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Especiales

Qué se le puede objetar a un aspirante, causal por causal

Las causales formales son las que el comité no puede eludir.

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Ilustración conceptual: expediente abierto, documentos, un sello y una mano que señala una prueba.

ESPECIAL · IMPUGNAR · LAS CAUSALES

La Constitución y la Ley Orgánica del TSJ fijan los requisitos para ser magistrado: nacionalidad, honorabilidad, quince años de trayectoria, postgrado, ausencia de condenas penales y sanciones administrativas firmes, y renuncia a la militancia partidista. Cada requisito es una causal posible. Esta es la lista, con lo que podría probarla.

Las 6W · INCÍSOS

QuéLos motivos por los que se puede objetar a un aspirante.
QuiénLos aspirantes a magistrado; los aspirantes a inspector general de tribunales y director de la Escuela Nacional de la Magistratura deben cumplir los mismos requisitos de elegibilidad, según los arts. 81 y 83.
CuándoDel sábado 21 de noviembre al sábado 5 de diciembre de 2026, de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., según Últimas Noticias y Ciudad CCS
DóndeEn el Museo Boliviano, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas.
Por quéPorque una objeción sin causal clara difícilmente se admite.
CómoRelacionando cada hecho con un requisito del artículo 263 de la Constitución o del 37 y 39 de la ley.

Esta tabla no es exhaustiva: el artículo 37 incluye otras condiciones, entre ellas plena capacidad mental y ausencia de actividades incompatibles. Los documentos mencionados son ejemplos orientativos de INCÍSOS, no un catálogo oficial de pruebas admitidas. Texto legal cotejado: Gaceta Oficial 7.074, de 15 de septiembre de 2026.

Especial INCÍSOS · Impugnar

Del 21 de noviembre al 5 de diciembre, cualquier ciudadano puede objetar con pruebas a los aspirantes al TSJ. Todo el especial →

Una impugnación tiene que decir qué requisito no cumple el aspirante. Los requisitos para ser magistrado están en el artículo 263 de la Constitución y en el artículo 37 de la Ley Orgánica del TSJ, que agrega condiciones propias. El artículo 39 añade una prohibición sobre vínculos familiares (Acceso a la Justicia).

CausalQué exige la normaQué podría probarlo
NacionalidadSer venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad (art. 263 de la Constitución).Partida de nacimiento, documentos de otra nacionalidad.
HonorabilidadSer ciudadano de reconocida honorabilidad (art. 263) y tener una conducta ética y moral intachable (art. 37 de la ley).Sentencias, sanciones disciplinarias, informes de organismos de derechos humanos.
TrayectoriaSer jurista de reconocida competencia y buena reputación: al menos quince años de abogacía y postgrado jurídico; o al menos quince años de docencia universitaria en ciencia jurídica y categoría de titular; o ser o haber sido juez superior en la especialidad de la Sala, con al menos quince años de carrera judicial y reconocido prestigio (art. 263).Constancias del Inpreabogado, de la universidad o del Poder Judicial.
Título de postgradoEspecialización, maestría o doctorado en ciencias jurídicas (art. 37 de la ley).Registros universitarios; verificación de la institución que lo otorgó.
Condenas y sanciones administrativasNo haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni sancionado por responsabilidad administrativa conforme a la ley de la Contraloría mediante acto administrativo definitivamente firme (art. 37.4).Copia de la sentencia o del acto administrativo definitivamente firme.
MilitanciaRenunciar a cualquier militancia político-partidista (art. 37 de la ley).Registros de candidaturas, cargos partidistas vigentes, actos públicos documentados.
Vínculos familiaresEl art. 39 prohíbe designaciones simultáneas entre personas vinculadas por matrimonio, unión estable, adopción o parentesco en línea recta o colateral dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Además, el art. 37.5 impide vínculos hasta segundo grado de consanguinidad o tercero de afinidad con magistrados y los altos cargos públicos allí enumerados; el art. 37.6 impide matrimonio o unión estable de hecho con magistrados.Partidas de nacimiento o matrimonio, otros documentos de registro civil.
Derechos humanos — criterio interpretativoHaber participado en violaciones de derechos humanos documentadas puede fundamentar una objeción a la honorabilidad y la conducta intachable. No es una causal autónoma literal; requiere evaluación individual y derecho de defensa.Informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU, sentencias, expedientes.

