Economía
Venezuela quiere devolver los activos expropiados y no sabe cuántos son
No se puede devolver lo que no se ha contado. La ausencia de inventario no es un detalle administrativo: determina quién cobra y quién no.
ECONOMÍA · VENEZUELA
La restitución se plantea como señal para atraer inversión. Antes de devolver hace falta saber qué se tomó, a quién y en qué condiciones quedó.
Las seis claves
| Qué | Una comisión estatal plantea acelerar la devolución de activos expropiados, sin que exista inventario público de los bienes tomados. |
| Quién | Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, presidida por Luigi Pisella; Cedice Libertad; propietarios afectados y sus sucesores. |
| Cuándo | Planteamiento difundido el 27 de agosto de 2026. El anteproyecto de Cedice fue presentado el 25 de mayo de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | La restitución se presenta como señal de seguridad jurídica para atraer inversión privada. |
| Cómo | Mediante devolución física cuando sea posible y compensación económica cuando no lo sea. |
La Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, presidida por Luigi Pisella, ha planteado acelerar la devolución de algunos activos expropiados como una forma de generar confianza entre inversionistas.
Antes de que eso ocurra hay una tarea menos visible: determinar qué activos pueden devolverse, quiénes son sus propietarios y en qué estado quedaron después de años bajo control estatal.
Esa tarea no está hecha.
No se puede devolver lo que no se ha contado
No existe un inventario público de los bienes expropiados, nacionalizados, estatizados o invadidos en Venezuela durante las últimas décadas.
Las cifras disponibles provienen de organizaciones privadas. El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad documenta al menos 2.740 violaciones a los derechos de propiedad entre 2005 y 2014, y estima que el saldo de veinticinco años de esa política supera el millar de empresas expropiadas o intervenidas, además de entre tres y cinco millones de hectáreas agrícolas tomadas.
Son estimaciones de una organización con posición propia sobre el asunto, no un registro estatal. Y son lo único que hay.
Un Estado que no sabe cuántos bienes tomó tampoco sabe cuánto debe, a quién, ni con qué prioridad.
Por qué los expedientes son difíciles
Las expropiaciones ocurrieron, en muchos casos, hace diez, quince o veinte años. En ese lapso pasaron cosas.
Algunas empresas cambiaron de estructura societaria. Otras dejaron de operar. Determinados activos recibieron inversiones del Estado o de terceros. Aparecieron nuevos accionistas, herederos, acreedores y derechos adquiridos con posterioridad.
Cada una de esas circunstancias convierte una devolución en un problema jurídico con más de un titular posible. No es un trámite de traspaso: es la reconstrucción de una cadena de titularidad interrumpida durante dos décadas.
El criterio de orden es una decisión política
Cedice propone priorizar no por tamaño ni por sector, sino por claridad de derechos: primero los casos en que el activo todavía existe, permanece bajo control estatal, el propietario original o sus sucesores pueden identificarse, hay documentación suficiente y no hay conflictos relevantes con terceros.
Como criterio técnico es razonable y ordena el trabajo. Tiene además una consecuencia que conviene enunciar.
Los casos con documentación completa, sucesión ordenada y representación legal son, por lo general, los de mayor tamaño. El comerciante cuyo local fue invadido hace veinte años, sin título debidamente registrado, cuyo terreno hoy tiene encima una edificación construida por el Estado, no reúne esas condiciones.
Un orden de atención no es un asunto administrativo. Determina quién recupera y quién espera indefinidamente.
Ya ocurrió una vez
Esta no es la primera vez que se plantea devolver. Durante la gestión anterior se devolvieron activos concretos y se manejó una lista de empresas por restituir, a través de una comisión parlamentaria de diálogo.
Voceros del propio sector empresarial describieron aquel proceso como lento, opaco y arbitrario.
Ese es el punto de comparación disponible. Lo que haría distinto a este intento es exactamente lo que hoy no existe: un registro público, un criterio de orden publicado y un plazo verificable.
Devolver una ruina no es reparar
Hay un elemento que la discusión sobre restitución suele omitir.
En experiencias anteriores, la recuperación resultó en varios casos un problema antes que una solución: el propietario recibía un activo desmantelado y debía invertir para ponerlo en funcionamiento, además de asumir pasivos acumulados durante los años de control estatal.
Recibir un galpón vacío con deudas encima no es restitución. Por eso la valoración del estado del activo y la definición de quién responde por su deterioro son parte del problema, no un anexo técnico.
Lo que haría verificable el proceso
Tres documentos, ninguno complejo: un registro público de bienes tomados, con fecha, instrumento y titular original; un criterio de orden publicado con su fundamento; y un plazo para resolver cada solicitud, con vía de reclamo cuando se incumple.
Sin esos tres elementos, la devolución de activos será evaluada por quienes la reciban, no por quienes la esperen.
Fuentes principales
Reportes del 27 de agosto de 2026 sobre el planteamiento de la Comisión para la Evaluación de Activos Públicos. Anteproyecto de Ley Orgánica de Restitución, Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada de Cedice Libertad, presentado el 25 de mayo de 2026 y expuesto nuevamente el 22 de junio de 2026. Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad.
