INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

El Comité de Postulaciones alargó siete días el plazo para aspirar al TSJ. La participación es una buena noticia; la prórroga es una mala señal. Venezuela lleva demasiado tiempo viviendo de prórrogas: en Carabobo, para ratificar 30 años a Caguaripano; en Miraflores, para gobernar. El país no pide más tiempo. Pide decisión.

Foto de archivo: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons. Foto de archivo. Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, fotografiada en agosto de 2010. Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). CC BY-SA 3.0. Imagen reducida proporcionalmente, sin recorte.

Empiezo por lo bueno, porque lo hay.

Hasta el 5 de noviembre, el Comité de Postulaciones Judiciales había recibido 395 postulaciones, 334 de ellas para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (El Diario). Para un país donde ser juez fue, durante años, sinónimo de obediencia o de riesgo, que cientos de abogados quieran aspirar al TSJ es una señal de que hay gente dispuesta a dar la cara. Eso hay que reconocerlo.

Pero el miércoles 11, cuando ya se acercaba el cierre previsto del plazo, el comité lo extendió siete días, hasta el 18 de noviembre. ¿La razón? «Ampliar el periodo de recepción de postulaciones» (El Diario). Eso no es una razón: es la descripción de lo que se hizo. Y no es la primera vez: en junio, el mismo comité alargó el plazo dos veces (El Diario).

A quién deja mal

La prórroga deja mal, en primer lugar, al comité. La fecha de cierre se conocía desde hace semanas, el calendario lo anunció Washington y la meta de diciembre no se mueve: la lista debe llegar a la plenaria a más tardar el 11 de diciembre (El Diario). Si el final no cambia, los siete días se le quitan a la evaluación, que es la parte que importa: el cronograma de octubre ponía las entrevistas del 16 al 27 de noviembre, y ahora la recepción termina el 18 (El Diario). Y el comité ya arrastraba dudas: el 28 de octubre, una de sus integrantes, Raquel Sánchez, denunció que se colaron postulaciones de un proceso anulado y que no todos podían ver todas las carpetas (Infobae/EFE).

Deja mal a los postulantes de última hora. Quien llega en la prórroga llega cuando ya se sabe quiénes compiten, y queda bajo la sospecha de que lo llamaron. Puede que no sea así. Pero un proceso que necesita convencer al país de su independencia no puede regalar sospechas.

Y deja mal al proceso. Cada prórroga le dice al país que el plazo era negociable, y si el plazo era negociable, también pueden serlo los requisitos y el baremo.

Un país en prórroga

Lo que más me preocupa es que la prórroga se ha vuelto la forma de gobernar.

En Carabobo, la apelación del capitán Juan Carlos Caguaripano se aplazó una y otra vez durante casi un año, con audiencias suspendidas y ponencias que pasaban de una sala a otra. Cuando por fin llegó la decisión, el miércoles, fue para ratificar 30 años de cárcel. Tanto tiempo, para eso.

Y en prórroga gobierna la presidenta encargada. El artículo 234 de la Constitución permite una falta temporal de 90 días, prorrogables por otros 90 (Constitución). Ese plazo se cumplió en julio. Desde entonces, la figura que sostiene a Delcy Rodríguez en el cargo es una que la Constitución no nombra. El mismo miércoles en que se alargaban las postulaciones, ella defendía en Antalya el derecho a producir más petróleo.

La Mesa de Caracas empieza «idealmente» el viernes. Las elecciones serán «idealmente» en 2027. Nos estamos acostumbrando a vivir de idealmentes y de prórrogas.

Lo que el país pide

El país no pide prórroga. Pide decisión. Pide que lo que se anuncia se cumpla en la fecha anunciada, que los plazos signifiquen algo y que quienes conducen esta transición asuman el compromiso de terminarla. Los venezolanos ya esperaron bastante: más de diez meses desde el 3 de enero, y años antes de eso. A un pueblo que espera se le debe, por lo menos, un calendario que se respete.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité explique por qué alargó el plazo y garantice que no habrá otra prórroga; que publique el 19 de noviembre la lista completa de aspirantes con sus credenciales; que la evaluación sea pública y conserve su tiempo; y que la Mesa de Caracas fije, por escrito, las fechas del CNE y de las elecciones.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: El Diario, prórroga; El Diario, negociaciones; El Diario, cronograma; El Diario, junio; Infobae/EFE; Constitución.

Imagen de archivo: Edificio PDVSA CVP en Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela; propuesta documental de archivo, no fotografía de protesta del 10 de noviembre. Guaiquerí / Wikimedia Commons. CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Fuente · CC0 1.0.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Por una cuenta del Tesoro de EE.UU. pasaron 12.260 millones de dólares venezolanos en nueve meses. Casi todos volvieron para sostener el bolívar. Ese mismo martes, los jubilados petroleros se encadenaron a PDVSA y la Sudeban tuvo que repetir que no se cobra comisión a una pensión de 130 bolívares.

El martes 10 de noviembre pasaron tres cosas que conviene leer juntas.

En la mañana, unos jubilados de PDVSA se encadenaron a los portones de La Campiña. Cobran 350 dólares, se les van en medicinas y piden, como adelanto de una deuda de 720 millones, 6.000 dólares para pasar la Navidad. «Aquí nos estamos muriendo, todas las semanas se mueren jubilados», dijo uno (La Patilla).