La causal más amplia, y la más difícil

La «reconocida honorabilidad» y la «conducta ética y moral intachable» son las causales más amplias. Por ellas pueden entrar hechos que no son delitos ni infracciones formales: una actuación como juez o fiscal señalada por organismos de derechos humanos, una sanción disciplinaria, un historial público de decisiones contrarias al Estado de derecho.

También son las más difíciles de probar, porque no hay un documento que diga «esta persona no es honorable». Hay que construir el caso con varios documentos. Por eso once organizaciones, entre ellas Acceso a la Justicia, Provea y WOLA, pidieron al comité que admita información fiable aunque no haya condena penal, y que excluya de oficio a quienes tengan violaciones de derechos humanos documentadas por mecanismos internacionales (WOLA).

Los requisitos verificables

Otras causales son más simples porque se prueban con un registro: la nacionalidad, los años de ejercicio, el título de postgrado, la condena firme o el parentesco. Son menos llamativas, pero pueden ser más efectivas. Si un aspirante no cumple el mínimo de quince años de la vía de acceso que invoca, ese incumplimiento debe documentarse; el comité evaluará la objeción y deberá respetar el derecho de defensa.

Criterio INCÍSOS

La lista de causales es también una lista de lo que la sociedad le exige a quien va a juzgarla. Algunas son formales y otras morales. Las dos importan, pero las formales son las que el comité no puede eludir cuando están probadas.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité publique los currículos de los aspirantes que superen la primera revisión, para que los ciudadanos puedan verificar los requisitos sin tener que adivinarlos.

Para leer más en INCÍSOS

  1. Prueba fehaciente, la línea entre la queja y la impugnación: qué cuenta como prueba.
  2. Siete juristas, un filtro que no obliga pero pesa: el consejo de siete juristas.
  3. Baremo de 100 puntos: cómo se evalúa a los aspirantes.

Fuentes principales: Acceso a la Justicia, Ley Orgánica del TSJ; WOLA y otras organizaciones; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 263.

Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.

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  1. Pingback: Prueba fehaciente, la línea entre la queja y la impugnación | INCÍSOS

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Especiales

La marca mínima que la Constitución exige a los 1.343 aspirantes

La Constitución fija una marca mínima para los 1.343 aspirantes al TSJ, la Inspectoría y la Escuela de la Magistratura. Aplicarla antes del baremo reduciría la lista en días. Datos y protocolo.

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ESPECIAL · TSJ · LA MARCA MÍNIMA

Para correr en la final olímpica hay que tener la marca mínima. Para ser magistrado, inspector de tribunales o director de la Escuela de la Magistratura, la Constitución también la fija: 15 años de trayectoria demostrable, postgrado, nacionalidad por nacimiento, ninguna condena ni militancia. Aplicarla antes del baremo reduciría la lista de 1.343 en días. Así se hace.

Las 6W · INCÍSOS

QuéLa verificación de los requisitos mínimos de la Constitución y la ley antes de evaluar con el baremo a los aspirantes.
QuiénEl Comité de Postulaciones Judiciales, el consejo de siete juristas y los 1.343 postulados.
CuándoDurante el lapso de impugnaciones, del 21 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, y antes de la preselección.
DóndeEn la Asamblea Nacional, en Caracas.
Por quéPorque quien no cumple el mínimo constitucional no debería competir: su postulación no procede.
CómoCon siete verificaciones documentales, la mayoría en registros públicos, antes de aplicar un solo punto del baremo.

