tres años: publicaciones, informes, eventos, asistencia técnica, litigio o servicio prestado.
4. Declaración de fuentes de financiamiento del último ejercicio.
5. Declaración de no ser organización constituida, dirigida o financiada mayoritariamente por un partido político o por un órgano del Poder Público.

Artículo 20. Inelegibilidad para integrar el Comité

No puede ser postulado ni designado quien:

1. Sea diputado, funcionario de elección popular o alto funcionario del Poder Público al momento de la postulación.
2. Ostente cargo de dirección en partido político, o lo haya ostentado en los cinco (5) años anteriores.
3. Aspire, en el mismo proceso o en el inmediatamente siguiente, a magistratura del TSJ, a la Inspectoría General de Tribunales o a la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura. (Incompatibilidad estructural: quien evalúa no compite.)
4. Tenga condena penal firme, inhabilitación vigente o sanción disciplinaria gremial firme.
5. Tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con aspirantes a magistratura en el proceso en curso.

Artículo 21. Baremo de preselección (100 puntos) · Umbral mínimo: 70

Desempate: mayor puntaje en el Eje III; luego en el Eje IV; luego sorteo público ante notario, transmitido, entre los empatados.

Artículo 22. Garantías procedimentales de la preselección

Se propone que la Comisión Preliminar se autoimponga, por acuerdo publicado antes de la convocatoria:

1. Publicación del universo completo de postulantes recibidos, no solo de los doce preseleccionados. Sin ese dato es imposible verificar la proporción entre postulados y preseleccionados.
2. Motivación escrita e individual de cada exclusión, con expresión del ítem del baremo no satisfecho.
3. Recurso de reconsideración de tres (3) días hábiles, resuelto motivadamente en cinco (5).
4. Sesiones de deliberación grabadas y actas publicadas.
5. Inhibición obligatoria del miembro de la Comisión que tenga vínculo con un postulante o con su organización.
6. Publicación del baremo antes de la convocatoria, que conforme al artículo 65 se difunde en la página web de la Asamblea Nacional y al menos tres veces en tres diarios de circulación nacional.

TÍTULO IX — PROPUESTAS DE ARTICULADO PARA LA SEGUNDA DISCUSIÓN

Se someten a la consideración de la Asamblea Nacional, de las academias, de los colegios de abogados y de las organizaciones que siguen el sistema judicial, seis propuestas de redacción para la segunda discusión. Se formulan como aportes técnicos susceptibles de ser acogidos o desechados, y ninguna requiere alterar la arquitectura acordada de 12 y 11.

Propuesta 1 — Criterios reglados de preselección. Incorporar al artículo 65 un aparte: «La Comisión Preliminar aplicará un baremo público de criterios objetivos y verificables, aprobado y publicado con anterioridad a la convocatoria, el cual no podrá ser modificado durante el proceso en curso.»

Propuesta 2 — Deber de motivación y recurso. «Toda exclusión de un postulante será motivada por escrito, con expresión del criterio no satisfecho, y notificada al interesado, quien dispondrá de tres días hábiles para solicitar reconsideración. La lista de la totalidad de los postulantes recibidos será publicada junto con la de los preseleccionados.»

Propuesta 3 — Definición de los sectores. «A los efectos del artículo 270 de la Constitución, se entenderá por sectores de la sociedad los enumerados en el reglamento, con asignación de puestos por sector, de modo que ninguno quede sin representación. La representatividad de la organización postulante se acreditará mediante inscripción registral no menor de tres años y constancia de actividad verificable.»

Propuesta 4 — Incompatibilidad estructural. «Quien integre el Comité de Postulaciones Judiciales no podrá postularse a magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, a la Inspectoría General de Tribunales ni a la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura en el proceso en el que participe ni en el inmediatamente siguiente.»

Propuesta 5 — Carrera judicial y provisionalidad. Incorporar un artículo que fije un plazo cierto para la convocatoria de concursos públicos de oposición conforme al artículo 255 constitucional, y que establezca un límite temporal máximo a la designación con carácter provisorio, vencido el cual el cargo debe proveerse por concurso. Es, a juicio de quienes suscriben este instrumento, la modificación de mayor impacto directo sobre el ciudadano que litiga.

Propuesta 6 — Procedimiento de remoción. Desarrollar el artículo 265 constitucional precisando: calificación previa de la falta grave por el Poder Ciudadano, formulación escrita de cargos, acceso al expediente, lapso de descargo, audiencia y votación nominal de las dos terceras partes. Y extender la garantía de procedimiento reglado a la separación de jueces de instancia, cualquiera sea su condición.

ANEXO ÚNICO — PLANILLA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL

COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES
PLANILLA DE EVALUACIÓN — CÓDIGO DE ASPIRANTE: __________
SALA A LA QUE ASPIRA: ______________________  VÍA DEL ART. 263: [ ] B.1  [ ] B.2  [ ] B.3

FASE I — ELEGIBILIDAD                                    [ ] ADMITIDO   [ ] INADMITIDO
Causal de inadmisión (si aplica): ______________________________________________

FASE II — BAREMO
  EJE A  Formación académica ...................... ______ / 150
  EJE B  Trayectoria profesional y judicial ....... ______ / 250   (mín. 150)
  EJE C  Producción intelectual y docencia ........ ______ / 100
  EJE D  Integridad y probidad .................... ______ / 150   (mín. 120)
  EJE E  Independencia e imparcialidad ............ ______ / 100   (mín.  75)
  EJE F  Conocimientos y destreza jurisdiccional .. ______ / 150   (mín.  90)
  EJE G  Entrevista y proyecto de gestión ......... ______ / 100   (mín.  60)
                                                    ----------------
  PUNTAJE FINAL (PF) ............................. ______ / 1.000  (mín. 700)

CUMPLIMIENTO DE UMBRALES NO COMPENSABLES:  [ ] SÍ   [ ] NO
RESULTADO:  [ ] PRESELECCIONABLE   [ ] NO PRESELECCIONABLE
POSICIÓN EN LA LISTA DE LA SALA: ______

MOTIVACIÓN (obligatoria, no menor de 300 palabras):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

EVALUADORES:
  1. ____________________  Firma: __________   2. ____________________  Firma: __________
  3. ____________________  Firma: __________

Tercera evaluación dirimente:  [ ] NO APLICA   [ ] APLICADA — Motivo: ________________
Fecha: ____/____/______

Instrumento modelo de libre uso, publicado como anexo documental del especial «Quién juzga» de INCÍSOS. Su elaboración responde al derecho de participación ciudadana previsto en los artículos 62, 70, 143 y 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es vinculante y no emana de órgano alguno del Poder Público.

Versión 2 — 27 de agosto de 2026. Ajustada al proyecto de reforma parcial de la LOTSJ aprobado en primera discusión en esa misma fecha. Los Títulos VIII y IX están concebidos para ser consignados durante el intervalo entre la primera y la segunda discusión, que es el único momento del procedimiento legislativo en el que una observación sobre articulado concreto puede ser acogida.

Fuentes consultadas para la actualización: Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y su exposición de motivos; reportes de la sesión extraordinaria del 27 de agosto de 2026; Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.025 del 22 de mayo de 2026; especial «Quién juzga» y notas del 27 de agosto de 2026 de INCÍSOS.