FIRMAS · ORLANDO VIERA-BLANCO

La acusación de Nueva York describe más de dos décadas de represión para silenciar la disidencia y sostener el poder. Para el abogado y activista de derechos humanos, confirma lo que las víctimas llevan años denunciando, y deja una pregunta incómoda para La Haya.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció el 8 de octubre de 2026 una acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro y Cilia Flores que incorpora la conspiración para cometer tortura, incluidos abusos contra ciudadanos estadounidenses. No sería violencia aislada.

La acusación describe más de dos décadas de presunta represión sistemática para silenciar la disidencia, consolidar el poder y proteger intereses económicos ilícitos.

La dimensión humana

Se describen descargas eléctricas, asfixia, golpizas, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento extremo, inanición, tortura psicológica y amenazas contra familiares. Son tormentos infligidos a detenidos que estaban bajo custodia del Estado.

La cadena de mando

La Fiscalía sitúa a Maduro y a Cilia Flores en la cúspide de una estructura que habría utilizado a las fuerzas armadas, los organismos policiales, el sistema judicial y los colectivos. Todos quedan bajo la mirada de la justicia: no solo las fuerzas policiales, militares o paraestatales, sino también jueces y auxiliares de justicia.

La acusación atribuye además a tres altos funcionarios, identificados como CC-1, CC-2 y CC-3, órdenes, supervisión y participación directa en torturas.

Los cargos y las penas

La acusación comprende cinco cargos:

1. Narcoterrorismo, en cooperación con grupos guerrilleros y carteles de la droga.
2. Conspiración para cometer tortura.
3. Importación de cocaína.
4. Delitos relacionados con ametralladoras.
5. Delitos relacionados con artefactos destructivos.

La conspiración para cometer tortura contempla una pena máxima de 20 años, a la que se suman las de los demás delitos. Aunque no son acumulables, podrían suponer hasta cadena perpetua, a criterio del juez.

La cuestión jurídica de fondo

La tortura no es un exceso administrativo ni una herramienta legítima de gobierno: es un delito grave. Y cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, es un crimen de lesa humanidad.

En lo personal, hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional al menos 1.900 incidencias de crímenes de lesa humanidad: persecución política, encarcelamiento arbitrario, muertes bajo custodia, asesinatos, aislamiento inhumano, desapariciones forzadas, torturas, abuso sexual y otros tratos degradantes.

Justicia para las víctimas

La investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y la documentación de Naciones Unidas aportan un contexto internacional esencial. La rendición de cuentas debe alcanzar tanto a los ejecutores como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron los abusos, siempre mediante pruebas y garantías judiciales.

Esta acusación sustitutiva viene a confirmar lo que durante décadas se ha venido denunciando y documentando sobre el régimen encabezado por Maduro.

Es insólito que un fiscal de Estados Unidos avance con mayor rapidez, en meses, en la determinación y acusación de estos hechos que la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el caso lleva años.

Venezuela necesita verdad, justicia y reparación. Ningún poder político puede convertir la tortura en instrumento de dominación ni garantizarse impunidad mediante el control de las instituciones. Pero, sobre todo, necesita justicia, porque iustitia dilata, iustitia negata: justicia demorada, justicia denegada.

Nota importante

Es tiempo de que liberen a todos los presos políticos en Venezuela. Su detención arbitraria también es tortura. No lo dice solo quien lo pide: lo dicen el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, representantes de la justicia del país tutor, ejecutor de las capturas.

Hágase justicia, aunque se caigan los cielos.

Orlando Viera-Blanco es abogado y activista de derechos humanos.

Para leer más en INCÍSOS: EE.UU. sanciona a la corte que investiga los crímenes en Venezuela · El tribunal que no tuvimos

Fuentes principales: Acusación sustitutiva de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, 8 de octubre de 2026; Corte Penal Internacional, situación Venezuela I.

POLÍTICA · JUSTICIA INTERNACIONAL

Por primera vez, Washington sancionó a la Corte Penal Internacional como institución, no solo a sus jueces y fiscales. «O la CPI deja de amenazar, o acabaremos con la CPI», dijo Marco Rubio. La Corte investiga desde 2021 crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El mismo día, el Nobel de la Paz fue para una exjueza de la Corte.

El gobierno de Estados Unidos sancionó el viernes 9 de octubre de 2026 a la Corte Penal Internacional (CPI) como entidad. Hasta ahora había sancionado a jueces y fiscales de la Corte; es la primera vez que la sanción alcanza a la institución entera. La medida se basa en la orden ejecutiva 14203 y en la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA).

«O la CPI deja de amenazar, o acabaremos con la CPI», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. El Tesoro emitió cuatro licencias generales, de la 13 a la 16, que permiten cerrar operaciones con la Corte hasta el 7 de abril de 2027.

