Lo que un tribunal confirma hoy es lo que un equipo de periodistas publicó durante años, y por lo que tuvo que irse del país.

Hay una consecuencia de la declaración de culpabilidad del 15 de septiembre que no es judicial y que conviene registrar.

Lo que un tribunal estadounidense acaba de dar por admitido es, en lo esencial, lo que un equipo de periodistas venezolanos publicó durante más de una década: empresa por empresa, contrato por contrato, operación por operación.

Ese trabajo les costó el país.

Lo que ocurrió con quienes lo publicaron

Los integrantes de esa redacción enfrentaron acciones judiciales en Venezuela derivadas de sus publicaciones sobre este caso. Varios debieron salir del país y continuaron trabajando desde el exilio.

Es decir: publicaron algo, fueron demandados por publicarlo, se fueron, y años después un tribunal confirmó el fondo de aquello.

La pregunta que queda

Y aquí está lo que corresponde preguntar hoy.

¿Siguen abiertas esas causas en Venezuela?

Si un tribunal extranjero ha admitido la culpabilidad sobre los hechos investigados, ¿qué sostiene un procedimiento judicial contra quienes los informaron?

No es una pregunta retórica. Tiene respuesta administrativa y consta en expedientes.

Por qué esto importa más allá de un caso

Porque es un ejemplo de algo que suele discutirse en abstracto.

Cuando se habla de libertad de prensa se piensa en censura de contenidos o en bloqueo de sitios. Pero la herramienta más eficaz contra el periodismo de investigación no es la censura: es el procedimiento judicial.

Un medio pequeño con una demanda encima gasta en abogados lo que no gasta en reporteo. Y un periodista con una causa abierta no puede volver a su país, lo que lo aleja de sus fuentes.

Eso no requiere prohibir nada. Basta con dejar el expediente abierto.

Lo que esto dice del oficio

Conviene decirlo sin autocomplacencia, porque no es un mérito de esta casa sino de otra.

Una investigación periodística seria no acusa: documenta. Publica el registro mercantil, el contrato, la fecha, el monto y el nombre de la empresa. Y deja que el lector saque su conclusión.

Ese método es lento, caro y poco espectacular. Y es el que resiste.

Cuando un tribunal llega, años después, a la misma conclusión, lo que se confirma no es una intuición: es un método.

Lo que corresponde seguir

El estado de las causas judiciales contra los periodistas que publicaron esas investigaciones.

Si el asunto de las normas que permiten esos procedimientos entra en la agenda de garantías de la mesa de negociación, donde la libertad de expresión figura como punto declarado.

Y qué ocurre con los más de doscientos sitios web bloqueados, entre ellos medios de investigación, que siguen sin acceso desde el país.

Las tres son verificables y las tres dependen de decisiones administrativas que no cuestan dinero.

Esta nota se origina en el programa INCISOS, que se emite los miércoles en el canal de Nitu Pérez Osuna.

Fuentes principales: Declaración de culpabilidad ante la corte federal del Distrito Sur de Florida del 15 de septiembre de 2026. Registro público de acciones judiciales contra periodistas venezolanos derivadas de investigaciones sobre contratación pública. Programa INCISOS, emisión del 16 de septiembre de 2026, en el canal de Nitu Pérez Osuna.

El pronunciamiento llega días después del anuncio de ampliación de cupos y sostiene, con otras palabras, lo mismo que planteamos entonces.

La federación que agrupa a las asociaciones de profesores universitarios de Venezuela difundió un pronunciamiento en el que sostiene que la exclusión de jóvenes del sistema de educación superior no se corrige con leyes nuevas, sino con presupuesto universitario, salarios, beneficios estudiantiles y nuevos cargos para ampliar la planta docente.

Es, con otras palabras, lo mismo que planteamos el lunes al cubrir el anuncio de ampliación de cupos en medicina: que el país no tiene un déficit de vocaciones sino de retención, y que ampliar la matrícula sin ampliar la capacidad de formación produce egresados con formación deficiente.

Ahora lo dice el gremio, con cifras propias.

Lo que denuncia sobre los salarios

Según el comunicado, el salario mínimo del sector permanece congelado en 130 bolívares mensuales, que la federación traduce en alrededor de 0,16 dólares al cambio oficial de septiembre de 2026. Y sitúa el salario máximo de un profesor titular en 522 bolívares.

Son cifras del gremio y así conviene recogerlas. Esta casa no las ha verificado de forma independiente.

