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Especiales

Verificable: corte al 29 de agosto de 2026

El registro actualiza una verificación, suma seis puntos y documenta una contradicción que exige matizar la lectura inicial sobre la renovación del TSJ.

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Sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional para la actualización del registro Verificable al 29 de agosto de 2026.

Diecisiete días después del cierre del primer ciclo, el registro incorpora movimiento en una de las seis verificaciones programadas, tres puntos nuevos de Nivel 2, tres de Nivel 3 y una contradicción documentada que obliga a matizar una anotación anterior de este especial.


Verificación 1 · Reforma de la Ley Orgánica del TSJ

Estatus anterior: sin movimiento.
Estatus al 29 de agosto de 2026: en curso.

La Asamblea Nacional aprobó el 27 de agosto de 2026, por unanimidad y en sesión extraordinaria, el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en primera discusión. Lo presentó ante la plenaria el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien vinculó explícitamente la iniciativa al acuerdo firmado el 12 de agosto de 2026. El proyecto pasó a la Comisión de Política Interior para la elaboración del informe correspondiente.

Contenido de la reforma. La modificación recae sobre el artículo 65 de la ley, que regula la estructura del Comité de Postulaciones Judiciales. El comité pasa de 21 a 23 integrantes. Los diputados se mantienen en 11; los representantes de la sociedad civil suben de 10 a 12. El efecto es que la instancia encargada de iniciar la selección de los 32 magistrados deja de tener mayoría parlamentaria, por un asiento.

Qué falta para que la verificación pase a cumplida. Segunda discusión, previo informe de la Comisión de Política Interior. Control de constitucionalidad, exigible por tratarse de una ley orgánica, según precisó el abogado Juan Pablo Montiel el 28 de agosto de 2026. Promulgación. Publicación en Gaceta Oficial.

Nota sobre el cronograma. El texto firmado el 12 de agosto de 2026 establece que el cronograma de ejecución comenzaría en agosto con anuncios oficiales y acciones concretas. La primera discusión del 27 de agosto satisface esa formulación, con cuatro días de margen sobre el cierre del mes. Es el único plazo autoimpuesto que el proceso ha atendido hasta la fecha de este corte.


Verificación 2 · Renovación del Comité de Postulaciones Judiciales

Estatus: sin movimiento, en secuencia correcta.

El documento firmado establece que la renovación del comité ocurre después de la reforma legal. Como la reforma no está sancionada, la ausencia de movimiento en este punto no constituye retraso.


Verificaciones 3, 4 y 5 · Oro, trazabilidad y cronograma público

Estatus: sin movimiento registrado.

No consta formalización jurídica del compromiso sobre las 31 toneladas de oro ante el Tribunal Superior de Londres, ni instrumento presentable por ambas delegaciones. No consta diseño técnico de los mecanismos de trazabilidad. No consta publicación de un cronograma público detallado con fechas específicas por compromiso.

Al 29 de agosto de 2026, el documento firmado sigue sin contener fechas más precisas que «agosto». Esa sigue siendo la observación crítica más consistente sobre el acuerdo.


Verificación 6 · Temas no incluidos en el texto firmado

Presos políticos. El texto firmado el 12 de agosto de 2026 no los incluye. Ese mismo día se reportó la conformación de una mesa técnica sobre la materia, con participación de familiares, tras la entrega del listado completo por parte de la organización que lo documenta. La cifra registrada es de 382 casos.

Por separado, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, ofreció el 27 de agosto de 2026 cifras oficiales sobre la Ley de Amnistía: más de 15.037 solicitudes, 314 libertades otorgadas y 8.429 libertades absolutas. Estas cifras provienen del Parlamento, no coinciden con la contabilidad de las organizaciones de derechos humanos y no han sido verificadas de forma independiente por este especial.

Retorno de exiliados, crisis eléctrica estructural y cronograma electoral. Sin movimiento en el texto firmado.