Hubo 1.343 postulaciones, de 1.128 personas, para 34 cargos: 1.066 postulaciones a magistrado, 166 a inspector general de tribunales y 111 a director de la Escuela Nacional de la Magistratura (Últimas Noticias). Es casi el doble que en el proceso anterior, cuando hubo 561 aspirantes a magistrado (El Diario). El número se ha celebrado como una muestra de participación. La pregunta que importa es otra: cuántos de ellos cumplen lo mínimo que exige la Constitución.

1.343postulaciones a tres cargos con los mismos requisitos
15años mínimos de abogacía, docencia o carrera judicial
nov 2011inscripción más tardía en el Inpreabogado para cumplir 15 años
82aspirantes a magistrado con carrera judicial, según Acceso a la Justicia

El constitucionalista Ángel Alberto Bellorín lo explicó con una imagen que se ha vuelto central en este debate. En las olimpiadas, quien no tiene la marca mínima certificada no llega a la pista: ve la carrera desde la tribuna. En la elección del TSJ, escribió, «le abrieron la puerta de acceso a la pista a todo aquel que, a su criterio, cree hacer 10,5 segundos en los 100 metros judiciales» (ver columna).

Primero la marca, después la carrera

La idea es simple. Hay dos momentos distintos en la selección de un magistrado:

  1. La admisión. ¿Cumple el aspirante los requisitos de la Constitución y la ley? Es una pregunta de sí o no, que se responde con documentos. Quien no los cumple no está en competencia: su postulación no procede.
  2. La evaluación. Entre quienes sí cumplen, ¿quién es mejor? Aquí entra el baremo, con sus puntos por formación, experiencia y entrevista.

El problema es que el baremo de 100 puntos del comité mezcla los dos momentos (ver nota). Según Bellorín, otorga 0,8 puntos por año de experiencia hasta un máximo de 12, contando desde el primer año, cuando la Constitución exige 15 años solo para entrar. Así, un aspirante sin la marca mínima puede sumar puntos, y uno con 30 años de trayectoria recibe lo mismo que uno con 15. No se trata de escoger al que guste. Se trata de escoger al mejor entre los que pueden competir.

Lo que exige la Constitución

El artículo 263 de la Constitución fija los requisitos para ser magistrado:

  1. Ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
  2. Ser ciudadano de reconocida honorabilidad.
  3. Ser jurista de reconocida competencia, por una de tres vías: haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años y tener un postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario de ciencias jurídicas durante al menos 15 años con la categoría de titular; o ser o haber sido juez superior en la especialidad de la sala a la que aspira, con al menos 15 años de carrera judicial y reconocido prestigio.
  4. Cualquier otro requisito que fije la ley.

La Ley Orgánica del TSJ, en su artículo 37, añade la conducta ética y moral intachable, el título de especialización, maestría o doctorado, la ausencia de condena penal firme y la renuncia a toda militancia partidista (Acceso a la Justicia).

Una sola vara para los tres cargos

Hay un detalle que casi nadie ha subrayado. Los artículos 81 y 83 de la misma ley exigen al inspector general de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura los mismos requisitos de elegibilidad que a los magistrados (Acceso a la Justicia). Las 1.343 postulaciones, sin excepción, deben pasar la misma marca mínima (ver nota).

La cuenta de los 15 años

Los 15 años son la parte más fácil de comprobar y la más difícil de cumplir. Para tener 15 años de ejercicio de la abogacía en noviembre de 2026, un aspirante debe haberse inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) antes de noviembre de 2011. La constancia de inscripción es un documento que el abogado tiene y que el instituto puede confirmar.

Las otras dos vías son todavía más exigentes. Llegar a profesor titular toma, por la Ley de Universidades, al menos 15 años de escalafón, recordó Bellorín. Y la carrera judicial de 15 años con cargo de juez superior está al alcance de pocos: según los datos revisados por Acceso a la Justicia, solo 82 de los 1.066 aspirantes a magistrado tienen carrera judicial, y 19 fueron magistrados principales o suplentes (El Diario).

