EN PANTALLA · COLOMBIA

María Claudia Tarazona dijo que el expresidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro dieron la orden a la Segunda Marquetalia de matar a su esposo, y entregó a la Fiscalía un correo y chats que, según ella, apuntan al Congreso. Lo que está probado, lo que se afirma y lo que la Fiscalía tiene que verificar.

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«Claramente, entre el presidente de Colombia y el dictador Maduro dieron la orden a la Segunda Marquetalia», dijo María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en una entrevista citada por El Nacional. «Si me preguntan a mí, Petro estuvo detrás de la muerte de Miguel», añadió, aunque reconoció que todavía falta el soporte probatorio.

La acusación se analizó en INCÍSOS en El Canal de Nitu, el programa del jueves 15 de octubre de 2026. Nitu Pérez Osuna y el editor de INCÍSOS coincidieron en su gravedad: si se probara que fue un crimen de Estado, quedaría expuesta una alianza criminal entre dos gobiernos.

Lo que ya está probado

Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, y murió el 11 de agosto. Dieciséis personas han sido vinculadas al caso; ocho fueron condenadas y el adolescente acusado de disparar fue sancionado, según Infobae. Uno de los condenados, Simeón Pérez Marroquín, alias «el Viejo», dijo a la Fiscalía en febrero de 2026 que la Segunda Marquetalia ordenó y financió el crimen. Hay órdenes de captura vigentes contra jefes de ese grupo.

Lo que afirma Tarazona

Que la orden la dieron Petro y Maduro; que el dinero salió de Venezuela, y que la orden «salió del Congreso de la República». Dice que una fuente cercana le envió un correo y chats con nombres y la foto de quien recibió la orden. El 14 de octubre entregó ese material a la Fiscalía.

Lo que la Fiscalía tiene que verificar

La Fiscalía abrió nuevas verificaciones y ordenó a la policía judicial establecer de dónde salió el correo, si los chats son auténticos y qué valor probatorio tienen, según Infobae. El presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, pidió investigar. Petro no había respondido públicamente a la acusación en los reportes consultados.

¿Qué falta, exactamente?

1. La autenticidad del correo y los chats.
2. La identidad de la persona del Congreso que, según la fuente de Tarazona, recibió la orden.
3. Una prueba del vínculo con Petro y Maduro que vaya más allá de la convicción de la familia.

Para leer más en INCÍSOS

1. Gobiernos que delinquen: el especial de INCÍSOS sobre el crimen organizado desde el poder.
2. Veinte años para el primer condenado por el crimen de Ojeda: otro asesinato fuera de Venezuela en el que la pregunta es quién dio la orden.

Fuentes principales: INCÍSOS en El Canal de Nitu, programa del 15 de octubre de 2026; El Nacional (16 de octubre de 2026); Infobae (14 y 15 de octubre de 2026).

EN PANTALLA · EL DEBATE

Colombia ordenó retirar de los espacios del Gobierno las imágenes del excomandante del M-19 Carlos Pizarro. En el programa, Nitu Pérez Osuna lo celebró y pidió hacer lo mismo en Venezuela con los civiles; el editor de INCÍSOS coincidió en el fondo, pero pidió hechos antes que nombres.

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«Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara», dijo el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el 15 de octubre, al ordenar a la ministra Paola Holguín retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes de Carlos Pizarro, último comandante del M-19. También pidió cambiar el nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, adoptado bajo Gustavo Petro, según Infobae.

Dos lecturas

El anuncio abrió el programa de en INCÍSOS en El Canal de Nitu, el programa del jueves 15 de octubre de 2026. Nitu Pérez Osuna lo celebró sin matices: «A mí me encanta. Hay que decir las cosas como son». Y lo llevó a Venezuela: «¿Y nosotros hasta cuándo vamos a tener esta cuerda de vagabundos? Tenemos que exaltar nuestros valores civiles. Los civiles hemos hecho maravillas en el mundo».

El editor de INCÍSOS coincidió en retirar los símbolos asociados al terrorismo, pero advirtió que cambiar nombres no puede ser el centro de la acción política: lo que reivindica, dijo, es «la fuerza de los hechos». Puso como ejemplo el regreso de nombres como El Ávila o la autopista Francisco Fajardo, que solo tendría sentido acompañado de decisiones de fondo.

El civil olvidado

Pérez Osuna recordó que el primer presidente civil de Venezuela fue José María Vargas, y criticó que el estado que llevaba su nombre pasara a llamarse La Guaira. Y marcó una diferencia con los 40 años de democracia: entonces hubo abusos, dijo, pero también castigo institucional, como el juicio a un presidente en ejercicio, Carlos Andrés Pérez.

La costumbre

El cierre fue sobre algo más grave que los nombres. «Esta gente ha hecho un daño tan grande, tan pero tan grande en Venezuela, que llegó un momento en que nos empezamos a acostumbrar», dijo Pérez Osuna. «Bueno, no a acostumbrar, pero a hablar sin mucho asombro del hecho de que a los presos los torturan».

¿Qué falta, exactamente?