Nivel 2 · Puntos incorporados

2.a · Segundo ciclo a partir del 15 de septiembre de 2026. Anunciado por Dinorah Figuera el 28 de agosto de 2026 desde Madrid, en videoconferencia. Su equipo de prensa precisó que se trata de una fecha tentativa. Verificación: instalación efectiva de la segunda mesa en esa fecha o notificación pública del cambio.

2.b · Agenda declarada del segundo ciclo. Garantías políticas, garantías civiles y libertad de expresión, según la misma declaración del 28 de agosto de 2026. El 19 de agosto de 2026 Figuera había añadido la recuperación de las tarjetas partidistas y el levantamiento de inhabilitaciones. Verificación: incorporación de esos puntos al acta o comunicado del segundo ciclo.

2.c · Valoración de la jefa negociadora opositora. Figuera calificó el acuerdo de renovación de todos los magistrados como un éxito de su delegación y afirmó que la nueva reforma de la Ley Orgánica del TSJ abre un abanico de posibilidades legislativas. Declaración del 28 de agosto de 2026. Se registra como posición, no como hecho verificable.


Nivel 3 · Exigencias externas incorporadas

3.a · Renovación del CNE en octubre de 2026. Catorce organizaciones no gubernamentales lo solicitaron el 19 de agosto de 2026 en comunicado conjunto. Sostienen que los procedimientos vigentes permiten completar la designación en un plazo cercano a dos meses y que no existen razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen dilatarla hasta diciembre. Su formulación textual: si existe voluntad política, octubre es una fecha posible.

3.b · Prioridad de la materia electoral. El grupo Unión y Cambio, que no tiene representación en la mesa, exigió que el tema electoral sea el primer punto de discusión del siguiente ciclo y que se acuerde un cambio radical del Consejo Nacional Electoral. Declaración del diputado Tomás Guanipa a EFE, 13 de agosto de 2026.

3.c · Ausencia de cuotas partidistas en el TSJ. El dirigente Richard Blanco planteó el 19 de agosto de 2026, en Cumaná, que la designación de magistrados debe evitar cuotas de partido.


Anotación que este especial corrige

En el corte del 12 de agosto de 2026 este registro consignó que era la primera vez en la historia reciente que una delegación gubernamental firmaba un compromiso escrito de renovación completa del tribunal máximo. Esa anotación requiere una precisión.

El 27 de agosto de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que el proceso de reforma del sistema judicial se había iniciado antes de la mesa de diálogo. Pedro Infante lo enmarcó en un plan de reestructuración impulsado por el Ejecutivo desde enero de 2026, señaló que las previas de selección comenzaron en abril de 2026 cuando el número de magistrados se elevó de 20 a 32, y que el proceso quedó interrumpido por el doble terremoto del 24 de junio de 2026.

Si esa cronología es exacta, lo que el acuerdo del 12 de agosto incorporó no fue la renovación del TSJ, que ya estaba en marcha, sino la composición del comité que la conduce. La firma sigue siendo un hecho documentado. Lo que se matiza es su carácter inaugural, y quien lo matiza es la propia delegación que la suscribió.

Este especial registra ambas versiones y no resuelve la contradicción. La resolverá el expediente: si el proceso venía andando desde abril, debe existir registro público de las actuaciones del Comité de Postulaciones Judiciales entre abril y junio de 2026.

Actualización · 18 de septiembre de 2026. El expediente existe. La Asamblea Nacional juramentó el 19 de mayo de 2026 un Comité de Postulaciones Judiciales de 21 miembros. La contradicción que este corte dejó abierta queda resuelta en el corte del 18 de septiembre. Leer el corte →


Estado del registro

Un punto pasa de «sin movimiento» a «en curso». Se incorporan seis puntos nuevos, tres de Nivel 2 y tres de Nivel 3. El conteo general queda pendiente de recuento editorial sobre el listado completo.

Próximo corte: al cierre del segundo ciclo de conversaciones.

Especiales

Herederos cierra con 31 hispanos que cambiaron algo en EE. UU.