Lo que dice la lista, sin abrir un expediente

INCÍSOS revisó la lista oficial de aspirantes a magistrado con una herramienta sencilla: la serie de la cédula de identidad. En Venezuela, las cédulas se han asignado en un orden aproximadamente cronológico, por lo que el número da una idea de la generación de su titular. No es la edad exacta y tiene excepciones, como quienes se cedularon tarde, pero sirve como primera alerta.

Aspirantes a magistrado según la serie de su cédula

1.058 aspirantes cuya cédula pudo leerse en la lista oficial. La serie indica, de forma aproximada, la generación: no es la edad exacta.

Menos de 6 millones
Nacidos, en general, antes de 1960
214
6 a 10 millones
Años sesenta
384
10 a 14 millones
Años setenta
310
14 a 16 millones
Comienzos de los ochenta
79
16 a 18 millones
Mediados de los ochenta
49
18 millones o más
Finales de los ochenta en adelante
22

En terracota, las series en las que cumplir 15 años de ejercicio profesional es improbable o exige revisión prioritaria. Fuente: lista oficial del Comité de Postulaciones Judiciales; cálculo de INCÍSOS. INCÍSOS no publica cédulas.

El resultado: 22 aspirantes tienen cédulas de la serie de 18 millones en adelante, que corresponde en general a personas nacidas desde finales de los años ochenta. Para cumplir 15 años de abogacía tendrían que haberse graduado de abogados y haberse inscrito en el Inpreabogado con 22 o 23 años, como mucho. No es imposible, pero es improbable. Otros 49 tienen cédulas de entre 16 y 18 millones, donde la cuenta es ajustada. En total, 71 expedientes, el 6,7 % de la lista, son los primeros que el comité debería revisar.

INCÍSOS no publica los nombres ni las cédulas de esos aspirantes. Una serie de cédula no prueba nada por sí sola: es un indicio para verificar, no una acusación. La prueba está en la constancia del Inpreabogado.

Otras alertas que ya están a la vista

Los datos que Acceso a la Justicia revisó, citados por El Diario, muestran otras señales que el comité puede contrastar de inmediato (El Diario):

  1. 22 aspirantes fueron candidatos a gobernador, alcalde o diputado en las elecciones de 2025. La ley exige renunciar a toda militancia partidista. El comité debe pedir la constancia de renuncia y su fecha.
  2. 8 aspirantes tienen ascensos militares. La Constitución no lo prohíbe, pero el comité debe verificar si cumplen alguna de las tres vías profesionales.
  3. 68 se postularon este año también a fiscal general o defensor del pueblo. No es un impedimento, pero dice algo sobre la vocación judicial.
  4. 142 ocuparon cargos en instituciones del Estado. Tampoco es un impedimento; su trayectoria, sin embargo, debe cumplir alguna de las tres vías.

El protocolo de la marca mínima

La verificación de los requisitos mínimos no exige juicio de valor. Son siete preguntas, cada una con un documento y una fuente que puede confirmarlo:

RequisitoQué exigeDocumentoQuién lo tieneTiempo de verificación
NacionalidadVenezolano por nacimiento, sin otra nacionalidad (art. 263.1)Partida de nacimiento; declaración juradaSaime y registro civilHoras
Abogacía15 años de ejercicio: inscripción anterior a noviembre de 2011Constancia de inscripción en el InpreabogadoInpreabogadoMinutos
PostgradoEspecialización, maestría o doctorado en ciencias jurídicas (art. 263.3 y art. 37 de la ley)Título registradoUniversidadDías
Docencia, si es la vía15 años de profesor universitario y categoría de titularConstancia de escalafónUniversidadDías
Carrera judicial, si es la víaJuez superior en la especialidad de la sala, con 15 años de carreraConstancia de cargos y fechasDirección Ejecutiva de la MagistraturaDías
CondenasSin condena penal firme (art. 37 de la ley)Certificado de antecedentesMinisterio de Interior y tribunalesHoras
MilitanciaRenuncia a toda militancia partidista (art. 37 de la ley)Constancia de renuncia; registro de candidaturasPartidos y CNEDías

Con la constancia del Inpreabogado y el título de postgrado, la mayoría de los expedientes podría resolverse en minutos. Los casos dudosos, que deberían ser pocos, pasarían a una revisión más detallada. Solo después, con la lista de admitidos publicada, tendría sentido aplicar el baremo.