El mecanismo que describen es el que analizamos ayer

Aquí está lo que convierte este pronunciamiento en algo más que una protesta salarial.

La federación sostiene que, en lugar de salario, el Ejecutivo impone bonificaciones discrecionales que anulan las prestaciones sociales, las jubilaciones, los aguinaldos, las cajas de ahorro y las primas por hijos y por mérito.

Es exactamente la distinción que explicamos ayer al analizar el anuncio de ingreso mínimo integral: un bono no computa para ninguno de esos cálculos y puede modificarse por decisión administrativa.

Lo que allí era un análisis, aquí es una denuncia gremial con nombre. Y describe la consecuencia concreta: un profesor que trabajó treinta años se jubila sobre una base mínima, porque durante años cobró bonos y no salario.

Ese es el efecto que no aparece en ningún anuncio y que solo se descubre al jubilarse.

Las tres consecuencias que enumeran

El comunicado señala tres efectos que llama irreversibles.

El éxodo de talento académico. Sostiene que el Estado financia la formación de profesionales y doctores para luego expulsarlos con salarios de hambre, y que ese conocimiento termina en las economías de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y España.

Es la misma imagen del recipiente con fuga que usamos el lunes: el sistema ya formó a esa gente y la perdió después.

El quiebre del relevo generacional. Con esos ingresos, dicen, es imposible atraer a jóvenes profesionales a la investigación. La planta docente envejece y hay cátedras completas en riesgo de cierre.

Y la caída de la producción científica, que atribuyen a la necesidad de recurrir al pluriempleo para sobrevivir, con un descenso en publicaciones indexadas y patentes.

Los datos sobre los estudiantes

El comunicado cita mediciones según las cuales la escolaridad entre jóvenes de 18 a 24 años se redujo a alrededor del 22%, atribuyéndolo a la pobreza multidimensional.

Y sostiene que las becas del sistema estatal son inferiores a cinco dólares mensuales, sin comedor ni transporte, lo que según su planteamiento obliga a los estudiantes a costear transporte privado e internet, o a abandonar las aulas.

Ambas cifras se atribuyen a las fuentes que el propio comunicado menciona y requieren verificación independiente.

La objeción a la nueva ley

La federación rechaza que el ministerio responda a la crisis proponiendo una nueva ley de universidades, que describe como aprobada de forma acelerada.

Su argumento: que se usa la exclusión estudiantil como pretexto, cuando la propia política estatal es la que la produce, y que las fallas de asignación de cupos de este año se caracterizaron por opacidad en los criterios, exclusión de estudiantes con promedios de excelencia y colapso de la plataforma de inscripción.

Alerta además sobre un punto técnico que conviene seguir: que la discusión de una nueva ley podría derivar en la eliminación de la igualdad de condiciones entre el personal activo y el jubilado, protegida por el artículo 86 de la ley vigente.

Ese es el tipo de cambio que se aprueba sin titulares y se nota veinte años después.

Lo que hay que verificar

Las cifras salariales, en Gaceta Oficial y en las tablas oficiales del sector.

El texto de la nueva ley, su estado de aprobación y si modifica el artículo señalado.

Los datos de escolaridad, en los informes originales que el comunicado cita.

Y el monto vigente de las becas estudiantiles.

Esta casa va a pedir los cuatro, y va a solicitar respuesta al ministerio del ramo.

La frase que resume el asunto

El comunicado cierra con una formulación que no necesita análisis: estudiar no puede ser un lujo de pocos.

Conviene ponerla al lado del anuncio de esta semana sobre la ampliación de cupos en medicina. Las dos cosas hablan del mismo sistema y describen realidades distintas.

Cuál de las dos descripciones se corresponde con lo que ocurre en las aulas es una pregunta que se responde con un presupuesto publicado.

Fuentes principales: Comunicado de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela difundido el 16 de septiembre de 2026. Cobertura previa de este medio del 14 de septiembre sobre el inicio del año escolar y la ampliación de cupos en medicina, y del 16 de septiembre sobre el anuncio de ingreso mínimo integral.

Estaba prevista para el 15 y se instaló el 17. Su agenda es la más amplia de todo el proceso y tiene una lógica que conviene explicar.

La segunda ronda de negociaciones se instaló en Caracas el jueves 17 de septiembre, dos días después de la fecha inicialmente prevista.