Herederos no fue una lista de éxitos. Fue un archivo de lo que costó cada uno.

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Bad Bunny evitó Estados Unidos y después cantó en el Super Bowl

ESPECIAL · HERENCIA HISPANA

El Mes de la Herencia Hispana terminó el 15 de octubre, y con él la serie diaria de INCÍSOS. Una jueza que aprendió a inyectarse a los siete años, una astronauta, un neurocirujano que fue jornalero, un director de orquesta de Barquisimeto, un cantante que esquivó Estados Unidos hasta el Super Bowl. Lo que dicen juntas 31 vidas.

Las 6W · INCÍSOS

QuéCierre de Herederos, el especial de INCÍSOS para el Mes de la Herencia Hispana: 31 semblanzas diarias y piezas de contexto.
QuiénTreinta y un hispanos de la ciencia, la justicia, el trabajo, la empresa y la cultura de Estados Unidos.
CuándoDel 15 de septiembre al 15 de octubre de 2026.
DóndeEn incisos.com/herederos.
Por quéPara preguntar qué se celebra cuando Estados Unidos habla de herencia hispana, quién define esa categoría y qué dicen los documentos de una comunidad de 70,1 millones de personas.
CómoUna semblanza por día, cada una construida sobre un hecho verificable.

Durante 31 días, INCÍSOS publicó una semblanza diaria de un hispano que cambió algo en Estados Unidos. La serie arrancó el 15 de septiembre con Sonia Sotomayor, la jueza de la Corte Suprema que aprendió a inyectarse insulina a los siete años, y cerró el 15 de octubre con Bad Bunny, que esquivó durante años las giras por Estados Unidos y terminó cantando en el Super Bowl.

Las rutas

  1. Ciencia y salud: Ellen Ochoa, a quien le dijeron que las mujeres no estudiaban ingeniería y llegó al espacio; Alfredo Quiñones-Hinojosa, de jornalero a jefe de neurocirugía en la Clínica Mayo; Antonia Novello, que esperó once años una operación y luego eligió la medicina; Adriana Ocampo, que entró a la NASA a los 17 años; Rafael Yuste, que propuso leer el cerebro y luego defendió protegerlo; Pedro José Greer, que empezó atendiendo pacientes bajo los puentes de Miami, y France Córdova, que dirigió la Fundación Nacional de Ciencias.
  2. Justicia y trabajo: Sonia Sotomayor; Dolores Huerta, que a los 95 años sigue hablando en público; Baldemar Velásquez, que organizó su primera huelga a los 12, y Cristina Jiménez, cofundadora de United We Dream, la mayor organización juvenil de inmigrantes del país.
  3. Empresa: Luis von Ahn, que quería un Nintendo y recibió una computadora; Nina Vaca, que fundó con US$300 la empresa que hoy dirige; Geisha Williams, que se propuso no ser la última; Jorge Pérez, que le dijo a un presidente que un muro era una tontería, y Carolina Herrera, que convirtió su nombre en una institución.
  4. Cultura y voz pública: Sandra Cisneros, cuyo libro está prohibido en escuelas que a la vez lo exigen; María Hinojosa, la primera latina contratada por NPR; José Andrés, que llegó con US$50 y hoy cocina en zonas de desastre; Maricel Presilla; Gustavo Dudamel, de una orquesta infantil de Barquisimeto a la Filarmónica de Nueva York; Lin-Manuel Miranda, y Bad Bunny.

Lo que dicen juntas

Casi ninguna de estas historias empieza con una puerta abierta. Empiezan con un no: a una niña que quería ser ingeniera, a un jornalero que quería operar cerebros, a una latina en una redacción de radio pública. Herederos no fue una lista de éxitos. Fue un archivo de lo que costó cada uno.

La serie completa, con las 31 semblanzas, las piezas de contexto y las rutas temáticas, queda en incisos.com/herederos.