Lo que el comité puede hacer, y lo que pueden hacer los ciudadanos

Ni la ley ni la convocatoria impiden que el comité declare inadmisibles las postulaciones que no cumplan los requisitos antes de evaluar. El consejo de siete juristas, que hará la primera revisión de credenciales, puede proponerlo (ver nota). Publicar una lista de admitidos, con el motivo de cada exclusión, le daría al proceso algo que hoy no tiene: un piso común.

Los ciudadanos también pueden ayudar. La impugnación más sencilla es la que se basa en un requisito objetivo: un aspirante que no tiene el postgrado, que no cumple los 15 años o que fue candidato de un partido sin renunciar. Es el tipo de objeción que se prueba con un documento (ver nota), y el lapso para presentarla está abierto hasta el 5 de diciembre (ver guía).

Criterio INCÍSOS

La cantidad no es un mérito. Un proceso con 1.343 postulaciones y sin un filtro de admisión no es más participativo: es más difícil de controlar. La Constitución ya hizo el trabajo de fijar la marca mínima. Al comité le toca aplicarla, primero y en público, para que el baremo compare a quienes de verdad pueden competir.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité verifique los siete requisitos mínimos de cada postulación, publique la lista de admitidos con los motivos de cada exclusión y aplique el baremo solo a quienes la superen.

Para leer más en INCÍSOS

  1. Cantidad para opacar calidad en las postulaciones al TSJ: la olimpiada judicial de Bellorín.
  2. Qué se le puede objetar a un aspirante, causal por causal: qué se le puede objetar a un aspirante.
  3. Sale la lista de aspirantes al TSJ y abren las impugnaciones: la lista de aspirantes.

Fuentes principales: Lista oficial del Comité de Postulaciones Judiciales, cálculo de INCÍSOS; Últimas Noticias; El Diario, datos de Acceso a la Justicia; Acceso a la Justicia, Ley Orgánica del TSJ; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 263.

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Especiales

Impugnar, el verbo que les toca a los ciudadanos

Una objeción necesita pruebas; presentarlas no garantiza la exclusión de una candidatura. Del 21 de noviembre al 5 de diciembre, el lapso permite objetar 1.343 postulaciones, de 1.128 personas.

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Ilustración conceptual: expediente abierto, documentos, un sello y una mano que señala una prueba.

ESPECIAL · IMPUGNAR

Durante quince días, el verbo de Venezuela es impugnar. Cualquier ciudadano puede objetar a cualquiera de las 1.343 postulaciones al TSJ, a la Inspectoría General de Tribunales y a la Escuela de la Magistratura. Es una puerta abierta a la participación. La condición es pasar de la queja a la prueba.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEl lapso para objetar, con pruebas, a los aspirantes a 34 cargos del sistema de justicia.
QuiénCualquier ciudadano o ciudadana; también víctimas, organizaciones, gremios y academias.
CuándoDel sábado 21 de noviembre al sábado 5 de diciembre de 2026, de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., según Últimas Noticias y Ciudad CCS
DóndeEn el Museo Boliviano, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas.
Por quéPorque el artículo 264 de la Constitución permite a los ciudadanos objetar fundadamente a los postulados, y el nuevo TSJ se decide ahora.
CómoPor escrito, en persona y con prueba fehaciente, ante el Comité de Postulaciones Judiciales.