Al mediodía se conoció que la Sudeban tuvo que repetir, por quinta vez desde 2010, que los bancos no pueden cobrar mantenimiento en la cuenta de un pensionado (El Nacional). El salario mínimo legal es de 130 bolívares: unos 14 centavos de dólar a la tasa oficial del 11 de noviembre.

Y por la tarde, The New York Times reveló el informe de KPMG: por la cuenta de custodia que controla Washington pasaron 12.260 millones de dólares de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos entre enero y septiembre. Volvieron al país 11.700 millones, sobre todo para sostener el bolívar en las subastas de divisas (Infobae/EFE).

La cuenta y la mesa

Hay que reconocer lo bueno. Por primera vez en muchos años, el dinero del petróleo pasa por una cuenta que alguien audita. No se lo llevaron a Andorra ni lo prestaron a cambio de comisiones. Volvió. Eso, en la historia de PDVSA, no es poco.

Pero volvió para sostener una moneda, no para pagar una deuda con los jubilados. Volvió para que el dólar oficial suba un poco más despacio, no para que la pensión sirva para algo. Once mil setecientos millones de dólares se fueron, sobre todo, a las subastas, y mientras tanto el bolívar siguió subiendo: de 897,5383 bolívares por dólar el 9 de noviembre a 901,6175 el 11 de noviembre.

No digo que defender la moneda sea un error; una devaluación sin freno castiga primero a los más pobres. Digo que es una decisión, y que esa decisión se tomó sin que nadie la discutiera en público. Ni la Asamblea, ni los sindicatos, ni los jubilados supieron, hasta este martes, cuánto entraba ni adónde iba. Lo supimos por una filtración a un periódico extranjero.

Las prioridades se ven en los números

Si 12.260 millones pasan por una cuenta y los jubilados petroleros tienen que encadenarse para pedir un adelanto, el problema no es la falta de dinero; es el orden de prioridades. Y ese orden hoy lo deciden el BCV, el Departamento de Estado y el Tesoro, con un informe confidencial de por medio.

La transición que se discute en París y en Caracas tiene fecha para el TSJ y una promesa de elecciones. También necesita algo más inmediato: que el país sepa cuánto gana con su petróleo y en qué lo gasta. Una pensión de 130 bolívares en un país que mueve 12.000 millones en nueve meses no es pobreza: es una decisión.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el informe de KPMG se publique completo; que la cuenta de custodia rinda informes mensuales públicos; que una parte de esos ingresos se destine, por norma, a pagar la deuda con los fondos de pensiones; y que la pensión deje de estar atada a un salario mínimo de 130 bolívares.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Infobae/EFE, informe de KPMG citado por The New York Times; La Patilla; El Nacional; Finanzas Digital.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Rubio dijo en París lo que la diáspora repite desde hace años: para votar, hacen falta consulados abiertos. En 2024, de más de siete millones de venezolanos fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar. Si diciembre trae un nuevo CNE, la primera prueba de que es nuevo estará en el extranjero.

Hay una frase de Marco Rubio que se perdió entre las fechas. El lunes, en París, después de poner al nuevo TSJ a mediados de diciembre, el secretario de Estado dijo: «Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos».

Lo dijo un funcionario de Washington. Lo sabíamos todos.

Las cifras de 2024

En las presidenciales del 28 de julio de 2024, de más de 7,7 millones de venezolanos que viven fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar en el exterior. Es alrededor del 1,5 % del registro. En el operativo de inscripción de ese año, apenas 6.528 lograron inscribirse o actualizar sus datos, según el estudio de Mi Voto Cuenta (El Diario).

Los obstáculos tenían nombre. La ley exige que el elector en el exterior «posea residencia», y los consulados la interpretaron como residencia permanente y pidieron documentos que la ley no exige. La CIDH lo cuestionó, porque millones de venezolanos no tienen visa de residencia (El Diario). En EE.UU., el problema era anterior: no había, y no hay, dónde inscribirse.

Un país que vota afuera

La diáspora no es un apéndice del país. Es casi uno de cada cuatro venezolanos. Manda remesas, sostiene familias, tiene hijos estudiando en Columbus, en Doral, en Madrid o en Bogotá. Y en un año electoral en EE.UU. aprendió cuánto pesa su voto donde puede ejercerlo. Lo que no tiene es la posibilidad de votar en su propio país.

Si el nuevo CNE llega, como dice Rubio, muy poco después de que el nuevo TSJ quede constituido a mediados de diciembre, su primera prueba no estará en Caracas. Estará en un consulado de Houston, de Miami o de Madrid, el día que un venezolano con pasaporte vencido y sin residencia permanente pueda inscribirse sin humillaciones.

Lo que no debería esperar

Hay cosas que no dependen de un TSJ nuevo. Abrir consulados en EE.UU. depende de dos gobiernos que hoy, según su propio presidente, «se llevan muy bien». Aceptar el pasaporte vencido como documento de identidad para votar depende de una decisión administrativa. Interpretar la residencia como el lugar donde uno vive, y no como una visa, depende de voluntad.

Un calendario electoral que empieza en Caracas y se olvida de los siete millones de afuera no es una transición. Es una elección para los que se quedaron, decidida también por los que se fueron.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que Caracas y Washington acuerden la reapertura de los consulados venezolanos en EE.UU.; que el nuevo CNE abra un operativo de inscripción en el exterior con pasaporte vencido y sin exigir residencia permanente; y que ese operativo empiece antes de que se convoquen las elecciones, no después.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: El Diario, declaraciones de Rubio; El Diario, obstáculos del voto en el exterior, 2024.