1. Los hechos: qué decisiones de fondo acompañarían un cambio de símbolos en Venezuela.
2. El CNE: Pérez Osuna preguntó si la renovación del Consejo Nacional Electoral responderá a una voluntad real de reconstruir la democracia o a las mismas «exquisiteces jurídicas» de abril de 2002.

Para leer más en INCÍSOS

1. La frase de Tocorón y la cadena que llega a Cilia: la otra conversación del mismo programa, sobre la tortura que el país dejó de mirar con asombro.
2. La mesa sigue sin fecha y la calle la pide el sábado: la pregunta por las instituciones, en la negociación de esta semana.

Fuentes principales: INCÍSOS en El Canal de Nitu, programa del 15 de octubre de 2026; Infobae y El Heraldo (15 de octubre de 2026).

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EN PANTALLA · PRESOS POLÍTICOS

La Corte de Apelaciones de Carabobo tenía diez días para decidir sobre la condena del capitán Juan Carlos Caguaripano y otros 22 militares. El plazo venció el 6 de septiembre. Desde entonces, según su defensa y el exfiscal Zair Mundaray, el presidente del circuito judicial se llevó el expediente y presiona para que la condena se mantenga. El juez no ha respondido.

Nota de transparencia: Alfredo Yánez Mondragón, editor de INCÍSOS, es el contertulio de los miércoles en El Canal de Nitu y participó en este programa.

El caso volvió a la conversación en el programa del miércoles 14 de octubre de 2026 de El Canal de Nitu, a partir de una denuncia difundida por Carlos Azuaje en X. Su punto de partida es un plazo vencido. La Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo celebró el 26 de agosto la audiencia de apelación del capitán Juan Carlos Caguaripano y otros 22 condenados a 30 años de prisión por el asalto al Fuerte Paramacay, en agosto de 2017. Tenía diez días de despacho para decidir. Ese lapso venció el 6 de septiembre sin que se publicara una sentencia, según El Pitazo.

El 1 de octubre, de acuerdo con el abogado Luis Armando Betancourt, el expediente fue retirado de la Sala 1 y enviado a la presidencia del Circuito Judicial Penal de Carabobo. La defensa lo llamó «una vulneración flagrante a la autonomía judicial».

Lo que se le atribuye al juez

El presidente del circuito es Carlos Alberto Bonilla Álvarez, juramentado hace algo más de un año ante la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. El exfiscal Zair Mundaray sostiene que Bonilla «arbitrariamente pretende redistribuir la causa a la Sala Dos donde él mismo sería el ponente». Citando a una fuente judicial que no identifica, Mundaray afirma además que Bonilla amenazó con destitución y cárcel a dos magistrados, Alejandro Chirimelli y Scarleth Mérida, si no firmaban la condena, y que ambos se negaron.

Irene Olazo, esposa de Caguaripano, asegura que en la Sala 1 ya existía una decisión redactada que declaraba la nulidad absoluta de las actuaciones. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por el tribunal, y Bonilla no ha respondido públicamente. Mundaray y la defensa sostienen también que las pruebas del caso se obtuvieron bajo tortura.

Por qué importa ahora

En el programa, el editor de INCÍSOS señaló que los presos políticos han gravitado sobre la mesa de negociación sin formar parte de su temario, y que cada ciclo ha terminado con un grupo de excarcelaciones. El caso Caguaripano muestra el otro camino, el judicial, y lo que puede pasar en él mientras el Tribunal Supremo que debe garantizarlo se sigue negociando (la tercera ronda, aquí).

No es la primera vez que el caso se cruza con la mesa. En agosto circuló que Caguaripano había sido liberado gracias a un acuerdo del diálogo; El Diario verificó que era falso.

¿Qué falta, exactamente?

1. La sentencia: que la Corte publique la decisión sobre la apelación, vencido hace más de un mes el plazo legal.
2. La explicación: por qué el expediente salió de la sala que celebró la audiencia, y con qué base.
3. La respuesta: que el juez Bonilla o el TSJ respondan a las denuncias de presión sobre los magistrados.

Para leer más en INCÍSOS

1. Rocío San Miguel, absuelta; diez condenados en el caso Brazalete Blanco: Otro expediente de militares presos donde la justicia de Carabobo y Caracas decidió a destiempo y con dos varas.
2. Barbaridades y lecciones, de Ángel Alberto Bellorín: El caso de la exmagistrada César Siero y lo que dice sobre jueces que firman bajo presión.
3. Excarcelaciones con medidas cautelares: Cómo salen hoy los presos políticos: con cautelares y sin sentencia que los absuelva.
4. La silla vacía de Venezuela en el juicio del 11 de abril: Otra causa en la que el Estado no responde: esta vez ante la Corte Interamericana.
5. Arranca la tercera ronda con las garantías electorales sobre la mesa: La mesa donde los presos políticos gravitan sin entrar en el temario.

Fuentes principales: El Canal de Nitu Pérez Osuna, programa del 14 de octubre de 2026; El Pitazo (2 de octubre de 2026); La Patilla (1 y 14 de octubre de 2026); El Nacional (agosto de 2026); El Diario (23 de agosto de 2026); Zair Mundaray en redes sociales.