Especial INCÍSOS · Impugnar

Del 21 de noviembre al 5 de diciembre, cualquier ciudadano puede objetar con pruebas a los aspirantes al TSJ. Todo el especial →

Desde este sábado 21 de noviembre y hasta el sábado 5 de diciembre, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia depende también de los ciudadanos. El Comité de Postulaciones Judiciales abrió el lapso de impugnaciones: quince días continuos para objetar a cualquiera de las 1.343 postulaciones, correspondientes a 1.128 personas, porque algunas se inscribieron para más de un cargo (El Diario). Hay 1.066 aspirantes a magistrado, 166 a inspector general de tribunales y 111 a director de la Escuela Nacional de la Magistratura (Últimas Noticias).

En juego hay 34 cargos: 32 magistrados principales, con sus suplentes, el inspector general de tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Quienes los ocupen decidirán, durante los próximos doce años en el caso de los magistrados, sobre elecciones, derechos, contratos, presos y libertades.

Un derecho que casi nunca se usa

El artículo 264 de la Constitución dice que los ciudadanos «podrán ejercer fundadamente objeciones» a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica del TSJ, en su artículo 71, fija el plazo: quince días continuos desde la publicación de la lista.

Es una de las pocas puertas que el sistema de justicia venezolano abre a cualquier persona. No hace falta ser abogado, diputado ni pertenecer a una organización. Hace falta tener algo que demostrar y la prueba para hacerlo.

Guillermo Aveledo Coll, miembro del comité, lo llamó «un momento clave de participación ciudadana y control». La organización Justicia, Encuentro y Perdón fue más lejos: dijo que para las víctimas de violaciones de derechos humanos, «revisar e impugnar las postulaciones al TSJ es un derecho y un deber con la verdad» (La Verdad).

De la queja a la prueba

Durante años, la crítica a la justicia venezolana se hizo con denuncias, con gritos y con indignación en las redes. Todo eso tiene su lugar. Pero una impugnación es otra cosa: es un escrito que dice qué requisito no cumple un aspirante y lo demuestra con documentos. Un tuit no tumba una candidatura. Una sentencia firme, una gaceta o un acta sí pueden hacerlo.

Por eso este especial no es solo una explicación. Es una guía para participar: qué significa impugnar, quién puede hacerlo, cómo se hace paso a paso, qué se le puede objetar a un aspirante, qué cuenta como prueba, qué cargos están en juego, qué pasa después y cómo hacerlo sin exponerse de más. Cada pieza está en la portada del especial (ver especial).

Lo que está en juego

Según Acceso a la Justicia, 17 de los 20 magistrados principales en ejercicio se postularon para seguir (Finanzas Digital). Entre los aspirantes hay juristas reconocidos y figuras sin trayectoria pública. Siete juristas harán una primera revisión de credenciales (ver nota), pero ese filtro revisa papeles, no conductas. La impugnación ciudadana es la única vía para que el comité conozca lo que no está en un currículo.

Criterio INCÍSOS

La renovación del TSJ nace de un acuerdo político, no de una elección. Eso le da a la participación ciudadana un peso mayor: es la única parte del proceso donde cualquiera puede intervenir. Si nadie impugna, el comité decidirá solo con lo que los aspirantes dijeron de sí mismos. Si muchos impugnan con pruebas, el comité tendrá que responder, y esa respuesta quedará a la vista.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que los ciudadanos revisen la lista, que quienes tienen pruebas las presenten hasta el 5 de diciembre, inclusive, y que el comité responda cada objeción de forma motivada y pública.

Para leer más en INCÍSOS

  1. Cómo impugnar paso a paso, del escrito a la taquilla: cómo impugnar paso a paso.
  2. Sale la lista de aspirantes al TSJ y abren las impugnaciones: la lista de aspirantes.
  3. Siete juristas, un filtro que no obliga pero pesa: el consejo de siete juristas.

Fuentes principales: El Diario; Últimas Noticias; La Verdad; Acceso a la Justicia, Ley Orgánica del TSJ; Finanzas Digital.

Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.

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Especiales

Qué significa impugnar y qué no es

Impugnar es convertir una convicción en un expediente.

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Ilustración conceptual: expediente abierto, documentos, un sello y una mano que señala una prueba.