Fuentes principales: Especial Herederos de INCÍSOS (15 de septiembre al 15 de octubre de 2026); Oficina del Censo de EE. UU.

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Especiales

El cartel que Washington declaró terrorista y su fiscalía rebajó

Las condenas y confesiones alcanzan a dos generales, a guardias de aeropuerto y a un narcotraficante británico. A la cúpula, todavía no.

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Imagen conceptual sobre acusaciones, designaciones y narcotráfico venezolano

ESPECIALES · EN VOZ ALTA · ENTREGA 3 · EL NARCOESTADO

En noviembre de 2025, el Departamento de Estado declaró terrorista al Cartel de los Soles con Maduro a la cabeza; seis semanas después, su acusación penal lo describió como un sistema de patronazgo. Las condenas y confesiones alcanzan a dos generales, a guardias de aeropuerto y a un narcotraficante británico. A la cúpula, todavía no.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEntrega 3 del especial En voz alta: cinco fichas sobre el narcoestado, que responden las preguntas 27 a 31 de Vladimir Petit.
QuiénAltos mandos y exfuncionarios acusados, condenados o sancionados en EE.UU., Francia y Venezuela; los tribunales y agencias que los procesaron.
CuándoHechos entre 1993 y 2026; documentos consultados hasta el 7 de octubre de 2026.
DóndeNueva York, Washington, París, Caracas y Madrid.
Por quéEl juicio contra Maduro en Nueva York pondrá a prueba lo que hasta ahora sostienen acusaciones y designaciones.
CómoCon las acusaciones de 2020 y 2026, las condenas de Alcalá y de Dawes, la declaración de culpabilidad de Carvajal, las designaciones del Tesoro y del Departamento de Estado, el memorando de inteligencia de 2025 y los registros del canje de 2022.

Las cinco preguntas de Vladimir Petit sobre el narcoestado buscan jefes: quién diseñó la red dentro de la Fuerza Armada, quién manda en el Cartel de los Soles y en el Tren de Aragua, quién envió la cocaína del vuelo de Air France, a quién financiaba Hugo Carvajal y quién liberó a los sobrinos de Cilia Flores. Los documentos responden con nitidez quién está abajo. Arriba, por ahora, solo hay acusaciones y designaciones.

Contexto: dos generales, un británico y una acusación

Las condenas. El general retirado Clíver Alcalá fue condenado en Nueva York el 8 de abril de 2024 a 260 meses de prisión por dar apoyo material a las FARC, no por dirigir un cartel. Carvajal, exjefe de la inteligencia militar, se declaró culpable el 25 de junio de 2025 de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos de armas; su sentencia está suspendida sin fecha desde abril de 2026 y no se ha publicado ningún acuerdo de cooperación. En el caso de Air France, la justicia francesa condenó en diciembre de 2018 al británico Robert Dawes a 22 años como jefe de la red, y la apelación lo confirmó en julio de 2020. En Venezuela, un tribunal condenó en agosto de 2016 a guardias nacionales de bajo rango y a empleados del aeropuerto; ningún alto mando fue acusado.

La acusación. Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y otros tres acusados enfrentan en el Distrito Sur de Nueva York la acusación revelada el 3 de enero de 2026. La defensa pidió desestimarla por inmunidad de jefe de Estado; los alegatos se oirán el 17 de noviembre de 2026 y el juicio está fijado para el 1 de junio de 2027. Hasta entonces, nada de lo que imputa ha sido probado ante un jurado.

Las designaciones. El Departamento de Estado declaró al Tren de Aragua organización terrorista en febrero de 2025 y al Cartel de los Soles en noviembre de 2025, con Maduro a la cabeza. Son actos administrativos, no decisiones judiciales.