Alfredo Yánez
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Economía
Venezuela busca inversionistas para volver al radar energético mundial
Atraer capital exige tres cosas: reglas estables, información pública y previsibilidad. Las tres están en construcción al mismo tiempo.
ECONOMÍA · VENEZUELA
El país tiene las reservas. Lo que está en discusión es si tiene las condiciones para que alguien invierta en extraerlas.
Las seis claves
| Qué | Venezuela desarrolla una estrategia para atraer inversionistas y recuperar presencia en el mercado energético internacional. |
| Quién | Estado venezolano; Pdvsa; operadores internacionales; inversionistas de la diáspora. |
| Cuándo | Estrategia en curso, con reportes del 27 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela, con captación de capital en el exterior. |
| Por qué | El ingreso petrolero es la principal fuente de divisas y financia buena parte del gasto de reconstrucción. |
| Cómo | Mediante acuerdos con operadores privados, apertura de áreas y señales de seguridad jurídica. |
Venezuela busca inversionistas como estrategia para regresar al radar energético mundial. La iniciativa se apoya en los cincuenta acuerdos estratégicos en petróleo y gas anunciados el 24 de agosto de 2026, que incorporarían inversiones en más de 76 áreas productivas.
Lo que un inversionista evalúa antes de las reservas
Las reservas venezolanas no están en discusión: son de las mayores del mundo y llevan décadas siéndolo. Eso nunca fue el problema.
Lo que un operador evalúa antes de comprometer capital son otras tres cosas.
Estabilidad de las reglas. No basta con que las condiciones actuales sean favorables: hace falta que no cambien a mitad del proyecto. Un desarrollo petrolero se amortiza en décadas, y la historia reciente del país incluye reversiones de concesión que hoy se litigan en tribunales internacionales.
Información pública. Un inversionista serio necesita saber qué áreas están asignadas, a quién, con qué compromisos y con qué plazos. Los cincuenta acuerdos no vinieron acompañados de identificación de contrapartes ni de cronogramas.
Previsibilidad operativa. Suministro eléctrico, transporte, aduanas y disponibilidad de personal técnico. Un campo puede ser rentable en el papel y no serlo si la operación se detiene por falta de servicio.
Las señales que se están enviando
La devolución de activos expropiados se plantea explícitamente como señal de seguridad jurídica. La normalización con organismos financieros multilaterales apunta en la misma dirección. La reforma judicial en discusión también, porque un contrato vale lo que valga el tribunal que lo hace cumplir.
Son señales coherentes entre sí. Y todas están en construcción simultánea, lo que significa que ninguna está todavía consolidada.
El régimen de licencias sigue siendo la variable
Las operaciones con el sector petrolero venezolano se rigen por un régimen de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.
Ese régimen determina quién puede operar, con qué contrapartes y bajo qué condiciones. Cualquier evaluación de riesgo que no lo incorpore está incompleta, y su alcance puede modificarse por decisión administrativa de un tercer Estado.
Para el inversionista de la diáspora
La apertura genera ofertas de participación dirigidas a venezolanos en el exterior.
Antes de comprometer capital corresponde verificar cuatro cosas: registro y antigüedad de la sociedad que ofrece, situación ante el régimen de licencias, documento de adjudicación del área que dice operar, y capacidad técnica demostrable.
Una oportunidad legítima en un sector regulado admite verificación documental y tiempo de revisión legal. La urgencia es, en sí misma, un dato.
Esta nota no constituye asesoría financiera.
Fuentes principales
Reportes del 27 de agosto de 2026 sobre la estrategia de captación de inversión. Mensaje a la nación del 24 de agosto de 2026.
Economía
La Cámara de Comercio de La Guaira denuncia ausencia de alivio fiscal
Un comercio destruido sigue generando obligaciones tributarias. Esa es la primera razón por la que muchos no reabren.
ECONOMÍA · VENEZUELA
La reconstrucción física avanza y la carga tributaria no se detuvo. Son dos relojes que corren en direcciones opuestas.
Las seis claves
| Qué | La Cámara de Comercio de La Guaira denunció que no ha habido medidas de alivio fiscal a sesenta días de los terremotos. |
| Quién | Cámara de Comercio de La Guaira; comerciantes del estado; administración tributaria. |
| Cuándo | Denuncia difundida el 27 de agosto de 2026, a dos meses de los sismos del 24 de junio. |
| Dónde | Estado La Guaira, Venezuela. |
| Por qué | Las obligaciones tributarias siguen corriendo aunque el establecimiento haya dejado de operar. |
| Cómo | Sin exoneraciones, prórrogas ni regímenes especiales anunciados para la zona afectada. |
La Cámara de Comercio de La Guaira señaló que a sesenta días de los terremotos del 24 de junio de 2026 no ha habido alivio fiscal para el sector. De los 7.000 comercios que operaban antes del desastre sobreviven poco más de 1.700.
Por qué el impuesto pesa cuando no hay ingreso
Un desastre destruye activos, no obligaciones.