ESPECIAL · IMPUGNAR · EL CONCEPTO

Impugnar viene del latín «impugnare», atacar o combatir. En este proceso significa algo preciso: presentar una objeción fundada, con pruebas, contra un aspirante. No es una denuncia penal, no es una protesta y no es anónima.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEl significado jurídico de impugnar en la selección de magistrados y altos cargos judiciales.
QuiénLos ciudadanos que objetan; el Comité de Postulaciones Judiciales que decide.
CuándoDel sábado 21 de noviembre al sábado 5 de diciembre de 2026, de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., según Últimas Noticias y Ciudad CCS
DóndeEn el Museo Boliviano, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas.
Por quéPorque entender qué es una impugnación evita perder la oportunidad con un escrito que no procede.
CómoCon base en el artículo 264 de la Constitución y el artículo 71 de la Ley Orgánica del TSJ.

Especial INCÍSOS · Impugnar

Del 21 de noviembre al 5 de diciembre, cualquier ciudadano puede objetar con pruebas a los aspirantes al TSJ. Todo el especial →

La palabra viene del latín «impugnare», formada por «in» y «pugnare», luchar, de la misma familia que «pugna» y «puño». El Diccionario de la lengua española la define como «combatir, contradecir, refutar» y, en derecho, como interponer un recurso contra una resolución. En la selección de los aspirantes al TSJ tiene un sentido más preciso.

Lo que es

La Constitución no usa la palabra «impugnar». Habla de «objeciones»: el artículo 264 dice que los ciudadanos pueden «ejercer fundadamente objeciones» a cualquiera de los postulados. «Fundadamente» es la palabra clave. Una impugnación es un escrito que sostiene que un aspirante no cumple un requisito o una condición exigida para el cargo, y que aporta la prueba de ello.

Tiene tres elementos que no pueden faltar:

  1. Un aspirante identificado: su nombre completo, tal como aparece en la lista oficial.
  2. Un motivo concreto: qué requisito o condición no cumple, con referencia a la Constitución o a la ley.
  3. Una prueba fehaciente: documentos que demuestren lo que se afirma.

Lo que no es

  1. No es una denuncia penal. El comité no juzga delitos ni impone penas. Decide si un aspirante sigue o no en el proceso.
  2. No es una protesta ni una opinión. Que un aspirante «no guste» no es un motivo. Que no cumpla un requisito, sí.
  3. No es anónima. Se presenta por escrito y en persona, con la identificación de quien impugna.
  4. No es un trámite contra el proceso. Se objeta a una persona concreta, no a la elección del TSJ en su conjunto.
  5. No es una condena. El aspirante impugnado tiene derecho a defenderse en una audiencia.

Por qué la diferencia importa

Muchas objeciones fracasan no porque el motivo sea falso, sino porque no se presentan como objeción. Un escrito que dice «este aspirante es un enemigo de la democracia» expresa una opinión. Uno que dice «este aspirante, como juez, dictó la sentencia número tal que la Misión de la ONU señaló como violatoria del debido proceso, y acompaño copia de la sentencia y del informe» presenta un hecho y lo prueba.

La primera opinión puede ser compartida por millones. Solo la segunda obliga al comité a responder.

Criterio INCÍSOS

Impugnar es convertir una convicción en un expediente. Eso exige más trabajo que una publicación en redes, pero produce algo que la indignación no produce: una decisión que el comité está obligado a tomar y a motivar.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que quien objeta se haga dos preguntas antes de escribir: qué requisito no cumple el aspirante, y con qué documento lo demuestro.

Para leer más en INCÍSOS

  1. Qué se le puede objetar a un aspirante, causal por causal: qué se le puede objetar a un aspirante.
  2. Prueba fehaciente, la línea entre la queja y la impugnación: qué cuenta como prueba.
  3. Impugnar, el verbo que les toca a los ciudadanos: la apertura del especial.

Fuentes principales: Acceso a la Justicia, Ley Orgánica del TSJ; Acceso a la Justicia, Constitución frente a la ley; Diccionario de la lengua española, entrada «impugnar».

Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.

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