Análisis: la categoría que no llegó al expediente

La distancia entre la política exterior y el juzgado es el hallazgo de esta entrega. Seis semanas después de que el Departamento de Estado declarara terrorista al Cartel de los Soles, la acusación penal contra Maduro dejó de describirlo como una organización y lo presentó como un sistema de patronazgo en la cúpula, según el análisis de The New York Times: las menciones pasaron de 32 en 2020 a 2. Algo parecido ocurrió con el Tren de Aragua. La proclamación presidencial de marzo de 2025 afirmó que actuaba bajo la dirección del régimen, pero un memorando del Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU., de abril de 2025 y desclasificado después, concluyó que el gobierno de Maduro probablemente no tenía una política de cooperación con esa banda.

Eso no hace inocente a nadie. Significa que la pregunta de Petit sobre el «verdadero jefe» tendrá la respuesta que pueda sostener la fiscalía en 2027, no la que dan las designaciones. Mientras tanto, la única admisión judicial de un alto mando dentro de esa estructura es la de Carvajal, que en España acusó en 2021 a dirigentes de la izquierda de varios países de recibir dinero del chavismo sin que su testimonio sostuviera una sola causa: la Audiencia Nacional archivó en 2022 la investigación sobre Podemos. Ninguno de sus escritos conocidos nombra a opositores venezolanos.

El método obliga también a corregir dos premisas. Que «demócratas estadounidenses» impulsaron la liberación de los sobrinos de Cilia Flores no consta: el canje del 1 de octubre de 2022 fue una clemencia del presidente Joe Biden, negociada por funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, y los legisladores que más presionaron por los siete estadounidenses liberados eran republicanos. El 11 de diciembre de 2025, el Tesoro volvió a sancionar a los dos sobrinos, a los que acusa de seguir traficando.

Con esta entrega, el semáforo del especial En voz alta suma cuatro fichas parcialmente documentadas y una abierta, la de Carvajal y la oposición.

Criterio: tres pruebas en Nueva York

  1. El 17 de noviembre. Si el juez Alvin Hellerstein rechaza la inmunidad de Maduro y el caso llega a juicio, o si la discusión se queda en el estatus del acusado y no en las pruebas.
  2. La sentencia de Carvajal. Si se fija, y si se publica un acuerdo de cooperación que diga qué aportó. Sin documentos, su testimonio contra la cúpula valdrá lo que valió en Madrid.
  3. Cabello. Acusado en la misma causa que Maduro, sigue en el gobierno como ministro del Interior de la presidenta encargada, con una recompensa de 25 millones de dólares que el Departamento de Estado confirmó vigente en septiembre de 2026. La prueba es si la cooperación de Washington con Caracas cambia algo de eso.

Esta entrega sigue a El saqueo. La próxima, El voto secuestrado, cubre las preguntas 12 a 15.


Fuentes principales: Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, comunicados del 8 de abril de 2024 y del 25 de junio de 2025; Departamento de Justicia, acusación del 26 de marzo de 2020; acusación sustitutiva revelada el 3 de enero de 2026, según CBS News y Reuters; The New York Times, enero de 2026, citado por The New Republic; JURIST, 3 de septiembre de 2026; Departamento de Estado y Departamento del Tesoro, designaciones de 2025; Proclamación 10903, Federal Register, 20 de marzo de 2025; AP, 6 de mayo de 2025 (memorando del Consejo Nacional de Inteligencia); Cour d’assises spéciale de París, veredicto del 21 de diciembre de 2018; AFP, 11 de julio de 2020; InSight Crime, 2014 y 2016; Audiencia Nacional de España, según Vozpópuli, 27 de junio de 2022; Casa Blanca, rueda de prensa del 1 de octubre de 2022; Tesoro, 11 de diciembre de 2025.

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Especiales

Venezuela no sabe cuánto le robaron, cuánto le deben ni cuánto debe

Once preguntas sobre el dinero y ninguna cifra fijada por un tribunal venezolano. Las condenas llegaron de Miami y Buenos Aires; los números, de reguladores extranjeros y filtraciones.