Su agenda declarada es la más amplia de todo el proceso: garantías civiles y políticas, libertad de expresión, continuación de la reforma judicial, revisión de leyes restrictivas —entre ellas la ley contra el odio y la de control de organizaciones no gubernamentales—, inhabilitaciones, partidos intervenidos y la situación de las personas detenidas por motivos políticos, que las organizaciones cifran en más de trescientas.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no participan.

El dato que explica la lógica del proceso

Hay un elemento en el planteamiento de esta ronda que apenas se ha comentado y que conviene subrayar.

Las garantías que se discuten regirían también para el chavismo cuando deje el poder.

Esa reciprocidad no es un detalle técnico. Es probablemente la razón por la cual este bloque de la agenda se negocia ahora y no antes.

Un sistema de garantías políticas —el derecho a no ser detenido por lo que se piensa, a no ser inhabilitado administrativamente, a que un partido no sea intervenido— solo se construye cuando quien manda empieza a calcular que no va a mandar siempre.

Mientras alguien se cree permanente, las garantías le estorban. Cuando empieza a pensar en el día después, se vuelven interesantes.

Por qué eso no es cinismo, y por qué tampoco es ingenuidad

Conviene sostener las dos cosas a la vez.

No es cinismo señalar el interés propio de quien negocia. Buena parte de los sistemas de derechos del mundo nació de cálculos de ese tipo: de actores poderosos que aceptaron límites porque previeron un futuro en el que esos límites los protegerían a ellos.

Una garantía negociada por interés funciona igual que una negociada por convicción. Lo que importa es que sea exigible.

Y no es ingenuidad recordar que un mismo actor puede negociar garantías y, simultáneamente, no aplicarlas. Este jueves, mientras se instalaba esta ronda, un exalcalde que había regresado del exilio fue detenido en Barquisimeto, dos días después de volver y un día después de formalizar el sobreseimiento de su causa.

Esa simultaneidad es lo que hay que tener presente al evaluar cualquier anuncio que salga de esta mesa.

Lo que el gobierno pide a cambio

Alivio de sanciones.

Y conviene precisar qué significa eso, porque circula una versión imprecisa: las sanciones vigentes son en su mayoría individuales, con nombre y apellido, no un embargo general al país.

Es decir, lo que se pediría no es tanto aliviar a Venezuela como aliviar a personas determinadas.

Esa distinción cambia por completo la lectura de la negociación. Y es verificable: las listas de personas designadas son públicas.

La estrategia declarada

La delegación opositora ha planteado avanzar por partes hacia un nuevo árbitro electoral y unas elecciones.

Esa fórmula tiene una ventaja y un riesgo, y conviene nombrar los dos.

La ventaja: cada pedazo conseguido queda conseguido. Un acuerdo parcial es más fácil de alcanzar que uno completo, y produce hechos verificables.

El riesgo: avanzar por partes permite que la parte más difícil se posponga indefinidamente. Se acuerda lo accesible y lo decisivo queda para una ronda futura que puede no llegar.

De momento, los dos acuerdos del primer ciclo fueron institucionales: la renovación del máximo tribunal y la recuperación de activos en el exterior. La agenda de derechos entra recién ahora.

Lo que hay que mirar en esta ronda

El baremo. La reforma del 1 de septiembre amplió el comité de postulaciones con más sociedad civil, pero mantuvo la mayoría parlamentaria oficialista. Esta casa viene sosteniendo desde el 28 de agosto que el punto decisivo no es la integración sino el orden: primero el comité, después el baremo publicado, y solo entonces las postulaciones.

Los presos. Es el único punto de la agenda cuyo cumplimiento se mide sin interpretación posible: se cuenta.

Y las leyes. Revisar la ley contra el odio y la de control de organizaciones no requiere una elección ni un tribunal nuevo. Requiere una votación parlamentaria.

Por eso ese punto es el mejor indicador de voluntad: es el más barato de cumplir.

La pregunta de la semana

Si de esta ronda sale una fecha electoral, o si sale otro acuerdo institucional.

Porque el calendario que la propia mesa se puso —diciembre para los dos poderes— deja poco margen. Y cada semana sin comité de postulaciones comprime las siguientes.

Fuentes principales: Instalación de la segunda ronda de negociaciones en Caracas el 17 de septiembre de 2026. Acuerdos del primer ciclo, cerrado el 12 de agosto de 2026. Reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobada el 1 de septiembre de 2026. Registros públicos de personas designadas en programas de sanciones.