La investigación sobre Venezuela

La Corte investiga desde noviembre de 2021 posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, en el caso conocido como Venezuela I. Venezuela notificó su retiro del Estatuto de Roma el 24 de julio de 2026; según el Estatuto, el retiro surte efecto un año después y no afecta las investigaciones ya abiertas. La Corte sostiene que Venezuela I sigue en curso.

La sanción llega en la misma semana en que Washington presentó un cargo de conspiración para torturar contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Es otro proceso y otro delito: el de Nueva York se basa en una ley federal contra la tortura; el de La Haya, en crímenes de lesa humanidad. Por qué EE.UU. puede juzgar a Maduro explica la diferencia.

Pillay, el mismo día

El mismo 9 de octubre, el Comité Noruego otorgó el Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional y ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. La Unión Europea calificó las sanciones de «profundamente lamentables», pero no activó su estatuto de bloqueo, el mecanismo que protege a empresas europeas de sanciones de otros países.

Sin reacción en Caracas

Hasta el cierre de esta edición, no se encontró una reacción pública de las organizaciones venezolanas de derechos humanos que llevan casos ante la Corte. Tampoco del gobierno de Delcy Rodríguez, que heredó la decisión de retirarse del Estatuto.

Análisis: juzgar al acusado, sancionar al juez

Washington juzga a Maduro por tortura y, en la misma semana, castiga a la corte que lo investiga por lesa humanidad. Para las víctimas venezolanas, que llevan años esperando en La Haya, el mensaje es confuso. ¿Qué falta, exactamente, para que la sanción no frene a Venezuela I? Que la Corte pueda seguir pagando, contratando y recibiendo pruebas después del 7 de abril de 2027.

Criterio: tres pruebas

1. La Fiscalía de la CPI: si anuncia nuevos pasos en Venezuela I antes de abril.
2. Europa: si la UE activa su estatuto de bloqueo.
3. Las víctimas: si las ONG venezolanas piden a la mesa de negociación una posición sobre la Corte.

Fuentes principales: Departamento del Tesoro y Departamento de Estado de EE.UU., 9 de octubre de 2026; Corte Penal Internacional; Comité Noruego del Nobel, 9 de octubre de 2026; Unión Europea, 9 de octubre de 2026; Estatuto de Roma, artículo 127.

POLÍTICA · INHABILITACIÓN

Tras la confesión de la exmagistrada Bárbara César Siero, que dice que firmó con su familia presa, Vente Venezuela sostiene que la inhabilitación de María Corina Machado «debe ser levantada DE INMEDIATO» y la llama «fraude electoral anticipado». La mesa discute garantías el 14 de octubre.

Vente Venezuela pidió que la inhabilitación de María Corina Machado sea levantada de inmediato. «Esa inhabilitación debe ser levantada DE INMEDIATO», dice el comunicado del partido, fechado el jueves 8 de octubre de 2026 y difundido por EFE el 9. El texto llama a la decisión «fraude electoral anticipado».

El partido se apoya en la confesión de Bárbara César Siero, exvicepresidenta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La exmagistrada dijo que firmó las inhabilitaciones con su familia detenida por la contrainteligencia militar. César Siero fue designada magistrada el 28 de diciembre de 2014 y dejó el cargo en 2024.

La vía jurídica

El abogado Ángel Alberto Bellorín ya había explicado en INCÍSOS que la Constitución le ordenaba a esa Sala anular la inhabilitación, no confirmarla. Para Vente, la confesión confirma que la decisión no fue jurídica.

La mesa, el 14

La tercera ronda de la mesa de negociación discutirá el 14 de octubre garantías para personas y partidos. Vente no forma parte de la mesa. El comunicado no dice a quién le corresponde levantar la inhabilitación: al TSJ actual, al que saldrá de la renovación en diciembre o a la propia mesa.

Análisis: una firma bajo coacción

Si una magistrada admite que firmó con su familia presa, la decisión pierde su base. Pero en Venezuela no hay hoy un tribunal que pueda revisarla con credibilidad, y el nuevo no existirá antes de diciembre. ¿Qué falta, exactamente, para levantar la inhabilitación? Que la revisión de las decisiones firmadas bajo coacción entre en las garantías del 14 de octubre.

Criterio: tres pruebas

1. La mesa: si las garantías incluyen la revisión de las inhabilitaciones.
2. El TSJ: si el tribunal actual responde a la confesión de César Siero.
3. La delegación de Figuera: si lleva el caso de Machado a la ronda del 14.

Fuentes principales: Vente Venezuela, comunicado del 8 de octubre de 2026; EFE, 9 de octubre de 2026; Infobae y El Estímulo, 7 de octubre de 2026.