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Imagen conceptual de las cifras del saqueo venezolano y la deuda sin sentencia

ESPECIALES · EN VOZ ALTA · ENTREGA 2 · EL SAQUEO

Once preguntas sobre el dinero y ninguna cifra fijada por un tribunal venezolano. Las condenas llegaron de Miami y Buenos Aires; los números, de reguladores extranjeros y filtraciones. Y mientras la cifra del mayor caso de corrupción se encoge sin sentencia, la estimación de la deuda pasó de 170.000 a 240.000 millones con una filtración.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEntrega 2 del especial En voz alta: once fichas sobre el saqueo, que responden las preguntas 16 a 26 de Vladimir Petit.
QuiénFuncionarios, contratistas y empresas señalados en sentencias, acusaciones, sanciones o investigaciones, y los tribunales, fiscalías y reguladores que los examinaron.
CuándoHechos entre 2000 y 2026; documentos consultados hasta el 7 de octubre de 2026.
DóndeCaracas, Miami, Nueva York, Buenos Aires, Brasilia, Barranquilla, Madrid, Zúrich y Washington.
Por quéSon las preguntas sobre el dinero: de su respuesta depende cuánto puede reclamar el país y a quién.
CómoCon las sentencias de EE.UU. y Argentina, el acuerdo de Odebrecht con la justicia estadounidense, sanciones del Tesoro, causas abiertas en Caracas, Madrid y Zúrich y los registros de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Las once preguntas de Vladimir Petit sobre el dinero son las más concretas de su lista: piden nombres, destinatarios y montos. Ninguna tiene, a octubre de 2026, una cifra fijada por un tribunal venezolano. Las respuestas que existen las dieron un jurado de Miami, la Corte Suprema argentina, un acuerdo judicial en Nueva York y un regulador colombiano.

Contexto: lo que juzgaron otros, lo que nadie juzgó

Juzgado fuera. En el caso del maletín de Guido Antonini Wilson, retenido en Buenos Aires en agosto de 2007 con unos 790.000 dólares, un jurado de Miami declaró culpable en noviembre de 2008 a Franklin Durán de actuar como agente no registrado de Venezuela. La fiscalía estadounidense sostuvo que el dinero salió de PDVSA y estaba destinado a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, que no fue juzgada en esa causa. En Argentina, la condena del exfuncionario Claudio Uberti por contrabando quedó firme el 10 de febrero de 2026. En el caso Odebrecht, la empresa reconoció ante la justicia de EE.UU., en diciembre de 2016, sobornos por unos 98 millones de dólares en Venezuela entre 2006 y 2015, sin nombrar a los receptores venezolanos.

Sin juzgar. El contrato del tramo ferroviario Tinaco-Anaco con China Railway Engineering, firmado el 30 de julio de 2009 por 7.500 millones de dólares, recibió unos 2.740 millones según la reconstrucción de Armando.info, con un avance cercano a un tercio antes de quedar abandonado hacia 2015. No consta ninguna investigación judicial. En Monómeros no hay una cifra auditada de lo perdido por corrupción; lo que hay son pérdidas registradas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en la etapa de Nicolás Maduro y en la del interinato, y un acuerdo de reorganización aprobado en julio de 2026.

En juicio. El exministro Tareck El Aissami, detenido en abril de 2024 por el caso PDVSA-Cripto, es juzgado desde el 20 de abril de 2026 en un proceso con 64 acusados. Diosdado Cabello está acusado en Nueva York y sancionado por el Tesoro de EE.UU., que en 2018 bloqueó 14 inmuebles en Florida y Nueva York ligados a quien describe como su testaferro. Ninguno ha sido condenado.

Sin documento. No hay una declaración jurada pública sobre el patrimonio de Tarek William Saab, ni un documento sobre el contenido o el destino del equipaje del avión de Delcy Rodríguez en Barajas, en enero de 2020, ni un saldo oficial de la deuda de Cuba con Venezuela.