Los tributos municipales sobre actividad económica, las tasas de funcionamiento y las obligaciones formales de declaración siguen vigentes aunque el establecimiento haya dejado de operar. En varios casos, la obligación de declarar subsiste incluso cuando no hubo ingresos que declarar, y su incumplimiento genera sanciones.
Para un comerciante que perdió inventario y local, esa carga se acumula sobre una actividad que no existe.
Los instrumentos que suelen usarse
En situaciones de desastre, los sistemas tributarios contemplan mecanismos conocidos: exoneración temporal de tributos en la zona afectada, prórroga de plazos de declaración y pago, suspensión de sanciones por incumplimientos formales durante el período de emergencia, y fraccionamiento de deudas anteriores.
Ninguno de ellos requiere una ley nueva en la mayoría de los ordenamientos: se instrumentan por decreto o resolución administrativa, con delimitación geográfica y temporal.
Su ausencia, a sesenta días, es una decisión tanto como lo sería su adopción.
El efecto sobre la reapertura
Un comerciante que evalúa reabrir hace una cuenta: cuánto necesita vender para cubrir alquiler, servicios, personal y reposición de inventario.
Si a esa cuenta se le suma una deuda tributaria acumulada durante los meses en que no operó, el número deja de cerrar. Y un negocio que no reabre no genera empleo, no consume servicios y no vuelve a tributar.
El alivio fiscal en una zona de desastre no es una concesión: es la condición para que exista base tributaria futura.
El contraste
El balance oficial del 24 de agosto de 2026 informó del avance en remoción de escombros y entrega de viviendas.
Ninguno de los indicadores presentados mide actividad económica. La reconstrucción física y la recuperación del tejido comercial avanzan por carriles distintos, y hasta ahora solo el primero está siendo contado.
Fuentes principales
TalCual, 27 de agosto de 2026. El Nacional, 27 de agosto de 2026. El País, 26 de agosto de 2026, sobre la situación del comercio en La Guaira.
Economía
Los cortes eléctricos costaron a la industria 44% de sus horas productivas
No es una molestia doméstica. Es casi la mitad de la capacidad de producción de un país que necesita producir.
ECONOMÍA · VENEZUELA
Una cifra convierte el apagón en un problema económico medible: casi la mitad del tiempo productivo del año se perdió.
Las seis claves
| Qué | Los cortes eléctricos de hasta ocho horas diarias costaron a la industria venezolana 44% de sus horas productivas en 2026. |
| Quién | Sector industrial; comercios; trabajadores; Corpoelec. |
| Cuándo | Balance correspondiente a 2026, difundido el 27 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | La interrupción del suministro detiene procesos productivos y genera pérdidas que exceden el tiempo del corte. |
| Cómo | Mediante racionamiento sin cronogramas oficiales, tras años de falta de inversión. |
Los cortes eléctricos de hasta ocho horas diarias alteran la rutina de las personas, paralizan comercios y le costaron a la industria venezolana 44% de sus horas productivas en 2026. El racionamiento ocurre sin cronogramas oficiales publicados.
Por qué una hora sin luz cuesta más de una hora
Un corte no equivale a una pausa. En buena parte de los procesos industriales, detener y reiniciar tiene costos propios.
Un horno que se apaga debe volver a alcanzar temperatura. Un proceso químico interrumpido puede perder el lote completo. Una línea de producción que se detiene deja material en proceso que a veces se descarta. Y el arranque consume energía y tiempo antes de recuperar el ritmo normal.
Por eso el tiempo productivo perdido excede la duración del corte. Cuatro horas sin servicio pueden significar seis de producción.
El problema de los cronogramas
La ausencia de cronogramas publicados es, en términos económicos, tan costosa como el corte mismo.
Con un horario conocido, una planta puede reorganizar turnos, concentrar los procesos críticos en las horas con suministro y programar mantenimiento durante las interrupciones. Sin horario, no puede planificar nada: cada corte es una sorpresa que detiene lo que estuviera en curso.
La previsibilidad no resuelve el déficit de generación. Pero permite administrarlo, y su ausencia multiplica el daño.
El gasto que sustituye al servicio
Quien puede comprar una planta eléctrica lo hace. Quien puede instalar inversores y baterías lo hace.
Eso convierte un servicio público en un gasto privado y produce una desigualdad concreta entre empresas: la que puede pagar el respaldo opera ocho horas más al día que su competidora. Ese gasto no figura en ninguna estadística oficial de costo del servicio eléctrico, y es el costo real que paga el productor.
El horizonte
Especialistas del sector advierten que el sistema eléctrico venezolano opera al límite de su capacidad y que los racionamientos podrían extenderse hasta 2027.
El 24 de agosto de 2026 se anunciaron acuerdos para incorporar nuevos megavatios y un plan de ampliación de capacidad termoeléctrica. Ninguno de esos proyectos produce electricidad en el corto plazo: la construcción y puesta en marcha de capacidad de generación se mide en años.
Entre el anuncio y el megavatio disponible hay un período que no fue precisado. La cifra de 44% describe lo que cuesta ese período.
Fuentes principales
El Nacional, 27 de agosto de 2026. El Pitazo, 27 de agosto de 2026, análisis sobre las causas de los apagones. Mensaje a la nación del 24 de agosto de 2026.
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