Análisis: las cifras se mueven sin sentencia

El patrón no es la falta de información, sino de dónde viene. Los números del saqueo que resisten verificación salieron de expedientes extranjeros. Dentro de Venezuela, el único gran caso abierto tiene una cifra que cambia de tamaño: el fiscal Saab habló en abril de 2024 de unos 21.000 millones de dólares perdidos en PDVSA-Cripto, y en junio de 2026 la AFP citó un daño oficial de 5.550 millones. Ningún juez fijó ninguna de las dos. Y Saab, que puso esa cifra, dejó la Fiscalía el 25 de febrero de 2026.

El contraste con Odebrecht es más elocuente. La empresa admitió ante la justicia de EE.UU. haber pagado sobornos en Venezuela; otros países de la región juzgaron por el mismo caso a expresidentes y ministros. En Venezuela no hay un solo condenado, y en septiembre de 2017 el entonces fiscal Saab descartó investigar a Maduro y a Cabello.

2026 agregó dos cuentas nuevas a la misma lógica. La primera es la deuda: el gobierno encargado anunció el 13 de mayo una reestructuración sin publicar su monto, las estimaciones privadas rondaban los 170.000 millones de dólares y el Financial Times adelantó en junio que la cifra que se presentaría a los acreedores es de 240.000 millones. Hasta ahora, lo único que lo ha habilitado es una licencia del Tesoro de EE.UU. que permite contratar asesores, pero no negociar; no hay una ley de la Asamblea Nacional, que es lo que el artículo 312 de la Constitución exige para el crédito público. La segunda es la emergencia eléctrica: Alejandro Betancourt, cofundador de Derwick Associates, la empresa que obtuvo sin licitación contratos de plantas termoeléctricas por más de 5.000 millones de dólares entre 2009 y 2011, es accionista mayoritario de la empresa privada del acuerdo petrolero que la Casa Blanca anunció el 31 de agosto, según el ICIJ. Betancourt nunca ha sido acusado; la Audiencia Nacional de España reabrió en junio la causa que lo investiga, y Derwick niega irregularidades.

Con esta entrega, el semáforo del especial En voz alta estrena una categoría: cuatro fichas quedan abiertas. Abierta no significa falsa. Significa que, a octubre de 2026, ningún documento permite responder la pregunta tal como está formulada.

Criterio: tres pruebas para el dinero

  1. El monto oficial de la deuda. Si el gobierno encargado publica el perímetro de lo que debe y si la Asamblea Nacional aprueba una ley para la reestructuración, o si todo el proceso queda en manos de licencias del Tesoro.
  2. La sentencia de PDVSA-Cripto. Si el tribunal fija una cifra, un destino del dinero y un inventario de bienes recuperados, o si el caso se cierra como se abrió: con números de una conferencia de prensa.
  3. La causa de Madrid. Si la Audiencia Nacional avanza en la investigación sobre los contratos de Derwick mientras uno de sus fundadores es socio del acuerdo petrolero con Washington.

Esta entrega sigue a la segunda parte de La sangre. La próxima, El narcoestado, cubre las preguntas 27 a 31.


Fuentes principales: Departamento de Justicia de EE.UU., comunicados del 3 de noviembre de 2008 y del 21 de diciembre de 2016; Corte Suprema de Justicia de Argentina, fallo del 10 de febrero de 2026, según La Gaceta y La Capital; Armando.info, CLIP y Diálogo Chino, 3 de marzo de 2021; Superintendencia de Sociedades de Colombia, julio de 2026; La República; El Tiempo; Departamento del Tesoro de EE.UU., comunicados del 13 de febrero de 2017 y del 18 de mayo de 2018; AFP, junio de 2026; Bloomberg Línea, 9 de abril de 2024; Tribunal Supremo de España, auto del 26 de noviembre de 2020; República Bolivariana de Venezuela, comunicado del 13 de mayo de 2026; OFAC, Licencia General 58; Financial Times, 24 de junio de 2026; Casa Blanca, 31 de agosto de 2026; ICIJ, 3 de septiembre de 2026; OCCRP y El Pitazo, 2019.

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